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La declaración jurada de Adorni: dijo que ganó USD 513.000 con Bitcoin y modificó el patrimonio familiar desde 2020

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Horas después de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, contemplado en la Ley 27.799, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este miércoles por la noche ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una serie de declaraciones juradas rectificativas y correcciones tributarias que modifican sustancialmente la composición patrimonial conocida hasta ahora del jefe de Gabinete.

La presentación se produjo en un contexto marcado por las investigaciones judiciales que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Ambos expedientes están a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

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La documentación, que había sido anticipada por el presidente Javier Milei y se demoró más de un mes, incorpora activos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores, entre ellos USD 513.000 originados, según la reconstrucción presentada por fuentes oficiales, en inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.

Las correcciones alcanzan tanto las declaraciones patrimoniales correspondientes a los años en que Adorni se desempeñó como funcionario nacional como las presentaciones impositivas realizadas desde 2020. Según pudo saber Infobae, la revisión también incluye modificaciones vinculadas al patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti, y forma parte de una reconstrucción integral de la evolución económica familiar desde años anteriores al ingreso del actual ministro coordinador a la administración pública.

De acuerdo con fuentes de la Jefatura de Gabinete, la revisión no se limitó a los ejercicios correspondientes a la función pública. También implicó reconstruir inversiones, bienes heredados, movimientos patrimoniales y operaciones económicas realizadas durante años previos a la llegada de Adorni al Gobierno.

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El jefe de Gabinete junto a su esposa, Bettina Angeletti (Nicolás Stulberg)

Las rectificaciones incluyen además cambios en la situación patrimonial de Bettina Angeletti. En el entorno del funcionario destacan que la esposa del jefe de Gabinete no sólo desarrolla actualmente actividades como monotributista sino que además ocupó durante más de quince años cargos gerenciales en una empresa privada, un dato que fue incorporado a la reconstrucción presentada ante los organismos de control.

Según explicaron las fuentes consultadas, el trabajo de revisión comenzó después de que las operaciones inmobiliarias realizadas durante 2025 quedaran bajo análisis judicial. A partir de entonces se inició un proceso de recopilación de documentación destinado a reconstruir el origen de los recursos económicos utilizados por la familia durante los últimos años.

“Hubo desprolijidad. Las declaraciones juradas del 2023 las hizo él mismo. La del 2024 fue con un contador, pero con la denuncia, hubo que hacer una reconstrucción de toda la historia patrimonial familiar, porque había que demostrar que el dinero usado en la compra de propiedades no había surgido de dinero ilícito”, explicaron fuentes cercanas al funcionario.

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La principal novedad de la documentación presentada es la incorporación de aproximadamente USD 513.000 vinculados a inversiones realizadas con Bitcoin. De acuerdo con la reconstrucción oficial, ese ahorro constituye el principal activo incorporado a las declaraciones rectificadas y representa el componente más importante del patrimonio familiar informado en esta oportunidad.

En función de la explicación presentada por la Jefatura de Gabinete, las inversiones fueron realizadas entre 2013 y 2018 mediante ocho billeteras virtuales diferentes. Durante ese período, Adorni y Angeletti habrían efectuado operaciones de compra y venta de la criptomoneda que generaron ganancias acumuladas a lo largo de varios años.

El edificio de Caballito donde tiene el departamento Adorni (Gustavo Gavotti)

Las fuentes oficiales sostienen que el capital originalmente invertido rondó los USD 200.000. A partir de la evolución de las cotizaciones y de las operaciones efectuadas durante esos años, ese monto se habría transformado posteriormente en los USD 513.000 que ahora fueron incorporados a las declaraciones rectificativas.

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La reconstrucción presentada ante la Oficina Anticorrupción sostiene que las operaciones pueden ser verificadas mediante las denominadas “llaves” de acceso asociadas a las billeteras virtuales utilizadas para operar. Según esa explicación, esos registros permiten reconstruir los movimientos realizados y acreditar la existencia de las inversiones declaradas.

La incorporación de ese ahorro modifica de manera significativa la fotografía patrimonial conocida hasta ahora. Hasta las últimas declaraciones disponibles, los principales activos líquidos informados por Adorni eran sustancialmente inferiores. Con las rectificaciones presentadas este miércoles, el patrimonio declarado incorpora un componente financiero que hasta ahora no figuraba en las presentaciones oficiales.

La revisión también alcanzó las declaraciones impositivas realizadas ante ARCA. Según confirmaron fuentes oficiales, Adorni se presentará ante el organismo para abonar los impuestos que resulten exigibles como consecuencia de las rectificaciones efectuadas sobre los últimos cinco años.

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La reconstrucción patrimonial incluye además una serie de bienes heredados tras el fallecimiento de Jorge Eduardo Adorni, padre del actual jefe de Gabinete, ocurrido en 2022.

Uno de esos activos corresponde a una propiedad ubicada en la ciudad de La Plata. En base a lo que explicaron fuentes del entorno, el inmueble permaneció durante un tiempo sometido a un proceso judicial debido a la existencia de una hipoteca vinculada a dos personas fallecidas. Esa situación impidió avanzar con la disposición del bien hasta que el expediente pudo resolverse. Una vez superadas esas instancias, la propiedad fue vendida y los fondos distribuidos entre los integrantes de la sucesión.

La casa que alquiló Manuel Adorni en el barrio Indio Cuá

Como resultado de esa operación, Adorni incorporó aproximadamente USD 57.000 a su patrimonio. La documentación presentada indica que el resto de los recursos fue percibido por otros herederos.

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La reconstrucción también incorpora un lote ubicado en el partido bonaerense de Daireaux que formaba parte de la misma sucesión. Según la información presentada ante los organismos de control, ese terreno fue vendido y generó un ingreso cercano a los USD 22.000 para el actual jefe de Gabinete.

En conjunto, ambas operaciones representaron ingresos por aproximadamente USD 79.000 derivados de bienes heredados.

Las rectificaciones alcanzan además las declaraciones patrimoniales correspondientes al período en que Adorni comenzó a desempeñarse en la función pública. El actual jefe de Gabinete ingresó a la administración nacional el 14 de diciembre de 2023 como secretario de Comunicación y Medios. Permaneció en ese cargo hasta noviembre de 2025, cuando fue designado jefe de Gabinete.

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Fuentes consultadas revelaron que la revisión integral de las declaraciones obligó a reconstruir buena parte de la historia patrimonial familiar para reflejar activos, inversiones y movimientos económicos que no habían sido incorporados en las presentaciones originales.

Uno de los capítulos centrales corresponde a la vivienda ubicada en el country Indio Cuá. La propiedad fue adquirida en noviembre de 2025 y quedó en el centro de la atención pública cuando trascendieron distintas informaciones sobre la composición patrimonial del matrimonio.

La escribana Adriana Nechevenko en Comodoro Py (RSFotos)

Hasta ahora, la vivienda aparecía declarada exclusivamente a nombre de Bettina Angeletti. En la documentación presentada este miércoles, el inmueble pasa a figurar integrado al patrimonio de ambos cónyuges, con una participación del 50% para cada uno. Asimismo, detallan que la compra demandó aproximadamente USD 120.000.

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Las fuentes oficiales sostienen que esos recursos provinieron de dos hipotecas constituidas sobre el inmueble familiar ubicado sobre la avenida Asamblea.

Por otra parte, la reconstrucción patrimonial también incorpora información vinculada a las remodelaciones realizadas posteriormente en la vivienda.

Mientras que durante la investigación judicial trascendió una estimación que ubicaba el costo de esas obras en torno a los USD 245.000, la posición presentada por el funcionario sostiene que el monto efectivamente destinado a los trabajos fue cercano a los USD 170.000.

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Las diferencias entre ambas cifras forman parte de la información incorporada en la documentación presentada ante los organismos de control.

El otro item relevante de la reconstrucción patrimonial corresponde al departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, adquirido también durante noviembre de 2025. Según la explicación brindada, la operación se realizó mediante un acuerdo con Pablo Feijoó, a quien describen como amigo personal del funcionario.

Pablo Martín Feijoo, al retirarse de Comodoro Py luego de declarar en la causa contra Manuel Adorni

Las fuentes oficiales sostienen que la compra no implicó una operación tradicional por el valor total del inmueble. De acuerdo con esa versión, Adorni desembolsó únicamente USD 30.000 en concepto de anticipo. El resto de la estructura financiera de la operación se habría apoyado en mecanismos de financiamiento e hipotecas que, según la explicación presentada, rondaron en conjunto los USD 100.000.

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La reconstrucción patrimonial también incorpora precisiones sobre versiones que circularon respecto de supuestos pagos adicionales vinculados a esa operación. Ante los trascendidos, desde la Jefatura de Gabinete plantearon que Feijoó no exigió ninguna suma adicional y no existió una transacción económica complementaria por fuera de los instrumentos documentados. Además, señalaron que la operación quedó circunscripta a los términos formalmente registrados y que la documentación presentada busca reflejar esa situación.

La revisión también aborda las remodelaciones efectuadas posteriormente en el departamento de Caballito. Según los documentos presentados por el funcionario, existieron aproximadamente USD 65.000 vinculados a trabajos realizados sobre el inmueble.

De acuerdo con la explicación oficial, esos montos tampoco fueron desembolsados mediante pagos directos, por lo que fueron incorporados a la documentación presentada con las aclaraciones correspondientes.

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Todas estas operaciones forman parte de las rectificaciones presentadas este miércoles ante la Oficina Anticorrupción y ARCA.

La parrilla que se mandó a hacer el funcionario a su casa del country

En paralelo, la revisión alcanzó las declaraciones impositivas correspondientes a los últimos cinco años y derivará en la regularización de las obligaciones tributarias que surjan como consecuencia de la incorporación de activos, inversiones y bienes que no habían sido incluidos en las presentaciones originales.

El eje central de la reconstrucción patrimonial es explicar el origen de los recursos económicos que integran actualmente el patrimonio familiar. Desde la Jefatura de Gabinete, plantean que los bienes incorporados a las rectificaciones, las inversiones financieras, los fondos obtenidos por herencias y las operaciones patrimoniales realizadas durante los últimos años tienen origen previo al ingreso de Adorni a la función pública.

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“Todo el patrimonio que tiene Adorni y Angeletti es previo a la asunción como funcionario público”, señalaron las fuentes consultadas.

La documentación presentada este miércoles reúne por primera vez en una misma reconstrucción las inversiones realizadas con Bitcoin, los ingresos provenientes de bienes heredados, las modificaciones introducidas en la composición patrimonial del matrimonio, las explicaciones sobre las operaciones inmobiliarias realizadas durante 2025 y las rectificaciones impositivas efectuadas ante ARCA. Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo fue consolidar en una única presentación la evolución patrimonial familiar desde 2020 hasta la actualidad.

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El Gobierno envió a Guberman a Diputados para defender el Presupuesto, pero chocó con los reclamos por mayor financiamiento a la discapacidad y a las universidades

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Con una ambiciosa agenda parlamentaria, el Gobierno inició la semana en el Congreso con el desembarco del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para dar comienzo al debate del Presupuesto 2027. El funcionario confirmó la intención del oficialismo de sesionar el 18 de noviembre después de la visita del papa León XIV, un cronograma que dejaría al Senado con escaso margen para tratarlo antes del cierre del período de sesiones ordinarias.

La jornada estuvo marcada por fuertes críticas al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, reclamos por mayores partidas para discapacidad y cuestionamientos a las proyecciones de inflación del Gobierno, además de pedidos de explicaciones por la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase.

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El debate en la Comisión de Presupuesto, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch, comenzó con un pedido del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sobre la hoja de ruta. En respuesta, se confirmó la visita de mañana del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el objetivo del Gobierno de obtener dictamen a fines de octubre para luego llevar el proyecto al recinto.

Acto seguido, Martínez anunció que su bloque presentó ante la presidencia de la comisión un pedido al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para dar cumplimiento a la ley de financiamiento universitario, uno de los focos críticos para el Gobierno cuando faltan dos días para la quinta marcha federal en reclamo de mayor presupuesto.

Es en esa línea que el diputado de UP reclamó aumentar las partidas destinadas en el Presupuesto 2027 y propuso compensar ese incremento con una reducción de otros gastos del Tesoro, a fines de “no alterar el resultado financiero”.

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La queja del bloque peronista ante Benegas Lynch se sustenta en un reciente fallo del juez Martín Cormick, que exigió al Gobierno la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución declaró inconstitucional parte del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había frenado la implementación de la norma, pese a que el Congreso había rechazado el veto presidencial el año pasado.

El texto oficial presentado por el Gobierno proyecta para el año que viene una partida de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades, mientras que los rectores advierten que para ajustarse a la ley se necesitaría casi un 50% más de lo contemplado. En concreto, exigen un financiamiento de $11 billones.

Si bien Benegas Lynch consideró “razonable” la petición, esquivó la cuestión al asegurar que “no es la competencia” de la comisión dar indicaciones de gestión a la Jefatura de Gabinete. Después se aclaró que aquellas precisiones se darán con la exposición de invitados de la cartera de Educación.

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Durante su exposición, el funcionario evitó dar detalles sobre el financiamiento educativo. En cambio, se centró en la situación económica que encontró el Gobierno al asumir, especialmente apuntó al déficit financiero, la elevada brecha cambiaria y el riesgo país.

En cuanto a las proyecciones económicas, Guberman anticipó un crecimiento del 4% para el próximo año, frente al 3% previsto para este, una inflación del 18% y un tipo de cambio de $1.848.

Noticia en desarrollo

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Presupuesto: comenzó el debate y ya se prevé el llamado a sesiones extraordinarias para aprobarlo

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La Cámara de Diputados y el bloque de La Libertad Avanza ya planteó un cronograma estableciendo una posible fecha para llevar el debate por la ley de presupuesto 2027 al recinto.

Esa hoja de ruta que estableció Diputados confirma que el Gobierno nacional llamará nuevamente a sesiones extraordinarias, ya que con este esquema el Senado sólo tendría una semana para tratar el proyecto de ley en Comisión y llevarlo al recinto antes del 30 de noviembre que es cuando termina el período ordinario.

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Esto no sería posible teniendo en cuenta que el reglamento establece que, como mínimo, la Cámara Alta necesita dos semanas para el tratamiento de una ley ya que señala de manera expresa que tienen que pasar 7 días corridos entre el dictamen y que el proyecto sea tratado en el recinto.

Como sucede desde hace tres años, la oposición reclamó la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, algo que el presidente de la Comisión de Presupuesto, “Bertie” Benegas Lynch, adelantó que solo sería posible “si queda algo en el tintero”, dejando entrever que se mantiene la negativa del ministro de asistir al Congreso de la Nación.

En lo que será el recorrido de la comisión, el bloque de LLA planteó que hoy expondrá el secretario de Presupuesto, Carlos Guberman; y mañana por la mañana el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

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El debate se retomará el martes 20 de octubre y se espera la asistencia de “alguien de Educación”. Continuará con otra reunión informativa el 27 de octubre sin anunciar la presencia de ningún funcionario.

Por último, el bloque de LLA adelantó que el miércoles 28 de octubre se buscará dictaminar y que pediría una sesión para el 18 de noviembre.

“Entre el dictamen y la sesión tenemos la visita del Papa León XIV y están las elecciones de los Estados Unidos que muchos diputados hemos sido invitados, por eso la intención es la de ir a una sesión a mediados de noviembre”, explicó el presidente de la Comisión.

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Comisión de presupuesto dio inicio al debate de la ley de leyes

Guberman comenzó su exposición haciendo referencia a “lo que nos encontramos y lo que hicimos estos tres años”. En ese esquema arrancó señalando que el gobierno obtuvo “rápidamente” superávit financiero y luego hizo foco en el proceso inflacionario. “Mientras en promedio los habitantes del planeta se volvieron 20% más ricos, nosotros nos volvimos 10% más pobres los últimos 12 años antes de iniciar la gestión”, agregó.

El funcionario señaló que los dos “grandes ejes” de la gestión son “el ordenamiento cambiario y financiero y el otro recuperar la competitividad”, e hizo referencia a la eliminación del cepo, la prohibición de la emisión, etc.

En un tono monocorde, Guberman fue enumerando los logros económicos de la administración de Javier Milei. En ese sentido, se refirió a uno de los puntos más discutidos en el Presupuesto y es la obra pública. “Recibimos 2239 ‘cosas’, se realizó una auditoría y se dieron de baja 1683 contratos o convenios”. Además se transfirieron 457 obras y quedaron 199 bajo gestión directa, de las cuales 55 se han finalizado y el resto está en ejecución este año que forman parte del presupuesto que estamos discutiendo».

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Como el Ejecutivo no planea enviar muchos funcionarios a defender el proyecto, Guberman amplió su exposición a sectores que no están bajo su órbita. En este punto, y luego que Benegas Lynch confirmara que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, no asistirá a explicar el programa financiero, Guberman señaló que “creció el porcentaje del Presupuesto asignado a Servicios Sociales. Estamos duplicando la partida presupuestaria para la atención de salud para las personas con discapacidad, con la previsión del financiamiento en el 100% de la partida que se demande. Si se duplica la cantidad de personas que se ven necesitadas, está previsto el gasto de cobertura de salud”. Tanto es así que dijo que “por más que se duplica el gasto en Pensiones No Contributivas, si todos los individuos que tienen CUD deciden pedir la pensión y cumplen los requisitos, está cubierto el 100% de las pensiones”.

Recesión, trabajo y discapacidad

El debate comenzó con la diputada Julia Strada preguntándole a Guberman si entiende que el tercer trimestre va a tener recesión. El funcionario negó con la cabeza que vayan a caer en recesión por lo que la diputada señaló que “es una pena que vengas a mentirnos porque tenes los números que dicen que sí”.

Luego la diputada señaló que la proyección de inflación “establece un piso de 1,4% acumulativo por mes. Esto significa que no habrá inflación 0% como promete Milei”.

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Además, señaló que el Gobierno proyecta un incremento de 60% para el 2027 en el Impuesto a los Combustibles Líquidos. La pregunta de la oposición es si esto va a impactar en el precio de los combustibles.

Respecto de este punto, la diputada Tolosa Paz hizo referencia a que en el texto que presentó el oficialismo “derivan el 50% -del impuesto a los combustibles- a la timba financiera y nos devuelven 160 km de autopista y 10 km de rutas”.

Guberman respondió que prevén un alza del empleo formal y del salario real para compensar la caída en la recaudación. “El empleo formal va a seguir creciendo, no hay destrucción de empleo formal” aseveró el funcionario.

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El funcionario respondió respecto del impuesto vial que “en la Dirección Nacional de Vialidad están contemplados 28.445 kilómetros para mantenimiento y construcción de rutas nuevas por más de 1.000 kilómetros”, en respuesta a Tolosa Paz.

Respecto de Discapacidad, Tolosa Paz preguntó si se mantiene el articulado del proyecto original que desmantelaba el sistema o si se tomaba el dictamen del oficialismo que dejaba afuera estos artículos y armaba un proyecto nuevo.

Aunque en una primera instancia el funcionario de Economía evitó responder, frente a la insistencia Guberman respondió de una manera llamativa.

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En la previa a la movilización del jueves, el funcionario dejó en claro que no van a retirar el articulado original y que la Casa Rosada mantiene su posición. “Siempre es el proyecto de ley del Ejecutivo, El Congreso puede opinar algo diferente. Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa -mantener los artículos que eliminan el nomenclador único y propone la incompatibilidad laboral-, los bloques del Congreso tienen una posición distinta”.

Noticias en desarrollo…

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Hotesur-Los Sauces: habrá una audiencia clave para reunificar los juicios contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo

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La Cámara Federal de Casación Penal realizará este jueves una audiencia clave para decidir la reunificación de los juicios contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por los casos Los Sauces y Hotesur, en los que ambos están acusados de integrar una asociación ilícita y de lavado de dinero.

El tribunal podría así disponer que ambos juicios, juntos, comiencen como estaba previsto el 23 de octubre próximo.

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En paralelo, Cristina Kirchner confía en que este mes se conozca un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que pregone la anulación de su condena por la causa Vialidad, que la mantiene detenida y con prohibición de postularse para ocupar cargos públicos.

Es una estrategia que tiene pocas chances de prosperar, pues la justicia argentina ya dictó una sentencia que está firme y que no está dispuesta a revisar más allá de una opinión favorable a la expresidenta de un organismo internacional.

El fiscal general Diego Velasco durante el alegato ante el TOF N°3.Captura mejorada con IA

El debate por la reunificación de los casos Los Sauces y Hotesur se da en medio de una pulseada entre el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, a cargo del proceso, y el fiscal a cargo de la acusación en el juicio, Diego Velasco, que se opuso a la división en dos del juicio.

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Los jueces del Tribunal Oral José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machacho Pelloni resolvieron el 18 de septiembre pasado desdoblar el caso Los Sauces del caso Hotesur y hacer dos juicios orales sucesivos contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo, además del resto de los 15 acusados.

Los jueces habían decidido de manera unánime que el 23 de octubre comience el juicio oral por Los Sauces y que Hotesur se inicie el 19 de marzo de 2027.

Pero el fiscal Velasco se opuso porque entiende que partir en dos los juicios de Los Sauces y Hotesur pone en peligro la posibilidad de sostener una acusación y llegar a una condena.

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Teme la fiscalía que la medida sea una estrategia para que terminen todos absueltos. Además, hay razones jurídicas para sostener la reunificación, como por ejemplo que se trata de la misma maniobra.

Los jueces de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar habían convocado a una audiencia el 15 de octubre para instar a que comience el proceso oral, pero ahora revisarán también la decisión de partir los juicios.

Esto es porque el fiscal ante la Casación, Mario Villar, los notificó de esta decisión que a su juicio pone en riesgo la acusación.

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Los jueces de la Casación le dieron la razón al fiscal Villar. El juez Alejandro Slokar no emitió opinión propia porque sus colegas ya votaron. Acudió a la fórmula “a tenor del temperamento concordante de los distinguidos colegas, cabe estar a lo dispuesto por el art. 30 bis”, que es la manera ritual de decir que sus colegas ya decidieron, por lo que no hace falta su voto.

Nexos con Báez y López

Hotesur y Los Sauces es un caso de asociación ilícita y lavado de dinero en el que Cristina Kirchner y su hijo Máximo, accionista de esas empresas, están acusados de recibir dinero de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en sus hoteles y por el alquiler de sus propiedades, en compensación por los negocios que tenían en el Estado.

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El caso Los Sauces persigue la supuesta maniobra de lavado mediante el alquiler de propiedades de los Kirchner que realizaban las empresas de López y de Báez. Pagaron 25.968.042,30 pesos entre 2009 y 2016, lo que representa el 88% de la facturación de la firma de la entonces familia presidencial.

El caso Hotesur apunta a la contratación de habitaciones de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, de los Kirchner, por las empresas de Báez, que presuntamente no las utilizaban, según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Los Kirchner recibieron más de 28 millones de pesos de ese entonces.

La principal objeción del fiscal Velasco es que, partiendo los juicios en dos, se divide la acusación y es difícil, por ejemplo, probar una asociación ilícita que prevé la reunión de tres o más personas para cometer delitos indeterminados.

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Si se dividen los juicios, las maniobras se separan y se pierde la visión de conjunto como una sola actividad destinada al blanqueo de fondos protagonizada por la misma organización, sostuvo el fiscal, aunque en cada caso la actividad no sea protagonizada por todos sus integrantes.

Si esa estructura se prueba fragmentada, en dos juicios distintos y con prueba recortada en cada uno, “se pone en riesgo la posibilidad misma de sostener la asociación ilícita como delito”, señaló Velasco.

En este caso no es nuevo que desaparezcan las acusaciones. Cuando integraban este tribunal, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con la disidencia de Adriana Palliotti, sobreseyeron a Cristina y Máximo Kirchner sin juzgarlos, el 26 de noviembre de 2021.

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Los acusados en estos dos juicios son, además de Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de la hermana de Mercado y directivo de la compañía.

También Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso Cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.

El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre SA; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.

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