POLITICA
La Corte confirmó la condena a cuatro años del industrial Juan Carlos Lascurain y la fiscalía pidió su detención

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cuatro años de prisión del empresario Juan Carlos Lascurain, quien fuera titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) entre 2008 y 2010; y del asesor Juan Marcelo Vargas, a raíz del desvío de fondos destinados a construir una ruta de acceso a Yacimientos Carboníferos, en la localidad de Río Turbio, a fines del 2015.
Según pudo saber , tras este fallo la fiscal de juicio Fabiana León pidió al tribunal oral federal 7 la detención de Lascurain, la de Pérez Osuna (que ya está preso) y la de Vargas.
En otra resolución, la Corte dejó firme la absolución del excoordinador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Miguel Ángel Larregina, quien estaba imputado en la causa.
A través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los recursos de las defensas de Lascurain y Vargas, y de la fiscalía contra la absolución resuelta en la Cámara Federal de Casación Penal en favor de Larregina.
La condena del exintendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna, quien se encuentra detenido, ya había quedado firme en la Corte Suprema en 2021, por falencias en la presentación formal (incumplimiento de acordada 4/2007).
El tribunal oral había dispuesto que todos los implicados fueran presos una vez que la condena quede firme. También que se restituyera el dinero más los intereses, unos 50 millones de pesos a valores de 2015. Por eso ahora Lascurain debería ir a prisión a cumplir su pena.
Fue el primer juicio oral por presuntas irregularidades en Río Turbio. Hay otro debate ordenado por el desvío de fondos destinados a realizar obras en la mina de carbón de Río Turbio por al menos 264 millones de pesos contra funcionarios encabezados por el exministro de Planificación Julio De Vido, pero aún no se realizó.
Se trata de la causa por la que De Vido perdió sus fueros en 2017 y quedó detenido por primera vez. Como parte de esa investigación, una primera parte fue elevada a juicio. Allí se investigó el desvío de fondos para la construcción de 7 kilómetros del trazado de la “Avenida de los Mineros” entre Río Turbio y la localidad de 28 de Noviembre que nunca se hizo.
La empresa que debía hacer la obra era Fainser, de Lascurain, y estaba presidida por Romina Mercado, sobrina de la expresidenta Cristina Kirchner e hija de la luego gobernadora Alicia Kirchner.
En el juicio oral, que se realizó en 2019, el Tribunal Oral Federal 7 dio por probado que Pérez Osuna, Larregina, Vargas y Horacio Matías Mazu -fallecido intendente de la municipalidad de Río Turbio- y Lascurain tomaron parte en la sustracción de fondos públicos.
Los fondos fueron tomados de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos, al desviar 50 millones de pesos a la empresa Fainser S.A., a través del pago de tres cheques. Dos de los cheques fueron librados el 30 de noviembre y el restante el 9 de diciembre de 2015, cuando cambiaba el Gobierno Nacional.
Durante el juicio, el empresario reconoció haber cobrado ese anticipo y dijo que lo gastó en contratación de personal y en la puesta en marcha de la futura obra, mientras que Pérez Osuna sostuvo que “hubo una decisión política de este gobierno de no querer hacer esta obra”.
Los jueces Germán Andrés Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero -los mismos que juzgan el caso de los Cuadernos de las coimas- condenaron a los acusados por el delito de peculado e impusieron la pena de cuatro años de cárcel para Lascurain, Pérez Osuna, Larregina, el fallecido Mazú, y el exasesor Vargas. También ordenaron devolver el dinero.
En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal –con la firma de los jueces por Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques– confirmó las condenas para todos, salvo para Larregina.
Las defensas de Lascurain y Vargas presentaron recursos extraordinarios en queja ante la Corte Suprema de Justicia, que hoy fueron desestimados. En el mismo sentido, el máximo tribunal desestimó el planteo del Ministerio Público contra la absolución de Larregina. Ahora, con el fallo firme, los condenados deberían cumplir sus penas en prisión.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Qué decía la carta que enviaron tras el robo de las manos de Juan Domingo Perón y por qué el caso sigue abierto

Era un papel recortado. Parecía parte de un poema. Olía a rancio, a pasado, a humedad, a moho, a delicada mugre. El sobre contenía, además del recorte de papel, una carta enigmática, turbadora y amenazante. Si era verdad, era atroz.
El 26 de junio de 1987, hace ya 39 años, tres personas recibieron otros tantos sobres con la misma carta y un recorte diferente del que debía haber sido un poema. Y lo era. Las cartas llegaron al entonces presidente del Partido Justicialista, Carlos Grosso; al secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini, que murió en 2006; y al senador Vicente Leonides Saadi, que murió en 1988. Horas después, cuando se unieron los tres fragmentos de papel de aroma acre, podía leerse unos versos escritos con candor colegial y literario. Decía: “Te acuerdas, Juan, / cuando tomados de la mano / recorríamos el jardín / y vos me arrancabas una flor / como prueba de tu amor (…)”.
Era el poema que María Estela Martínez de Perón había dejado, enmarcado con esmero, sobre el ataúd del general en julio de 1974, en una cripta de la residencia presidencial de Olivos.
La carta que acompañaba el recorte contradecía con brutal descaro la inocente lírica del poema. Estaba escrita a máquina y decía: “Junio 23 de 1987. Por la presente llevo a su conocimiento que con fecha 10 del corriente mes y año, el grupo al cual represento procedió a retirar o amputar las manos de los restos de quien en vida fuera el Teniente General Juan Domingo Perón (…)”. Sus autores pedían ocho millones de dólares por devolver los restos embalsamados de Perón y ofrecían como prueba de la profanación el poema de su viuda.
La carta extorsiva mezclaba ironía, audacia, injuria y burla. Hablaba de la tumba de Perón como de “un exnicho blindado”; contenía errores ortográficos infantiles, demasiado evidentes para ser reales, eses en lugar de zetas, bes en lugar de ves, acentos en palabras que no los pedían, como si sus autores hubiesen tenido la intención de demostrar que aquello no era analfabetismo, sino vejamen y certeza de impunidad. La firma, críptica, encerraba un dilema para detectives aficionados: “Hermes Iai y los 13”.
Así fue como empezó un enigma que ya lleva casi cuatro décadas sin resolver. Y ni asomo de que se resuelva. El misterio, como en los grandes crímenes políticos argentinos, ya roza casi el olvido, envuelto en una indiferencia injuriosa y en una bruma que ningún viento disipa: quiénes profanaron la tumba de Perón en el Cementerio de la Chacarita; quiénes violentaron la bóveda familiar y abrieron el ataúd; quiénes aserraron las manos embalsamadas del tres veces presidente del país; quiénes robaron su sable y el poema que su tercera esposa había dejado sobre el féretro a modo de trémulo homenaje final; quiénes y cómo lo hicieron, para qué, por qué y adónde fueron a parar los restos de ese cadáver ultrajado. Las preguntas sin respuestas rondan los polvorientos expedientes judiciales, los que no fueron robados, o yacen en las tumbas que se abrieron durante la investigación del caso, entre ellas, la del primero de los jueces que intervino y que murió en un extraño accidente de autos que todavía huele a atentado, o son respuestas que callan quienes no deberían callar.
Tres días después del misterioso mensaje, el 29 de junio, avisado de una posible profanación de la tumba de Perón, uno de sus sobrinos, Roberto García, visitó la bóveda de familiar en la Chacarita, ubicada a pocos pasos a la izquierda de la entrada del cementerio: halló una de las claraboyas rota, aunque el ataúd estaba allí abajo, al parecer intacto. Faltaban, eso sí, el sable y la gorra de teniente general de Perón. De inmediato hizo la denuncia por robo en la comisaría 29; la investigación recayó en el Juzgado de Instrucción número 27 a cargo de Jaime Far Suau. El juez decidió inspeccionar la bóveda pasada la tarde del 1 de julio, décimo tercer aniversario de la muerte de Perón, cuando hubieran terminado los actos en su homenaje,
Fue esa noche cuando la Justicia descubrió que el ataúd había sido violentado, alguien había partido el cristal que lo protegía, agujereado la caja metálica que dejaba ver ahora los brazos del general, con las muñecas seccionadas.
Forenses y técnicos sugirieron en ese momento o luego que las manos habían sido seccionadas con una sierra de Gigli, un cable dentado flexible con dos agarraderas en los extremos que usan los cirujanos para cortar huesos. Los peritos afirmaron que la mano derecha, la más próxima al vidrio blindado, había sido cortada “en el límite superior de la muñeca, sobre el cúbito y el radio” y la izquierda había sido mutilada “por debajo del límite inferior de la muñeca, en la primera línea de los huesos del carpo”, dice el expediente.
Calcularon también que, por el “serrín cadavérico” acumulado, los cortes eran recientes. Los técnicos también determinaron que los profanadores habían usado una maza de medio kilo y una punta de hierro con forma de estrella irregular de 27 centímetros en su parte más ancha, para perforar el vidrio blindado de ocho centímetros de espesor que protegía el féretro, y una cizalla para cortar la lámina de metal que cubría el cadáver para pasar así por ese hueco la sierra de Gigli usada para amputar las manos. Habían trabajado por lo menos dos horas. Nadie los había molestado. Los investigadores hallaron también restos de velas cerca del ataúd y un dedo de goma usado para evitar cortes con la sierra. Era un trabajo de profesionales.
La gorra no había sido robada: estaba caída a un costado del ataúd. Faltaba el sable. Ante el cadáver mutilado de Perón, Far Suau, conmovido, pidió a quienes lo acompañaban, policías, personal de su juzgado, testigos, un minuto de silencio. El juez no lo sabía, pero ya desde la mañana los servicios de inteligencia lo estaban “caminando” para reunir información sobre su historia judicial, su vida privada, sus hábitos y costumbres, familia, pasado, fortalezas debilidades, todo lo que pudiese ser útil para ejercer un control o influencia sobre su conducta judicial: es de manual en las cloacas del Estado.
Además del peronismo, la profanación también sacudió al gobierno de Raúl Alfonsín, en especial a su ministro del Interior, Antonio Tróccoli y al jefe de la SIDE, Facundo Suárez. Aquellos eran días agitados y apenas se habían aquietado las aguas sacudidas por la primera de las rebeliones carapintadas en las Pascuas de aquel agitado 1987. Durante ese junio que llegaba casi a su fin, una serie de atentados parecía devolver al país a los violentos años 70: en sólo treinta días habían estallado treinta y tres bombas, más de una por día en promedio, en locales de la UCR, en casas de jueces, políticos y sindicalistas, en colegios y en cines, mientras el poder militar, heredero de la dictadura, dejaba trascender el descontento cuartelero por los juicios seguidos contra oficiales acusados de violaciones a los derechos humanos, una secuela del juicio de 1985 a los ex comandantes del “proceso”.
La mañana del 2 de julio, la noticia del robo de las manos de Perón cayó en medio de un acto público que presidía Alfonsín, que sabía nada de la profanación. Los periodistas esperaban el final del acto para interrogarlo y su entonces vocero, José Ignacio López, creyó imprescindible enterarlo. Se acercó a Alfonsín mucho antes que sus colegas y le dio la noticia casi al oído, en un susurro. A unos metros de la escena, el fotógrafo de Casa de Gobierno, Víctor Bugge, olió que en ese gesto había algo e hizo lo que todo gran reportero hace: alzó su cámara y disparó. El rostro tenso de López y el gesto demudado de Alfonsín son hoy un pedazo de la historia contemporánea argentina.
Como es habitual en estos casos, surgieron infinidad de pistas falsas, demoras judiciales, yerros difíciles de explicar en los investigadores, pactos de silencio, omisiones, olvidos, medidas dilatorias, confusión, oscuridad, impunidad. Casi un ensayo general de las investigaciones que intentaron dilucidar los atentados a la Embajada de Israel de 1992, a la Amia, en 1994 y el asesinato del fiscal Alberto Nisman, en 2015, para no mencionar los numerosos suicidios dudosos que quedaron como indudables y pretendieron cerrar, y en algunos casos lo lograron, resonantes investigaciones judiciales.
El misterioso “Grupo de los 13” que firmaba la carta extorsiva, parecía ajeno a todo: durante el frío mes de julio insistió con varios llamados telefónicos en exigir el rescate de ocho millones de dólares, una suma que el PJ decía no albergar en sus arcas y que, de tenerlos, no estaba dispuesto a empeñar en la devolución de los restos de Perón.
Leé también: “Cinco por uno”: la historia secreta del último y más violento discurso de Perón antes de su caída en 1955
Un año y cuatro meses después del inicio de la instrucción judicial, el 22 de noviembre de 1988, el juez Far Suau murió en un extraño accidente de autos cuando regresaba de Bariloche de visitar a su hijo. Manejaba su Ford Sierra en el que viajaba quien era entonces su mujer, Susana Guaita y el hijo pequeño de Guaita, Maximiliano, entonces de cuatro años. Far Suau había interrogado en Madrid a la viuda de Perón. Todos los detalles de aquella entrevista entre el juez y la ex presidente, viajaban con Far Suau en una carpeta negra que desapareció después del accidente.
El auto del juez volcó y se incendió de modo inexplicable en un tramo recto de la ruta, cerca de Coronel Dorrego, y quedó destrozado además de quemado; el cadáver de Far Suau, con la cabeza partida, había quedado a diez metros de los restos del Ford. El juez de Bahía Blanca que investigó el episodio nunca creyó en la teoría del accidente, tal vez por el buen estado de la ruta y por las condiciones en las que había quedado el Ford, además de por el insólito y feroz incendio que siguió al vuelco.
Junto con Far Suau murió Guaita y sólo sobrevivió el pequeño Maximiliano. Veintiocho años después, a sus treinta y un años, Maximiliano Guaita reveló que Far Suau ya había sufrido un atentado en una quinta familiar en plena investigación del robo de las manos de Perón. Dijo al diario Perfil que el día de la muerte del juez y de su madre, escuchó un estallido en el auto en momentos en que se dormía. “Fue una explosión, como si explotara el calefón de tu casa. Y no recuerdo nada más hasta que me desperté en una clínica de Bahía Blanca”. Guaita sostuvo entonces que está comprobado que el auto del juez llevaba los neumáticos cargados con gas y que no hubo un accidente, que se trató de un atentado. “¿Qué accidente? Gas en las cubiertas y toda la mafia que se movía detrás del robo de las manos de Perón. Jaime era una persona que sabía demasiado y lo querían hacer boleta”.

En una fecha no precisada entre el inicio de la investigación y la primera mitad de 1988, el comisario Carlos Zunino, jefe de la seccional 29 que recibió la denuncia por la profanación, que había participado junto al juez de la inspección de la bóveda familiar la noche del 1 de julio, la noche del minuto de silencio, y que había viajado a Madrid con Far Suau para entrevistar a la viuda de Perón, salvó su vida por milagro: fue asaltado al llegar a su casa y le dispararon en la cabeza. Sobrevivió, y tiempo después pasó a retiro. Fue uno de los primeros, si no el primero, de los desplazamientos, designaciones ascensos y desplazamientos que descabezaron casi el equipo original de investigadores del caso. La causa fue cerrada por el sucesor de Far Suau, Carlos Andina Allende. Zunino murió en enero de 2004.
Uno de los serenos del cementerio, Luis Paulino Lavagno, que denunció amenazas contra su vida, fue hallado muerto “por un paro cardiorrespiratorio no traumático”, según el certificado de defunción. La autopsia determinó que había sufrido golpes antes de su muerte. Y también murió por una hemorragia cerebral causada por golpes María del Carmen Melo, una mujer que rondaba el cementerio, que llevaba a diario una flor a la tumba de Perón y que quería hablar con los investigadores para dar la descripción de un sospechoso que había visto dar vueltas alrededor de la bóveda.
En 1997 los periodistas Damián Nabot y David Cox publicaron “Perón, la otra muerte”, una minuciosa investigación sobre el caso, en el que afirmaron que el robo de las manos de Perón fue ordenado por Licio Gelli, aquel mafioso que pergeñó en Italia la logia masónica fascista “Propaganda Due”, y que en 1973, a pedido del canciller Alberto Vignes, había sido condecorado por Perón con la más alta distinción argentina: el collar de la Orden del Libertador.
Según Nabot y Cox, la firma de la carta de extorsión, “Hermes Iai” coincidía con las creencias egipcias y esotéricas que cultivaba y ejercía Gelli. También afirmaron que en el robo habían participado agentes de inteligencia argentinos en actividad, o retirados una vez recuperada la democracia, con la intención de hacer tambalear al gobierno de Alfonsín. Antes de su muerte, en 2015, Nabot entrevistó por teléfono a Gelli que negó toda relación con el robo de las manos de Perón. La Justicia en cambio, quién sabe si con alguna firme certeza, prefirió determinar, o sugerir al menos, que la firma “Hermes Iai” correspondía a la máquina de escribir, marca “Hermes”, en la que se hacía redactado la carta que pedía ocho millones de dólares para devolver los restos de Perón. Si fue así, además de una crueldad insana, hay que reconocer a los delincuentes un similar sentido del humor.
Otro libro sobre el caso, “La profanación”, de Claudio Negrete y Juan Carlos Iglesias, sostiene el móvil político y el accionar de los servicios de inteligencia. Los autores afirman que, pese a los signos de violencia en la bóveda, los delincuentes tuvieron que usar la llave de la bóveda porque la mutilación de las manos debió hacerse con el ataúd fuera de ese recinto estrecho. Iglesias, uno de los autores de la tesis que murió en 2007, era un antiguo afiliado al radicalismo y también amigo del juez Far Suau. Si la teoría de “La profanación” es cierta, los profanadores actuaron entonces casi a cielo abierto y seguros de su impunidad.
La aparición de una copia de las llaves de la bóveda de la familia Perón, hizo que en 1994 el juez Alberto Baños reabriera la causa. Baños había sido uno de los secretarios de Far Suau y creía, como creía también Far Suau, que los profanadores tenían en su poder las llaves del vidrio blindado que cubría el ataúd, que la mutilación se había hecho con el cajón fuera de su estante y que los cristales rotos, incluida la claraboya de la bóveda, era un intento de sembrar pistas falsas.
En 2007, Baños pidió al gobierno de Néstor Kirchner que aportara información sobre medio centenar de personas, civiles y militares, relacionadas con la inteligencia de la dictadura y que aparecían ligadas al robo de las manos de Perón. Recibió muy poca información, apenas los antecedentes de una sola persona, en un papel membretado de la Jefatura de Gabinete, a cargo entonces del más tarde presidente Alberto Fernández.
En julio de 2008 el juez trabajaba en su casa con la investigación: se había llevado del juzgado tres cuerpos de la causa. El domingo 6, un grupo comando entró a la casa del juez, en Adrogué, y se llevó los expedientes y su computadora portátil. Baños denunció el robo ante la Cámara del Crimen como una “operación de inteligencia” y justificó su sospecha con la precisión de un entendido: no le habían robado “ningún elemento de valor tales como equipos de música, instrumentos musicales, alhajas, joyas, relojes ni dinero en efectivo, aun cuando varios de esos bienes se encontraban perfectamente a disposición de los intrusos”.
Al año siguiente, Baños recibió en su despacho de Tribunales un pequeño ataúd de madera que contenía una bala y una foto suya con un punto rojo en la frente. La sutileza iba a repetirse en 2015 luego de la muerte del fiscal Nisman: su ex mujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado, recibió la tapa de una revista con la imagen de Nisman con un círculo rojo en la frente.
Una noche de marzo de 2009, a las once y media, Baños, junto a su mujer y a dos hombres de la Federal, sorprendieron a dos desconocidos en el parque de su casa de Adrogué. Hubo un intercambio de disparos entre el juez, uno de sus custodios y los asaltantes, que escaparon por un costado que hacía frontera con las vías del ferrocarril. La investigación dijo “intento de robo”.
En 2014 el entonces abogado de María Estela Martínez, Atilio Neira, dijo que la CIA “tiene archivos en condiciones de desclasificar”, sobre el robo de las manos de Perón. Según Neira, la información de la central de inteligencia americana podría echar luz sobre la profanación y sobre la participación de agentes que “pertenecerían a los servicios de inteligencia militar” argentina, una hipótesis que en 1987 también había sostenido el jefe de la SIDE de Alfonsín, Facundo Suárez. Neira reveló que David Cox, autor con Damián Nabot del libro “Perón, la otra muerte”, se había puesto en contacto con la CIA y había recibido “una respuesta positiva”, pero que se trataba de documentación clasificada y que para requerir su desclasificación, Cox debía recurrir a los tribunales de Estados Unidos. La causa por el robo de las manos de Perón sigue abierta.
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Cada 1 de julio, aniversario de su muerte, Perón es recordado con la frase con la que se despidió el 12 de junio de 1974, menos de un mes antes de su muerte: “Yo, llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino”.
Música maravillosa, sí. Pero la partitura era un espanto.
Sumario, Perón, Peronismo
POLITICA
El PRO se enfoca en la agenda parlamentaria tras la salida de Adorni y el nuevo rol de Santilli

Tras el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete, el PRO busca dar una vuelta de página a las esquirlas que dejó el tratamiento parlamentario en torno a la figura del ahora ex funcionario Manuel Adorni. El jefe de bloque de la bancada amarilla en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, se reunió con el presidente del bloque en el Senado, Martín Goerling Lara, para definir los próximos pasos en el Congreso y en las posibilidades de insistir en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
El partido que lidera Mauricio Macri, que viaja por estas horas a Miami, Estados Unidos, para estar presente en el partido de la selección argentina ante Cabo Verde por el Mundial de Fútbol luego de grabar una producción especial para Olga (con gran repercusión en el electorado joven, según una autoridad partidaria), apunta a disipar las diferencias internas por la estrategia parlamentaria en torno a Adorni en ambas cámaras. Para un sector, lo que pasó en Diputados, no dar quorum, fue “pesimamente comunicado”. Inclusive, generó que un dirigente como Esteban Bullrich renuncie al partido.
El nuevo rol de Santilli actuó además, como, un enfriador de la interna. Desde lo político, no se prevén novedades hasta la finalización del Mundial, cuando Macri regrese al país y encare una nueva gira por diversas provincias del interior, entre ellas Córdoba, para reunirse con el gobernador peronista Martín Llaryora. En Casa Rosada también admiten que la llegada del nuevo Jefe de Gabinete mejora la coordinación política con el PRO.
El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, había celebrado en su debut ante la prensa que los dos líderes “están en sintonía”, aunque desde Balcarce 50 precisaron que sus palabras apuntaban al plano político, no al personal. Ravier fue directo sobre la necesidad de la alianza: “El PRO es un aliado clave. No tenemos mayoría hoy en Diputados y en el Senado para aprobar leyes por nosotros mismos”.

Santilli orbita por estas horas en el universo libertario con categoría de estrella: aunque estuvo solo unos minutos en la celebración anticipada por el Día de la independencia que se realizó en la Embajada de Estados Unidos, se abrazó con todo el gabinete, con el presidente Javier Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Siempre sonriente.
El exsenador no abandona su deseo de ser candidato a gobernador bonaerense. “Está buenísimo que ocupe ese lugar (ser jefe de Gabinete). Primero porque es capaz, es una persona de diálogo, y porque se lo fue ganando”, sostuvo un intendente macrista a Infobae. El dirigente descartó que esa proyección complique la candidatura en 2027: “Si hace las cosas bien, como él suele hacerlas, al contrario, lo fortalece. Como candidato a diputado, después como ministro del Interior y ahora como jefe de gabinete, cada lugar que tuvo que ocupar lo fortaleció”.
El vínculo entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación también aparece en la zona de influencia de Santilli. Según un importante dirigente porteño, la relación marcha sin sobresaltos, sobre todo por la recomposición del diálogo entre Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Ambos coincidieron en el Palacio Bosch. “Viene todo ok. Por ahora sin problemas. Con El Colo mejora, pero estamos en un buen momento”. La administración porteña necesita que el gobierno nacional no frene el pago de la deuda en materia de coparticipación para solventar las cuentas públicas.
Ese panorama convive con la tensión que persiste en la cúpula de la alianza. El propio Milei mantuvo en las últimas semanas un tono crítico hacia el expresidente. “El propio gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos”, afirmó el mandatario en una entrevista con el canal de streaming Neura, en una de las varias arremetidas recientes contra su aliado. En el campamento amarillo el malestar fue evidente, aunque algunas ya piesan en cómo acercar posiciones y, de cara a 2027, en LLA saben que deberán avanzar en acuerdos electorales que garanticen la reelección del presidente.
Sin embargo, el pasado martes un dirigente histórico del partido, con trayectoria desde su fundación en la Ciudad de Buenos Aires, apuntó contra la crítica de Milei a Macri. “Tiene que seguir haciendo de Milei para tapar el agujero que le hizo Adorni a su relato. Y a Macri le tiene que prender una vela todos los días: le armó el gabinete“, sostuvo. Y añadió: “Milei debería preocuparse porque el sueldo de los argentinos no alcanza, el empleo privado no crece, las jubilaciones son menos que un plan social y las deudas familiares siguen creciendo. Los argentinos necesitan más y mejores resultados y menos soberbia”.
Hernán Lacunza, el ministro de Economía que anunció el “reperfilamiento” en la gestión presidencial de Cambiemos, también se refirió a las críticas de Milei. “En las últimas dos semanas ha invocado un suceso de hace siete años. Aunque sospecho que, de cara a 2027, la población estará más ávida de escucharnos sobre el presente y el futuro, la oportunidad sirve para acordar que lo importante es evitar que la nave con 47 millones de pasajeros se declare en emergencia, porque una vez ocurrido, el aterrizaje forzoso suele ser una opción mejor que una catástrofe”, señaló en un largo post en X.
Y agregó: “No son ajenas a su gobierno las turbulencias en el proceso electoral de medio término en 2025, que dispararon el riesgo país y desplomaron la demanda de pesos a niveles absurdos, al final sorteadas con pericia pero también con una asistencia del Fondo Monetario y un puente financiero del Tesoro de Estados Unidos”.
“Sabe usted que el “default en pesos” tuvo más que ver con lo que venía que con lo anterior. De hecho, nada de eso habría sucedido si Mauricio Macri hubiera renovado su mandato, ya que habría conservado el crédito voluntario que dispuso hasta el día anterior a las elecciones primarias de agosto», completó.
POLITICA
Victoria Villarruel fue a Comodoro Py por su denuncia contra un periodista que la llamó “golpista”

La vicepresidenta Victoria Villarruel se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para una audiencia de conciliación contra Javier Negre, dueño del portal La Derecha Diario. La citó el juez federal Sebastián Casanello en el marco de una demanda por calumnias e injurias.
Pero la audiencia no se realizó porque Negre no se presentó. Villarruel llegó cerca de las 11 de este miércoles con su custodia y esperó en el juzgado, en el cuarto piso del edificio judicial. Ahora Casanello deberá definir si convoca a una nueva fecha o avanza con la causa por otra vía.
La denuncia es por un mensaje que Negre publicó en X el año pasado, en el que llamó a Villarruel “traidora y golpista” del gobierno de Javier Milei. El cruce se originó después de que la vicepresidenta habilitara una sesión del Senado en la que la oposición aprobó leyes que el Ejecutivo rechazaba, como la emergencia en discapacidad.
Negre respondió en su momento que se iba a defender “con uñas y dientes” y que la denuncia no lo iba a “amordazar”. Acusó a Villarruel de copiar “tintes autoritarios” y ratificó su respaldo al gobierno de Milei. Negre actualmente vive en Estados Unidos donde dirige medios alineados con el trumpismo.
Leer más: Victoria Villarruel denunció por calumnias e injurias a Luis Petri porque la llamó golpista
No es el primer round judicial de Villarruel contra periodistas. También denunció a Eduardo Feinmann y Pablo Rossi por comentarios previos a la sesión de autoridades del Senado de este año, pero la jueza María Servini rechazó esa denuncia. Antes había ocurrido lo mismo con una denuncia contra el diputado Luis Petri, que también la había llamado “golpista”: el juez Sebastián Ramos la archivó por inexistencia de delito.
El patrón se repite en cada uno de estos casos: la vicepresidenta invoca daño a su honor y a su investidura, y la Justicia responde que se trata de expresiones periodísticas o políticas que no configuran delito. La tensión de fondo sigue siendo la misma desde hace más de un año: la interna cada vez más abierta entre Villarruel y el entorno de Milei.
Victoria Villarruel
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