El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones en mayo, según informó el ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario precisó además que el pago de intereses de la deuda pública netos de tenencias intra sector público alcanzó $1.445.754 millones. En línea con el objetivo que acordó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año.

Durante los primeros cinco meses de 2026, el SPN acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,7% del Producto Interno Bruto (PBI) y un superávit financiero de 0,2% del PIB. Estos datos reflejan el desempeño fiscal en el primer tramo del año y marcan un cambio respecto de años anteriores, cuando el sector público presentaba déficits recurrentes.

Si se lo compara con el mes anterior, implica que el ministro de Economía Caputo avanzó con el recorte del gasto público en el quinto mes del año. Es que hasta abril, el superávit primario era de 0,5%/PBI (mejora de 0,2 puntos porcentuales) mientras que el financiero ya alcanzaba 0,2%/PBI. Lo que fue festejado por el presidente Javier Milei, quien en la red social X, escribió: “El granítico ancla fiscal. Viva la libertad carajo”.

Mantener las cuentas públicas ordenas forma parte del compromiso que asumió el equipo económico con el FMI. En la segunda revisión del acuerdo, el Gobierno acordó con el organismo internacional que para diciembre de 2026 alcanzaría un resultado fiscal primario 1,4%/PBI. Lo que supuso una mejora, ya que antes era de 2,2%/PBI.

La información difundida por el Ministerio de Economía también detalla que el gasto primario total se redujo 2,2% interanual en términos reales. Este ajuste se produjo en simultáneo con incrementos en algunas partidas sociales. Las erogaciones en concepto de Asignación Universal por Hijo (AUH) mostraron un aumento de 8,6%, mientras que las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 1,2 por ciento.

Caputo subrayó que estos números reafirman el compromiso del Gobierno con lo que definió como el “ancla fiscal”, que considera un pilar fundamental del programa económico en curso. El ministro señaló la prioridad de mantener el orden en las cuentas públicas para avanzar hacia la estabilidad macroeconómica. En líenas

El comunicado oficial destaca que el resultado positivo en las cuentas contribuye a la estabilidad y permite continuar con el proceso de reducción de impuestos, que el Gobierno considera una herramienta para devolver recursos al sector privado. Es que la reforma tributaria es el próximo paso, que al menos declara, que quiere dar el Gobierno. Durante la última conferencia de prensa por la baja de retenciones al campo, Caputo confesó sus intenciones de convocar a los gobernadores.

Las cifras informadas se enmarcan en la estrategia oficial de priorizar la disciplina fiscal como eje del programa económico y de la política pública. El Gobierno comunicó su intención de sostener la tendencia positiva en los próximos meses, con la expectativa de consolidar la recuperación de las cuentas públicas y generar condiciones para mayores reducciones impositivas.

De cara a los próximos meses, Caputo tomó medidas para blindar el superávit fiscal y financiero. Entre ellas postergar hasta fines de octubre, principios de noviembre, la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como adelanto Infobae. Una decisión que cuenta con el aval del FMI, pero que expone la “sabana corta” que tiene el equipo económico ya que el ministro tenía particular interés en darle esta “seguro” ante futuras indemnizaciones al sector privado.

En el último informe staff report, el organismo expuso que las autoridades argentinas se comprometieron a reducir subsidios a la energía, mejorar la orientación de las transferencias sociales y racionalizar el gasto discrecional para alcanzar el objetivo de superávit fiscal primario de cerca de 1,5%/PBI este año.

Pero en el documento, el FMI también reveló el equipo económico se comprometió a adoptar medidas adicionales para resguardar el ancla fiscal. Entre ellas, además de diferir la reforma laboral, el fortalecimiento de impuestos especiales (0,10% del PBI) y la mejora en la focalización de subsidios al transporte (0,10% del PBI).

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