POLITICA
La Superliga no entregó sus balances y pidió que la Justicia frene la auditoría de la IGJ
Frente a una intimación de la Inspección General de la Justicia (IGJ) que la obligaba a entregar documentación contable en un plazo de 10 días hábiles administrativos, la Superliga Profesional del Fútbol Argentino replicó la estrategia de la AFA y pidió una apelación ante la Justicia para evitar la auditoría del Gobierno.
“No podemos avanzar hasta que defina la Cámara. Imitaron el mismo proceder de AFA”, explicaron a TN desde el Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.
A fines de mayo, la IGJ a cargo de Alejandro Ramírez había apercibido a la Superliga para que presente sus balances en el marco de la veeduría impulsada para revisar toda la documentación societaria, contable y financiera vinculada a su funcionamiento.
La medida respondió al rechazo de la entidad a la hora de cumplir los requerimientos de los veedores y los obstáculos que puso a las tareas de fiscalización. Sin embargo, pese a la amenaza de sanciones mayores, la Superliga no presentó la documentación y requirió una apelación ante la cámara civil para frenar el proceso.
Al igual que sucedió en el caso de la AFA, en el Gobierno sostienen que el recurso judicial obliga a esperar a su resolución antes de poder avanzar con mayores apercibimientos o nuevas medidas administrativas.
El interés del Gobierno sobre los balances contables de la Superliga
Para fundamentar la veeduría, la IGJ sostuvo que la Superliga administró US$348 millones entre 2020 y 2024. En ese sentido, el Gobierno pidió determinar si existe una inconsistencia entre el objeto social de la entidad y las actividades que desarrolla, revisar decisiones económicas y financieras de sus órganos de gobierno, analizar la relación económica con la AFA y examinar los estados contables y financieros desde 2017 hasta la actualidad.
Además, el Gobierno pidió verificar “la eventual relación que pudiera existir, o las operaciones que pudieran haber sido concertadas por la entidad” con diversas firmas hoy bajo la mira de la Justicia por presunto desvío de fondos y lavado de dinero, entre ellas TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas y sus responsables: Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.
Con la apelación ante la Justicia, la entidad hoy dependiente de la AFA -originalmente creada para manejar los contratos de televisación del torneo local entre 2017 y 2020- ganó tiempo mientras avanzan en paralelo una serie de causas en los tribunales que involucran a la cúpula del fútbol argentino.
Las causas judiciales que involucran a la AFA
Por un lado, el Gobierno impulsó a través de ARCA una causa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $ 19 mil millones. A ese expediente se suma la investigación por la mansión de Pilar sospechada de pertenecer al Tesorero de AFA, Pablo Toviggino.
En paralelo, la Justicia investiga los contratos de la AFA con TourProdEnter, la firma a cargo de los negocios de la Asociación en el exterior que habría desviado más de US$40 millones a empresas radicadas en los Estados Unidos sin empleados ni actividad declarada.
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Otra causa ligada a la cúpula de la AFA es la que tiene como protagonista a la financiera Sur Finanzas, sospechada de lavado de dinero, irregularidades en la compra de dólar oficial en 2019 y sus lazos con clubes del fútbol argentino.
Superliga
POLITICA
Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió llevar a juicio oral a Ricardo Oreste Garione, exsubgerente de Estudios y Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está acusado por un presunto enriquecimiento ilícito de $3.189.028.220,56.
El requerimiento, que fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, alcanza a su pareja Cecilia Graciela Ortiz, su expareja Silvana Andrea Calderón, sus hijos Carola Garione y Manuel Garione y su exsocio Tomás Alberto Prato, a quienes atribuye haber intervenido como personas interpuestas para registrar activos, inversiones y fondos que serían del exfuncionario.
La fiscalía le imputó a Garione haber adquirido de manera injustificada 19 inmuebles en Córdoba, Rafaela, El Calafate, Ingeniero Maschwitz, la Ciudad de Buenos Aires, Tigre y Formosa. Entre ellos figura un terreno de 6.000 metros cuadrados en Maschwitz, una propiedad en Nordelta y participaciones en emprendimientos inmobiliarios cordobeses.
El documento menciona la compra de una motocicleta Harley-Davidson en 2010, una camioneta Volkswagen Amarok registrada a nombre de Calderón y vehículos incorporados a nombre de Ortiz y Carola Garione. A su vez, señala la obtención de USD 15.625 en enero de 2010 y de acciones de TECTA SA.
También le adjudicó supuestas operaciones con moneda extranjera, la obtención de acciones societarias y la participación en fideicomisos y desarrollos inmobiliarios. La pesquisa examinó aportes de capital, acreditaciones bancarias y operaciones efectuadas mediante familiares y socios.
El cálculo fiscal actualizado a julio de 2026 compara los ingresos y egresos de Garione con el patrimonio incorporado durante la década investigada. Según el requerimiento, los ingresos declarados en los períodos observados ascendieron a $1.473.244.025,94, una cifra que resultó insuficiente frente a los activos, consumos e inversiones examinados.
La acusación sostiene que varias escrituras y boletos de compraventa consignaron valores inferiores a las tasaciones efectuadas por organismos y peritos oficiales. También cuestiona préstamos que consideró ficticios o sin trazabilidad bancaria, además de operaciones inmobiliarias cuyo origen de fondos no habría sido acreditado.
Los supuestos testaferros
De acuerdo con la hipótesis de la PIA, Cecilia Ortiz, Silvana Calderón, Carola Garione, Manuel Garione y Tomás Prato fueron utilizados para incorporar y administrar bienes que supuestamente provenían de Garione.
Respecto de Ortiz y Calderón, el requerimiento señala que adquirieron inmuebles en Don Torcuato e inscribieron vehículos a su nombre durante 2008 y 2009 sin que la investigación hubiera hallado ingresos laborales, altas tributarias nacionales, saldos bancarios o acreditaciones que respaldaran esas operaciones.
Carola Garione fue incorporada a la causa por la adquisición de un departamento en la calle Sánchez de Bustamante, de la Ciudad de Buenos Aires, en 2016 y por la compra de un vehículo Peugeot. La fiscalía también examinó acreditaciones en su cuenta bancaria entre enero de 2017 y febrero de 2018 por más de $1.200.000, cuya procedencia consideró sin respaldo tributario suficiente.
En el caso de Manuel Garione, la acusación se concentra en un departamento de la avenida del Libertador, en CABA, registrado a su nombre en 2016. Su madre, Silvana Calderón, intervino como representante en esa operación, según consta en el expediente. Prato, ingeniero civil y socio de Garione en diversos proyectos privados, está señalado por haber actuado como apoderado del exfuncionario y por compartir inversiones inmobiliarias, fideicomisos y campos en Formosa.
Según las explicaciones presentadas en la causa, los imputados buscaron justificar el origen de los fondos y bienes con ingresos laborales, ventas de inmuebles y campos, préstamos privados, alquileres, donaciones y transferencias familiares.
Garione alegó que su patrimonio provenía de su sueldo como funcionario, actividades privadas, operaciones inmobiliarias y créditos recibidos de cooperativas, asociaciones y personas de su entorno.
Su expareja, Silvana Calderón, mencionó trabajos como modelo y promotora, ingresos vinculados a tareas con el trío humorístico Midachi y por haber acompañado a Magic Johnson durante una visita. Sus hijos, Carola y Manuel, atribuyeron fondos a ventas de propiedades, préstamos familiares, alquileres temporarios y transferencias entre parientes.
Por su parte, Tomás Prato afirmó haber otorgado un préstamo a Garione y justificó otras operaciones a través de su participación en sociedades y emprendimientos inmobiliarios.
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POLITICA
“Erosiona el debate público”: ADEPA lamentó y rechazó los insultos de Milei a periodistas y editores de medios
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que agrupa a editores de medios del país, y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que asocia a periodistas, rechazaron la nueva serie de graves insultos y agravios del presidente Javier Milei contra periodistas y directivos de medios.
Entre los destinatarios de los agravios presidenciales están el director del diario , Fernán Saguier; los columnistas Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni, y el secretario de redacción y columnista dominical Jorge Liotti.
En su comunicado, ADEPA enumeró los ataques contra Saguier, Pagni, Liotti y Morales Solá; María Eugenia Duffard, de Infobae; Jesica Bossi, de TN y Clarín; Luis Novaresio, de A24; Eduardo van der Kooy, de Clarín, y Gustavo Sylvestre, de C5N.
La entidad reiteró que “quien gobierna y es objeto de crítica, o considera errónea o sesgada una información, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a criticar, aclarar o desmentir”, incluso con tono enérgico.
Pero dijo que lo que erosiona el debate democrático es “el insulto y el agravio”, que afectan al destinatario y al conjunto del cuerpo social.
ADEPA recordó también que la libertad de expresión protege especialmente las opiniones sobre quienes ejercen el poder, y que el derecho a réplica no habilita los ataques personales.
FOPEA, por su parte, difundió en X un relevamiento con las expresiones del Presidente, organizado por día. Según el detalle de la entidad, el 5 de octubre Milei llamó “otra mierda humana” a Van der Kooy, y “Mierdanecio”, “Mandrilesio”, “estúpido” e “imbécil” a Novaresio.
A Sylvestre lo trató de “mierdas humanas, mentirosos” y a Jesica Bossi de “defensora de ladrones, asesinos y violadores”. A Pagni lo describió como “la versión de mierda de Lucas Adams” y como “una de las plumas esclavas de la mierda humana de Fernán Saguier”.
“La reiteración en un período tan breve y la virulencia de las expresiones muestran una dinámica que excede una controversia puntual con un periodista o un medio determinado”, advirtió FOPEA.
La entidad también alertó que funcionarios del Poder Ejecutivo se sumaron a los ataques. Según FOPEA, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso en duda la independencia profesional de Morales Solá, mientras que el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo participaron de los cuestionamientos contra Novaresio y Duffard.
“El periodismo puede y debe ser cuestionado y refutado con datos y argumentos. Los periodistas no son infalibles y FOPEA no ejerce defensa corporativa alguna. Pero la crítica no es el insulto”, sostuvo la organización.
Agregó que, cuando el agravio proviene del poder del Estado, “la asimetría y su efecto intimidatorio se multiplican, incluso por el hostigamiento de terceros en las redes sociales”.
“La libertad de prensa no es un privilegio del sector, sino una garantía para toda la ciudadanía”, concluyó FOPEA. La entidad reiteró su pedido al Presidente y a los funcionarios del Gobierno para que “abandonen el insulto como herramienta de comunicación y contribuyan a una conversación pública respetuosa y plural”.
En abril pasado, ADEPA ya había rechazado agresiones verbales desde las cuentas de Milei contra Pagni, Liotti, Morales Solá, Ignacio Girón y Manu Jove. En septiembre, durante su 64ª Asamblea General en Tucumán, la entidad advirtió que las críticas presidenciales deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio en la sociedad.
Por los ataques a Duffard, Elisa Carrió presentó una denuncia penal contra Milei, una postura que FOPEA y ADEPA respaldaron.
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El Gobierno de la Ciudad entregará este jueves a la Nación el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, en un paso clave para avanzar con el cierre de la cárcel de Villa Devoto. El traspaso formal de la obra dará inicio a la etapa previa al traslado de los internos, que se realizará de manera gradual.
El convenio será firmado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el titular de esa cartera en la Ciudad, Horacio Giménez. A partir de ese acuerdo comenzará a tomar forma el operativo conjunto diseñado para trasladar a los presos desde el penal porteño hasta el nuevo establecimiento.
Para organizar el procedimiento se conformará un Comando Unificado Federal, integrado por representantes de las fuerzas federales, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El organismo tendrá a su cargo definir la estrategia, coordinar a las distintas fuerzas y ejecutar el traslado.
El movimiento de los internos será progresivo y estará diseñado en función de las características de cada detenido. El esquema contempla evaluar los perfiles criminológicos y establecer medidas para reducir los riesgos durante los recorridos y las distintas etapas del operativo.
Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones
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