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POLITICA

Un exministro de Alberto Fernández declaró como testigo y respaldó un decreto que complicó al expresidente

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El exministro de Economía Martín Guzmán respaldó en la Justicia el decreto de Alberto Fernández que obligó a las dependencias del Estado a asegurarse con Nación Seguros, empresa del Estado vinculada al Banco Nación.

Guzmán declaró este miércoles en la causa que investiga presuntas irregularidades en esas contrataciones, un expediente en el que Fernández sigue imputado.

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El exfuncionario, uno de los pocos que respondía a Fernández, defendió la “racionalidad” del decreto, destinado, dijo, a proteger los intereses del Estado ante eventuales catástrofes.

Guzmán no se refirió, sin embargo, a la intermediación que en aquellas contrataciones ejercieron los brokers, uno de ellos, Héctor Martínez Sosa, íntimamente ligado a Fernández.

El testimonio de Guzmán fue solicitado por la defensa del expresidente, liderada por la abogada Mariana Barbitta, quien recibió al exministro en los tribunales.

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El exministro Martín Guzmán en Comodoro Py

En su declaración, Guzmán argumentó que, en caso de un “shock sistémico”, cualquier aseguradora privada no podría estar en condiciones de cubrir los daños, que deberían ser afrontados por el Estado.

“Con este decreto, el Estado le paga al propio Estado, se autoasegura”, afirmó Guzmán, alejado hoy de la función pública. “Era positivo, la política pública era positiva, porque defendía los intereses del Estado Nacional”, sostuvo.

El exministro, que recibió preguntas solo de la abogada del expresidente, no hizo alusiones a la participación de los brokers, cuyos servicios, en un mercado reducido a una sola opción, quedaron bajo la lupa de la Justicia.

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Alberto Fernández y Héctor Martínez Sosa

Uno de los intermediarios favorecidos fue Martínez Sosa, amigo de Fernández y marido de la entonces secretaria presidencial, María Cantero. El negocio del broker Martínez Sosa creció exponencialmente en esos años, tal como quedó plasmado en el expediente.

La situación de Fernández en esta causa fue sinuosa. Fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con su cargo, acusado de haber favorecido a una persona de su más estrecha cercanía.

El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal, pero el fiscal de esa instancia, Jose Agüero Iturbe, no había sostenido la acusación de Carlos Rívolo y dijo que había que seguir investigando.

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A partir de ese dictamen, la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal, revocó el procesamiento y luego se ordenó la falta de mérito del expresidente, que sigue siendo investigado en primera instancia.

El decreto

El decreto sobre el que gira la participación de Fernández es el 823/2021. Dispuso que las dependencias y organismos del Estado nacional debían contratar sus seguros con Nación Seguros S.A.

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“Nunca me hubieran llevado un decreto a la firma si no estaba todo el proceso realizado en forma correcta”, dijo Guzmán, al defender el trámite administrativo que precedió al dictado de la medida.

Sin embargo, Fernández podría haber tenido todavía un rol todavía más activo en la supuesta maniobra. Algunos elementos en el expediente sugieren que Cantero, su secretaria, oficiaba de nexo entre él y su marido, el broker Martínez Sosa.

En uno de los chats recabados en el expediente, la mujer se quejó ante Fernández afirmando que estaban “sacándole Cancillería a Hecky [el apodo de Martínez Sosa] y nombrando a otro productor”.

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“Ya me ocupo”, le contestó Fernández. Unos días después, Cantero le informó a su marido que Fernández le había dicho que ya había hablado con el ministro del área, Santiago Cafiero. Y Martínez Sosa terminó conservando el negocio.




Federico González del Solar,Conforme a

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POLITICA

Los gremios más combativos calcularon cuánto debería ser el salario mínimo: supera los $3,1 millones Copiar título

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Según un índice elaborado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a las organizaciones gremiales más combativas de las tres centrales obreras, el salario mínimo debería alcanzar los $3.178.287 mensuales para cubrir las necesidades establecidas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo La cifra representa más de ocho veces el salario mínimo vigente.

El relevamiento toma como referencia los gastos necesarios para cubrir las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo, entre ellas alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y esparcimiento.

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La presentación del índice de octubre se realizó en la sede de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), con la participación de dirigentes de sindicatos industriales, estatales, docentes y del transporte, que cuestionaron la política salarial del gobierno de Javier Milei y denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

El salario mínimo que reclama el FreSu representa más de ocho veces el básico actual (Foto: FreSU).

El secretario general de APLA, Pablo Biró, sostuvo que el índice busca exponer la situación de los trabajadores frente al ajuste económico. “Dijeron mentiras como que el costo del ajuste lo iba a pagar la casta y terminaron recortando salarios, pegándole a los jubilados, echando trabajados estatales, recortando fondos para la educación”, cuestionó.

Cuánto debería destinarse a alimentación, vivienda y otros gastos

La estimación del FreSU establece que una familia necesita $677.755 para alimentación adecuada y otros $640.994 para acceder a una vivienda digna. A esos gastos se suman $389.223 para salud, $278.679 para educación y cultura y $147.695 para vestimenta.

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El cálculo también contempla $685.329 para transporte, esparcimiento y vacaciones, mientras que asigna $349.612 a previsión social. Los sindicatos sostienen que esos componentes permiten establecer un salario mínimo acorde con las necesidades de una familia trabajadora.

El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora (Ftciodyara), Daniel Yofra, explicó que la metodología recupera y actualiza un estudio que realizaba el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para determinar el salario necesario para garantizar una vida digna.

El FreSU presentó el índice de octubre en una conferencia de prensa (Foto: FreSU).
El FreSU presentó el índice de octubre en una conferencia de prensa (Foto: FreSU).

Según el dirigente, “la actualización de este índice no es un capricho del FreSU”, sino que responde a los criterios establecidos por la Constitución Nacional y la legislación laboral.

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que desde la llegada de Milei al Gobierno los trabajadores privados acumularon una pérdida promedio de $3.192.523, mientras que entre los estatales alcanzó los $16.594.583, según sus estimaciones.

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El FreSU está integrado por organizaciones como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, los gremios aceiteros, docentes, aeronáuticos, marítimos, molineros, papeleros y viales.

Salario Mínimo, salario Mínimo vital y móvil, salarios, FRESU, TNS

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POLITICA

Javier Milei y sus medidas, en vivo: el presidente llamó a Lula “zurdo ladrón” días antes del balotaje en Brasil

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Un tenso intercambio verbal entre Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y Andrés Leone (La Libertad Avanza) tuvo lugar este martes durante el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que preside Bertie Benegas Lynch.

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El nuevo encuentro entre representantes de La Libertad Avanza (LLA) y Pro, se realizó este martes en la Casa Rosada. Con una duración más corta que lo habitual, y una agenda con distintos temas legislativos, el avance por un posible acuerdo electoral volvió a quedar supeditado a lo que pueda pasar en el Congreso, alrededor de la reforma electoral, que apunta a la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich habló este martes sobre una posible candidatura a presidente y dijo que, si bien se encuentra “preparada” para hacerlo, el presidente Javier Milei “lleva la delantera” para encabeza la fórmula del oficialismo. Además, marcó cuáles son los dos puntos que el Gobierno debe mejorar rumbo a las elecciones de 2027 y se refirió al respaldo económico de Estados Unidos.

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La puja entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados por los vaivenes en materia de discapacidad es cada vez más evidente. A menos de 24 horas de la megasesión de mañana, el bloque oficialista continuaba negociando hasta anoche con sus aliados un proyecto que contemple los reclamos del sector. Las presiones son variadas y hoy llegaron a su punto más alto con el desembarco de la Iglesia en el Congreso.

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El Gobierno postergó el debate de la Ley de Malvinas y negocia cambios para sumar apoyos – Nexofin

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El oficialismo aplazó el avance de la denominada Ley de Malvinas, un proyecto que excede el reclamo de soberanía sobre las islas e incluye modificaciones en materia de defensa, inteligencia y financiamiento de los partidos políticos. La discusión en comisiones se reprogramó para el 27 de octubre, mientras el Gobierno busca ajustar el texto para conseguir respaldo legislativo.

La decisión llegó después de que distintos bloques reclamaran cambios y surgieran reparos desde Estados Unidos. Según trascendió, empresas de ese país cuestionaron la falta de precisión en las sanciones previstas para compañías extranjeras.

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La llegada a la Argentina del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y de Juan Pablo Segura, responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, suma otro factor a las negociaciones.

El Gobierno impuso el secreto militar para la compra de equipamiento a las Fuerzas Armadas

Uno de los puntos que el Gobierno prevé modificar es el artículo que contempla penas de hasta 12 años de prisión para quienes, por cuenta de agentes extranjeros, intenten alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.

La nueva versión eliminaría la referencia a las “campañas de desinformación”, cuestionada por organizaciones periodísticas y especialistas en derecho constitucional por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.

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También se analiza ampliar la integración del Consejo de Seguridad Nacional con la incorporación del Ministerio de Seguridad y de los presidentes de ambas cámaras del Congreso. El proyecto sumaría, además, una comisión bicameral para supervisar su funcionamiento.

El respaldo parlamentario sigue sin estar asegurado. El peronismo anticipó que acompañaría únicamente el capítulo dedicado a Malvinas y pidió tratarlo por separado.

En paralelo, el oficialismo deberá negociar con sus aliados de Pro, la UCR y los bloques de centro para reunir los votos necesarios.

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Javier Milei celebró el récord de exportaciones: “Argentina está generando una revolución subterránea”

La entrada El Gobierno postergó el debate de la Ley de Malvinas y negocia cambios para sumar apoyos se publicó primero en Nexofin.

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