POLITICA
El Gobierno opta por dejar la suerte de Adorni en manos del Congreso y advierte por el precedente que sentaría
Aunque consiguió demorar el tratamiento de la interpelación y eventual moción de censura en su contra, el presidente Javier Milei continúa sosteniendo a Manuel Adorni en el cargo y no tiene pensado pedirle la renuncia antes de que esas iniciativas parlamentarias avancen, por lo que dejó el futuro del jefe de Gabinete en manos del Congreso, que podría forzar su salida si la oposición logra reunir los votos para eso en ambas Cámaras.
El jueves pasado aparecía como una fecha clave para el destino del jefe de Gabinete, ya que el peronismo estaba presionando para que en la sesión que estaba prevista para ese día se debatiera, además de una ley de propiedad privada, la convocatoria del funcionario para que diera precisiones sobre su patrimonio, en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.
“No lo va a sacar el Presidente. Tendrán que estar dispuestos a sentar un precedente complejo para este y los gobiernos futuros”, remarcó un integrante de la mesa política.
Tanto en el Senado como en Diputados hay intentos de los distintos bloques para destituir al ex vocero, pero en el oficialismo reconocen que, si bien hay gestiones en los dos recintos, “ahora urge solucionar el tema” en el primero de ellos.
Es que, aunque La Libertad Avanza pudo postergar el encuentro, será solamente por una semana, ya que el mismo se reprogramó para el 25 de junio y con las iniciativas del peronismo como parte del temario.
“Si ese proyecto tiene mayoría, Adorni tendrá una interpelación y eso podría llevar, o no, a una moción de censura. Fue el acuerdo al que llegamos. Yo informaré ahora al Poder Ejecutivo sobre esto y veremos qué medidas se toman”, explicó Patricia Bullrich al salir de la reunión de labor parlamentaria.
La líder de la bancada libertaria está llevando adelante las conversaciones con el resto de los partidos acompañada por el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, como representantes de la Casa Rosada.
En tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, hace lo propio reclamando apoyo al jefe de Gabinete cuando recibe en su oficina a los gobernadores de diferentes provincias, aunque sin demasiado éxito por el momento, tal como reveló este medio.
Aunque evitaron que el Congreso actúe, en Balcarce 50 niegan que haya sido parte de una estrategia para que el funcionario renuncie en el corto plazo y ratifican que si se va es por la maniobra de la oposición y no por decisión de Milei.
“Logramos suspender la sesión que estaba prevista para el jueves pasado y no lo hicimos con la promesa de que él mismo se irá (como insinuaban algunas versiones). Descomprimimos todo con el informe de gestión del 2 de julio y distintas conversaciones que fuimos teniendo”, aseguró uno de los actores involucrados en la negociación.
Al respecto, en el oficialismo consideran que los intentos de interpelación con finalidad de moción de censura “no es algo armado por el kirchnerismo, sino que es algo mucho más grande y ellos se terminaron colgando”.
“Hay una presión mediática para tratar de forzar la salida del jefe de Gabinete, que es lo mismo que intentaron hacer con el propio Presidente en el 2025 y no pudieron porque tiene apoyo masivo. Por eso decimos que Manuel es un escudo, no una piedra en el zapato, porque si él renuncia van a ir contra Javier Milei”, argumentó un diputado del círculo cercano del mandatario nacional.
En este sentido, en el partido advierten que, “si corren al jefe de Gabinete por una presunción, la gestión va a seguir, se pondrá a otro en su lugar o volverán a designarlo, pero habrá quedado la vara por el techo para el resto“.
“La pregunta es, si no reelegimos nosotros y el año que viene gana el PRO, ponele, ¿qué pasó con el que es su jefe de bloque (por Cristian Ritondo)? ¿O con el departamento de María Eugenia Vidal? ¿O con la causa por supuesto lavado en el que estaba involucrado Jorge Macri? Les vamos a hacer la vida imposible por lo malditos que son. Solo les importa seguir en el poder y cobrar un sueldo”, cuestionó el referente libertario.
La fuerza política fundada por Mauricio Macri es uno de los aliados que, a pesar de acompañar en gran medida a la actual administración, viene reclamando públicamente la renuncia de Adorni.
De hecho, tanto esa bancada como la de la UCR podrían ser decisivas en caso de que alguno de los proyectos de la oposición prospere en el Congreso, pero en ambos casos quieren evitar verse en la obligación de votar junto al kirchnerismo y es por eso que le exigen al Presidente que le pida la renuncia al ministro coordinador antes de que eso pase.
No obstante, aunque algunos de sus legisladores emitieron fuertes declaraciones sobre este asunto, no todo el PRO está convencido de que Adorni debería renunciar y, aunque no lo expresan en los medios, hay algunos que consideran necesario respaldar incondicionalmente al Gobierno, pero no pueden convencer a sus compañeros de eso.
Incluso es todavía una incógnita la posición que van a tener ante ese hipotético escenario Bullrich y los diputados que le responden a ella, porque la senadora tiene una mirada muy crítica del funcionario.
Mientras tanto, Marcela Pagano, una ex aliada de La Libertad Avanza, que consiguió una banca de la mano del oficialismo, presentó en el Congreso pedidos de juicio político contra Milei y Adorni.
La diputada explicó que la moción de censura implicaría que el jefe de Gabinete deje el cargo, pero nada impide que lo vuelvan a designar, mientras que la medida que ella impulsa “lo destituye e inhabilita para siempre a ejercer un rol en el Estado”.
En el oficialismo aclararon a Infobae que el proyecto de la también periodista ”no entró formalmente” al recinto y que, de todas formas, cuando eso suceda la iniciativa “será rechazada in limine”.
La comisión de Juicio Político, que es la que debe analizar estas presentaciones, es presidida por Lilia Lemoine, una de las pocas integrantes del bloque que respalda abiertamente a Adorni.
El puesto que ocupa la dirigente cercana a Milei había sido pretendido en 2024 por Pagano, lo que derivó en una fuerte discusión dentro del espacio, la ruptura del bloque y la salida de quien hasta entonces lo encabezaba, Oscar Zago.
En el entorno de Lemoine sostienen que la comunicadora “sabe que tiene que ser lo más rápida posible, porque este es el momento de máxima tensión y es consciente de que cuando la Justicia declare que Adorni es inocente se le termina el juego”.
“Esta es la prueba del golpe institucional. Ella fue la que lo denunció todo en primer lugar. Lo que están haciendo con este caso es volver a acusar todo el tiempo para que siempre haya una noticia nueva y todo se alargue”, agregaron.
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El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, respaldó una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof para 2027 y reclamó que el peronismo defina sus postulantes mediante elecciones primarias.
En una entrevista con Infobae al Regreso, también se refirió a la reorganización del justicialismo tras el encuentro entre Cristina Kirchner y Sergio Massa, denunció al presidente Javier Milei y al ministro Luis Caputo por el presunto desvío de fondos para infraestructura y confirmó que le gustaría competir por la gobernación bonaerense.
Katopodis respaldó a Kicillof y pidió primarias en el peronismo
En medio de las discusiones por el liderazgo del PJ, Katopodis defendió las elecciones primarias como mecanismo para resolver las candidaturas y evitar acuerdos entre las conducciones partidarias. “Hacer unas buenas primarias en el peronismo sería muy, pero muy saludable”, sostuvo, al cuestionar que las decisiones queden en manos de unos pocos dirigentes.
“Tenemos que generar las condiciones para que los candidatos los elija la gente y no los elijan cuatro dirigentes”, afirmó. Para el ministro, quien aspire a conducir el país deberá construir una autoridad política propia, respaldada por la sociedad y no solamente por un acuerdo de cúpula.
Consultado sobre quién reúne mejores condiciones para representar al peronismo en las próximas elecciones presidenciales, respaldó al gobernador bonaerense. “No tengo dudas de que Axel (Kicillof) es el que está en mejores condiciones”, respondió. Como argumento, mencionó la confianza que, según afirmó, encuentra en sus recorridas por la provincia.
Katopodis consideró que una eventual reelección de Milei podría contribuir a ordenar las prioridades de la oposición. “Lo que podría ser más grave es una reelección, cuatro años más. Me parece que eso va a ordenar”, señaló.
También valoró el papel de Cristina Kirchner en la reorganización del espacio y sostuvo que su participación puede ayudar a que los distintos sectores encuentren su lugar. Además, descartó que Máximo Kirchner sea un impedimento para una eventual candidatura presidencial de Kicillof: “Cada uno va a dar seguramente su opinión, va a participar, va a proponer”.
La denuncia contra Milei y Caputo por los fondos para infraestructura
Katopodis cuestionó el rumbo económico del Gobierno y describió un deterioro de los ingresos familiares y del mercado laboral. “El que no se endeudó vendió pertenencias, el que no vendió pertenencias vendió dólares, el que no vendió dólares le pidió prestado a algún familiar”, sostuvo.
Frente a ese escenario, planteó que el peronismo debe elaborar una propuesta para 2027 que combine la explotación de los recursos naturales con el desarrollo industrial y la generación de empleo. Entre sus prioridades, mencionó agregar valor a la producción, ampliar las exportaciones y fortalecer una red de proveedores vinculada con Vaca Muerta, las pymes, los centros tecnológicos y las universidades públicas.
Uno de sus principales cuestionamientos al Gobierno estuvo relacionado con el destino de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles. El ministro informó que presentó una denuncia contra Milei y Caputo por el presunto desvío de fondos que, según afirmó, debían financiar obras viales e hidráulicas. “Nos cobraron un impuesto, se llevaron la plata, desviaron esos fondos y las obras no se hicieron”, denunció.
Según detalló, una parte de la recaudación debe destinarse por ley a rutas y caminos, mientras que otra financia el Fondo Hídrico, destinado a prevenir inundaciones. Katopodis cifró en $400.000 millones los recursos de este último y en $1,5 billones los vinculados con la infraestructura vial.
El funcionario reclamó la intervención de la Justicia federal para investigar el manejo de esos fondos y exigir que se restituyan a sus destinos específicos. También cuestionó la presunta colocación de recursos en instrumentos financieros, una operatoria que, según su interpretación, no estaría contemplada por la normativa aplicable.
“Queremos que un juez, la Justicia penal, en este caso federal, actúe y obligue al Gobierno nacional a que reponga esos fondos”, afirmó.
Las obras hidráulicas y la aspiración de Katopodis a la gobernación
La denuncia se enmarca en las advertencias del ministro sobre posibles inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño. Para reducir los riesgos, la Provincia trabaja en el monitoreo de los cursos de agua, la limpieza de arroyos y canales y la continuidad de las obras hidráulicas.
Katopodis anunció, además, una plataforma pública de seguimiento hidrometeorológico que reúne datos de más de 180 estaciones, entre dispositivos provinciales, universidades y bolsas de cereales. Según anticipó, la red llegará a 400 estaciones y permitirá consultar variables como precipitaciones, vientos, temperaturas y niveles de los ríos.
Entre las obras en marcha, destacó el tramo final del Plan Maestro del Río Salado y las intervenciones en las cuencas de los ríos Luján y Areco, además de los trabajos sobre el arroyo Maldonado, en Bahía Blanca. El ministro sostuvo que estos proyectos requieren coordinación entre las distintas jurisdicciones y reclamó la participación de la Nación. “Necesitamos que el Gobierno nacional actúe, que aparezca la plata y que se hagan las obras”, afirmó.
Hacia el final de la entrevista, Katopodis confirmó que le gustaría competir por la gobernación bonaerense si Kicillof avanzara hacia una candidatura presidencial. “Tengo ganas. Me han preguntado si me gustaría y dije que sí”, reconoció.
Para fundamentar esa aspiración, repasó su trayectoria como intendente de San Martín, ministro nacional de Obras Públicas durante la presidencia de Alberto Fernández y actual titular de Infraestructura bonaerense. También cuestionó la paralización de la obra pública dispuesta por Milei y aseguró que más de 2.300 proyectos quedaron frenados desde el 10 de diciembre de 2023. Según sus cifras, la interrupción de las obras contribuyó a la pérdida de unos 200.000 puestos de trabajo en la construcción.
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POLITICA
ATE protestó frente a la Quinta de Olivos contra el nuevo plan de retiros voluntarios del Gobierno
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este miércoles a la Quinta Presidencial de Olivos para protestar contra el programa de retiros voluntarios lanzado por el Gobierno y el financiamiento previsto para su implementación a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La organziación sostuvo que se trata de un “nefasto programa” y un “negociado multimillonario” que pretende profundizar el proceso de ajuste sobre la estructura estatal.
El gremio también cuestionó la ausencia de Milei de las sedes oficiales de Gobierno. “Nunca van a la Casa Rosada y tampoco lo encontramos en Olivos. Se fue de nuevo a España sin una agenda oficial. Con la nuestra le estamos financiando a todo el Poder Ejecutivo el turismo internacional”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
“No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios. Este decreto es un negociado multimillonario. Si firmamos, no sólo estaremos perdiendo derechos logrados a través de los años sino que estaremos avalando que a través de sus consultoras (Federico) Sturzenegger y (Luis) Caputo se sigan llenando de plata”, añadió Aguiar.
ATE denunció además despidos, no renovación de contratos, reducción de puestos permanentes, incertidumbre laboral y el cierre o vaciamiento de organismos públicos.
“Nos quieren correr del Estado por migajas y tercerizar nuestras funciones. Este régimen es el inicio de un proceso de privatización de más del 90% de la Administración Pública”, sostuvo Aguiar.
Y añadió: “Endeudarse con el BID para financiar estos despidos es un delito. Está prohibido tomar deuda en moneda extranjera para financiar gasto corriente como piensan hacerlo”, concluyó.
El plan del Gobierno para reducir la planta estatal
El programa de retiros voluntarios fue oficializado mediante el decreto 1203/26 y alcanza a alrededor de 21.187 trabajadores de la administración pública nacional. Según la normativa, quienes adhieran no podrán reingresar al Estado durante un plazo de ocho años.
Además, el Gobierno dispuso que los cargos que queden vacantes no serán cubiertos nuevamente.
La medida forma parte de la estrategia de reducción del empleo público impulsada por la gestión libertaria desde su llegada al poder. De acuerdo con datos oficiales citados por el Gobierno, de los aproximadamente 341.000 empleados que integraban la administración pública nacional al inicio de la gestión, ya dejaron de formar parte de la planta cerca de 72.000 personas.
El objetivo oficial es profundizar ese proceso y alcanzar una reducción equivalente al 25% de la estructura estatal nacional hacia fin de año.
A su vez, el Gobierno reglamentó a partir del decreto 1177/26 una línea de crédito con el BID por más de 800 millones de dólares con distintos objetivos, de los cuales 300 estarían destinados a solventar los costos de los retiros voluntarios.
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POLITICA
Desalojos, expropiaciones y tierras: los principales puntos de la ley de propiedad privada que se aprobó en Diputados
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que introduce cambios en los procedimientos de desalojo, limita las condiciones en las que el Estado puede expropiar bienes y restablece las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, en una concesión del oficialismo a sus aliados para destrabar el tratamiento de la reforma.
El proyecto obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como la Cámara baja incorporó modificaciones al texto que había aprobado el Senado el 6 de agosto, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su revisión.
Entre sus puntos principales, la iniciativa apunta a acelerar los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles urbanos y rurales. Para ello, establece que las acciones de desalojo tramiten mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento más abreviado que el proceso ordinario.
En los casos de falta de pago de alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino para que regularice la deuda y otorgarle un plazo no inferior a 10 días corridos desde la recepción de la notificación. La intimación deberá especificar el lugar de pago.
Si el incumplimiento persiste, el locador podrá iniciar la acción de desalojo. El proyecto contempla un procedimiento de restitución del inmueble en un plazo de 10 días hábiles y habilita a solicitar la desocupación inmediata en los casos de falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución juratoria.
Esta última figura permite al solicitante asumir formalmente la responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar una medida indebida, sin que deba constituir necesariamente una garantía patrimonial.
La iniciativa también establece controles judiciales para determinados desalojos. Cuando se invoquen causas como el cambio de destino, el deterioro del inmueble, la realización de obras nocivas o el uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes.
En caso de que haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el magistrado deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional, sin que eso implique suspender el proceso judicial.
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