POLITICA
Oscar Zago: “Ellos lo tienen que echar, no le vamos a dar la oportunidad para que nos acusen de querer un golpe”
La presión política y social en torno al jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, crece en medio de acusaciones de inconsistencias patrimoniales y declaraciones públicas contradictorias. El funcionario enfrenta la amenaza de interpelación parlamentaria, mientras aliados y opositores debaten la posibilidad de su remoción del cargo.
“Hace cien días le pedí que diera un paso al costado”, afirmó en Infobae en Vivo Al Amanecer el diputado nacional del Movimiento Integración y Desarrollo, Oscar Zago. Al mismo tiempo afirmó: “Después de cien días que todavía el jefe de Gabinete siga estando en su puesto de trabajo, la verdad es que no se puede entender”.
El jefe de Gabinete es cuestionado por presuntas irregularidades en su patrimonio y por la falta de transparencia en sus declaraciones ante el Congreso de la Nación Argentina. La controversia se agravó con la sospecha de evasión fiscal y por sus explicaciones controvertidas sobre dinero ahorrado que no fue declarado.
El legislador aseguró que la discusión trasciende a la oposición y alcanza a distintos sectores políticos y periodísticos. “Hoy no escuchás prácticamente a nadie que pueda sostener o pensar por qué sigue estando en el poder”, afirmó.
Además, atribuyó esa situación a una disputa dentro del oficialismo. “Están sumergidos en una interna enorme. La interna está en la mesa política y eso no deja ver el bosque atrás. Y atrás es el bosque de la Argentina”, sostuvo.
La continuidad del jefe de Gabinete
Zago planteó que la permanencia de Manuel Adorni genera un desgaste para el Gobierno y para las instituciones. Según afirmó, el funcionario concentra críticas políticas, sociales y judiciales.
“¿Cómo puede ser que todavía siga estando la persona que está más castigada, más vapuleada, más criticada y con más sospecha, no solo en el ámbito político sino también en el ámbito judicial?”, señaló.
El diputado nacional por CABA sostuvo que la situación provoca repercusiones fuera del país. “Hay crítica en Europa y en Estados Unidos. No pueden entender todavía cómo un jefe de Gabinete puede llegar a estar en esta situación porque termina perjudicando a los argentinos”, manifestó.
Para Zago, la función del jefe de Gabinete exige un nivel de responsabilidad institucional que resulta incompatible con las dudas planteadas en torno a su figura. “Es el controlador, es el jefe de los ministros”, remarcó.
El respaldo a una interpelación en el Congreso
El funcionario respaldó la posibilidad de que Manuel Adorni vuelva al Congreso para responder preguntas sobre sus declaraciones. “Vino el 29 de abril y nos mintió descaradamente. Tiene que volver a venir, por lo menos en modo interpelación”, afirmó.
El legislador diferenció ese mecanismo de una moción de censura y sostuvo que el Gobierno debería resolver el conflicto sin trasladar esa responsabilidad al Parlamento. “Ellos lo tienen que echar. No le vamos a dar la oportunidad para que nos acusen de querer un golpe”, expresó.
Asimismo rechazó las acusaciones contra quienes impulsan una interpelación. “No queremos la caída de Javier Milei. Queremos ir por los que nos mienten, queremos ir por la transparencia y queremos ir por el cambio verdaderamente”, aseguró.
Las críticas por las declaraciones públicas
Zago apuntó a las explicaciones brindadas por Manuel Adorni sobre su patrimonio y sus manifestaciones públicas. “Una mentira tapa a la otra. Es vergonzoso”, afirmó el diputado. Luego profundizó esa idea al señalar: “Cuando sos un mentiroso tenés que ser un mentiroso serial. Fue construyendo mentira tras mentira y eso provocó una caída estrepitosa”.
En ese punto, sostuvo: “El primer evasor se llamó Manuel Adorni”. Luego agregó que resulta contradictorio pedir equilibrio fiscal mientras un funcionario de esa jerarquía queda bajo sospecha por ese tipo de conducta.
Además, consideró que el funcionario enfrenta un escenario complejo en el plano judicial. “A la Justicia no la va a poder venir a sentarse a contar una novela. Va a tener que contestar preguntas y ahí corre riesgo de terminar con una causa penal”, sostuvo.
El diputado cuestionó el mensaje que transmite un funcionario de ese nivel institucional. “Vos sos el ejemplo para toda esa sociedad que hace bien las cosas y que creyó en un gobierno que venía a cambiar las cosas”, expresó.
Tajante, sostuvo que la situación judicial de Adorni se complejizará en caso de continuar actuando de la misma manera. “Ahora va a tener un problema en la justicia, porque nos miente. Pero a la justicia seguramente, que investiga todas estas cosas, no lo va a pasar», dijo.
Y sostuvo: “No va a poder venir y sentarse como se sentó en un medio de comunicación a contar una novela. No, ahí vas a tener que contestar preguntas y ahí sí corrés riesgo, donde mentís otra vez, a terminar con una causa penal y quizás, procesado y enjaulado”.
Su posición frente al Gobierno nacional
Entre otras cosas, el funcionario aclaró que no se considera un aliado del Gobierno y explicó cuál es el criterio que aplica para acompañar o rechazar iniciativas oficiales. “Yo soy aliado de los argentinos, no soy un aliado del Gobierno. Nosotros dimos un paso al costado hace un año y medio”, afirmó.
En ese sentido, recordó que apoyó proyectos como la reforma laboral y otras iniciativas impulsadas por el oficialismo, pero también votó en contra de propuestas vinculadas con discapacidad, el Hospital Garrahan y el financiamiento universitario.
Sobre el escenario político, Zago insistió en que el Presidente no toma una decisión porque el oficialismo atraviesa una disputa interna. “Si corre a uno o a otro, se resquebraja la interna y corre peligro un gobierno que ya tiene una discusión parlamentaria compleja”, sostuvo.
Al cierre de la entrevista, volvió a reclamar una definición sobre la continuidad del jefe de Gabinete y reiteró que su postura apunta a preservar la institucionalidad. “Lástima que los argentinos los vamos a seguir perjudicando, pero si es por mí, déjenlos y preséntenlos en las elecciones del año que viene. Los vamos a enfrentar”, concluyó.
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El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, respaldó una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof para 2027 y reclamó que el peronismo defina sus postulantes mediante elecciones primarias.
En una entrevista con Infobae al Regreso, también se refirió a la reorganización del justicialismo tras el encuentro entre Cristina Kirchner y Sergio Massa, denunció al presidente Javier Milei y al ministro Luis Caputo por el presunto desvío de fondos para infraestructura y confirmó que le gustaría competir por la gobernación bonaerense.
Katopodis respaldó a Kicillof y pidió primarias en el peronismo
En medio de las discusiones por el liderazgo del PJ, Katopodis defendió las elecciones primarias como mecanismo para resolver las candidaturas y evitar acuerdos entre las conducciones partidarias. “Hacer unas buenas primarias en el peronismo sería muy, pero muy saludable”, sostuvo, al cuestionar que las decisiones queden en manos de unos pocos dirigentes.
“Tenemos que generar las condiciones para que los candidatos los elija la gente y no los elijan cuatro dirigentes”, afirmó. Para el ministro, quien aspire a conducir el país deberá construir una autoridad política propia, respaldada por la sociedad y no solamente por un acuerdo de cúpula.
Consultado sobre quién reúne mejores condiciones para representar al peronismo en las próximas elecciones presidenciales, respaldó al gobernador bonaerense. “No tengo dudas de que Axel (Kicillof) es el que está en mejores condiciones”, respondió. Como argumento, mencionó la confianza que, según afirmó, encuentra en sus recorridas por la provincia.
Katopodis consideró que una eventual reelección de Milei podría contribuir a ordenar las prioridades de la oposición. “Lo que podría ser más grave es una reelección, cuatro años más. Me parece que eso va a ordenar”, señaló.
También valoró el papel de Cristina Kirchner en la reorganización del espacio y sostuvo que su participación puede ayudar a que los distintos sectores encuentren su lugar. Además, descartó que Máximo Kirchner sea un impedimento para una eventual candidatura presidencial de Kicillof: “Cada uno va a dar seguramente su opinión, va a participar, va a proponer”.
La denuncia contra Milei y Caputo por los fondos para infraestructura
Katopodis cuestionó el rumbo económico del Gobierno y describió un deterioro de los ingresos familiares y del mercado laboral. “El que no se endeudó vendió pertenencias, el que no vendió pertenencias vendió dólares, el que no vendió dólares le pidió prestado a algún familiar”, sostuvo.
Frente a ese escenario, planteó que el peronismo debe elaborar una propuesta para 2027 que combine la explotación de los recursos naturales con el desarrollo industrial y la generación de empleo. Entre sus prioridades, mencionó agregar valor a la producción, ampliar las exportaciones y fortalecer una red de proveedores vinculada con Vaca Muerta, las pymes, los centros tecnológicos y las universidades públicas.
Uno de sus principales cuestionamientos al Gobierno estuvo relacionado con el destino de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles. El ministro informó que presentó una denuncia contra Milei y Caputo por el presunto desvío de fondos que, según afirmó, debían financiar obras viales e hidráulicas. “Nos cobraron un impuesto, se llevaron la plata, desviaron esos fondos y las obras no se hicieron”, denunció.
Según detalló, una parte de la recaudación debe destinarse por ley a rutas y caminos, mientras que otra financia el Fondo Hídrico, destinado a prevenir inundaciones. Katopodis cifró en $400.000 millones los recursos de este último y en $1,5 billones los vinculados con la infraestructura vial.
El funcionario reclamó la intervención de la Justicia federal para investigar el manejo de esos fondos y exigir que se restituyan a sus destinos específicos. También cuestionó la presunta colocación de recursos en instrumentos financieros, una operatoria que, según su interpretación, no estaría contemplada por la normativa aplicable.
“Queremos que un juez, la Justicia penal, en este caso federal, actúe y obligue al Gobierno nacional a que reponga esos fondos”, afirmó.
Las obras hidráulicas y la aspiración de Katopodis a la gobernación
La denuncia se enmarca en las advertencias del ministro sobre posibles inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño. Para reducir los riesgos, la Provincia trabaja en el monitoreo de los cursos de agua, la limpieza de arroyos y canales y la continuidad de las obras hidráulicas.
Katopodis anunció, además, una plataforma pública de seguimiento hidrometeorológico que reúne datos de más de 180 estaciones, entre dispositivos provinciales, universidades y bolsas de cereales. Según anticipó, la red llegará a 400 estaciones y permitirá consultar variables como precipitaciones, vientos, temperaturas y niveles de los ríos.
Entre las obras en marcha, destacó el tramo final del Plan Maestro del Río Salado y las intervenciones en las cuencas de los ríos Luján y Areco, además de los trabajos sobre el arroyo Maldonado, en Bahía Blanca. El ministro sostuvo que estos proyectos requieren coordinación entre las distintas jurisdicciones y reclamó la participación de la Nación. “Necesitamos que el Gobierno nacional actúe, que aparezca la plata y que se hagan las obras”, afirmó.
Hacia el final de la entrevista, Katopodis confirmó que le gustaría competir por la gobernación bonaerense si Kicillof avanzara hacia una candidatura presidencial. “Tengo ganas. Me han preguntado si me gustaría y dije que sí”, reconoció.
Para fundamentar esa aspiración, repasó su trayectoria como intendente de San Martín, ministro nacional de Obras Públicas durante la presidencia de Alberto Fernández y actual titular de Infraestructura bonaerense. También cuestionó la paralización de la obra pública dispuesta por Milei y aseguró que más de 2.300 proyectos quedaron frenados desde el 10 de diciembre de 2023. Según sus cifras, la interrupción de las obras contribuyó a la pérdida de unos 200.000 puestos de trabajo en la construcción.
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gabriel katopodis
POLITICA
ATE protestó frente a la Quinta de Olivos contra el nuevo plan de retiros voluntarios del Gobierno
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este miércoles a la Quinta Presidencial de Olivos para protestar contra el programa de retiros voluntarios lanzado por el Gobierno y el financiamiento previsto para su implementación a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La organziación sostuvo que se trata de un “nefasto programa” y un “negociado multimillonario” que pretende profundizar el proceso de ajuste sobre la estructura estatal.
El gremio también cuestionó la ausencia de Milei de las sedes oficiales de Gobierno. “Nunca van a la Casa Rosada y tampoco lo encontramos en Olivos. Se fue de nuevo a España sin una agenda oficial. Con la nuestra le estamos financiando a todo el Poder Ejecutivo el turismo internacional”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
“No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios. Este decreto es un negociado multimillonario. Si firmamos, no sólo estaremos perdiendo derechos logrados a través de los años sino que estaremos avalando que a través de sus consultoras (Federico) Sturzenegger y (Luis) Caputo se sigan llenando de plata”, añadió Aguiar.
ATE denunció además despidos, no renovación de contratos, reducción de puestos permanentes, incertidumbre laboral y el cierre o vaciamiento de organismos públicos.
“Nos quieren correr del Estado por migajas y tercerizar nuestras funciones. Este régimen es el inicio de un proceso de privatización de más del 90% de la Administración Pública”, sostuvo Aguiar.
Y añadió: “Endeudarse con el BID para financiar estos despidos es un delito. Está prohibido tomar deuda en moneda extranjera para financiar gasto corriente como piensan hacerlo”, concluyó.
El plan del Gobierno para reducir la planta estatal
El programa de retiros voluntarios fue oficializado mediante el decreto 1203/26 y alcanza a alrededor de 21.187 trabajadores de la administración pública nacional. Según la normativa, quienes adhieran no podrán reingresar al Estado durante un plazo de ocho años.
Además, el Gobierno dispuso que los cargos que queden vacantes no serán cubiertos nuevamente.
La medida forma parte de la estrategia de reducción del empleo público impulsada por la gestión libertaria desde su llegada al poder. De acuerdo con datos oficiales citados por el Gobierno, de los aproximadamente 341.000 empleados que integraban la administración pública nacional al inicio de la gestión, ya dejaron de formar parte de la planta cerca de 72.000 personas.
El objetivo oficial es profundizar ese proceso y alcanzar una reducción equivalente al 25% de la estructura estatal nacional hacia fin de año.
A su vez, el Gobierno reglamentó a partir del decreto 1177/26 una línea de crédito con el BID por más de 800 millones de dólares con distintos objetivos, de los cuales 300 estarían destinados a solventar los costos de los retiros voluntarios.
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Desalojos, expropiaciones y tierras: los principales puntos de la ley de propiedad privada que se aprobó en Diputados
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que introduce cambios en los procedimientos de desalojo, limita las condiciones en las que el Estado puede expropiar bienes y restablece las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, en una concesión del oficialismo a sus aliados para destrabar el tratamiento de la reforma.
El proyecto obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como la Cámara baja incorporó modificaciones al texto que había aprobado el Senado el 6 de agosto, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su revisión.
Entre sus puntos principales, la iniciativa apunta a acelerar los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles urbanos y rurales. Para ello, establece que las acciones de desalojo tramiten mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento más abreviado que el proceso ordinario.
En los casos de falta de pago de alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino para que regularice la deuda y otorgarle un plazo no inferior a 10 días corridos desde la recepción de la notificación. La intimación deberá especificar el lugar de pago.
Si el incumplimiento persiste, el locador podrá iniciar la acción de desalojo. El proyecto contempla un procedimiento de restitución del inmueble en un plazo de 10 días hábiles y habilita a solicitar la desocupación inmediata en los casos de falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución juratoria.
Esta última figura permite al solicitante asumir formalmente la responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar una medida indebida, sin que deba constituir necesariamente una garantía patrimonial.
La iniciativa también establece controles judiciales para determinados desalojos. Cuando se invoquen causas como el cambio de destino, el deterioro del inmueble, la realización de obras nocivas o el uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes.
En caso de que haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el magistrado deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional, sin que eso implique suspender el proceso judicial.
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