Con una votación de veintinueve a veintiséis, el Plenario Legislativo acordó devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de dieciocho candidatos a magistrado suplente de la Sala Constitucional, tras realizar once procesos de votación en los que ninguno de los postulantes alcanzó los treinta y ocho votos requeridos para ser electo. La decisión marca un nuevo capítulo en el proceso de nombramientos en el máximo tribunal constitucional del país.

La medida fue impulsada principalmente por la bancada oficialista, cuyo jefe justificó la devolución de la lista y la solicitud de un nuevo proceso. “Vamos a tener la oportunidad de cumplir con los objetivos que de una u otra manera el reglamento de la Asamblea Legislativa establece. Por eso, esta moción busca crear el espacio necesario y darnos a todos la oportunidad de hacer un proceso que nos conste a todos y cada uno de nosotros. Que cada uno pueda participar, eh, representado en la Comisión de Nombramientos, cada uno de los partidos políticos, que podamos analizar los nombres que la Corte envía, que podamos nosotros de primera mano saber quiénes son, cuáles son sus atestados, pero particularmente nos va a dar a nosotros la oportunidad de hacer las preguntas adecuadas que se requieren para poder saber quiénes van a ser elegidos”, indicó Nogui Acosta.

Desde la oposición, representantes de distintos partidos cuestionaron la forma en que se procedió y expresaron preocupación por la falta de avance en el proceso de selección. “Si hay motivaciones de peso, hay motivaciones objetivas, señálenlas, discutámoslas. Hubo un procedimiento y aquí estamos en ese procedimiento. Pero en lugar de eso, han utilizado una mayoría para impedir que el país avance y impedir que el Poder Judicial tenga los magistrados que necesita para conocer las causas de millones de costarricenses que asistimos al Poder Judicial”, reclamó Antonio Trejos del Frente Amplio.

Otro de los representantes de la oposición dejó constancia en el acta legislativa de su preocupación tras la decisión adoptada. “Dejo constancia de nuestra preocupación por lo que acaba de pasar. Dejo constancia de nuestra, eh, de nuestro reclamo por la falta de, por la falta que se ha hecho el reglamento y, eh, tomaremos las acciones que correspondan en adelante. Gracias”, afirmó durante su intervención, Álvaro Ramirez, del Partido Liberación Nacional.

El proceso de elección de magistrados suplentes para la Sala Constitucional exige una mayoría calificada de treinta y ocho votos. La falta de consenso y el reiterado fracaso en las votaciones evidenciaron el grado de fragmentación política y la complejidad que caracteriza el actual panorama legislativo. Según la dinámica establecida, la devolución de la lista a la Corte Suprema de Justicia abre dos caminos posibles: que la Corte decida reenviar la misma nómina de dieciocho postulantes o que, en su lugar, convoque un nuevo concurso para remitir una lista alternativa a la Asamblea Legislativa.

Este episodio resalta el peso del reglamento interno de la Asamblea, que establece procedimientos específicos para garantizar la transparencia y la participación de todas las fuerzas políticas en la designación de magistrados. La Comisión de Nombramientos, integrada por representantes de los diferentes partidos, tendrá un papel central si la Corte opta por reiniciar el proceso.

La incertidumbre respecto al desenlace y los próximos pasos de la Corte Plena mantiene en pausa la definición de los suplentes en la Sala Constitucional, mientras el Poder Judicial continúa a la espera de completar su integración y atender las causas pendientes de millones de ciudadanos.

Los ciudadanos suizos podrían cerrar este domingo las puertas de su país. Suiza va a las urnas el domingo en un referéndum, como hace cuatro veces cada año, para votar, entre otras cosas, si el crecimiento de la población del país se limita a 10 millones de personas.

Si el referéndum, para el que los sondeos dan prácticamente un empate técnico, sale adelante, el país tendría una grave crisis con la Unión Europea y podría tener que prohibir todo tipo de inmigración.

La propuesta surgió del Partido Popular Suizo, una formación de extrema derecha xenófoba que podría conseguir un triunfo histórico si los ciudadanos aprueban su iniciativa. El Gobierno suizo rechaza el plan, pero si sale adelante en referéndum tendrá que aplicarlo.

Ningún país en el mundo puso nunca un límite a su población. Suiza tenía a finales de 2025 unos 9,1 millones de personas. La población crece a un ritmo más elevado que la mayor parte de sus vecinos europeos. En la última década creció un 10% y desde principios de siglo un 23%. La mayoría de esos migrantes no son del África subsahariana, Oriente Medio o el Magreb, sino del resto de Europa.

La propuesta tiene su origen en 2023, cuando el Partido Popular Suizo planteó limitar el crecimiento de la población de forma que el país nunca llegara a tener 10 millones de habitantes.

Según la extrema derecha, era necesario para proteger el modo de vida de los suizos y proteger el medio ambiente de una presión excesiva. Porque buena parte de sus argumentos para defender el voto afirmativo en el referéndum no son de limitación de la inmigración sino de protección medioambiental. Alegan que el entorno natural suizo no puede con más presión demográfica.

La propuesta busca un cambio constitucional que permita poner un límite estricto a la llegada de migrantes o solicitantes de asilo, e incluso a su prohibición total.

El plan consiste en alcanzar en 2035 los 9,5 millones de habitantes. Ni uno más. Eso se haría endureciendo la política migratoria y restringiendo el derecho de asilo y la reagrupación familiar. Además, en esa primera fase el Gobierno suizo debería revisar todos sus acuerdos internacionales para hacer que respeten esta medida.

Si ese límite de 10 millones de personas se excede en algún momento, prevé la propuesta, el Gobierno tendría que “tomar todas las medidas disponibles”, incluyendo retirarse de acuerdos internacionales que faciliten la migración hacia Suiza, pero manteniendo el acuerdo con la Unión Europea que prevé la libertad de movimientos y residencia de sus ciudadanos.

Si tomando esas medidas la población no baja de los 10 millones de personas en menos de dos años, entonces sí el Gobierno, asegura la propuesta, debería suspender los acuerdos con sus vecinos europeos. Esos acuerdos permiten a los ciudadanos de los 27 países de la Unión Europea moverse por Suiza -y establecerse en el país- como en el resto del bloque. Funciona así también en países europeos que no son miembros de la Unión Europea, como Noruega o Islandia.

Mantener esa libertad de circulación y establecimiento para los ciudadanos europeos es algo esencial si Suiza quiere seguir manteniendo unas buenas relaciones con sus vecinos. Y si quiere mantener otros acuerdos, como los comerciales y su acceso al mercado común europeo sin cuotas ni aranceles.

De los 9,1 millones de personas residentes en Suiza a finales del año pasado, 1,5 millones son nacionales de países de la Unión Europea. La propuesta de la extrema derecha prevé que, en última instancia y para cumplir ese acuerdo, sus permisos de residencia podrían ponerse en cuestión.

La extrema derecha no vende el referéndum únicamente desde el punto de vista migratorio, sino también como un momento clave para el medio ambiente del país. Asegura que la población actual ya es mucha y pone en peligro la conversación del medio ambiente del país.

La mayor asociación de empresas del país asegura que se trata de una “iniciativa del caos” y que el país debe reconocer que “seguirá dependiendo de mano de obra extranjera en el futuro”. El Gobierno suizo asegura que un sí en el referéndum de este domingo aislará al país.

FIRST ON FOX: The Justice Department sued The Commonwealth of Virginia on Thursday over two new laws the DOJ says would subject masked federal agents to criminal penalties and threaten local ICE cooperation agreements.

«Law enforcement officers risk their lives every day to keep Americans safe, and they do not deserve to be doxed or harassed simply for carrying out their duties,» said acting Attorney General Todd Blanche in comment provided to Fox News Digital on Thursday. «Virginia’s anti-law enforcement policies regulate the federal government and are designed to create risk for our agents. These laws cannot stand.»

The lawsuit, first shared with Fox News Digital, argues Virginia is violating the Constitution by attempting to dictate how federal officers carry out law enforcement operations — including when they can wear masks, what identifying information they must display and whether local agencies can maintain ICE cooperation agreements unless the federal government accepts state-imposed conditions. The DOJ said the laws threaten officer safety, undermine federal immigration enforcement and violate the Supremacy Clause.

At the heart of the suit, are a pair of laws that Democratic Virginia Gov. Abigail Spanberger signed, which are set to take effect on July, including: one restricting law enforcement officers, including federal officers, from wearing facial coverings while on duty and requiring them to display identifying information, and another imposing state-mandated conditions on federal immigration enforcement agreements.

ICE PRESSURES SPANBERGER AS FAIRFAX MURDER SUSPECTS TRIGGER NEW DETAINERS IN ‘SANCTUARY’ CLASH

The DOJ said federal officers who violate Virginia’s mask and identification law could face a Class 1 misdemeanor, punishable under Virginia law by up to 12 months in jail, a fine of up to $2,500, or both.

The lawsuit names Virginia Attorney General Jay Jones and left-wing Fairfax County Commonwealth Attorney Steve Descano — who was previously backed by groups connected to George Soros. 

The suit claims Virginia’s mask ban is «blatantly unconstitutional» because it attempts to regulate «what federal officers may and may not wear» while carrying out their duties, exposing agents’ identities and increasing risks to them and their families.

«The Department of Justice will steadfastly protect the privacy and safety of law enforcement from unconstitutional state laws like Virginia’s,» said Assistant Attorney General Brett Shumate of the DOJ’s Civil Division in the press release.

FEDERAL JUDGE BLOCKS CALIFORNIA LAW FORCING ICE AGENTS TO REMOVE MASKS DURING OPERATIONS

Spanberger restricted ICE agents from operating on state properties and requiring federal agents to wear visible badges and barred law enforcement from wearing facial masks while on duty in May. (Mike Kropf/Richmond Times-Dispatch)

DOJ is seeking a court order to block both laws that begin July 1.

Spanberger, Jones and Descano have all moved to counter the Trump administration’s immigration enforcement agenda in Virginia.

In February, Spanberger issued an executive order that rescinded a Youngkin-era order directing state law enforcement cooperation with federal immigration enforcement efforts.

TOM HOMAN VOWS TO WORK AROUND NEW DEM VA GOV SPANBERGER’S EXECUTIVE ORDER ENDING ICE COOPERATION

Anti-ICE agitators attempted to block vehicles from leaving the Delaney Hall detention facility in Newark, New Jersey, on Friday night. (FreedomNewsTV)

«The President told us that we are safer because unaccountable, poorly trained ICE agents are arresting mothers and detaining children. Our broken immigration system is something to be fixed — not an excuse to terrorize our communities,» Spanberger posted on X in response to Trump’s State of the Union.

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The suit comes as there have been ongoing protests outside the Delaney Hall immigration detention center in New Jersey where protesters verbally abused ICE agents, obstructed vehicles, allegedly assaulted officers, and made threats leading to multiple arrests.

«Governor Spanberger cannot tell Federal officers how to do their job,» said Associate Attorney General Stanley Woodward in the press release. «She certainly cannot prohibit them from ensuring their own safety in conducting Federal law enforcement operations. Our suit today stops those unconstitutional efforts.»

Fox News Digital reached out to the offices of Gov. Spanberger and AG Jones for comment.