POLITICA
El Congreso se prepara para discutir el futuro de Adorni y los aliados del oficialismo debaten qué postura tomar
La continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abrió una fuerte discusión entre los bloques aliados al oficialismo en el Congreso. El PRO, la UCR y el MID ya dieron señales de cansancio y esperan definiciones del presidente Javier Milei.
A ese debate también se suman Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, y el santacruceño José Luis Garrido. La discusión pasa por si deben acompañar la postura de la oposición más dura, que impulsa una moción de censura para desplazar a Adorni del Ejecutivo, o si conviene habilitar primero el tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, ambas encabezadas por legisladores del oficialismo.
El sector dialoguista mostró signos de distanciamiento respecto de la estrategia de la Casa Rosada para sostener al jefe de Gabinete. Aunque el PRO, la UCR y el MID comparten el malestar, todavía tienen diferencias sobre el camino legislativo a seguir.
Los representantes del desarrollismo fueron los más duros con el Gobierno. “Adorni, game over. Está terminado. Podría hacerle un favor al Gobierno y no prolongar la agonía y el daño”, escribió en redes el diputado Eduardo Falcone. También fue crítico Oscar Zago, presidente del bloque del MID.
El PRO y la UCR también expresaron enojo por las explicaciones que dio Adorni sobre su incremento patrimonial y los cambios en su declaración jurada de bienes. Sin embargo, buscan acordar una estrategia legislativa común sin quedar alineados con los sectores más duros del Congreso, que ya plantearon directamente la moción de censura contra el exvocero presidencial.
Esta semana habrá reuniones entre los bloques dialoguistas. Una de las opciones que evalúan es impulsar que se habilite el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo, respectivamente. Ambos son legisladores del oficialismo y de extrema confianza del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.
Esa discusión comenzó durante el fin de semana largo a través de chats entre legisladores y, desde este martes, pasará al plano presencial.
El pedido de UxP y el Frente de Izquierda
La oposición ya presentó un pedido de sesión para el próximo jueves 23 con el objetivo de tratar una moción de censura contra Manuel Adorni. La iniciativa, que implica avanzar hacia la remoción del funcionario, lleva la firma de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.
También acompañaron Esteban Paulón y Pablo Juliano, de Provincias Unidas; Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Romina del Pla, del Frente de Izquierda; y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.
Ahora aguardan que el pedido sea confirmado por Martín Menem, que por estas horas se encuentra de viaje oficial en Israel. Se trata de su primera salida internacional para afianzar y profundizar los vínculos de La Libertad Avanza con ese país desde el plano parlamentario e institucional.
Menem mantiene reuniones con autoridades legislativas de la Knéset, el parlamento unicameral israelí. También participan de los encuentros la diputada Sabrina Ajmechet, titular del grupo de amistad entre ambos países, y el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish.
“Nos esperan días intensos de trabajo, encuentros y diálogo, que seguirán fortaleciendo este vínculo que atraviesa el momento más sólido y fructífero de su historia. Argentina e Israel”, sostuvo Wahnish.
Las posturas de los gobernadores
El ministro del Interior, Diego Santilli, tiene agendadas para este martes reuniones con los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero; de San Juan, Marcelo Orrego; y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.
Más allá de avanzar con el proyecto de Reforma Electoral, que se encuentra en el Senado, el titular de la cartera política funciona como una rueda de auxilio permanente para el oficialismo en ambas cámaras del Congreso.
Orrego cuenta con un bloque propio en Diputados, Producción y Trabajo, integrado por Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga. En paralelo, todavía resta conocer la postura de los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua, que tienen influencia sobre la bancada de Innovación Federal, presidida por el misionero Alberto Arrúa.
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También se esperan los posicionamientos de los diputados de Independencia, que responden al tucumano Osvaldo Jaldo, y de Elijo Catamarca, el bloque de Sebastián Nóblega, con terminal en el gobernador Raúl Jalil.
Con esos espacios también se construyen mayorías: tanto para avanzar con un pedido de remoción como para habilitar el tratamiento de los proyectos de interpelación en las comisiones de la Cámara baja.
Los pedidos de interpelación
El artículo 101 de la Constitución Nacional establece las facultades y obligaciones del jefe de Gabinete. Entre ellas, habilita al Congreso a interpelarlo, someterlo a una moción de censura y, eventualmente, removerlo mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.
Como los proyectos presentados por la oposición no cuentan con dictamen de las comisiones de Diputados, los bloques de UxP, el Frente de Izquierda y otros espacios necesitarán mayorías especiales para poder discutir las iniciativas en el recinto. Antes, deberán reunir 129 diputados sentados para abrir la sesión.
La construcción de esa mayoría todavía no está garantizada. Si logra dar ese primer paso, la oposición podría aspirar, en principio, a emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para fijar una fecha de tratamiento e iniciar el debate.
Los bloques dialoguistas, en cambio, esperan ir directamente a las comisiones, tratar los proyectos durante dos semanas y recién después llevarlos al recinto. Mientras tanto, aguardan definiciones de la Casa Rosada o del propio Manuel Adorni
Diputados, Manuel Adorni, Martín Menem
POLITICA
La salida de Adorni queda atada a un juego de presiones y sospechas cruzadas entre el oficialismo y los aliados
El Congreso vive horas de versiones en continuado, especulaciones y -sobre todo- recelos entre el oficialismo y sus aliados, con un temario atado sin vueltas al caso de Manuel Adorni. Es el reflejo más claro de la política aún en días de Mundial y lo expone la agenda para la semana que viene. El Senado sesionará el jueves para tratar la interpelación al jefe de Gabinete -con mensaje sobre posible moción de censura- y Diputados tiene cita dos días antes por el mismo tema. El mensaje al Gobierno surge así de casi todo el frente político. Y, de hecho, esa es la señal que acaba de emitir la Cámara alta. Los legisladores del PRO, la UCR y de varios provinciales presionan para que Olivos resuelva la salida del funcionario porque, de lo contario, no quedaría otro remedio que bajarle el pulgar en el recinto. La tensión podría resumirse en una pregunta: quién termina decidiendo el fin.
El clima está tan denso que no faltan especulaciones extremas. Algunos legisladores sostienen que Javier Milei estaría jugando a que el Congreso termine provocando la salida del jefe de los ministros. En esa visión, el Presidente aprovecharía después para apuntar contra el Congreso, en general, acusándolo de ser el motor de un “intento golpista” o desestabilizador. “Adorni es un problema del Gobierno y tiene que resolverlo el Gobierno”, es la síntesis del planteo para reclamar una decisión de Milei y exponer reparos a un desenlace legislativo.
El problema para socios de Olivos -y también para opositores no kirchneristas- es más complejo. En esa franja operan los representantes del Ejecutivo -en especial Diego Santilli y Lule Menem-, con foco especial en los gobernadores. Negocian fondos y agregan promesas políticas como la de no instalarles candidatos competitivos de LLA, el año que viene, cuando se disputen las gobernaciones. En ese conjunto se anotan jefes provinciales de diferente color, es decir, del PRO, radicales, peronistas y representantes de fuerzas locales.
Los planes para bajar el tema tuvieron varios quiebres, por el impacto social de los acontecimientos. El primero fue cuando se conoció el dato de los miles de dólares en negro invertidos para rehacer la casa del country de Exaltación de la Cruz. Y el último fue provocado por la presentación de la declaración jurada y los dichos de Adorni intentando justificar su acelerada mejora patrimonial.
Eso último terminó de amplificar el rechazo a cualquier señal que pueda ser interpretada como respaldo al funcionario. En escala monos visible explica el silencio de ministros que, en algunos casos, se encargan de hacer trascender su disgusto. Pero para los legisladores más cercanos al Gobierno la cuestión es peor. Y por partida doble. No quieren quedar expuestos como sostén de Adorni – por convicción o conveniencia- y tampoco, pegados a los movimientos del peronismo/kirchnerismo.
Pero, lo dicho: el sacudón generado por el argumento del ahorro en negro y la apuesta al bitcoin es de tal magnitud que dejó escaso margen para correrse de la discusión. Y la salida, en el Senado, fue suspender la sesión prevista para este jueves y postergar el llamado al recinto para la semana próxima. Quedó claro que si no hay salida por parte del Gobierno, sería votada entonces la interpelación, para el 2 de julio, el día en que Adorni debería dar su informe de gestión. Y si todo empeora, entonces podría haber moción de censura.
La señal acordada por Patricia Bullrich con los jefes de bloques cercanos, y aceptada de hecho por el peronismo, deja una semana para la resolución del Presidente, y de Karina Milei, con el cortinado fondo que pinta el malestar de otros funcionarios. Las versiones y desmentidas sobre una inminente salida de Adorni alimentaron el clima del Congreso. Y corrieron la mirada también hacia Diputados, donde la oposición promovió una sesión especial para la semana que viene.
Hasta ayer mismo, las cuentas sobre la posibilidad de reunir quórum daban mal para los impulsores de la movida. Los más optimistas decían que estaban diez escalones por debajo de los 129 legisladores sentados en sus bancas. Otros estiraban la cifra a 14. Con un pero: se preguntan qué harán finalmente legisladores considerados aliados y hasta socios políticos de LLA. Si el número no fuera alcanzado, la mirada sería puesta en la lista de ausentes, por bloquear el inicio del camino a la interpelación. Sería contradictorio con las posiciones publicas expresadas en los últimos días por macristas, radicales y espacios como el MID y algunos provinciales.
Resulta difícil técnicamente que el pedido de sesión sea desactivado para centrar la expectativa en el Senado. Y eso, salvo alguna salida política que eluda el trámite formal, es un problema para los aliados, que vienen presionando para que Adorni renuncie. Por lo pronto, Bullrich anticipo que transmitiría al Gobierno, sin demoras, el cuadro real de la Cámara alta. Es un mensaje que añade ingredientes a la interna libertaria y, en rigor, a la relación con Karina Milei.
La extensión en el tiempo del caso Adorni despintó la intención oficialista de avanzar con temas propios en el Congreso. Los pasos son más lentos de lo imaginado en el inicio de las sesiones ordinarias, después de un verano exitoso para el Gobierno, en el terreno legislativo. En Diputados, el oficialismo tiene como objetivo el nuevo RIGI y también una muy cuestionada iniciativa sobre lobby. En el Senado, la lista es más extensa y complica proyectos que parecían cerrados por acuerdos, como el “blindaje” de propiedad privada.
El caso Adorni tiñe cada paso político del oficialismo, no sólo en el Congreso. El acto por el Día de la Bandera, el sábado que viene en Rosario, genera malestar entre los anfitriones frente a la posibilidad de que el funcionario encabece la comitiva que viajará junto al Presidente. Nada escapa a la serie del jefe de Gabinete.
POLITICA
Jorge Macri y LLA buscan desregular las VTV en la Ciudad, un negocio que concentran empresarios bajo la mira judicial
La Libertad Avanza (LLA) y Pro empiezan a moverse en sintonía en la Legislatura porteña. Luego de que el bloque violeta acompañara la ampliación presupuestaria impulsada por Jorge Macri, ahora ambos partidos trabajan en conjunto para desregular el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad.
La Legislatura porteña tiene previsto tratar, este jueves, un proyecto presentado por LLA para ampliar los plazos de revisión de los vehículos particulares, liberar el esquema de precios y ampliar el rango de prestadores que pueden brindar este servicio. Hasta ahora, cuatro firmas, ligadas a empresarios apuntados en la investigación contra Jorge D’Onofrio por el presunto cobro de coimas en la provincia de Buenos Aires, monopolizaban el negocio.
“Desde LLA CABA presentamos un proyecto para que tengas la libertad de hacer la VTV en cualquier taller habilitado: cerca de tu casa, de forma simple, rápida y generando más trabajo. Hagamos que la ciudad avance a la velocidad de la Nación”, anunció Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario y alfil de Karina Milei en la ciudad.
La iniciativa pretende alinear a la Ciudad con la resolución que impulsó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el mes pasado para poner fin al monopolio de las plantas verificadoras. El objetivo es abrir el negocio a talleres privados que cuenten con equipamiento específico y acrediten capacidad técnica y personal calificado para realizar las inspecciones.
Actualmente, la Ciudad funciona bajo un esquema cerrado -con apenas siete sedes habilitadas para realizar la VTV- que controlan un reducido grupo de empresas. Según reconstruyó , son solo cuatro empresas las que que están autorizadas para realizar la revisión de vehículos particulares en el terruño de Jorge Macri.
Se trata, en todos los casos, de compañías que también ofrecen el mismo servicio en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno de Axel Kicillof ya anticipó que no prevé avanzar con la desregulación que impulsan desde Casa Rosada. Algunos de sus directivos están siendo investigados en la causa contra el exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por el direccionamiento de la licitación de las VTV en ese distrito.
El proyecto sobre las VTV que se debatirá en la Legislatura cuenta -según indicaron fuentes parlamentarias a – con el apoyo de LLA, el bloque oficialista Vamos por más (Pro y la Coalición Cívica) y la Unión Cívica Radical (UCR).
El bloque peronista Fuerza por Buenos Aires, en cambio, rechaza la iniciativa: se oponen a que cada proveedor determine el valor del servicio -sin precio máximo de referencia- y las dificultades que se generan para fiscalizar que la verificación esté correctamente hecha. “Si bien estamos de acuerdo con la desconcentración y la descentralización, el criterio de cercanía no puede ir en desmedro de garantizar la seguridad vial”, aseguraron en el bloque.
Las empresas detrás de las VTV
De las siete sedes habilitadas para realizar la VTV en la ciudad de Buenos Aires, cuatro se encuentran el barrio porteño de Barracas. Una de ellas está a cargo de la firma Werniger Sud SA, perteneciente al grupo TUV SUD Atisae. La empresa administra el taller oficial de Herrera 1995, en el barrio porteño de Barracas.
Según registros oficiales del 2023, la compañía está presidida por Germán Jorge Neuss, fundador de Neuss Capital. El empresario, al igual que sus hermanos Patricio y Juan Neuss, mantienen un estrecho vínculo con el asesor presidencial Santiago Caputo.
Según el sitio web de Werniger SUD, la empresa también realiza revisiones en la provincia de Buenos Aires, donde cuenta con cuatro talleres autorizados en las localidades de Solano, Bernal, Berazategui y Avellaneda. Es decir, incluso si la Legislatura porteña avanzara con la desregulación en la capital federal, la firma aún conservaría su protagonismo en el negocio de las VTV bonaerenses.
Algo similar sucede con la compañía Applus Iteuve Argentina SA, que administra otras dos plantas verificadoras de Barracas: una en Vélez Sarsfield 566 y otra en Santa María del Buen Ayre 1001. En tanto, en el distrito que conduce Kicillof, y según datos de su página web, concentra bajo su órbita 19 centros que ofrecen este servicio.
Según registros oficiales, la firma está a cargo del empresario Aitor Retes Aguado. El empresario ejerce desde 2015 como vicepresidente de la Comisión Internacional de Inspección de Vehículos, una asociación internacional especializada en seguridad vial.
Según información del Gobierno de la Ciudad, las otras cuatro terminales de verificación habilitadas en la Capital Federal están en manos de SGS Argentina SA y VTV Metropolitana-VTV Norte. La primera gestiona los centros habilitados en Tronador 115 (Paternal) y Osvaldo Cruz 1711 (Barracas), mientras que la segunda gestiona las sedes de 27 de febrero 5483 (Pompeya) y Donado 973 (Villa Ortúzar).
Al igual que las otras dos firmas que tallan en el distrito de Pro, también están autorizadas a realizar las VTV en la provincia de Buenos Aires.
SGS Argentina está, hoy a cargo de Federico Schroer, pero hasta mediados del año pasado -según consigna en el perfil de Linkedin de sus autoridades- estuvo a cargo de Germán Leandro Rebolo. VTV Norte, por su lado, está a cargo del empresario Martín Hernán Serrano, quien también ejerce como presidente de la Cámara Argentina de Empresas Verificadoras de Automotores.
Tanto Neuss y Retes Aguado como Rebolo y Serrano quedaron bajo la lupa judicial luego de que se abriera una investigación contra el exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio por el direccionamiento del servicio de VTV en la provincia de Buenos Aires.
La semana pasada, el fiscal Álvaro Garganta solicitó que se eleve a juicio la causa por corrupción que investiga al exfuncionario. En el documento presentado ante el Juzgado de Garantías N°4 de La Plata, el fiscal pidió la citación del exministro y los cuatro empresarios mencionados, investigados en calidad de “autores de cohecho activo y como partícipes necesarios de la negociación incompatible”.
acompañara la ampliación presupuestaria,@LLA_CABA,pic.twitter.com/vHYAeCQLvn,June 10, 2026,abrir el negocio a talleres privados,anticipó que no prevé avanzar con la desregulación,el sitio web de Werniger SUD,página web,registros oficiales,perfil de Linkedin de sus autoridades,solicitó que se eleve a juicio la causa,Abigail Contreiras Martínez,Jorge Macri,VTV,Legislatura Porteña,Conforme a,Jorge Macri,,»No te quiero ver más por acá”. Jorge Macri reforzó los controles policiales para impedir que los “trapitos” actúen en las calles,,LN+. Jorge Macri resaltó la «Operación Muro» y apuntó contra Kicillof: «Debería festejar los controles»,,»No vamos a pedir perdón». La ciudad blindó sus accesos con la provincia de Buenos Aires sobre la General Paz
El Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió este miércoles mantener la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, al considerar que cumplió de forma adecuada las condiciones fijadas en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
La decisión, a la que tuvo acceso TN, está firmada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, y se apoyó en los informes trimestrales de los organismos de control y ratificó la modalidad que la exmandataria cumple desde junio de 2025.
Según la resolución, los reportes de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) correspondientes a abril, mayo y junio evidencian una “actitud de colaboración y buena predisposición” por parte de la expresidenta.
“Se constató una actitud de colaboración y buena predisposición por parte de Fernández de Kirchner, con trato cordial y respetuoso. Respecto del vecindario, únicamente en el marco de la visita del día 9 de junio se observaron algunas personas portando banderas, en la vereda, sin que se verificasen circunstancias dignas de mención», se lee en el fallo.
Los controles verificaron el cumplimiento estricto del régimen de visitas mediante la revisión periódica del libro de ingresos y egresos, sin detectar personas no autorizadas en la vivienda.
El tribunal también constató que la CFK permaneció en su domicilio salvo en las salidas previamente autorizadas, entre ellas las comparecencias ante el Tribunal Oral Federal N° 7, para declarar en el juicio por la causa Cuadernos, y los traslados para tratamientos médicos, principalmente odontológicos.
Según el documento, la expresidenta se ausentó para cumplir con sus turnos médicos en la Clínica Cecchi, por cuestiones odontológicas, y al Sanatorio Otamendi para realizarse chequeos luego de la operación su atravesó. Todas estas salidas, especificó la Justicia, fueron realizadas “sin inconvenientes y de acuerdo con las pautas establecidas”.
En cuanto al monitoreo electrónico, los informes señalaron que las únicas alertas registradas correspondieron a salidas autorizadas y que “no se haya visto interrumpido en momento alguno el control de su geolocalización”.
Además, se indicó que continúa con su tratamiento por la falta de glándula tiroides, recibió vacunas en el domicilio y mantiene la medicación diaria correspondiente.
El banderazo que generó una advertencia
La resolución también abordó el episodio del banderazo organizado por la militancia que generó una advertencia formal del juez. Giménez Uriburu reconoció que esa situación “justificó la advertencia formal impartida por el suscripto”, pero aclaró que, analizada junto con el resto de los antecedentes, “no posee entidad suficiente para alterar, por sí mismo, la conclusión a que conducen los informes producidos por los organismos de control”.
“Desde luego, la conclusión precedente no desconoce la relevancia del episodio acaecido el 14 de junio pasado ni minimiza los reparos que mereció la conducta entonces desplegada por la nombrada, circunstancias que motivaron la intimación oportunamente cursada”.
Pero este episodio, profundizó el magistrado, se trata de “una incidencia que merece ser considerada y tenida especialmente presente hacia el futuro, pero no alcanza a desvirtuar el cuadro general de cumplimiento”.
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En este marco, el Tribunal Oral Federal 2 concluyó que la expresidenta “ha cumplido adecuadamente con el deber de permanencia en el domicilio”, así como con las obligaciones vinculadas a su estado de salud, las visitas y el acceso a los espacios de la vivienda.
Por todo eso, el tribunal resolvió “mantener la modalidad de prisión domiciliaria para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta”.
cristina kirchner, Vialidad, Justicia
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