POLITICA
Fuertes cruces en el Senado por el pliego de un juez cuestionado por sus fallos sobre la reforma laboral
Víctor Pesino defendió este martes en el Senado la prórroga de su nombramiento por otros cinco años para continuar como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El magistrado debe jubilarse al cumplir 75 años en julio, salvo que el Senado apruebe la extensión de su mandato.
Durante la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos, los senadores del bloque Justicialista Mariano Recalde, José Mayans y Eduardo “Wado” de Pedro cuestionaron con dureza al juez por sus fallos vinculados a la reforma laboral y a la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Pesino rechazó las críticas y defendió su actuación en la causa por la Ley de Reforma Laboral. “Nos referimos a los efectos suspendidos en un recurso de queja. Nos pareció procedente. Tuvimos en cuenta varias situaciones, especialmente que la ley no había sido declarada inconstitucional por el juez de primera instancia y que ninguna norma legal puede ser suspendida por los jueces en su vigencia”, sostuvo.
El magistrado también respondió a los cuestionamientos por una frase incluida en ese fallo, en la que se sostuvo que los trabajadores no integraban, por su sola condición, una categoría de personas vulnerables. “Se nos acusó de sostener que los trabajadores no eran personas vulnerables. El artículo 3 de las 100 Reglas de Brasilia hace una alusión a quiénes son las personas vulnerables: discapacitados, mayores de edad, personas sin ingresos, niños, embarazadas, y no menciona a los trabajadores. No son personas vulnerables”, expresó.
En La Libertad Avanza, Patricia Bullrich anticipó que el oficialismo acompañará la prórroga del juez. “Debemos valorar que el juez no avaló, como otros jueces, de manera corporativa la defensa de intereses judiciales por sobre lo que el Congreso había decidido”, afirmó.
Y agregó: “Desde nuestro punto de vista, el doctor Pesino ha actuado como se tiene que actuar, evaluando y merituando la decisión del Congreso de la Nación”.
Denuncias y cruces en la comisión
Uno de los momentos más tensos de la audiencia se produjo cuando Recalde le preguntó al magistrado: “¿Usted sabe, doctor, que en los tribunales los nombran Bonnie y Clyde a usted y a su colega?”. El senador hizo referencia a versiones sobre presuntos pagos a cambio de sentencias, planteo que fue rechazado por el oficialismo.
Además, desde el peronismo señalaron que, después del fallo vinculado a la reforma laboral, el presidente Javier Milei firmó el decreto para solicitar la prórroga del juez Pesino.
El magistrado negó cualquier relación entre ambos hechos y aseguró que se trató de una coincidencia de fechas. “El nuevo ministro, Bautista Mahiques, me informó el 7 de abril que iba a dar comienzo al trámite de mi nuevo nombramiento. El 13 recibí un correo electrónico del ministerio en el que me informaban que el 24 se iba a publicar el nuevo edicto. Fue simplemente coincidencia de fechas”, explicó.
Bullrich volvió a intervenir en defensa del juez y cuestionó los planteos de la oposición. “Aquí quieren poner la capacidad moral y la capacidad de dictar justicia del juez en una zona gris, en una zona oscura, y de ninguna manera se puede aceptar”, sostuvo.
La jefa del bloque libertario vinculó los cuestionamientos con los fallos de Pesino sobre la reforma laboral y la UOM. “Esto está relacionado con que el doctor Pesino envió al fuero Contencioso Administrativo la discusión de constitucionalidad de la Ley Laboral y actuó en relación con un sindicato con altos grados de corrupción que hoy está intervenido”, afirmó.
Las quejas del peronismo
Mayans, presidente del bloque Justicialista, volvió a rechazar la actual conformación de la Comisión de Acuerdos, donde el peronismo cuenta con solo tres integrantes. “No es válido lo que está pasando acá”, señaló.
“Tengo una banca, tengo una representación y tengo fueros parlamentarios, que son la armadura que me dio el pueblo argentino para denunciar a los corruptos jueces de la Corte y para denunciar el trabajo corrupto que se está haciendo en esta comisión”, lanzó el senador formoseño.
Qué dice la Constitución
La Constitución Nacional establece que los jueces deben jubilarse al cumplir 75 años. Sin embargo, si el magistrado pretende continuar en el cargo, puede solicitar una prórroga de cinco años. Para eso, el Presidente debe reenviar su pliego y el Senado debe aprobarlo.
Pesino repasó su trayectoria ante los senadores. Contó que ingresó a la Justicia del Trabajo en 1971, que llegó a juez en 1989 y que fue designado camarista en 2011. “Estoy capacitado para continuar desempeñándome como magistrado”, sostuvo.
El resto de las audiencias
La Comisión de Acuerdos también recibió en audiencia pública a otros candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Entre ellos, Leopoldo Rago Gallo, postulado para continuar como juez federal de Primera Instancia N°2 de San Juan; María Claudia Jueguen, propuesta para integrar la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; y Marina Pisacco, postulada para la Sala VI del mismo tribunal.
Además, defendieron sus pliegos Diego Javier Tula, Diego Manauta y Claudio Loguarro, propuestos para distintas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Los pliegos pasaron a la firma de los senadores. Una vez que reúnan al menos nueve firmas, estarán en condiciones de llegar al recinto para su tratamiento.
Senado, jueces, acuerdos
POLITICA
La polémica por las criptomonedas de Adorni: cómo funciona la trazabilidad y qué puede revelar una billetera
La reciente controversia sobre la justificación patrimonial con criptomonedas por parte del jefe de Gabinete Manuel Adorni, puso en el centro del debate la transparencia de la tecnología blockchain y generó dudas sobre la credibilidad de las explicaciones oficiales. Laureano Bielsa, abogado especialista en Finanzas afirmó en Infobae Al Mediodía que la trazabilidad técnica del sistema permite auditar movimientos, aunque persisten dificultades reales a la hora de vincular cada billetera con una persona concreta.
La utilización de criptomonedas como sustento de la declaración jurada por parte del funcionario presenta ventajas y limitaciones, según precisó el especialista. Si bien blockchain registra de manera pública todos los movimientos, no existe una relación directa y automática entre cada billetera y su titular.
Esto admite que las operaciones sean rastreables, pero al mismo tiempo deja margen para que los responsables eludan su identificación, lo que dificulta la verificación social y judicial sobre la veracidad de los fondos declarados.
“La blockchain es básicamente un sistema de contabilidad distribuido. Es como un Excel que, en vez de guardarse en mi computadora, se almacena en todas las computadoras que forman parte de la red”, explicó Bielsa. Destacó que “todas esas computadoras conservan una copia de cada transacción, lo que hace muy difícil modificar o eliminar registros”, especialmente considerando que “una red de Bitcoin tiene cientos de miles de equipos conectados”.
Cómo funciona el rastreo de fondos en blockchain
El especialista insistió en que la trazabilidad es absoluta para cualquier billetera si se conoce su clave pública. Sin embargo, planteó los límites del sistema: “Las billeteras no son anónimas, son seudónimas. Lo que tenés es una serie de números y letras que funciona como un CBU digital”. Aunque cualquiera puede consultar el historial de una billetera, sin documentación adicional no es posible saber a quién pertenece.
Al analizar si un funcionario puede justificar su patrimonio en bitcoin simplemente con la presentación de una billetera, Bielsa indicó que “no hay forma de probar que no era de Adorni esa billetera; no es consistente ni siquiera para sostener una hora de conversación”.
De todos modos, reconoció que con la clave pública puede consultarse el historial completo, ya que existen herramientas gratuitas que permiten revisar cada movimiento de manera sencilla.
Tipos de billeteras y su importancia en la trazabilidad
Bielsa explicó diferencias claves entre sistemas de almacenamiento: “Una billetera caliente es la que está conectada a Internet y te permite operar desde una computadora o una aplicación”. Por otro lado, “las billeteras frías no están conectadas y pueden ser un pendrive o una paper wallet impresa, que es un método más rudimentario y antiguo”.
El experto se mostró escéptico ante quienes aseguran haber utilizado estos soportes años atrás: “Una persona que manejaba una paper wallet en 2014 tenía que ser muy experta, porque el sistema exigía mucho conocimiento técnico”, dijo.
Y agregó: “Para transferir correctamente los fondos, era necesario gestionar los ‘vueltos’, dado que el sistema genera una clave pública nueva en cada transferencia, por lo que presentar la historia completa requiere un nivel de detalle alto”.
Al unir el contexto técnico con la dificultad de mover grandes montos de bitcoin en los primeros años, Bielsa reforzó sus dudas: “Por entonces era algo de nicho. Encontrar a alguien que tuviera 200.000 dólares en bitcoin para vender era muy complejo, había que reunirse en persona y la confianza en la operatoria era limitada”.
Dudas y críticas sobre la justificación patrimonial en criptomonedas
No sólo los aspectos técnicos siembran dudas sobre la validez de ciertas explicaciones patrimoniales con criptomonedas. Bielsa señaló: “El dato llamativo no es si ganó o perdió, es pensar que alguien puso todo su ahorro no declarado en una inversión de alto riesgo. Es muy difícil de creer”.
También se refirió a la dificultad de sostener los fondos sin retirarlos durante años: “La mayor parte de la gente, incluso usuarios experimentados, se sorprendía por pequeñas subidas y bajadas y rara vez aguantaba todo su capital invertido durante mucho tiempo”, afirmó. Según Bielsa, sólo quienes poseían sumas muy grandes o contaban con formación técnica podían tolerar semejante volatilidad.
A la hora de probar la propiedad real de una billetera, el proceso se complica aún más. “Por vía judicial formal no sería posible descifrar si está mintiendo o no, porque la billetera es seudónima y no está registrada a su nombre. Si consigue que alguien le preste una, y esa persona no lo declara, no nos vamos a enterar”, advirtió.
Aun así, remarcó que si la clave pública aparece en la declaración jurada, la comunidad técnica puede analizar todos los movimientos y ejercer cierto control social.
Según su experiencia, cuando la corrupción se cruza con la blockchain, la comunidad técnica y la sociedad civil disponen de herramientas inéditas para exponer irregularidades y favorecer la transparencia. Que los registros históricos permanezcan inalterables y sean públicamente consultables, representa —en su opinión— una vía real para mejorar las prácticas públicas y robustecer los controles, ofreciendo una esperanza concreta frente a viejos problemas.
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POLITICA
Las dudas sobre la herencia: el efectivo que Manuel Adorni dice haber encontrado choca con los antecedentes familiares
Jorge Eduardo Adorni falleció el 21 de agosto de 2002, a los 62 años. Dejó un patrimonio escaso, una viuda y dos hijos, y una ristra de deudas, juicios y embargos. Un panorama que no hacía prever lo que su heredero más conocido dice haber encontrado al entrar a su pequeño departamento en el centro de la ciudad de La Plata.
“Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que es el dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento”, afirmó el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la entrevista que concedió a LN+ este miércoles. No aportó montos o precisiones por televisión, ni ante la Oficina Anticorrupción. Tampoco, si todo o parte de ese dinero fue parte de los US$ 200.000 con que afirmó haber comprado criptomonedas.
Los dichos de Manuel Adorni sobre el supuesto hallazgo de ese dinero causaron sorpresa. Primero, porque había dado una versión muy distinta sobre su contexto familiar en sus declaraciones públicas anteriores. Segundo, porque introdujo un elemento -la presunta existencia de dinero en efectivo- que no surge de los registros judiciales de la sucesión. Y tercero, porque generó preguntas sobre el proceder de su padre. ¿Afrontó problemas económicos o decidió ahorrar en perjuicio de sus acreedores?
Las declaraciones previas de Adorni pintaban, en efecto, un panorama muy distinto al de un presunto hallazgo de dinero. En un tuit del 19 de octubre de 2018, el actual jefe de Gabinete contó: “En 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tardé años en arreglar todo, con mucho esfuerzo”, afirmó, para luego descargar su bronca. “Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo”.
El panorama fue complicado cuando murió Jorge Adorni. El padre del actual funcionario era propietario de un departamento de 52 metros cuadrados en el piso 9 de un edificio de la avenida 53 y calle 4, en el centro de La Plata. Sobre ese inmueble recaían tres embargos: de acreedoras hipotecarias, de la administración del consorcio y del Banco Provincia, según consta en el informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense que obtuvo .
Los reclamos de esos acreedores se plasmaron en tres juicios simultáneos. Uno en la ciudad de Buenos Aires; dos, en La Plata. Buscaron ejecutar al padre del actual jefe de Gabinete por las cuotas de un crédito con garantía hipotecaria sobre el departamento, expensas atrasadas y deudas bancarias.
Jorge Adorni había comprado el departamento en 1972, siendo empleado y soltero, por lo que el bien era propio, no ganancial con Silvia País, quien sería su esposa y madre de sus hijos Manuel y Francisco. Y con ese inmueble en su haber falleció treinta años después, en una situación crediticia complicada.
El reclamo más elevado fue de Liliana Brittanico y su madre, Esther Vecchiola, que en 1996 le habían prestado US$ 22.500 al padre del actual funcionario con garantía hipotecaria, mediante escritura pública. Jorge Adorni incumplió los pagos y promovieron la ejecución hipotecaria en 2002, en los tribunales porteños.
A la viuda e hijos de Jorge Adorni les tomó años dejar atrás esos y otros problemas. Entre ellos, la multa que le impuso a País el Tribunal de Cuentas bonaerense por las “infracciones” y “excesos” detectados en su desempeño como contadora municipal del partido de Coronel Brandsen, sanción que confirmó la Suprema Corte provincial en 2014, según verificó .
Así, recién en 2019, los Adorni dejaron atrás el reclamo del Banco Provincia; y en 2024, la Justicia platense ordenó librar un oficio al Registro de la Propiedad Inmueble para levantar la hipoteca de Brittannico y su madre, aunque no porque hayan cancelado lo adeudado a ambas acreedoras, sino por la caducidad de instancia -y luego prescripción de la acción-, según surge de los expedientes judiciales que compulsó .
Otro inmueble
Para entonces, el acervo sucesorio había registrado una novedad. Ocurrió el 14 de diciembre de 2023, cuatro días después de la asunción de Javier Milei como presidente, con Adorni como vocero.
Ese día, la viuda e hijos de Jorge Adorni se presentaron ante el juzgado donde tramitaba la sucesión e informaron la existencia de un lote de unos 700 metros cuadrados en la localidad de Salazar, partido de Daireaux, que Jorge, como hijo único, había heredado de su madre.
Ubicado a 450 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, Salazar registró 2263 habitantes en el censo de 2022. En ese pueblo, los Adorni tienen un lote cuya valuación fiscal en 2026 asciende a $568.000, sobre una base imponible de $18,2 millones, según datos oficiales de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA). Es decir, unos 12.500 dólares. ¿Valor de mercado? Entre 21.000 y 32.000 dólares.
Sin embargo, los trámites sucesorios se alargaron todavía más. Recién en junio de 2025 se dispuso la inscripción de la declaratoria de la viuda y dos hijos como únicos herederos del departamento de La Plata en el Registro de la Propiedad Inmueble: 33,3% para cada uno. ¿Valor fiscal del inmueble de La Plata? $527.896 este año, sobre una base imponible de $6 millones, según ARBA. En otras palabras, algo más de 4100 dólares. ¿Valor de mercado? Entre 45.000 y 60.000 dólares según sea su estado.
Ni antes ni después, sin embargo, la viuda e hijos de Jorge Adorni informaron al Juzgado donde tramitó la sucesión la existencia de dinero en efectivo dentro del departamento de La Plata, como reveló el actual jefe de Gabinete este miércoles. Ese presunto hallazgo tampoco lo comunicaron en los juzgados donde tramitaron los reclamos de los acreedores.
la entrevista que concedió a LN+,Los dichos de Manuel Adorni,October 19, 2018,Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
La fiscalía apeló el traslado de Facundo Jones Huala y su derivación a otro penal quedó en suspenso
La Justicia Federal autorizó el traslado del líder mapuche Facundo Jones Huala a una cárcel más cercana a su familia, aunque la Fiscalía apeló la decisión y la medida quedó en suspenso. De este modo, el traslado desde el penal de Rawson a la unidad penitenciaria de Esquel permanece a la espera de una definición judicial.
Además, el tribunal revisor rechazó un planteo de la defensa y confirmó que Jones Huala continuará detenido bajo prisión preventiva por otros tres meses.
La Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche objetó la resolución que habilitaba al referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) a cumplir la prisión preventiva en el Penal Federal de Esquel. Como consecuencia, el traslado quedó frenado hasta que se resuelva la apelación.
El lonko permanece alojado en la Unidad Penitenciaria Federal de Rawson desde junio de 2025, en el marco de una investigación por asociación ilícita calificada que fue declarada como causa compleja.
Desde su ingreso al penal, solicitó ser trasladado a Esquel para facilitar las visitas de sus familiares, que residen en Bariloche, debido a la cercanía entre ambas ciudades.
El viernes pasado, el juez federal subrogante Ezequiel Andreani hizo lugar al pedido luego de varias audiencias centradas en esa cuestión y ordenó el traslado a Esquel.
Sin embargo, cuando estaba por vencer el plazo para recurrir la decisión, el fiscal Fernando Arrigo, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche, presentó una apelación que dejó en suspenso la medida.
Jones Huala mantiene desde hace aproximadamente un mes una huelga de hambre en reclamo de su traslado. Según personas de su entorno, en las últimas semanas endureció la protesta al reducir también la ingesta de líquidos.
“Ni siquiera está pidiendo que lo dejen en libertad, a pesar de estar detenido injustamente. Está pidiendo que le permitan seguir detenido, pero más cerca de su familia, que está en Bariloche”, señalaron allegados al dirigente mapuche.
La defensa, encabezada por Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, presentó múltiples recursos para solicitar el traslado de su asistido.
Los planteos fueron realizados tanto en las audiencias periódicas destinadas a revisar la prisión preventiva, como mediante presentaciones ante los distintos magistrados que intervinieron en la causa.
Andreani, quien subroga el juzgado federal de Bariloche, consideró que no existían elementos suficientes para rechazar el pedido y autorizó el traslado. Con anterioridad, el juez Gustavo Zapata había adoptado una decisión similar, aunque la oposición del Ministerio de Seguridad de la Nación impidió que se concretara.
Tanto la unidad penitenciaria de Rawson como la de Esquel dependen del Servicio Penitenciario Federal.
“Entre Bariloche y Rawson hay cerca de 900 kilómetros de distancia, mientras que Esquel se encuentra a menos de 300 kilómetros. El planteo apunta a que la familia pueda visitarlo con mayor frecuencia”, explicaron voceros de la defensa.
La Unidad 6 de Rawson es un establecimiento de máxima seguridad, mientras que la Unidad 14 de Esquel es de seguridad media. Esa diferencia fue uno de los argumentos utilizados por el Ministerio de Seguridad para oponerse al traslado, pese a que Jones Huala ya había estado alojado en esa dependencia antes de ser extraditado a Chile para enfrentar un proceso judicial.
El dirigente mapuche fue detenido en junio de 2025 en el marco de una investigación por asociación ilícita calificada. Según la acusación, promovió acciones violentas vinculadas a la causa mapuche e intentó difundir sus postulados mediante el uso de la violencia.
Mientras tanto, sus familiares manifestaron preocupación por el deterioro de su estado de salud como consecuencia de la prolongada huelga de hambre.
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