POLITICA
El cálculo de Javier Milei para sostener a Manuel Adorni y las nuevas preocupaciones que crecen en el Gabinete
Javier Milei mantiene la decisión de sostener a Manuel Adorni pese al impacto político, judicial y comunicacional que generó su explicación patrimonial. En el Gobierno sostienen que el Presidente cree que la proyección del jefe de Gabinete depende y puede variar exclusivamente por su respaldo. La apuesta es que el electorado libertario le asigne valor político por su cercanía y por seguir bajo su ala.
En el Ejecutivo ya reconocen, además, que la carga de presión quedó invertida. No es Adorni quien insiste en permanecer a cualquier costo, sino Javier y Karina Milei quienes le piden que no renuncie. En despachos oficiales atribuyen al jefe de Estado una frase que resume esa mirada: “Si caés, van a venir por nosotros”. La lectura interna es que la salida del ministro coordinador puede abrir una etapa de mayor ofensiva política, judicial y parlamentaria contra el núcleo libertario.
En la Casa Rosada sostienen que el primer mandatario no quiere entregar a uno de los funcionarios más identificados con su gestión, menos en medio de causas sensibles que también rodean al oficialismo, como $LIBRA y ANDIS. Sus cercanos creen que una renuncia bajo presión fortalecería a la oposición, a sectores del Poder Judicial y a los aliados que empezaron a tomar distancia del jefe de Gabinete.
Ese razonamiento convive con un clima interno cada vez más incómodo. En distintos despachos oficiales admiten que la explicación de Adorni no ayudó a cerrar el caso y que, en algunos aspectos, abrió nuevas preguntas.
“Nadie le creyó y ahora la gente quiere saber de dónde sacó la plata”, expresan en Nación. En la mesa chica sostienen que la defensa estuvo pensada más para la causa judicial que para ordenar el frente político.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito sigue en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. En las últimas horas, Pollicita pidió nuevas medidas sobre las declaraciones juradas de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti; requirió información a ARCA, ANSES y Lemon Cash; solicitó datos sobre la sucesión del padre del jefe de Gabinete; y ordenó relevar publicaciones, entrevistas y videos vinculados a sus inversiones en bitcoin.
La causa avanzará ahora sobre la consistencia entre los bienes declarados, las rectificaciones posteriores y la explicación pública sobre el origen de los fondos.
En Balcarce 50 insisten en que Adorni deberá responder en el expediente, pero en privado reconocen que la cronología sobre las criptomonedas y los registros audiovisuales previos complicaron la defensa pública. “Si Milei dice que no es chorro es porque sabe perfectamente sus ingresos, más allá de las inconsistencias”, agregan con suspicacia en un despacho oficial.
El caso se cruza con la nueva etapa de la política judicial del Gobierno. Desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia y la salida de Sebastián Amerio, que responde a Santiago Caputo, se profundizó la disputa entre facciones internas por el manejo de los pliegos, la relación con Comodoro Py y la estrategia sobre expedientes sensibles. En Nación reconocen que esa pulseada volvió más áspero el vínculo entre los sectores de Karina Milei y Caputo.
En esa disputa, la Procuración General de la Nación aparece como un objetivo de fondo en el rediseño judicial que discuten las distintas terminales del oficialismo. En despachos libertarios hablan de una pelea de influencia entre sectores referenciados en Lijo, Mahiques y otros actores de Comodoro Py. El Ejecutivo, en paralelo, avanza con nuevos pliegos judiciales, mira el Consejo de la Magistratura y prepara reformas como juicio por jurados y cambios en el Código Penal.
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El caso Adorni también reactivó una conversación sensible dentro del Gabinete: las versiones sobre eventuales mecanismos de compensación salarial en cargos altos de la Casa Rosada. No hay documentación pública ni una confirmación oficial sobre ese punto.
Al menos tres fuentes de la primera línea libertaria, consultadas en reserva, sostienen que el congelamiento de salarios públicos generó discusiones internas sobre posibles compensaciones para cargos altos del Estado, aunque no aportan documentación que permita acreditar un mecanismo paralelo de pagos.
En varios despachos oficiales prefieren no pronunciarse sobre esos trascendidos y admiten que la explicación patrimonial de Adorni volvió a poner el tema en circulación. “Ni siquiera se trata sólo de la realidad, sino de lo que parece. Y esto no ayuda”, sostiene un funcionario. Otro integrante del oficialismo lo vincula con una discusión más amplia sobre la política salarial del Estado: “No se puede vivir con tres millones de pesos con una familia. Fue un error congelarlo porque se dio pie a complicaciones más graves”.
La preocupación interna no implica una sospecha generalizada sobre todos los ministros. En Balcarce 50 separan a los funcionarios que ya tenían un patrimonio alto antes de ingresar a la gestión y a quienes no enfrentan cuestionamientos sobre su evolución patrimonial. Pero admiten que el caso Adorni instaló una pregunta incómoda para una administración que construyó parte de su identidad discursiva sobre la austeridad, la transparencia y la denuncia contra la “casta”.
La última vez que en una conferencia de prensa se preguntó si existía un plus salarial o mecanismos de compensación dentro de la gestión, no hubo una respuesta oficial de fondo. Ahora, el tema vuelve a aparecer en conversaciones reservadas del Gabinete y en sectores aliados, aunque no hay documentación pública que lo respalde. En Nación saben que una versión de esa naturaleza puede ser políticamente dañina si se combina con declaraciones juradas rectificadas, gastos bajo análisis y una causa por enriquecimiento ilícito en curso.
Milei, sin embargo, no planea modificar su decisión. Quiere que Adorni siga en el cargo, retome la vocería y vuelva a tener presencia pública. En la mesa chica admiten que el jefe de Gabinete ya no podrá recuperar el perfil confrontativo que tuvo durante los primeros dos años de gestión. “Es imposible. Ese Adorni ya murió”, expresan en Nación. La idea ahora es que funcione más como coordinador político y comunicacional que como fiscal público de la oposición y del periodismo.
El Presidente cree que el jefe de gabinete sigue siendo un activo propio dentro del ecosistema libertario, aunque cada vez más funcionarios discuten esa lectura en privado. Sus cercanos admiten que Milei lo considera una figura de imagen del Gobierno y que no quiere reemplazarlo por otro vocero. La apuesta es encapsularlo bajo su respaldo, esperar que la Justicia no produzca una novedad explosiva y correr la agenda hacia la economía.
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El Ejecutivo apuesta a que la mejora de indicadores económicos ayude a desplazar el caso del centro de la discusión pública. En el oficialismo buscan instalar la baja de la inflación, la caída del riesgo país, la mejora del crédito y los proyectos de infraestructura que dependen de privatizaciones y concesiones, como rutas nacionales, energía, transporte, logística y servicios públicos. También quieren acelerar anuncios de gestión para evitar la imagen de una administración paralizada por la crisis política.
La estrategia tiene límites. En la mesa política reconocen que el caso ya impactó en el vínculo con aliados, abrió diferencias con Patricia Bullrich, tensó al PRO y dio argumentos a la oposición para impulsar la interpelación y la moción de censura. En Nación confían en que esos pedidos no alcancen los votos, pero ya no lo da por cerrado. En la Casa Rosada saben que dependerán del comportamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales.
La preocupación también alcanza a la discursiva anti-casta. En sectores técnicos de Balcarce 50 venían trabajando sobre una reforma a la Ley de Ética Pública, pero el caso Adorni debilitó el margen político para avanzar con ese tema sin recibir cuestionamientos. En Balcarce 50 admiten que cualquier discusión sobre ética, patrimonio, incompatibilidades o declaraciones juradas quedará ahora atravesada por la situación del propio jefe de Gabinete.
Javier Milei, Manuel Adorni, Gabinete
POLITICA
Jaldo lanzó un mensaje a la interna del peronismo: “Nadie de Buenos Aires me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia, Tucumán está primero”
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, convirtió ayer el acto por el 81° aniversario del Día de la Lealtad Peronista en una señal hacia la conducción nacional, donde reivindicó la autonomía política de la provincia y ratificó: “Nuestra provincia está primero”. La convocatoria reunió a miles de personas en el Hipódromo provincial.
El mandatario, que además es vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) tucumano, sostuvo que el oficialismo debe renovar su compromiso con la población y defender la gestión provincial. “Somos el partido mayoritario, somos el partido que gobierna la provincia, somos el partido del que dependen dos millones de tucumanos”, afirmó ante dirigentes, funcionarios, legisladores y militantes.
Jaldo destacó la presencia de agrupaciones llegadas desde distintos puntos del territorio y definió la movilización como una de las más numerosas del país. “Este 17 de octubre acá en Tucumán va a quedar grabado en la retina y en el corazón de cada uno de los que han participado de este importante acto”, expresó.
Durante su discurso, el gobernador planteó que la responsabilidad del peronismo provincial trasciende la organización partidaria. “No solo tenemos que conducir los destinos de nuestro espacio político, sino que tenemos que todos los días atender las necesidades que tienen los tucumanos y, dentro de nuestras posibilidades, ir mejorando la calidad de vida”, señaló.
El mensaje más directo estuvo dirigido a la discusión interna del justicialismo y a la relación de las provincias con los referentes de Buenos Aires. “Nadie de Buenos Aires, sea del partido que sea, me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia. Tucumán está primero”, enfatizó Jaldo.
El mandatario pidió que cada distrito conserve capacidad para definir su estrategia electoral y política. “Cada provincia tiene la autonomía y hay que practicar el verdadero federalismo dentro del Partido Justicialista”, sostuvo durante el acto, según informó Jaldo en el Hipódromo: “Nadie de Buenos Aires me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia”.
En el plano nacional, Jaldo llamó a los distintos sectores del peronismo a alcanzar acuerdos de cara a las próximas elecciones. Y consideró que el espacio debe construir una fórmula competitiva, respaldada por un programa de gobierno.
“Seguramente, cuando se tomen las decisiones sobre los candidatos, vamos a ir todos juntos a acompañar. Poniéndonos de acuerdo vamos a elegir la mejor fórmula, la más competitiva”, afirmó. Luego aclaró que el objetivo debe ir más allá de una victoria electoral: “No una fórmula solo para ganar, sino una fórmula que nos permita gobernar bien la República Argentina”.
El dirigente tucumano también reivindicó la decisión de su provincia de competir en los comicios y mencionó la participación de referentes del espacio, entre ellos el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.
En otro tramo de la intervención, el gobernador se refirió a las objeciones que, según dijo, buscan impedir su postulación. “El 9 de mayo Osvaldo Jaldo va a estar en las urnas del peronismo”, aseguró, en alusión a las elecciones previstas para 2027.
Por último, el dirigente también convocó a la militancia a participar de la campaña y a defender los intereses de la provincia. El acto en el Hipódromo de ayer funcionó como una demostración de fuerza del peronismo tucumano y como un anticipo de la disputa electoral que se abrirá en los próximos meses.
Osvaldo Jaldo,Día de la Lealtad,Miguel Ángel Acevedo,Tucumán,peronismo
POLITICA
La UBA se desligó de los incidentes en la marcha y exigió que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario
Emiliano Yacobitti le respondió este jueves a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien había intentado minimizar la quinta Marcha Federal Universitaria poniendo por encima los incidentes que terminaron con 31 personas detenidas. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) destacó que “cientos de miles de personas se movilizaron” para reclamar en favor de la educación pública y le recordó a la funcionaria que “nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente”, por lo que debería empezar por cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
Monteoliva compartió en redes sociales un video con imágenes de actos violentos durante la protesta frente al Congreso, indicó que “el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia” y que “nadie está por encima de la ley”. Yacobitti respondió a ese posteo: “Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos”.
Luego, en diálogo con TN, el vicerrector destacó la “movilización ciudadana en la que cientos de miles de personas se movilizaron, con columnas de más de veinte cuadras por la avenida Corrientes”, y desligó a quienes exigían el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno de quienes protagonizaron actos violentos.
“El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes. Obviamente, soy el primero en repudiar cualquier tipo de hecho de violencia. En ese sentido, la policía fue ineficiente porque lo primero que tiene que hacer es identificar a los violentos para que todos podamos manifestarnos con tranquilidad”, expresó Yacobitti.
Y profundizó: “La policía tiene que decir quiénes son, porque si no siempre hay una minoría que genera hechos de violencia y que pretende con eso manchar lo que fue una movilización gigantesca donde más de un millón de personas en todo el país se movilizó. Esta es la quinta Marcha Universitaria y en ninguna hubo ningún incidente”.
El representante de la UBA, si bien desligó a los estudiantes, repudió la violencia y pidió “identificar a los violentos y caerles con lo más duro de la ley”.
“Lo que no puede pasar es que alguien diga que los universitarios son violentos. La Ciudad de Buenos Aires está llena de cámaras donde se puede identificar a cualquiera. Lo que tiene que hacer la policía es, si hay gente que tira piedras, identificarla y que le caiga el peso de la ley, así como le tiene que caer el peso de la ley al Presidente por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, insistió.
Para Yacobitti, los incidentes manchan un reclamo genuino por parte de la comunidad universitaria. “Es lo más funcional a lo que más reclamamos en contra. Nosotros estamos reclamando de manera pacífica que hay que cumplir la ley. ¿Cómo no vamos a repudiar con toda la fuerza posible al que va y le tira una piedra a un policía? Lo que tendría que hacer la policía, con toda la infraestructura que hay, es decir ‘estos son los responsables’“, señaló.
“Si en lugar de hablar de los cientos de miles de personas que se movilizaron en todo el país para defender las universidades, se habla de cinco gatos locos que fueron a tirar piedras al Congreso para provocar y ser funcionales a quienes no quieren defender las universidades públicas, les hace el juego. ¿Cómo puede ser que los violentos que tiran piedras nunca sean identificados?“, expuso el vicerrector.
Y concluyó: “El Presidente de la Nación, que es la persona que más poder tiene, no cumple la ley. ¿Qué se puede esperar del resto?“.
POLITICA
El Gobierno denunció penalmente a los manifestantes detenidos por los disturbios en el Congreso
El Gobierno Nacional, a través del equipo jurídico del Ministerio de Seguridad, denunció penalmente a los manifestantes que protagonizaron los incidentes registrados durante la marcha universitaria de este jueves por la tarde en las inmediaciones del Congreso de la Nación. La presentación contempla los cargos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y delito de daño agravado.
La presentación sostiene que los implicados actuaron deliberadamente con los rostros cubiertos para evitar ser identificados. Primero dañaron bienes públicos para proveerse de objetos contundentes y luego los arrojaron contra miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales que cumplían funciones en el lugar.
La denuncia, a la que accedió Infobae, señala además que la fecha no fue casual: el Congreso sesionaba ese día, lo que lleva al Ministerio a sostener que los disturbios habrían tenido entre sus objetivos “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa” convocada para esa jornada.
En paralelo a la redacción del texto judicial, el ministerio avanza en la recolección de imágenes que servirán como prueba para sustentar las acusaciones. El material audiovisual recopilado busca identificar a los responsables de los destrozos y las agresiones que se produjeron en la zona de la Plaza de los Congresos y su entorno durante la movilización. Esa tarea de documentación resulta central para individualizar a cada uno de los acusados en el expediente que se presentará ante la Justicia.
El escrito describe un patrón sostenido de agresiones. Los ataques con objetos peligrosos se replicaron en distintos momentos de la jornada y dejaron efectivos de las fuerzas federales con lesiones. La denuncia caracteriza a los uniformados como “sujetos pasivos y permanentes” de esa violencia, pese a encontrarse desplegados bajo el protocolo establecido por el propio Ministerio para garantizar el orden y el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
La jornada dejó un saldo de al menos 25 personas detenidas a lo largo de los enfrentamientos que tuvieron lugar en las calles aledañas al edificio legislativo. Entre los casos que trascendieron, uno concentró particular atención: la Policía de la Ciudad de Buenos Aires aprehendió a un menor de 14 años en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre tras ser sorprendido arrojando piedras contra un móvil policial.
Ante la situación, se realizó una consulta con la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFLA) Este, que ordenó la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes para hacerse cargo del procedimiento, dado que la normativa vigente establece un tratamiento diferenciado para menores de edad involucrados en hechos de esta naturaleza.
Los choques también dejaron heridas en las propias filas de las fuerzas de seguridad. En total, ocho efectivos resultaron lesionados durante el operativo desplegado en torno al Congreso. El desglose incluye cuatro agentes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), dos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y dos de la Policía Federal Argentina (PFA).
Los uniformados recibieron piedras y otros objetos contundentes por parte de grupos que se desprendieron de la columna principal de manifestantes y protagonizaron las escenas de mayor tensión de la tarde.
Pero los daños no se limitaron al plano físico de los efectivos. La violencia que se desató en torno al Parlamento dejó marcas profundas en el espacio público. De acuerdo con una estimación preliminar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los destrozos ascienden a $90 millones.
El mobiliario urbano, las veredas, los canteros y las superficies verdes de la Plaza de los Congresos y las áreas circundantes fueron los más afectados por la acción de los grupos violentos que operaron en la zona.
La protesta, convocada en defensa de la educación pública universitaria, derivó en incidentes con las fuerzas de seguridad que custodiaban el perímetro del edificio legislativo. Los desmanes se concentraron durante las horas de la tarde, cuando sectores radicalizados avanzaron sobre las líneas de contención policial y provocaron las escenas de violencia que ahora son objeto de la investigación judicial.
Con la denuncia penal en marcha, el Ministerio de Seguridad apunta a llevar adelante acciones judiciales concretas contra quienes participaron en los hechos de violencia. Los cargos elegidos —resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado— dan cuenta del encuadre que el Gobierno le otorga a los episodios frente al Congreso. La recolección de pruebas en video y fotografía, en tanto, será determinante para sostener cada una de las imputaciones ante los tribunales competentes.
Civil Conflict,Demonstrations,Riots,South America / Central America,Civil Unrest
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