POLITICA
Adorni explicó su patrimonio tras presentar la declaración jurada: “Con mi mujer ganamos US$300 mil en cripto”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló en medio de la expectativa por la presentación de su declaración jurada y de los cuestionamientos de la oposición por el origen de su patrimonio. El funcionario, que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, defendió el origen de sus bienes y aseguró que durante años acumuló ahorros no declarados. También afirmó que parte de su patrimonio proviene de ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas junto a su esposa.
“La declaración jurada del 2025 la presenté antes de entrar acá, junto con las rectificativas de 2023 y 2024, siempre hablando de la oficina anti corrupción”, aseguró Adorni al inicio de la entrevista. “Estoy a disposición de la Justicia, como debería ser siempre”, señaló.
“Toda mi vida trabajé en el sector privado”, expresó. “Lo cierto es que ahorramos toda la vida y en negro, como lo ha hecho la mayoría de los argentinos”, agregó.
“Me acusaron de chorro. Me dolió un montón que lo hagan. Pero entendí que no me podía ir”, remarcó al tiempo que contó los pormenores de su diálogo con su abogado. “El objetivo no soy yo, el objetivo es voltear al Gobierno. Van por el Presidente Milei”, sentenció en diálogo con La Nación +.
“Han hablado de viajes que nunca existieron, a Río de Janeiro, a Disney. Me han juzgado injustamente”, reiteró. “Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que lo encontramos en el departamento”, indicó Adorni.
“Desde el primer momento tuve apoyo del Presidente Milei, de Karina y todo el gabinete. Jamás sentí otra cosa, el respaldo es absoluto. Saben que soy un hombre de bien”, aseguró. Sobre los rumores de una pelea con Patricia Bullrich, aclaró: “Me llevo tan bien con ella que mandé a comprar una torta para festejar con ella su cumpleaños mañana”.
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“Mi idea es seguir siendo jefe de Gabinete, pero el Presidente siempre puede hacer los cambios que considere”, expresó Adorni.
Además, reconoció que invirtió “fuerte” en bitcoins en el pasado, hace más de 13 años. “Gané bastante dinero en ese momento. Invertimos 200 mil dólares y ganamos 300 mil”, explicó. “No lo declaramos porque la manera de escaparle a la vieja política era ahorrar en negro”, señaló.
“En el 2015 soy papá de mi primer hijo, y cuando te volvés padre te hacés más conservador. Tuvimos dos hijos pero habíamos llegado a un umbral de ahorro, que era como un seguro para la educación de nuestros hijos. Ahí nos retiramos de esa inversión”, aseguró el jefe de Gabinete.
Adorni explicó que al llegar al gobierno “copió” su declaración patrimonial y “arrastró el error” al no declarar todos sus bienes. “No soy un chorro, todo lo hice en actividad privada, nunca tuve un cargo público hasta 2023″, remarcó.
“No importa lo que yo explique, no tenía sentido sin la declaración jurada y la documentación que lo respalde”, explicó por la ausencia de las explicaciones. “Han dicho cualquier barbaridad, como que me parecóa a Lázaro Báez. Hay una gran cantidad de gente queriendo destruir al Gobierno”, apuntó.
“Yo soy jefe de Gabinete, yo me tento que atener a los pasos judiciales, a los tribunales de justicia. Yo no puedo responder al tribunal mediático, que además del primer día me juzgó y me condenó. Y me trató durante 3 meses como chorro. Yo tengo que responder a los pasos judiciales”, explicó Adorni.
“Yo había comprado la casa de Indio Cuá, me había mudado a Caballito, y no tenía la documentación a mano”, resaltó. “La casa estaba escriturada y la había declarado mi mujer. Es uno de los detalles que entre tanto lío ahora estoy aclarando”, indicó.
“Yo sabía que la tenía, yo hice un millón de operaciones con criptomonedas y sabía que mucha de la documentación no la tenía. Pero sí sabía que en mis billeteras, que en ese momento le llamaba billeteras de liquidación porque era donde terminaba mi operación, yo sabía que había guardado la documentación”, aclaró Adorni.
“La criptomoneda es la forma que yo tengo para demostrar que el ahorro era previo a mi llegada al Gobierno”, subrayó le jefe de Gabinete. “Son 25 años de ahorrar en el sector privado con mi mujer”, añadió.
“No voy a utilizar ninguna otra herramienta de la ley de inocencia fiscal para explicar mi patrimonio”, manifestó. “Sí pensé en renunciar al principio, la de todos los funcionarios está siempre a disposición del Presidente”, aseveró.
“Agradezco cómo se comportó la Justicia conmigo, donde me trataron como una persona común y la causa avanzó con rapidez”, afirmó Adorni.
“Voy a retomar las conferencias de prensa en el corto plazo”, dijo el jefe de Gabinete. “Nunca tuve intenciones de ser candidato, nunca lo quise”, remarcó ante la consulta sobre una eventual candidatura a jefe de Gobierno porteño. Aunque aclaró: “Siempre dije que estoy a disposición de lo que considere el Presidente, pero no se está hablando de candidaturas”.
Pese a las críticas de la oposición, Adorni mantiene un fuerte apoyo del Gobierno. En este sentido, encabezará mañana una reunión de gabinete junto a Karina Milei.
El objetivo del Gobierno es ratificar la confianza en su funcionario y enfocarse en la agenda legislativa pos mundial. Incluso puede haber una sesión en plena competencia, para aprobar el súper Rigi.
Manuel Adorni, declaración jurada, Gobierno
POLITICA
Crece la tensión por Malvinas: el gobierno británico anuncia que “protegerá” a las empresas que explotan recursos en las islas
Horas después de que el gobierno de Javier Milei anunciara la presentación de la demanda ante el Tribunal del Mar, en Hamburgo, contra la explotación de recursos en las Islas Malvinas, el gobierno británico anunció que modificará su legislación para “proteger” a las empresas que desarrollen esas actividades.
“El Gobierno del Reino Unido introducirá nuevas medidas de protección en respuesta a las medidas internas argentinas dirigidas a actividades relacionadas con las Islas Malvinas”, comienza el comunicado oficial del gobierno laborista inglés. En él, se detalla que “las nuevas medidas protegerán a las empresas y a los ciudadanos británicos frente a las medidas internas argentinas de alcance extraterritorial”. La referencia es concreta, y apunta a la empresa británica Rockhopper, que junto a la israelí Navitas desarrollan el proyecto Sea Lion, en aguas ubicadas al norte de las Islas.
“El Reino Unido reafirma su apoyo al derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la libre determinación y al desarrollo económico”, agrega el comunicado del gobierno del primer ministro Andy Burnham.
El texto precisa que “el gobierno prepara medidas en el marco de la legislación sobre la Protección de los Intereses Comerciales (PTI), subrayando que el Reino Unido no dudará en proteger a las empresas y ciudadanos británicos”. Habla de “presiones para cumplir con normativas internas argentinas” y califica de “lícitas” las actividades del proyecto Sea Lion, cuestionado por el gobierno argentino ante el tribunal internacional.
El acta de Protection of Trading Interests (PTI) es una ley del Reino Unido de 1980 cuyo objetivo es proteger a las personas y empresas británicas frente a las leyes, decisiones judiciales y requerimientos extraterritoriales emitidos por países extranjeros que afecten a los intereses comerciales del Reino Unido. Ya se aplicó en casos como las sanciones de Estados Unidos contra Cuba e Irán, que afectaron intereses británicos. Autoriza a sus empresas a no cumplir con eventuales sanciones y a reclamar indemnizaciones cuando se ven afectadas por esas decisiones.
“El objetivo de estas medidas no es restringir la actividad comercial lícita de empresas británicas o radicadas en el Reino Unido con Argentina, sino protegerlas de verse obligadas a acatar medidas extraterritoriales dirigidas contra actividades legales vinculadas a las Islas Malvinas”, afirma el comunicado. También detalla que el gobierno británico “mantiene una estrecha colaboración con las empresas afectadas para brindarles apoyo”.
El secretario de Estado de Empresa y Comercio, Jonathan Reynolds, declaró: “Esto deja claro, sin lugar a dudas, que este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial lícita del Reino Unido”. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, afirmó que “el apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es firme”.
Con un tono crudo y enérgico, el texto afirma que “los intentos de Argentina de intimidar a empresas y particulares que realizan actividades comerciales legítimas son inaceptables”. Además, señala que “las compañías deben tener libertad para tomar decisiones comerciales lícitas sin verse amenazadas por coacciones políticas”. Fustiga los “intentos de Argentina de coaccionar a empresas que desarrollan actividades lícitas”. Y advierte que “continuará evaluando todas las opciones disponibles para proteger los intereses del Reino Unido y apoyar a los habitantes de las islas”.
El gobierno de Milei anunció este martes que solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar los trabajos de explotación de hidrocarburos que realiza el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente y sostiene que lo que se busca es proteger los recursos naturales e impedir que las acciones británicas agraven la disputa sobre las islas.
Tal como informó , el reclamo fue llevado adelante por el director de la consejería legal internacional, Mario Oyarzábal, luego de vencer el plazo de dos semanas que la diplomacia le fijó al Reino Unido para frenar el proyecto Sea Lion, operado por las empresas Rockhopper y Navitas. También participaron de las consultas previas funcionarios de la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio, y de la Secretaría Legal y Técnica.
En coincidencia con esta presentación, el gobierno británico envió ante Interpol una solicitud para que rechace eventuales peticiones de Argentina “para detener a personas” vinculadas al proyecto Sean Lion. Según el diario británico The Guardian, el gobierno del Reino Unido “ha enviado una carta a la sede de Interpol en Lyon argumentando que las solicitudes de «notificación roja» presentadas por Argentina para la detención de estas personas —entre ellas, ciudadanos británicos— deben considerarse motivadas por razones políticas”.
Según consignó The Guardian, “el gobierno británico está preocupado por lo que diversas fuentes han calificado como un intento de intimidar a personas y empresas para disuadirlas de operar en las Malvinas”.
Desde la Cancillería dejaron trascender a que la estrategia británica de “demonizar” a la Argentina y plantearlo como “el malo de la película” es falaz. Negaron que se hubiese presentado pedido alguno de detención para los ejecutivos de las empresas que llevan adelante el proyecto Sea Lion. De hecho, en el artículo de The Guardian aparece una declaración de Andrea Clausen, directora ejecutiva del gobierno de las Malvinas, en la que confirmó que el uso de Interpol por parte de la Argentina suponía “una amenaza”, aunque añadió: “Cabe esperar que Interpol no tome medidas necesariamente”.
la presentación de la demanda,fue anunciada por la Oficina del Presidente,como informó LA NACION,Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
Internas y apuro en el Congreso: se reúne la Mesa Política para definir la estrategia por las reformas
La instancia de deliberación de estrategia política que tiene la Casa Rosada, más conocida como Mesa Política, volverá a reunirse hoy a las las 13:00 para acordar cuáles son los proyectos que se priorizarán en las próximas semanas en la agenda legislativa. En el interior del Gobierno existen importantes matices sobre cuáles son los caminos a adoptar, mientras persiste una presión de la oposición para imponer sus temas en la agenda política.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó para este martes en Casa Rosada a la mesa que integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la senadora nacional Patricia Bullrich; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. El único ausente con aviso es el ministro de Economía, Luis Caputo, que se encuentra en Tailandia para asistir a la reunión anual del FMI.
Se trata de la reanudación de las conversaciones de estos funcionarios luego de que la semana pasada se cancelara la reunión por motivos de agenda. El panorama parece cada vez más apremiante debido a que faltan aproximadamente seis semanas para que termine el período de sesiones ordinarias del Congreso y el oficialismo tiene un cuello de botella con decenas de reformas y proyectos que se encuentran con media sanción o sin tratar en alguna de las dos cámaras.
Una de las voces autorizadas de esa mesa afirma que “el tema más importante” a deliberar será la sesión convocada por la oposición para este jueves que busca debatir la derogación total del DNU 70/2023, la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y proyectos sobre morosidad de familias. Aunque la oposición reconoce que no tiene los votos suficientes, apuesta a una masiva movilización —prevista desde las 10:30, con la participación de universitarios, jubilados, la CGT, la CTA, organizaciones de discapacitados y grupos de inquilinos— para que presione a los diputados del “medio” para que acompañen.
“Ese es el tema prioritario para esta reunión”, afirma una de las personas que armó el temario para la cumbre en Casa Rosada. Uno de los integrantes de la Mesa añadió: “La sesión del jueves es importante, creemos que lo del DNU 70 debería quedar desarticulado después del fallo de la Corte Suprema”. El máximo tribunal restituyó de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras, facilitando que el oficialismo pueda convencer a varios de sus aliados de que no den quórum para la sesión. La oposición estaría considerando bajar al recinto a pesar de no tener los números, pero dejar en evidencia a quienes no contribuyan a iniciar la sesión.
Infobae consultó con cuatro funcionarios que asistirán al encuentro y, en el conglomerado de opiniones, pudo recabarse que tratarán de hablar de las reuniones informativas que se desarrollarán por estos días por el Presupuesto 2027, la Reforma Política y de los proyectos de Sociedades, Soberanía Nacional y el Super RIGI, entre otros.
Esta semana, la Cámara de Diputados abrirá el debate del Presupuesto 2027 en comisión, con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Paralelamente, continuará la discusión sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, donde el oficialismo buscará mantener el texto original con mínimas modificaciones, mientras el peronismo impulsa un dictamen alternativo que solo abarca el primer capítulo del proyecto. Además, arrancará el debate de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada —que ya tiene media sanción del Senado— y La Libertad Avanza intentaría reponer mediante un artículo las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, eliminadas durante el trámite del proyecto por la Cámara Alta.
El proyecto de Súper RIGI —el régimen de incentivos para inversiones superiores a USD 1.000 millones en industrias del futuro— se encuentra estancado en el Senado desde principios de septiembre, cuando aliados del Gobierno como el PRO, la UCR y el peronismo disidente plantearon objeciones centradas en la protección de los insumos nacionales: exigen que la oferta local sea considerada competitiva siempre que su precio no supere en más de un 15% al de la competencia extranjera, y que se establezca un mecanismo de consulta con entidades empresarias para verificar la existencia de proveedores locales. Sin un guiño desde Balcarce 50 que avale esos cambios —decisión que recae en el Ministerio de Economía—, los aliados advirtieron que no habrá acuerdo, y cualquier modificación al texto obligaría además a que el proyecto regrese a Diputados en segunda revisión. En la misma situación se encuentra el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR).
La Reforma Política —que contempla la suspensión de las PASO— debería terminar de definirse en las próximas semanas. Los negociadores políticos del Gobierno puntualizan que hay “acuerdos de palabras” con varios gobernadores y que el principal escollo se encuentra en un grupo de senadores del radicalismo y de bloques que no responden a ningún jefe provincial. “Es algo que Patricia viene diciendo desde que comenzaron las negociaciones y no le hacen caso”, afirma una fuente de su entorno.
Santilli, en tanto, está apurando las reuniones bilaterales con mandatarios subnacionales y es partidario de cerrar los acuerdos políticos lo antes posible. En esa misma tónica se encuadran los primos Caputo, que consideran que el oficialismo debe relegar capilaridad partidaria en las provincias con tal de poder generar certidumbre de acuerdos políticos y calma en los mercados.
Martín y Lule Menem han marcado una postura diferente en las últimas semanas. Consideran que los gobernadores deben comprometerse a una agenda de desregulación en sus provincias que conlleve bajas impositivas y reducción del tamaño de sus burocracias, llegando a otorgar cargos a libertarios en las administraciones subnacionales para poder auditar ese proceso. “Karina y Lule están menos desesperados por cerrar. Y tiene lógica desde mi punto de vista. Comúnmente los oficialismos tienen menos incentivos para cerrar un año no electoral. Conviene estirarlo un poco más desde este análisis”, analiza un integrante de la Mesa Política en diálogo con Infobae.
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POLITICA
Discapacidad: Rodrigo Sbarra quedó a cargo de forma interina del área por el accidente que sufrió el nuevo secretario
El accidente de tránsito que sufrió a fines de septiembre el secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, apenas una semana después de su designación, generó nuevamente un clima de incertidumbre en un área especialmente sensible para el gobierno de Javier Milei. Mediante la resolución 1376/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, el organismo quedó de manera interina a cargo de Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa de la cartera de Salud, quien afrontó una causa penal hasta 2023.
La seguidilla de recambios en el último mes se suma a las limitaciones presupuestarias del área, que generan reclamos en la calle y dificultades en el Congreso, y a la investigación por presunta corrupción durante la gestión de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (que fue disuelta tras el escándalo y reconvertida en una secretaría del Ministerio de Salud).
“Encomiéndase al titular de la Secretaría de Gestión Administrativa […] el despacho y la resolución interina de los asuntos concernientes a la Secretaría Nacional de Discapacidad, mientras dure el impedimento temporal de su titular”, indica la resolución 1376/2026, publicada el miércoles pasado.
Es que Di Liscia “sigue en similares condiciones: terapia intensiva e intubado”, comentó una fuente oficial a .
Respecto de la posibilidad de designar a un nuevo secretario de Discapacidad, señaló que “por ahora no hay certezas de qué se va a hacer”.
La resolución también delegó facultades en las subsecretarías de Políticas de Acceso y Apoyos y de Regulación, Certificación y Proyectos, en manos de Esteban Giler y Gianfranco Scigliano, respectivamente. Ambas oficinas dependen de la Secretaría de Discapacidad.
En cambio, Sbarra depende directamente de Lugones. Este secretario es el número dos de la cartera.
Quién es Sbarra
En un área que acumuló controversias a lo largo del gobierno de Milei, quedó al frente un hombre cuyo currículum en la función pública tampoco está exento de polémicas.
Sbarra se desempeñó como subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, y luego fue denunciado por el hallazgo de un sobre con 10.000 dólares en un escritorio del despacho que ocupaba hasta que dejó su función.
Entonces, afrontó una causa penal –iniciada por el Ministerio de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández, que dependía de Matías Kulfas– durante más de tres años, hasta que finalmente fue sobreseído en diciembre de 2023.
El fiscal Gerardo Pollicita le hizo un requerimiento de justificación patrimonial y los bienes de Sbarra fueron sometidos a una serie de peritajes. Si bien él había dicho que el dinero se lo había “plantado” el kirchnerismo, los investigadores judiciales entendieron que era suyo, pero que no había motivos para avanzar con una causa por lavado de dinero ni por enriquecimiento ilícito porque tenía una situación patrimonial que justificaba que tuviera ese dinero en efectivo.
Sbarra es licenciado en Economía por la UBA y magíster en Finanzas por UCEMA. Antes de ser el número dos de Lugones –cargo al que llegó el 7 de julio pasado–, en este gobierno se desempeñó como subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud y, previamente, como subsecretario de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete.
Antes de su desembarco en la gestión de Cambiemos, el funcionario tuvo un paso por la administración pública como asesor en los ministerios de Economía y Producción entre 2005 y 2011, durante los gobiernos kirchneristas, y del gobierno porteño.
Incertidumbre en Discapacidad
Este último capítulo se suma a una larga serie de controversias que atravesaron la gestión de Milei en materia de discapacidad. Solo en el último mes, tres funcionarios estuvieron a cargo del área.
El 21 de septiembre, Alejandro Vilches renunció en medio de las tensiones internas del Gobierno por los recortes presupuestarios. Su corrimiento se conoció tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, que incluía la derogación de aspectos centrales de la ley de discapacidad vigente, como el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones. En paralelo, los legisladores oficialistas negociaban con sus aliados una salida para el conflicto.
Vilches, a su vez, había asumido tras la salida forzada de Spagnuolo, extitular de Andis, apartado en agosto del año pasado en medio de la difusión de una serie de audios atribuidos a él, en los que hablaba sobre irregularidades en el organismo y mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. El 22 de septiembre pasado, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y de otras 18 personas investigadas por presuntos desmanejos en el área.
Tras la renuncia de Vilches, el Gobierno designó a Di Liscia como su reemplazante, quien había ocupado cargos en las gestiones macristas de María Eugenia Vidal (provincia de Buenos Aires) y de Horacio Rodríguez Larreta (Capital).
Sin embargo, el 29 de septiembre pasado, apenas una semana después de su nombramiento, sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba en moto, lo que le provocó varias fracturas.
Finalmente, el miércoles pasado se publicó la resolución que dejó el área bajo la responsabilidad de Sbarra.
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