Cuando parecía que el conflicto entre el Gobierno y las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entraba en una tensa paz tras el aumento del boleto un 6% entre mayo y julio, se sumó una nueva demanda: ahora la UTA exigen al Ministerio de Economía que solucione el problema de fondo para que aumenten los sueldos de los choferes. En ese marco, mañana habrá una reunión entre las autoridades de la Secretaría de Transporte y las cámaras empresarias.

El escenario de fondo incluye el impacto del estallido del conflicto en Oriente Medio, que elevó el precio del combustible en Argentina. Ante este contexto, a principios de abril las empresas de colectivos reclamaron a la Secretaría de Transporte mayores subsidios o una suba adicional de la tarifa para cubrir el incremento de costos y afrontar deudas por pagos atrasados. La falta de respuesta estatal llevó a una reducción en la frecuencia de los servicios, lo que afectó a miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Luego de reabrir el diálogo, las autoridades autorizaron un incremento tarifario del 6% en tres tramos mensuales (2% por mes), lo que llevará el boleto mínimo de colectivo -hasta tres kilómetros- a $742,84 a mediados de julio . Sin embargo, los empresarios aún siguen consideraron que el ajuste quedó por debajo de la inflación. Y es esa insuficiencia de los subsidios impide mejorar los salarios del personal.

Fuentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en conversación con Infobae estimaron un atraso salarial del 15% para los choferes. “Calculamos un 15% de atraso en los sueldos de los choferes. Lo que pasa es que con el aumento del precio del combustible por el conflicto en Oriente Medio no aumentaron los subsidios; el Gobierno y las empresas no quieren aumentar los sueldos. Es todo un círculo, los empresarios no quieren aumentar los sueldos porque no pueden, no porque no quieren. Un chofer que recién ingresa tiene un sueldo de bolsillo de $ 1,8 millón, a lo que se le deben sumar viáticos”, expresaron.

El comunicado que la UTA envió al ministro de Economía, Luis Caputo, expone la preocupación gremial por la falta de acuerdo y por la insuficiencia de la respuesta oficial ante la inflación y el alza de insumos. Reclaman una actualización urgente de los haberes para evitar medidas de fuerza, con posibilidad de paralización total del transporte si no se logra un entendimiento.

“Hacemos un llamado al ministro de Economía a fin que trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes en una actividad y de nuestros trabajadores. Queremos que nos traten como a los sectores ”privilegiados» de la economía (tenemos derechos a ello, no hay duda)“, escribió el secretario general de la UTA, Roberto Fernández en la carta que le envío a Caputo. En donde sostuvo que el superávit fiscal no se puede construir sobre los salarios de los choferes de colectivo.

Es que Caputo tiene un dilema para resolver el problema de los colectivos en el AMBA debe elegir entre aumentar el boleto de colectivo lo que le pega de lleno sobre la inflación o otorgar mayores subsidios a las empresas que implica mayor gasto pública en un contexto de caída de la recaudación. En mayo opto por autorizar un incremento del 6% del boleto que no dejo conforme a los empresarios. Aunque con un detalle, los incrementos del boleto se autorizan a mitad de cada mes para moderar el efecto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, en la Secretaría de Transporte aclararon que la carta de la UTA al Ministerio de Economía está mal dirigida, ya que la responsabilidad formal de la negociación corresponde a las empresas y que el interlocutor gremial debería reunirse con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Mientras tanto, el organismo mantiene la mesa de diálogo con las cámaras empresarias cada 15 días para intentar resolver el conflicto y evitar nuevos paros.

La reducción de frecuencias y la incertidumbre sobre el desenlace de las negociaciones afectan la rutina diaria de los usuarios del transporte público. Las partes reconocen que, si no logran una solución integral, podrían intensificarse las restricciones o interrumpirse el servicio. La reunión prevista para mañana entre las autoridades y los representantes empresariales será clave para determinar los próximos pasos en la disputa que involucra al Gobierno, las empresas y los trabajadores del transporte de colectivos en el AMBA.

El cambio de sistema para la venta de entradas del Mundial FIFA traería, supuestamente, mayor transparencia y un protagonismo para que los propios hinchas -el mercado, en términos económicos- decidieran los precios. Sin embargo, los últimos reportes indican que los precios son impagables, rígidos a la baja y que se arriesga que muchos partidos muestren porciones vacías en los estadios.

El tema ha sido durante años materia de debate entre directivos, economistas, sponsors y miles de aficionados en todo el mundo. La crítica comúnmente escuchada era que resultaba casi imposible conseguir tickets en el mercado oficial, porque rápidamente los cupos se agotaban. Y que, en paralelo, funcionaba un mercado negro con el que muchos hacían fortuna.

Las investigaciones judiciales realizadas en Estados Unidos por corrupción en el fútbol internacional luego de la asignación de Qatar como sede del mundial 2022 incluyó, entre otras acusaciones, la sospecha de que había asociaciones en las que los propios dirigentes participaban de la reventa.

Fue por eso que se cambió el sistema, para pasar a un concepto «de libre mercado», en el que la FIFA pone un precio base y vende a revendedores oficiales, que fijan cada entrada según el libre juego de la oferta y la demanda.

Esto ha hecho que haya grandes divergencias en los precios, con entradas que han caído por debajo de su valor oficial y otras que lo han multiplicado por cinco. Hasta ahora, el partido menos cotizado es Cabo Verde versus Arabia Saudita, que se puede ver por u$s160, mientras que la mayor demanda dentro de la fase de grupos es para Colombia – Portugal, donde el ticket más barato cuesta u$s2.646, según la información de Vivid Seats, uno de los resellers autorizados.

¿Una falla de mercado?

El nuevo sistema, llamado «de precios dinámicos» está inspirado en el esquema de subastas que se aplica en otros deportes de Estados Unidos. Y, contrariando las expectativas iniciales, hay fuertes quejas por los problemas de funcionamiento.

Es una situación que parece dar la razón a los economistas que hablan de «fallas de mercado», entre los que destaca el premio Nobel Joseph Stiglitz, cercano a los gobiernos peronistas -recomendó a su alumno Martín Guzmán para el cargo de ministro en 2019-, y denostado públicamente por Javier Milei.

En la teoría, los precios deberían fluctuar, de forma tal que todos los partidos se jugaran a estadio lleno. Sin embargo, hay reportes de quejas por un remanente de 170.000 entradas sin vender y rigidez a la baja de los precios.

Hay una razón para ello: durante el mes pasado los portales de los revendedores ya bajaron un 20% los valores, y algunos se encuentran con que hicieron un mal cálculo del negocio, de manera que si continúan aplicando descuento, terminarán perdiendo dinero, según una investigación publicada por el diario Financial Times.

Esto lleva a que los revendedores intenten «pulsear» hasta el momento mismo de los partidos, con la esperanza de que se movilice una mayor demanda.

Incluso para los partidos de la selección estadounidense hay todavía más de 4.000 entradas disponibles para el partido debut contra Paraguay -los asientos más baratos no bajan de u$s817-.

Y la situación ya está tomando tintes de discusión política, como quedó demostrado por la protesta de los fiscales generales de los estados de Nueva York y Nueva Jersey -dos de las principales sedes del evento-, que denunciaron que los precios de las entradas saltaron a precios imposibles de pagar por los aficionados.

Por su parte, la FIFA no da señales de preocupación por el hecho de que pueda haber estadios con sillas vacías, y afirma que este mundial generará un movimiento económico mayor a u$s3.000 millones, entre ventas de entradas y servicios turísticos. En comparación con el torneo de Qatar 2022, supone un incremento superior a 200%.

Argentina, entre las más cotizadas

Por cierto que, en lo que respecta a las selecciones latinoamericanas, ninguna parece afectada por el problema de las entradas. El fanatismo del fútbol en esta región, sumado al hecho de que México sea sede y, además, de que haya grandes comunidades inmigrantes viviendo en EE.UU. hace que la demanda parezca asegurada.

Colombia es el caso más destacado: sus entradas en el mercado de reventa han llegado a quintuplicar el precio original fijado por la FIFA. Previsiblemente, también México ocupó un lugar alto en ese ranking, y ya prácticamente no quedan entradas disponibles.

En lo que respecta a Argentina, al contrario de lo que ocurre con los bonos de deuda soberana, las entradas para los partidos de Argentina figuran entre las más apetecidas, y pertenecen al selecto grupo de las que se ofrecen por más de u$s1.000 en la primera fase.

El partido más caro será contra la selección austríaca, cuyas entradas arrancan en u$s1.212, seguido por el encuentro contra Jordania -u$s1.059- y finalizando con el match ante Argelia -u$s756-.

De todas formas, la Scaloneta perdió el «clásico» sudamericano contra Brasil, cuyas entradas para los partidos de primera fase cotizan en torno a u$s1.800.

Apostando a ciegas

También están a la venta las entradas de los partidos de eliminación, que empiezan el domingo 28 de junio y culminan en la final a disputarse el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Para quienes quieran asegurarse hoy un precio que podría multiplicarse varias veces, hay disponibilidad desde unos u$s645 para los partidos de segunda fase. En cuartos de final, la cotización promedio para los asientos más económicos se ubica en u$s1.660, mientras las semifinales no bajan de u$s2.400.

Para quienes tengan fe de que la albiceleste completará su camino hasta la final, el precio de la entrada puede asegurarse hoy por un precio «ganga» de u$s7.380 en los asientos más baratos.

Como siempre en los mercados, todo se reduce a una cuestión de expectativas: con Argentina en una final, es probable que el precio se vaya bien por encima de los u$s10.000. Como antecedente reciente, hace cuatro años en Qatar hubo quienes desembolsaron hasta u$s15.000 para ver a los capitaneados por Lionel Messi ganarle a la Francia de Kylian Mbappé en la tanda de penales. Y, hasta ahora, nadie se quejó de que no haya valido la pena.

La adhesión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) que se sancionó dentro de la ley de Inocencia Fiscal, crea toda una serie de beneficios impositivos para quienes adhieren.

El Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) establece cambios en el cumplimiento de las obligaciones fiscales para quienes obtienen rentas de fuente argentina. Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la modalidad permite a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, siempre que sean contribuyentes del Impuesto a las Ganancias y obtengan exclusivamente rentas locales, optar por una declaración que excluye la obligación de informar el patrimonio. Esta opción aplica para los períodos fiscales que inician a partir del 1° de enero de 2025 y busca optimizar procesos y reducir la carga administrativa.

Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que el régimen se divide en dos dimensiones. Por un lado, está la declaración jurada simplificada, que no exige al contribuyente informar patrimonio al inicio ni al cierre del periodo fiscal, el monto consumido ni variaciones patrimoniales. Solo requiere declarar ingresos, gastos y deducciones, tras lo cual el sistema determina el impuesto y el contribuyente paga. Esta declaración más simple otorga un efecto de presunción de exactitud y un «tapón fiscal» para los períodos fiscales no prescriptos (cinco años para atrás).

En esa línea, Domínguez puntualizó que algunos contribuyentes pueden adherir para acceder a la declaración simplificada y al beneficio del tapón fiscal. Además, resaltó que la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias contempla la posibilidad de utilizar dólares no declarados para comprar bienes como inmuebles o vehículos, pero no obliga a hacerlo.

Y en el marco de la adhesión por parte de Adorni y Angeletti, aclaró que, para el periodo fiscal 2025, el Régimen Simplifica de Ganancias aplica a quienes presenten su declaración correspondiente y abonen en término, obteniendo la presunción de exactitud y el tapón fiscal, aunque únicamente en el ámbito impositivo. También remarcó que este efecto no alcanza a la Oficina Anticorrupción, que exige a los contribuyentes obligados la presentación de sus declaraciones patrimoniales.

El especialista Marcos Felice diferenció el régimen de otras cuestiones judiciales. Afirmó: “No tiene nada que ver lo del Régimen Simplificado de Ganancias con Inocencia Fiscal con lo que se le está investigando a Adorni, que es enriquecimiento ilícito. Puedo adherir al Régimen Simplificado de Ganancias sin la necesidad de usar dólares del colchón, podés entrar igualmente para tener los beneficios del bloqueo fiscal para que no te investigue ARCA”. Felice remarcó así que, aunque la modalidad simplificada ofrece un bloqueo fiscal, no interfiere en investigaciones por delitos como enriquecimiento ilícito.

Una fuente especializada, en condición de off the record con Infobae, sostuvo que el Régimen Simplificado de Ganancias no libra de consecuencias ante delitos distintos a los tributarios. “El Régimen Simplificado de Ganancias no zafa a Adorni si cometió un delito de enriquecimiento ilícito, dádivas. Lo salva de un posible delito tributario, no va a tener que mostrarle a ARCA su patrimonio, pero sí va a tener que hacerlo ante la oficina anticorrupción”, indicó la fuente.

Es un beneficio por el cual, si un contribuyente presenta la declaración jurada simplificada y pagás el impuesto en término (correspondiente al período fiscal base 2025, cuyos vencimientos operan en junio de 2026), ARCA no puede revisar, fiscalizar ni ajustar las declaraciones juradas de Ganancias e IVA de los períodos fiscales anteriores no prescriptos.

La ley introduce un cambio de paradigma: se pasa de la sospecha automática de evasión a la presunción de exactitud, donde el fisco acepta que lo declarado por el contribuyente es correcto y suficiente.

Los dos efectos clave:

1. Efecto liberatorio: La presentación y el pago en término (o adhesión a un plan de facilidades) cancelan definitivamente el impuesto del período base.
2. Bloqueo / Tapón hacia el pasado: Se presume la exactitud de los tres años anteriores. Además, la Ley de Inocencia Fiscal reduce el plazo de prescripción de 5 a 3 años para los contribuyentes cumplidores. Esto implica que las declaraciones anteriores quedan blindadas y ya no pueden ser investigadas.

Las opiniones de los expertos consultados coinciden en que el Régimen aporta ventajas para quienes quieren cubrirse ante ARCA sin necesidad de tener que sacar los dólares del colchón. La presunción de exactitud y el tapón fiscal figuran entre los principales beneficios destacados. El debate sobre el alcance el Régimen Simplificado de Ganancias tomó fuerza a partir del caso de Adorni. Algunos sectores analizan la posibilidad de que sirva para eludir controles patrimoniales, aunque las fuentes consultadas puntualizan que su efecto se limita al ámbito fiscal y no exime de responsabilidades ante la Oficina Anticorrupción.

La cuestión está en que la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias por parte del jefe de Gabinete y su esposa produce cuestionamientos sobre el interés del Gobierno en la sanción de la Ley. A su vez de que le complica el panorama al ministro de Economía, Luis Caputo, quien hace semanas mantuvo una reunión con contadores y busca subsanar los puntos débiles con el envío de una nueva Ley al Congreso que le de mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que quieran sacar los dólares del colchón de que no será perseguidos por otra administración.

En el Ministerio de Economía hay particular interés en que la Ley de Inocencia Fiscal funcione, es que lo ven como uno de los motores para que la recuperación de la actividad se más rápido. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), los argentinos tiene USD 170.000 millones fuera del sistema bancario. Ante este contexto, el oficialismo va a tener mayores dificultades para pasar una nueva Ley en el Congreso sobre la que aún no hay fecha de envío, pero que se espera pronto. La política parece que se va llevar puesta a la economía, al menos en esta situación.