El Gobierno logró que el oficialismo avance en Diputados en el tratamiento del proyecto de ley para pagarles a los holdouts que ya cuenta con media sanción del Senado.

En un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia, los diputados del oficialismo y de los bloques aliados dictaminaron de manera positiva sobre los acuerdos de conciliación con Bainbridge ltd. y otros acreedores como Attestor Value Master Fund.

El dictamen obtuvo 42 firmas y con eso quedó listo para llevarlo al recinto en la Cámara de Diputados la próxima semana.

En el plenario expuso sobre el proyecto el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija: «Creemos que son acuerdos muy beneficiosos porque implican una reducción sustancial sobre las acreencias que tenían los acreedores“.

“Esto produce la finalización de estos juicios, que son los principales holdouts que quedaban con litigios activos, y esto elimina riesgos de embargos, etc.”, agregó. Junto a él se encontraba Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación.

El titular de la Comisión de Presupuesto, el libertario Bertie Benegas Lynch, señaló que el acuerdo que se buscará aprobar en el recinto de la Cámara baja implica el pago de USD 362 millones. Además, que la causa que se podría reestablecer sin el acuerdo podría implicar embargos sobre acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

El sitio especializado El Parlamentario explicó que los legisladores del oficialismo señalaron que existía cierto apuro para aprobar este acuerdo, ya que vence el próximo 30 de junio y sin la aprobación total de ambas Cámaras se reactiva el proceso judicial. “Si no se aprueba el acuerdo conciliatorio, podría caerse”, advirtió el titular de Presupuesto y Hacienda.

El bloque de Unión por la Patria presentó objeciones respecto del acuerdo y cuestionó que a su juicio no estaba desgranada “la composición del pago”.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz cuestionó la falta de información y transparencia del gobierno nacional en el tratamiento del proyecto de ley y advirtió que el oficialismo impulsa el pago con “demasiado apuro”, sin brindar al Congreso los elementos necesarios para evaluar la conveniencia de la operación para el Estado argentino.

Uno de los principales cuestionamientos que expresó Tolosa Paz y que quedó en el dictamen de Unión por la Patria radica en la ausencia de información que permita determinar si el acuerdo respeta el principio de equidad respecto de los acreedores que participaron de los canjes de deuda de 2005 y 2010. En ese sentido, remarcó que el expediente no aporta datos suficientes sobre el precio de adquisición de los títulos, la rentabilidad obtenida por los fondos litigantes ni la composición económica de los pagos acordados.

“Traen un expediente y se toman el tupé de cambiar los anexos como si fuesen papelitos de colores. Estamos hablando de más de 171 millones de dólares y no han explicado cómo se conforma ese pago“, afirmó.

Además, la diputada y varios de sus colegas reclamaron la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en la Cámara de Diputados para que brinde precisiones sobre la operación y el rumbo del endeudamiento público. «Desde que es ministro, jamás vino a explicar ni el rumbo económico ni cada vez que toma deuda o viene a pagarle a los holdouts“, sostuvo.

Ante el requerimiento de UP, el funcionario nacional precisó que Bainbridge tiene una sola sentencia por 96 millones de dólares y el acuerdo de pago prevé un pago de 66 millones, de ahí que se hable de un ahorro del 30%. En el caso de Attestor, son varias sentencias por 460 millones de dólares, aproximadamente. Este grupo de acreedores embargó fondos depositados en Estados Unidos por USD 300 millones para cobrar su sentencia.

Luis Caputo,José García Hamilton,Juan Ignacio Stampalija

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La reforma del sistema de selección de jueces de la Corte Suprema y otras autoridades judiciales que oficializó el Gobierno nacional sumó cuestionamientos de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, que advirtieron que los cambios representan un retroceso en materia de transparencia, participación ciudadana y diversidad en la integración del máximo tribunal.

Las críticas apuntaron al decreto 467/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, que modificó los decretos 222 y 588 de 2003. La norma eliminó la instancia que permitía a ciudadanos, universidades, asociaciones y organizaciones presentar observaciones o impugnaciones a las candidaturas antes de que fueran remitidas al Senado. La iniciativa también suprimió las referencias a la necesidad de contemplar criterios de igualdad de género, especialidad y procedencia geográfica al momento de proponer integrantes para la Corte Suprema.

Los cuestionamientos fueron expresados en un documento conjunto firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la campaña GQUAL. Las entidades sostuvieron que la reforma implica “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género y, por ende, también para la calidad de nuestra democracia”. Además, señalaron que los cambios “debilitan los estándares sobre acceso igualitario a los cargos judiciales y reducen los espacios de escrutinio público sobre algunas de las decisiones más importantes de nuestro sistema institucional”.

En ese contexto, Clara Lucarella, coordinadora del Programa de Democracia de ACIJ, afirmó que “los aportes realizados por distintos sectores en el último proceso de designación de jueces de la Corte Suprema reflejaron que existe un interés y movilización en torno a estos temas”. Agregó: “Eliminar la posibilidad de que la ciudadanía pueda participar en el marco de las designaciones judiciales implica un obstáculo para el ejercicio del escrutinio público y un retroceso que daña la calidad de nuestra democracia”.

La reforma había sido anticipada por el Gobierno con el argumento de acelerar los procesos de cobertura de vacantes y reducir etapas administrativas. La Casa Rosada también sostuvo que la participación ciudadana continúa garantizada durante el trámite legislativo en el Senado, que conserva la atribución constitucional de prestar acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, las organizaciones rechazaron esa interpretación y señalaron que la instancia eliminada tenía una finalidad distinta. “La intervención de la ciudadanía en la etapa inicial permite aportar información, formular observaciones y enriquecer la evaluación que realiza el propio Poder Ejecutivo”, indicaron. A su entender, eso podía “influenciar su propuesta y conducir al Presidente a enviar otra”.

Ese mecanismo había sido establecido hace más de dos décadas por los decretos 222 y 588 de 2003, impulsados durante la presidencia de Néstor Kirchner. Las normas incorporaron estándares de transparencia y participación ciudadana para los procesos de selección de jueces de la Corte Suprema, magistrados, fiscales y defensores públicos.

Uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la modificación fue la necesidad de agilizar los nombramientos. Sin embargo, las organizaciones sostuvieron que el mecanismo eliminado demandaba menos de dos meses y que ese plazo resultaba “más que razonable” frente a los tiempos que suelen insumir las vacantes judiciales en la Argentina. “No caben dudas de que los beneficios de la participación son aquí mayores que sus costos de tiempo”, señalaron.

Otro de los aspectos cuestionados por las organizaciones fue la eliminación de los criterios vinculados con la igualdad de género y la diversidad para la integración de la Corte Suprema. Según el documento, la medida “obstaculiza la integración de un tribunal con perfiles diversos y distintas trayectorias, que sea más representativo de nuestra comunidad, y atenta contra el deber estatal de asegurar la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos”.

Las entidades también cuestionaron uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno. “La afirmación del Poder Ejecutivo de que esos criterios no se encuentran expresamente previstos en la Constitución Nacional no es correcta”, señalaron. También recordaron que el derecho a la igualdad en la participación pública y política está reconocido en distintos tratados internacionales incorporados al bloque constitucional.

Las organizaciones vincularon la reforma con antecedentes recientes relacionados con las vacantes en el máximo tribunal. Recordaron que durante los últimos años distintas entidades formularon objeciones a las candidaturas impulsadas por el Poder Ejecutivo, tanto por los perfiles de los postulantes como por la ausencia de paridad de género en la Corte.

En el documento, señalaron que esas observaciones fueron presentadas justamente a través de los mecanismos de participación previstos por el decreto 222/03 y recordaron que posteriormente el Gobierno avanzó con designaciones por decreto. “Que la respuesta institucional frente a esa experiencia sea reducir los espacios de participación y los criterios de diversidad constituye una señal preocupante de cara al futuro”, afirmaron.

En el cierre del comunicado, las entidades reivindicaron el valor de los mecanismos de control ciudadano. “La participación ciudadana robustece la calidad de las decisiones y la rendición de cuentas, mientras que la diversidad dota de mayor legitimidad a nuestro sistema de justicia”, sostuvieron. Y concluyeron con una advertencia: “La designación de las autoridades judiciales es una de las decisiones de mayor trascendencia en nuestro país, y como tal, requiere de mayores controles, no de menos. En definitiva, son esas personas las que decidirán sobre nuestros derechos”.

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