POLITICA
El Congreso se prepara para discutir el futuro de Adorni y los aliados del oficialismo debaten qué postura tomar
La continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abrió una fuerte discusión entre los bloques aliados al oficialismo en el Congreso. El PRO, la UCR y el MID ya dieron señales de cansancio y esperan definiciones del presidente Javier Milei.
A ese debate también se suman Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, y el santacruceño José Luis Garrido. La discusión pasa por si deben acompañar la postura de la oposición más dura, que impulsa una moción de censura para desplazar a Adorni del Ejecutivo, o si conviene habilitar primero el tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, ambas encabezadas por legisladores del oficialismo.
El sector dialoguista mostró signos de distanciamiento respecto de la estrategia de la Casa Rosada para sostener al jefe de Gabinete. Aunque el PRO, la UCR y el MID comparten el malestar, todavía tienen diferencias sobre el camino legislativo a seguir.
Los representantes del desarrollismo fueron los más duros con el Gobierno. “Adorni, game over. Está terminado. Podría hacerle un favor al Gobierno y no prolongar la agonía y el daño”, escribió en redes el diputado Eduardo Falcone. También fue crítico Oscar Zago, presidente del bloque del MID.
El PRO y la UCR también expresaron enojo por las explicaciones que dio Adorni sobre su incremento patrimonial y los cambios en su declaración jurada de bienes. Sin embargo, buscan acordar una estrategia legislativa común sin quedar alineados con los sectores más duros del Congreso, que ya plantearon directamente la moción de censura contra el exvocero presidencial.
Esta semana habrá reuniones entre los bloques dialoguistas. Una de las opciones que evalúan es impulsar que se habilite el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo, respectivamente. Ambos son legisladores del oficialismo y de extrema confianza del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.
Esa discusión comenzó durante el fin de semana largo a través de chats entre legisladores y, desde este martes, pasará al plano presencial.
El pedido de UxP y el Frente de Izquierda
La oposición ya presentó un pedido de sesión para el próximo jueves 23 con el objetivo de tratar una moción de censura contra Manuel Adorni. La iniciativa, que implica avanzar hacia la remoción del funcionario, lleva la firma de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.
También acompañaron Esteban Paulón y Pablo Juliano, de Provincias Unidas; Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Romina del Pla, del Frente de Izquierda; y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.
Ahora aguardan que el pedido sea confirmado por Martín Menem, que por estas horas se encuentra de viaje oficial en Israel. Se trata de su primera salida internacional para afianzar y profundizar los vínculos de La Libertad Avanza con ese país desde el plano parlamentario e institucional.
Menem mantiene reuniones con autoridades legislativas de la Knéset, el parlamento unicameral israelí. También participan de los encuentros la diputada Sabrina Ajmechet, titular del grupo de amistad entre ambos países, y el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish.
“Nos esperan días intensos de trabajo, encuentros y diálogo, que seguirán fortaleciendo este vínculo que atraviesa el momento más sólido y fructífero de su historia. Argentina e Israel”, sostuvo Wahnish.
Las posturas de los gobernadores
El ministro del Interior, Diego Santilli, tiene agendadas para este martes reuniones con los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero; de San Juan, Marcelo Orrego; y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.
Más allá de avanzar con el proyecto de Reforma Electoral, que se encuentra en el Senado, el titular de la cartera política funciona como una rueda de auxilio permanente para el oficialismo en ambas cámaras del Congreso.
Orrego cuenta con un bloque propio en Diputados, Producción y Trabajo, integrado por Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga. En paralelo, todavía resta conocer la postura de los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua, que tienen influencia sobre la bancada de Innovación Federal, presidida por el misionero Alberto Arrúa.
Leé también: En medio de los cuestionamientos, Javier Milei compartió un posteo en defensa de Adorni
También se esperan los posicionamientos de los diputados de Independencia, que responden al tucumano Osvaldo Jaldo, y de Elijo Catamarca, el bloque de Sebastián Nóblega, con terminal en el gobernador Raúl Jalil.
Con esos espacios también se construyen mayorías: tanto para avanzar con un pedido de remoción como para habilitar el tratamiento de los proyectos de interpelación en las comisiones de la Cámara baja.
Los pedidos de interpelación
El artículo 101 de la Constitución Nacional establece las facultades y obligaciones del jefe de Gabinete. Entre ellas, habilita al Congreso a interpelarlo, someterlo a una moción de censura y, eventualmente, removerlo mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.
Como los proyectos presentados por la oposición no cuentan con dictamen de las comisiones de Diputados, los bloques de UxP, el Frente de Izquierda y otros espacios necesitarán mayorías especiales para poder discutir las iniciativas en el recinto. Antes, deberán reunir 129 diputados sentados para abrir la sesión.
La construcción de esa mayoría todavía no está garantizada. Si logra dar ese primer paso, la oposición podría aspirar, en principio, a emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para fijar una fecha de tratamiento e iniciar el debate.
Los bloques dialoguistas, en cambio, esperan ir directamente a las comisiones, tratar los proyectos durante dos semanas y recién después llevarlos al recinto. Mientras tanto, aguardan definiciones de la Casa Rosada o del propio Manuel Adorni
Diputados, Manuel Adorni, Martín Menem
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, respaldó una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof para 2027 y reclamó que el peronismo defina sus postulantes mediante elecciones primarias.
En una entrevista con Infobae al Regreso, también se refirió a la reorganización del justicialismo tras el encuentro entre Cristina Kirchner y Sergio Massa, denunció al presidente Javier Milei y al ministro Luis Caputo por el presunto desvío de fondos para infraestructura y confirmó que le gustaría competir por la gobernación bonaerense.
Katopodis respaldó a Kicillof y pidió primarias en el peronismo
En medio de las discusiones por el liderazgo del PJ, Katopodis defendió las elecciones primarias como mecanismo para resolver las candidaturas y evitar acuerdos entre las conducciones partidarias. “Hacer unas buenas primarias en el peronismo sería muy, pero muy saludable”, sostuvo, al cuestionar que las decisiones queden en manos de unos pocos dirigentes.
“Tenemos que generar las condiciones para que los candidatos los elija la gente y no los elijan cuatro dirigentes”, afirmó. Para el ministro, quien aspire a conducir el país deberá construir una autoridad política propia, respaldada por la sociedad y no solamente por un acuerdo de cúpula.
Consultado sobre quién reúne mejores condiciones para representar al peronismo en las próximas elecciones presidenciales, respaldó al gobernador bonaerense. “No tengo dudas de que Axel (Kicillof) es el que está en mejores condiciones”, respondió. Como argumento, mencionó la confianza que, según afirmó, encuentra en sus recorridas por la provincia.
Katopodis consideró que una eventual reelección de Milei podría contribuir a ordenar las prioridades de la oposición. “Lo que podría ser más grave es una reelección, cuatro años más. Me parece que eso va a ordenar”, señaló.
También valoró el papel de Cristina Kirchner en la reorganización del espacio y sostuvo que su participación puede ayudar a que los distintos sectores encuentren su lugar. Además, descartó que Máximo Kirchner sea un impedimento para una eventual candidatura presidencial de Kicillof: “Cada uno va a dar seguramente su opinión, va a participar, va a proponer”.
La denuncia contra Milei y Caputo por los fondos para infraestructura
Katopodis cuestionó el rumbo económico del Gobierno y describió un deterioro de los ingresos familiares y del mercado laboral. “El que no se endeudó vendió pertenencias, el que no vendió pertenencias vendió dólares, el que no vendió dólares le pidió prestado a algún familiar”, sostuvo.
Frente a ese escenario, planteó que el peronismo debe elaborar una propuesta para 2027 que combine la explotación de los recursos naturales con el desarrollo industrial y la generación de empleo. Entre sus prioridades, mencionó agregar valor a la producción, ampliar las exportaciones y fortalecer una red de proveedores vinculada con Vaca Muerta, las pymes, los centros tecnológicos y las universidades públicas.
Uno de sus principales cuestionamientos al Gobierno estuvo relacionado con el destino de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles. El ministro informó que presentó una denuncia contra Milei y Caputo por el presunto desvío de fondos que, según afirmó, debían financiar obras viales e hidráulicas. “Nos cobraron un impuesto, se llevaron la plata, desviaron esos fondos y las obras no se hicieron”, denunció.
Según detalló, una parte de la recaudación debe destinarse por ley a rutas y caminos, mientras que otra financia el Fondo Hídrico, destinado a prevenir inundaciones. Katopodis cifró en $400.000 millones los recursos de este último y en $1,5 billones los vinculados con la infraestructura vial.
El funcionario reclamó la intervención de la Justicia federal para investigar el manejo de esos fondos y exigir que se restituyan a sus destinos específicos. También cuestionó la presunta colocación de recursos en instrumentos financieros, una operatoria que, según su interpretación, no estaría contemplada por la normativa aplicable.
“Queremos que un juez, la Justicia penal, en este caso federal, actúe y obligue al Gobierno nacional a que reponga esos fondos”, afirmó.
Las obras hidráulicas y la aspiración de Katopodis a la gobernación
La denuncia se enmarca en las advertencias del ministro sobre posibles inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño. Para reducir los riesgos, la Provincia trabaja en el monitoreo de los cursos de agua, la limpieza de arroyos y canales y la continuidad de las obras hidráulicas.
Katopodis anunció, además, una plataforma pública de seguimiento hidrometeorológico que reúne datos de más de 180 estaciones, entre dispositivos provinciales, universidades y bolsas de cereales. Según anticipó, la red llegará a 400 estaciones y permitirá consultar variables como precipitaciones, vientos, temperaturas y niveles de los ríos.
Entre las obras en marcha, destacó el tramo final del Plan Maestro del Río Salado y las intervenciones en las cuencas de los ríos Luján y Areco, además de los trabajos sobre el arroyo Maldonado, en Bahía Blanca. El ministro sostuvo que estos proyectos requieren coordinación entre las distintas jurisdicciones y reclamó la participación de la Nación. “Necesitamos que el Gobierno nacional actúe, que aparezca la plata y que se hagan las obras”, afirmó.
Hacia el final de la entrevista, Katopodis confirmó que le gustaría competir por la gobernación bonaerense si Kicillof avanzara hacia una candidatura presidencial. “Tengo ganas. Me han preguntado si me gustaría y dije que sí”, reconoció.
Para fundamentar esa aspiración, repasó su trayectoria como intendente de San Martín, ministro nacional de Obras Públicas durante la presidencia de Alberto Fernández y actual titular de Infraestructura bonaerense. También cuestionó la paralización de la obra pública dispuesta por Milei y aseguró que más de 2.300 proyectos quedaron frenados desde el 10 de diciembre de 2023. Según sus cifras, la interrupción de las obras contribuyó a la pérdida de unos 200.000 puestos de trabajo en la construcción.
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POLITICA
ATE protestó frente a la Quinta de Olivos contra el nuevo plan de retiros voluntarios del Gobierno
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este miércoles a la Quinta Presidencial de Olivos para protestar contra el programa de retiros voluntarios lanzado por el Gobierno y el financiamiento previsto para su implementación a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La organziación sostuvo que se trata de un “nefasto programa” y un “negociado multimillonario” que pretende profundizar el proceso de ajuste sobre la estructura estatal.
El gremio también cuestionó la ausencia de Milei de las sedes oficiales de Gobierno. “Nunca van a la Casa Rosada y tampoco lo encontramos en Olivos. Se fue de nuevo a España sin una agenda oficial. Con la nuestra le estamos financiando a todo el Poder Ejecutivo el turismo internacional”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
“No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios. Este decreto es un negociado multimillonario. Si firmamos, no sólo estaremos perdiendo derechos logrados a través de los años sino que estaremos avalando que a través de sus consultoras (Federico) Sturzenegger y (Luis) Caputo se sigan llenando de plata”, añadió Aguiar.
ATE denunció además despidos, no renovación de contratos, reducción de puestos permanentes, incertidumbre laboral y el cierre o vaciamiento de organismos públicos.
“Nos quieren correr del Estado por migajas y tercerizar nuestras funciones. Este régimen es el inicio de un proceso de privatización de más del 90% de la Administración Pública”, sostuvo Aguiar.
Y añadió: “Endeudarse con el BID para financiar estos despidos es un delito. Está prohibido tomar deuda en moneda extranjera para financiar gasto corriente como piensan hacerlo”, concluyó.
El plan del Gobierno para reducir la planta estatal
El programa de retiros voluntarios fue oficializado mediante el decreto 1203/26 y alcanza a alrededor de 21.187 trabajadores de la administración pública nacional. Según la normativa, quienes adhieran no podrán reingresar al Estado durante un plazo de ocho años.
Además, el Gobierno dispuso que los cargos que queden vacantes no serán cubiertos nuevamente.
La medida forma parte de la estrategia de reducción del empleo público impulsada por la gestión libertaria desde su llegada al poder. De acuerdo con datos oficiales citados por el Gobierno, de los aproximadamente 341.000 empleados que integraban la administración pública nacional al inicio de la gestión, ya dejaron de formar parte de la planta cerca de 72.000 personas.
El objetivo oficial es profundizar ese proceso y alcanzar una reducción equivalente al 25% de la estructura estatal nacional hacia fin de año.
A su vez, el Gobierno reglamentó a partir del decreto 1177/26 una línea de crédito con el BID por más de 800 millones de dólares con distintos objetivos, de los cuales 300 estarían destinados a solventar los costos de los retiros voluntarios.
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POLITICA
Desalojos, expropiaciones y tierras: los principales puntos de la ley de propiedad privada que se aprobó en Diputados
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que introduce cambios en los procedimientos de desalojo, limita las condiciones en las que el Estado puede expropiar bienes y restablece las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, en una concesión del oficialismo a sus aliados para destrabar el tratamiento de la reforma.
El proyecto obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como la Cámara baja incorporó modificaciones al texto que había aprobado el Senado el 6 de agosto, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su revisión.
Entre sus puntos principales, la iniciativa apunta a acelerar los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles urbanos y rurales. Para ello, establece que las acciones de desalojo tramiten mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento más abreviado que el proceso ordinario.
En los casos de falta de pago de alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino para que regularice la deuda y otorgarle un plazo no inferior a 10 días corridos desde la recepción de la notificación. La intimación deberá especificar el lugar de pago.
Si el incumplimiento persiste, el locador podrá iniciar la acción de desalojo. El proyecto contempla un procedimiento de restitución del inmueble en un plazo de 10 días hábiles y habilita a solicitar la desocupación inmediata en los casos de falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución juratoria.
Esta última figura permite al solicitante asumir formalmente la responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar una medida indebida, sin que deba constituir necesariamente una garantía patrimonial.
La iniciativa también establece controles judiciales para determinados desalojos. Cuando se invoquen causas como el cambio de destino, el deterioro del inmueble, la realización de obras nocivas o el uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes.
En caso de que haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el magistrado deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional, sin que eso implique suspender el proceso judicial.
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