RÍO GALLEGOS.– Después de 30 años, la Legislatura de Santa Cruz aprobó hoy la restitución en el cargo de procurador general de Justicia a Eduardo Sosa, quien fuera destituido de su puesto hace 30 años por una reforma impulsada por Néstor y Cristina Kirchner sin respetar el principio de inamovilidad de los jueces.

Sosa nunca fue restituido pese a reiteradas órdenes de la Corte Suprema de Justicia de reponerlo en el cargo y su nombre se convirtió así en uno de los casos más emblemáticos de atropello a las instituciones y de desobediencia a los fallos del máximo tribunal.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, salió por mayoría, con la fuerte oposición del kirchnerismo, y llega a menos de un mes de que la Corte Suprema respaldara la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, otra iniciativa del mandatario provincial.

“Después de más de treinta años, con la restitución del Dr. Sosa, en Santa Cruz cerramos una de las heridas institucionales más profundas de nuestra historia”, afirmó Vidal en sus redes sociales y detalló acerca de la reunión que mantuvo por su propia iniciativa con Sosa, antes de asumir como gobernador.

“En aquella charla escuché una historia que atravesó décadas de reclamos, fallos judiciales incumplidos y una profunda deuda institucional de la provincia. En ese encuentro asumí un compromiso de trabajar para que Santa Cruz encontrara una solución definitiva a una situación que nunca debió prolongarse tanto tiempo”, relató Vidal.

El proyecto para reponerlo en el cargo a Sosa fue enviado en octubre pasado a la Legislatura en medio de la fuerte disputa que mantenía el Poder Ejecutivo y Legislativo con el Tribunal Superior de Justicia. Ante la resistencia de los jueces cercanos al kirchnerismo a la ampliación del TSJ de 5 a 9 miembros -y a la restitución de Sosa-, el proyecto se mantuvo en comisiones ante la posibilidad que no prospere en el recinto.

En comisiones, la propuesta de Vidal sufrió un cambio para ajustarla a los nuevos tiempos y, si bien mantuvo el nombre de procurador general de Justicia, su autoridad será solo sobre el Ministerio Público Fiscal, sin alcance a la figura de los defensores públicos, como era en 1995, cuando su cargo se disolvió y quedó fuera de la Juticia. Ninguno de los actuales funcionarios judiciales correrá peligro en sus cargos, detallaron fuentes que escribieron la reforma judicial.

Sosa ejerció funciones al frente de la Procuraduría General de Justicia entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial -promovida por Kirchner con el aval de los diputados justicialistas encabezados por Cristina Kirchner- desdobló el cargo en dos –jefe de fiscales y de defensores– y a Sosa lo dejaron afuera sin respetar el principio de inamovilidad de los jueces.

“No somos conscientes de lo que significa perseguir la justicia por más de treinta años y pese a haber ganado la lucha nunca ser repuesto en el cargo, lo que hoy pasó repara las instituciones y la constitucionalidad en la provincia”, dijo a la diputada Adriana Nieto, una de las espadas en temas judiciales de Vidal.

El abogado llevó su causa hasta la Corte Suprema, que ordenó en numerosas oportunidades la reposición en su cargo, pero el gobierno de Santa Cruz nunca acató el fallo. Incluso la Corte hizo responsable al entonces gobernador Daniel Peralta del cumplimiento de la disposición en un plazo inferior a los 30 días, le iniciaron una causa y terminó con una condena contra el exgobernador. Hoy Peralta es diputado, se alejó del kirchnerismo y tiene bloque propio. Y fue uno de los diputados que no votó la reposición de Sosa en el cargo.

Sosa, durante años, reclamó en soledad por el apartamiento inconstitucional del cargo. Ejerció desde el llano la abogacía, siempre manteniendo coherencia en sus dichos y sus acciones. Ayer recibió el llamado y a todos los atendió con la humildad y mesura que lo ha caracterizado a lo largo de estos años.

Fue tan explícito, inverosímil y evidente (u obsceno) que la mayoría de la dirigencia política quedó en virtual estado de shock durante horas hasta que atinó a expresarse y mucho más hasta que se decidió a iniciar alguna acción concreta. Mientras tanto, gran parte de la sociedad ya expresaba durísimas críticas y destilaba indignación e ironía en las redes sociales.

La sorpresa de los opositores políticos fue uno de los logros de Manuel Adorni con sus confesiones en LN+, en la que admitió haber sido el autor y ejecutor de un plan sistemático de mentiras y falsedades destinado a ocultar su enriquecimiento personal y el origen del mismo, durante al menos 13 años, en demasiadas instancias y ante demasiados destinatarios.

Su otro éxito fue la cerrada defensa que, pese a ese cúmulo de actos cuestionables hasta en sede judicial, siguieron haciendo de él el Presidente y su poderosa hermana Karina Milei, a cuyo bando pertenece el jefe de Gabinete. Aunque algunas fuentes bien informadas del oficialismo advertían anoche que podría haber novedades sobre la continuidad de Adorni en los próximos días. La evaluación de daños colaterales podría tener resultado desfavorable para él.

El jefe de Gabinete había compendiado anteanoche, durante la entrevista realizada por José Del Rio, una sucesión de actos que contradijeron innumerables afirmaciones previas suyas y que, según los especialistas en derecho penal, no solo implican un comportamiento moral y éticamente reprochable, sino que, a priori, podría implicar la confesión de un delito. O más de uno, en realidad. Para peor, con la admisión jactanciosa de haber sido un evasor contumaz.

Evasión fiscal, omisión (probablemente) maliciosa de información en una declaración jurada y posible enriquecimiento ilícito son algunas de las faltas y delitos en los que podría haber incurrido según sus propios dichos, destinados a justificar después de más de dos meses de evasivas gastos suntuarios y un notable incremento patrimonial que sus ingresos y patrimonio declarado no lograban sustentar.

Eso es lo que la Justicia seguirá investigando, ahora tras la admisión del propio sospechado, cuyas declaraciones no despejaron otras dudas que tienen los investigadores respecto de su conducta y la calificación criminal que podría caberle. Las fuentes tribunalicias no descartan una probable imputación formal, que precipitaría su destino, por omisión maliciosa y enriquecimiento ilícito.

Mentiras formales

Pero los efectos de las afirmaciones de Adorni no se agotan en Tribunales, ya que de sus dichos queda en evidencia que, además, le mintió o le ocultó deliberadamente a la ciudadanía, en general, y, particularmente, que hizo afirmaciones falsas en una instancia institucional ante la Cámara de Diputados, en el contexto de su informe de gestión realizado el 29 de abril pasado. Allí había dicho que en sus declaraciones no había ocultado lo que anteanoche sí admitió haber hecho.

Por eso, en la tarde de ayer, casi 17 horas después de las afirmaciones del jefe de Gabinete, varios bloques de Diputados, desde el perokirchnerismo hasta la izquierda, pasando por la Coalición Cívica, más algunos legisladores radicales y de Provincias Unidas, presentaron un pedido formal para que se convoque a una sesión especial, para dentro de dos semanas, cuyos objetivos principales son interpelar y pedir una moción de censura contra el jefe de Gabinete.

En tanto, el Pro, en su condición de aliado oficialista, aún no se sumó a ese pedido de sesión ni adelantó ningún temperamento al respecto, pero sí expresó una crítica pública, en la que subraya que Adorni mintió. Lo hizo ya cuando caía la tarde y ante numerosas presiones de dirigentes y adherentes.

El macrismo emitió un comunicado en el que califica lo hecho por Adorni como una “falta grave”, y subrayó que “un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

El macrismo se tomó su tiempo para congeniar posiciones y llegar a un pronunciamiento, que, por el momento, no tiene más efectos que el de un cuestionamiento político. El encargado de abordar el caso fue el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, quien hizo numerosas consultas antes de proponer el tenor del pronunciamiento. Sus vínculos personales y los de su partido con el oficialismo exacerbaron una prudencia que no se condecía con la durísima descalificación que él había expresado en privado durante el día ante varios interlocutores, según cuentan algunos de estos. La torpeza más que la ilegalidad o la inmoralidad pareció ser lo que más irritó.

Blindaje presidencial

A pesar de todas esas evidencias inculpatorias, Adorni logró una vez más el blindaje del Presidente y de la todopoderosa secretaria general de la Presidencia, el apoyo de algunos de los principales integrantes del Gabinete, de algunos de los legisladores y de algunos los voceros oficialistas. Pero no de todos.

La inclaudicable defensa de los hermanos Milei, cuyas acciones suelen resultar indiscutibles y de acatamiento obligatorio para sus subordinados y seguidores, no cejaron ni siquiera a pesar de que Adorni anteanoche pareció desmentir al propio Javier Milei. Por ahora. Todo podría cambiar con relativa velocidad.

De todas maneras, a pesar del verticalismo reinante en el universo libertario, la insólita narrativa del jefe de Gabinete generó malestar en varios integrantes del oficialismo, que consideran que su permanencia en el cargo y la defensa asumida por el Presidente está teniendo ya un costo demasiado alto para el Gobierno. Eso es lo que se evalúa por estas horas.

En el minoritario bando disidente público volvió a destacarse, ya por tercera vez consecutiva, la jefa del bloque de Senadores de LLA. Patricia Bullrich, que en el día de su cumpleaños número 70 recuperó su rebeldía juvenil y se regaló un gesto de independencia (y sentido de la oportunidad) al afirmar públicamente que lo del jefe de Gabinete “no fue un error sino una omisión ética”.

El lugar y el momento en el que emitió esa crítica dan mayor relevancia a su solitaria exposición como oficialista. Lo hizo antes inclusive que algunos opositores, a punto de ingresar a una reunión de la mesa política en la Casa Rosada que presidiría, precisamente, Adorni, quien en la misma entrevista de anteanoche había dicho que le festejaría su cumpleaños en ese encuentro. Dicen que la senadora esperó a que otros degustaran la torta antes de probar bocado. Audaz, pero precavida.

El silencio al que prefirieron acogerse otros connotados oficialistas, como el ministro de economía, Luis “Toto” Caputo, quien en los últimos dos meses se han convertido en el virtual reemplazante de Adorni en el rol de vocero, exhibe tanto incomodidades internas como el malestar que generó.

En el caso del ministro de Economía, la sensible caída del riesgo país en torno de los 450 puntos y el boom bursátil que generó la mejora en la evaluación de la calificadora Standard & Poors así como la nueva baja del índice de inflación (2,1%), poco le agradó que quedaran opacados en la agenda pública por el nuevo escándalo que generó Adorni.

También había causado malestar la noticia previa de que Adorni y su esposa se hubieran inscripto en las últimas horas y días en el régimen simplificado de ganancias, que forma parte de la ley de Inocencia Fiscal. Su sanción había despertado diversas críticas y se encuentra a punto de ser revisada por no haber logrado su cometido. Buena parte de las objeciones radicaban en la posibilidad de que sirviera para blanquear ingresos malhabidos, en particular de funcionarios públicos o allegados a la actual administración. Adorni le dio verosimilitud a las sospechas de los críticos. Las autolesiones no dejan de romper récords.

Las buenas nuevas económicas fueron ampliamente derrotas en las redes sociales, según la consultora Ad-hoc, por las repercusiones de lo dicho por Adorni, con un predominio absoluto de las reacciones negativas.

El festín de memes compitió palmo a palmo con las revelaciones que surgían de la propia cuenta de X del jefe de Gabinete y de videos con declaraciones suyas de años atrás que lo contradecían y hasta lo dejaban en ridículo.

Una de las publicaciones más reproducidas fue una entrevista en la que, hace apenas tres años y medio, Adorni decía: “A mí me gustaría probar el bitcoin cuando no haya nadie queriendo comprar. Yo no sé si tomar las criptomonedas como inversión”. En la entrevista con LN+ y en su última declaración jurada, presentada anteayer, había justificado su incremento patrimonial en la cuantiosa inversión en criptoactivos (US$ 200.000) que dijo haber hecho entre 2013 y 2014 y que le habrían reportado una ganancia de más de 300.000 dólares. Notable arrojo.

También se viralizaron otras declaraciones suyas en las que decía que en 2017 se sorprendía cuando veía a alumnos suyos que invertían en criptomonedas, de lo que él “no entendía nada”.

También fue motivo de chistes, críticas e indignación otra declaración suya que había pasado más inadvertida como fue el supuesto hallazgo de dinero en la casa de su padre, tras el fallecimiento de este, a pesar de que con anterioridad había dicho que solo le habían dejado un inmueble hipotecado.

Esas explicaciones, justificaciones y autoinculpaciones hicieron inevitable que en el universo virtual se recordara un viejo (y sexista) sketch de la televisión argentina en la que una joven Luisa Albinoni se justificaba ante su madre porque se le había hecho tarde y le decía que gracias a eso había tenido mucha suerte porque ahora contaba con dinero o joyas valiosas que se había encontrado en la calle. Para muchos resultaba más creíble que el hallazgo de billeteras virtuales olvidadas y dinero abandonado que relató Adorni.

Otros usuarios optaron por reproducir imágenes del modesto nivel de vida que tenía el jefe de gabinete en los años en los que atesoraba medio millón de dólares sin que nadie pudiera imaginar que era poseedor de semejante capital. Elogio de la austeridad.

En tanto, decenas de expertos en criptoactivos e inversiones expresaron su sorpresa por la afirmación de Adorni de que había invertido en bitcoins todos o la mayor parte de sus ahorros, que sumaban esos 200.000, entre 2013 y 2014 cuando en esos años era considerada una inversión marginal, de alto riesgo, muy poco difundida y a la que no era sencillo acceder sin algún tipo de experiencia o formación en esa temática. Nada de lo que el registro de antecedentes de Adorni avalara. Demasiadas inconsistencias.

La moral como política de Estado volvió a sufrir otro duro golpe. Y, ahora, la Justicia deberá determinar si, además, no hubo comisión de delitos, producto de un plan sistemático de mentiras y ocultamientos. Antes podría haber sanciones políticas.