POLITICA
Buscan que no prescriba uno de los casos por las coimas de la constructora brasileña Odebrecht en la Argentina
Contra reloj, la jueza María Eugenia Capuchetti pugna porque no se cierre una de las causas por las coimas que pagó la poderosa constructora brasileña Odebrecht en la Argentina por obras públicas realizadas durante el kirchnerismo, como parte del escándalo del Lava Jato.
Odebrecht admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países distintos, a cambio de 3340 millones de dólares en contratos con esos Estados. De ese total, aproximadamente 735 millones de dólares correspondieron a sobornos pagados en 10 países latinoamericanos. Según la propia empresa, solo en Argentina pagó 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014.
Por esos pagos, la empresa fue condenada en los países donde admitió sobornos, expresidentes y exfuncionarios fueron presos, otros perdieron sus cargos, otros se suicidaron, pero en la Argentina no pasó nada.
Aquí, una de las causas de Odebrecht por la construcción de dos plantas potabilizadoras con AySA está en juicio a punto de llegar al veredicto; otro caso por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento está paralizado en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, y luego hay dos causas por las obras de gasoductos: una tendrá sentencia el martes y otra corre riesgo de prescribir por el paso del tiempo.
En el caso del Ferrocarril Sarmiento hay indagados desde 2018, antes de la pandemia, hace ocho años, y el fiscal Franco Picardi viene reclamando que se procese a los exfuncionarios, a los empresarios y a los brasileños de Odebrecht.
En la otra causa por los gasoductos, desprendimiento de esta investigación, habrá veredicto el martes próximo. El Tribunal Oral Criminal Federal 2 dará a conocer el fallo a Julio De Vido, que está acusado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. Es una causa paralela está acusado de cohecho por los mismos hechos.
El tribunal oral está integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, los mismos de Vialidad. Con la instrucción del juez Daniel Rafecas, esa pesquisa derivó en la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos a la constructora brasileña Odebrecht, entre 2006 y 2008.
Lo que se juzga es el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. En su alegato, el fiscal general Diego Luciani describió la maniobra como un “claro e inadmisible direccionamiento” hacia Odebrecht.
Las penas más altas −cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos− fueron pedidas para el exsecretario de Energía de la Nación Daniel Cameron, a quien la fiscalía señala como autor del delito, y para el exministro de Planificación Federal De Vido, imputado como partícipe necesario.
La jueza Capuchetti pelea desde hace un año y medio para que no se archive un caso paralelo por los mismos gasoductos, que está ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal de Casación integrada por los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Ángela Ledesma. Los dos últimos son subrogantes y dejarán pronto esas suplencias.
El 7 de mayo pasado, la Sala II de la Cámara Federal dictó un fallo que pasó casi inadvertido. Dos imputados en la causa por cohecho en la construcción de los gasoductos fueron sobreseídos por prescripción de la acción penal. Son Luis Beuret y Marcio Faria Da Silva, exejecutivos de Odebrecht.
La decisión fue firmada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, con la disidencia de Martín Irurzun. Tres semanas después, la misma sala le revocó a la jueza Capuchetti el decreto por el que había citado a Faria Da Silva a prestar declaración indagatoria como sospechosos de haber pagado esas coimas.
Para entender el significado de esos dos fallos hace falta retroceder diez años. En diciembre de 2016, Odebrecht firmó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos un acuerdo de culpabilidad corporativa donde reconoció haber pagado sobornos totales por 788 millones de dólares en América Latina y África. En la Argentina los pagos fueron de 35 millones de dólares.
Tras la confesión, en Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado y apresado. Luego, ese fallo fue anulado, pero decenas de empresarios y políticos terminaron en prisión o bajo proceso. En Perú, cuatro expresidentes fueron investigados. En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas cumplió condena. En Panamá, en Colombia, en Venezuela, el caso generó condenas o procesos que avanzaron con distintos resultados.
En Argentina no hay condenas por los sobornos que Odebrecht confesó haber pagado.
Los gasoductos
La causa que ahora empuja Capuchetti arrancó casi 20 años atrás, en 2007, cuando una denuncia llegó a la Justicia federal por irregularidades en la licitación y ejecución de la obra de la ampliación de gasoductos TGS (Transportadora de Gas del Sur) y TGN (Transportadora de Gas del Norte).
Se trataba de contratos para la expansión de la red de gasoductos del país, adjudicados durante el gobierno de Néstor Kirchner y con De Vido como ministro.
Odebrecht habría pagado unos 25 millones de dólares a funcionarios argentinos para resultar adjudicataria de los contratos con Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista.
En diciembre de 2019, el juez Rafecas separó la investigación en dos ramas. Por un lado, siguió en el expediente madre la pesquisa sobre las irregularidades en las contrataciones propiamente dichas, que es el caso por las negociaciones incompatibles, donde ahora habrá veredicto. Por el otro, averiguó sobre posibles sobornos pagados por Odebrecht para ganar las licitaciones.
Los imputados que fueron acumulándose en el expediente. Son De Vido, Cameron, directivo de Cammesa; Bautista Marcheschi, también vinculado a esa empresa; Julio Bragulat, que fue Gerente General de Cammesa; Beuret; Cristian Folgar; la constructora Norberto Odebrecht SA y su directivo Faria Da Silva, entre otros.
Una parte de la causa siguió su camino y fue elevada a juicio y, en la otra, el juez sobreseyó a casi todos los acusados, pero la Cámara Federal lo anuló y apartó a Rafecas. Su argumento era que los hechos ya estaban siendo juzgados en la causa de AySA.
La Sala II de la Cámara Federal anuló esa lógica. El juez Irurzun, en el voto que condujo el acuerdo, dijo que en la causa de las plantas potabilizadoras investiga sobornos vinculados a obras de AySA —Paraná de las Palmas y Berazategui— y no tienen nada que ver con los gasoductos.
Así entró a jugar Capuchetti, que tomó el expediente. El delito investigado aquí es el cohecho, con una pena máxima de seis años, y el último hecho investigado se ubica alrededor de 2014, con lo que se habría cumplido el plazo de prescripción.
El debate jurídico
Sin embargo, el artículo 67 del Código Penal establece que la prescripción se suspende cuando uno de los imputados es funcionario. La lógica es que un funcionario tiene herramientas, contactos y poder institucional que podrían facilitar su impunidad.
En esta discusión se centra ahora el futuro del caso, pues se abrió un debate entre jueces donde algunos sostienen que no basta con que un imputado sea funcionario, sino que debe haber tenido poder sobre un área relacionada con el caso. Para que la prescripción no opere, la jueza y el tribunal que revisa sus decisiones debieron establecer una cadena de suspensiones que cubriera el período completo.
De Vido fue ministro de Planificación Federal hasta 2015 y luego diputado nacional hasta 2017. Durante todo ese tiempo, nadie discute que el plazo estuvo suspendido. Bragulat, por su parte, fue gerente general de Cammesa hasta 2020. La fiscalía y la propia Capuchetti sostuvieron en reiteradas resoluciones que sus funciones en Cammesa activan la cláusula de suspensión de la prescripción.
El plazo, entonces, no corrió ininterrumpidamente desde los hechos hasta el 26 de mayo de 2020. Seis años desde esa fecha vencían el 26 de mayo de 2026. Pero un tercer imputado, Cristian Folgar, ingresó en 2022 a la planta temporaria de la Cámara de Diputados como personal técnico y administrativo, categoría A-06, en el despacho de la entonces diputada Margarita Stolbizer. Estuvo en ese cargo hasta el 9 de diciembre de 2025.
La pelea es por argumentar si el cargo de Folgar basta para suspender la prescripción. Durante meses, la Sala II se negó a declarar prescripta la acción penal, pero el voto de Boico estableció una condición: antes de resolver definitivamente, había que saber exactamente qué hacía Folgar en el Congreso.
El juez encargó esa información. El 11 de marzo de 2026, Diputados remitió un informe firmado por la propia Stolbizer. La exdiputada detalló que Folgar trabajó como asesor en las áreas de producción, infraestructura, energía, economía, presupuesto y hacienda.
La defensa argumentó que Folgar era un asesor técnico sectorial sin poder de decisión, sin acceso al Poder Judicial ni al Ministerio Público, en áreas que no tienen nada que ver con esta causa y por eso dijo que su intervención no suspendía la prescripción..
Capuchetti llegó a la conclusión opuesta. En su resolución, de abril de 2026, la jueza argumentó que el asesoramiento en energía, producción e infraestructura está directamente vinculado al objeto de la investigación.
Pero la Sala II de la Cámara Federal rechazó sus argumentos. El 7 de mayo de 2026, Boico redactó el voto que obtuvo la adhesión de Eduardo Farah −con sus propios argumentos− y sostuvo que el cargo de Folgar no activaba la cláusula de suspensión.
El tribunal revocó el fallo de Capuchetti y declaró la prescripción de la acción penal respecto de Beuret y Faria Da Silva. Los sobreseyó. El juez Irurzun −que ahora dejará la Cámara Federal, sin apoyo de la gestión de Javier Milei− votó en disidencia.
La Cámara Federal encargó a Capuchetti que analice si ahora correspondía sobreseer a todos. Sin embargo, la jueza, antes de ese fallo, había llamado a indagatoria a trece personas, entre ellas al propio De Vido, Cameron, Marcheschi, Folgar, Beuret, Bragulat y Faria Da Silva. Las audiencias fueron fijadas para octubre de 2026.
La defensa de Faria Da Silva interpuso recurso de reposición en el mismo juzgado, con apelación ante la Cámara en caso de que sea rechazado. Capuchetti rechazó ese recurso y dijo que la citación a indagatoria no se apela, pues es una facultad del juez y una oportunidad de defensa del imputado.
La Sala II de la Cámara Federal, el 26 de mayo de 2026, con el voto de Boico y Farah, y la disidencia de Irurzun, hizo lugar a la queja y revocó el llamado a prestar declaración indagatoria. El fundamento fue que la prescripción ya estaba declarada y Faria Da Silva había sido sobreseído tres semanas antes. Capuchetti acató, concedió el recurso de apelación y elevó las actuaciones.
Nuevo criterio
La jurisprudencia viene sosteniendo que basta la condición de funcionario del imputado para activar la suspensión de la prescripción para todos los acusados. Pero en los últimos tiempos se abrió paso una interpretación más restrictiva, del juez Boico entre otros, que favorece a los acusados.
Hay otras causas conexas en las que se investigaron intermediarios financieros que habrían instrumentado el circuito de pago de los sobornos: sociedades offshore, cuentas en Uruguay, Andorra, Suiza, Panamá y Santa Lucía aparecen en los exhortos internacionales que el expediente fue acumulando desde 2007.
En ninguna de esas causas hubo un juicio oral y una sentencia condenatoria firme. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ledesma, Petrone y Carbajo, tiene ahora que resolver si confirma el fallo del sobreseimiento y la prescripción o si ordena continuar la investigación.
En Brasil, la Operación Lava Jato generó más de doscientas condenas. En Perú, los presidentes que recibieron dinero de Odebrecht enfrentaron la justicia. En Argentina nadie fue condenado.
constructora brasileña Odebrecht,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El gobierno porteño afirmó que reparar los destrozos en el Congreso costará 90 millones de pesos
La Ciudad de Buenos Aires informó que deberá destinar una suma estimada en $90 millones para reparar los daños provocados por manifestantes violentos que irrumpieron en el Congreso, luego de la fallida sesión en Diputados y en paralelo a la 5ta Marcha Federal Universitario. Los destrozos afectaron mobiliario urbano, veredas, canteros y superficies verdes de la Plaza de los Congresos y sus alrededores, indicó el gobierno porteño.
El reclamo universitario de desarrolló en forma pacífica para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, se desvirtuó con la irrupción de los violentos que desataron serios incidentes al enfrentarse con las fuerzas federales. Además de destrozos en el espacio público hubo detenidos y heridos.
La erogación necesaria aún podría crecer, indicaron las autoridades porteñas, una vez que se completen las evaluaciones técnicas, lo que refleja el impacto material de la jornada. La zona más castigada fue el corredor de Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña, donde se concentraron los enfrentamientos mientras del otro lado del escenario transcurría el acto central de la movilización.
Los disturbios se desataron minutos antes de que los rectores de las universidades públicas comenzaran a leer un documento con el reclamo para que el Gobierno Nacional cumpla con la ley de financiamiento, ratificada en cinco oportunidades por el Poder Legislativo y cuya implementación continúa bloqueada por la administración de Javier Milei. En otro sector de la plaza, hombres encapuchados comenzaron a arrojar cascotes contra la formación que custodiaba el vallado perimetral del palacio legislativo. Las piedras, según las crónicas de los periodistas presentes, llovían sobre los escudos de los gendarmes y rebotaban contra sus cascos de plástico.
Los grupos que iniciaron el conflicto surgieron en medio de una zona donde se identificaban banderas de sectores políticos de izquierda. La respuesta de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fue inmediata: los agentes saturaron el área para proteger las vallas y respondieron con disparos de balas de goma y gas lacrimógeno. El gas obligó a numerosos manifestantes —muchos con el rostro cubierto— a retroceder por las calles aledañas, en un enfrentamiento que se extendió por más de dos horas.
Poco después, un camión hidrante llegó al cruce de Rivadavia y Entre Ríos. El vehículo necesitó la asistencia de un camión tanque para conectar la manguera y abastecerse de agua antes de desplegar su chorro contra los grupos más agresivos. Los proyectiles, lanzados con gomeras por manifestantes, alcanzaban incluso la posición de los cronistas, lo que obligó a extremar las precauciones durante la cobertura.
El saldo de la jornada arrojó 31 personas detenidas y ocho efectivos heridos, pertenecientes a GNA, Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía Federal. De acuerdo con fuentes policiales, tres integrantes de Gendarmería y uno de Prefectura resultaron lesionados por el impacto de elementos contundentes.
Los efectos del operativo traspasaron la calle y llegaron hasta el interior del recinto parlamentario. Según indicaron fuentes consultadas por Infobae, el gas lacrimógeno se sintió incluso en el anexo del Congreso, donde varios diputados debieron retirarse de los despachos del Palacio Legislativo tras sentirse descompuestos. Entre ellos, la diputada Cecilia Moreau tuvo que recostarse para recuperarse. “Nunca había pasado esto, le pusieron más fuerza al gas”, señalaron las mismas fuentes.
La movilización coincidió, además, con el intento de la oposición en la Cámara de Diputados de derogar el DNU 70/2023, el decreto que desreguló cientos de actividades al inicio de la gestión libertaria. Sin embargo, el oficialismo logró evitar el quórum necesario gracias a un puñado de ausencias de gobernadores aliados.
En las redes sociales, la funcionaria Alejandra Monteoliva cuestionó a quienes protagonizaron los disturbios. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, escribió en su cuenta de X.
Y agregó: “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”.
Las detenciones se concretaron antes de que Gendarmería procediera a desalojar la Plaza Congreso, en una operación que puso fin a una jornada marcada por los reclamos universitarios y los destrozos cuya factura preliminar de $90 millones recaerá sobre las arcas del gobierno porteño.
POLITICA
El Gobierno demora la reforma política por falta de acuerdos en el Senado y revisa su estrategia para las elecciones de 2027
El Gobierno dilata la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para avanzar con la reforma política y recalcula su estrategia de negociación con los gobernadores y bloques aliados. En la Casa Rosada aseguran que no volverán a impulsar el tratamiento hasta tener garantizados los respaldos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO nacionales de 2027, uno de los principales objetivos electorales de Javier Milei.
“Hasta que no haya acuerdo cerrado no vamos a convocar”, aseguran en Nación. La definición aleja la posibilidad de acelerar el debate durante los próximos días y modifica las expectativas de sectores del oficialismo que proyectaban obtener un dictamen y llevar la iniciativa al recinto durante la última semana de octubre. En Balcarce 50 reconocen que las conversaciones todavía no alcanzaron el nivel de consenso necesario para fijar un cronograma parlamentario.
La falta de avances se mantiene incluso después de la última reunión de la mesa política, realizada el martes en la Casa Rosada. Fuentes del Ejecutivo confirmaron a TN que no hubo novedades que permitan adelantar una nueva convocatoria. En el bloque de La Libertad Avanza del Senado transmiten una evaluación similar y advierten que todavía deben mantenerse conversaciones individuales con legisladores de los espacios dialoguistas.
El principal obstáculo está en la Cámara Alta, donde el oficialismo necesita reunir 37 votos para modificar el régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y debe buscar los 16 respaldos restantes entre la UCR, el PRO, los bloques provinciales y sectores del peronismo disidente. En la conducción parlamentaria advierten que los entendimientos con los gobernadores no garantizan automáticamente el acompañamiento de todos los representantes de sus provincias.
La negociación tampoco está cerrada dentro de la propia mesa política. Mientras Diego Santilli y otros sectores del Gobierno buscan acelerar los entendimientos para asegurar la votación, en despachos cercanos al armado electoral de La Libertad Avanza sostienen que las definiciones sobre las alianzas para 2027 llegarán recién hacia fin de año. La intención es preservar capacidad de negociación y evitar concesiones territoriales antes de conocer con mayor precisión el escenario electoral.
En ese sector del Ejecutivo consideran que no existe una necesidad inmediata de revelar las condiciones que pretende imponer el oficialismo en cada provincia. La lectura es que la candidatura presidencial de Milei constituye su principal herramienta de negociación frente a gobernadores que no cuentan con una alternativa nacional propia. Por eso, relativizan las versiones sobre acuerdos ya cerrados y aseguran que, aunque hubo acercamientos, todavía falta resolver la distribución de candidaturas y las condiciones de competencia.
La discusión se concentra ahora en dos modificaciones que el Presidente considera prioritarias: la suspensión de las PASO nacionales y la incorporación de un casillero para votar lista completa en la Boleta Única de Papel. El proyecto original proponía eliminar definitivamente las primarias, pero en Nación reconocen que la negociación ya se orienta a suspenderlas durante 2027. Esa alternativa permitiría evitar su realización en la próxima elección presidencial sin derogar de manera permanente el sistema.
POLITICA
Jaldo lanzó un mensaje a la interna del peronismo: “Nadie de Buenos Aires me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia, Tucumán está primero”
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, convirtió ayer el acto por el 81° aniversario del Día de la Lealtad Peronista en una señal hacia la conducción nacional, donde reivindicó la autonomía política de la provincia y ratificó: “Nuestra provincia está primero”. La convocatoria reunió a miles de personas en el Hipódromo provincial.
El mandatario, que además es vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) tucumano, sostuvo que el oficialismo debe renovar su compromiso con la población y defender la gestión provincial. “Somos el partido mayoritario, somos el partido que gobierna la provincia, somos el partido del que dependen dos millones de tucumanos”, afirmó ante dirigentes, funcionarios, legisladores y militantes.
Jaldo destacó la presencia de agrupaciones llegadas desde distintos puntos del territorio y definió la movilización como una de las más numerosas del país. “Este 17 de octubre acá en Tucumán va a quedar grabado en la retina y en el corazón de cada uno de los que han participado de este importante acto”, expresó.
Durante su discurso, el gobernador planteó que la responsabilidad del peronismo provincial trasciende la organización partidaria. “No solo tenemos que conducir los destinos de nuestro espacio político, sino que tenemos que todos los días atender las necesidades que tienen los tucumanos y, dentro de nuestras posibilidades, ir mejorando la calidad de vida”, señaló.
El mensaje más directo estuvo dirigido a la discusión interna del justicialismo y a la relación de las provincias con los referentes de Buenos Aires. “Nadie de Buenos Aires, sea del partido que sea, me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia. Tucumán está primero”, enfatizó Jaldo.
El mandatario pidió que cada distrito conserve capacidad para definir su estrategia electoral y política. “Cada provincia tiene la autonomía y hay que practicar el verdadero federalismo dentro del Partido Justicialista”, sostuvo durante el acto, según informó Jaldo en el Hipódromo: “Nadie de Buenos Aires me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia”.
En el plano nacional, Jaldo llamó a los distintos sectores del peronismo a alcanzar acuerdos de cara a las próximas elecciones. Y consideró que el espacio debe construir una fórmula competitiva, respaldada por un programa de gobierno.
“Seguramente, cuando se tomen las decisiones sobre los candidatos, vamos a ir todos juntos a acompañar. Poniéndonos de acuerdo vamos a elegir la mejor fórmula, la más competitiva”, afirmó. Luego aclaró que el objetivo debe ir más allá de una victoria electoral: “No una fórmula solo para ganar, sino una fórmula que nos permita gobernar bien la República Argentina”.
El dirigente tucumano también reivindicó la decisión de su provincia de competir en los comicios y mencionó la participación de referentes del espacio, entre ellos el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.
En otro tramo de la intervención, el gobernador se refirió a las objeciones que, según dijo, buscan impedir su postulación. “El 9 de mayo Osvaldo Jaldo va a estar en las urnas del peronismo”, aseguró, en alusión a las elecciones previstas para 2027.
Por último, el dirigente también convocó a la militancia a participar de la campaña y a defender los intereses de la provincia. El acto en el Hipódromo de ayer funcionó como una demostración de fuerza del peronismo tucumano y como un anticipo de la disputa electoral que se abrirá en los próximos meses.
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