POLITICA
Milei y el daño infinito de Adorni: vocero nuevo, foto gastada
En una especie de tardío intento de control de daños, Javier Milei resolvió que Manuel Adorni mantenga el cargo de jefe de Gabinete, pero sin el arrastre como vocero presidencial. Se supone que la designación de Adrián Ravier como portavoz busca oxigenar la comunicación oficial y alejarla del caso que daña al Gobierno desde hace más de tres meses, en continuado. Ese objetivo, sin embargo, debe convivir con el sostenimiento del funcionario investigado por su vertiginoso crecimiento patrimonial. Este sábado, la foto de apoyo -un recurso gastado- será en Rosario, mientras persisten versiones sobre un recambio final. Todos los movimientos de Olivos, aunque asomen contradictorios, están marcados por el mismo trazo.
El cambio de vocero fue anunciado por el propio Adorni al final de un encuentro en Olivos. El trascendido sobre la reunión, que se extendió varias horas, repitió la letra del gesto de respaldo, esta vez frenteal virtual plazo que se había dado el Senado para tratar la interpelación al funcionario. El recorte de una de sus funciones anotó el dato nuevo, aunque reiterado como objetivo: correrlo del foco de atención político y público. Nada sencillo después de intentos fallidos.
Por lo pronto, la designación de Ravier alimentó esa consideración -es decir, restarle visibilidad a Adorni y a su caso– y también otra especulación, casi una esperanza para algunos funcionarios: que esta sea la última línea de sostén al jefe de los ministros. En segundo plano aparecieron otras lecturas, vinculadas a la interna en el círculo de Olivos, es decir, entre Karina Milei y Santiago Caputo. En general, tal vez por la gravedad del cuadro, las reacciones posteriores al anuncio sobre el cambio de vocero evitaron ese costado de la historia.
Ravier tiene relación con el Presidente desde mucho antes de llegar a ser diputado violeta por La Pampa. Compartieron el llano, no sin disgustos, que en las redes fueron rápidamente recordados: mensajes con descalificaciones como las que Milei suele utilizar, ahora contra opositores, periodistas o economistas críticos. El legislador llega al Gobierno para ocupar parte del lugar de Adorni, pieza de Karina Milei. Y tiene vínculos con el espacio de Santiago Caputo. Pero lo dicho: por ahora, no tendría relación con los equilibrios o desequilibrios internos.
Antes que nada, la decisión de contar con nuevo vocero busca encarar de otro modo el camino transitado sin éxito desde mediados de marzo: “mostrar gestión”. En sus primeras declaraciones luego del anuncio, Ravier dijo que su objetivo será “comunicar los logros del Gobierno”. Eso está asociado, como concepto, a la visión libertaria sobre el efecto Adorni, entre quienes lo respaldan cerradamente -y más bien atribuyen todo a un motor externo, mediático- y los que preferirían su alejamiento. Creen que opaca o directamente oculta datos positivos de gestión. Sólo esos.
De hecho, Luis Caputo quedó expuesto casi como solitario “vocero” en ese terreno, con acompañamiento de alguna franja de tuiteros violetas. Esas andanadas exponen de algún modo enojos y lamentos por el efecto del caso Adorni, junto a datos del mundo financiero, superávit o desaceleración inflacionaria. Por supuesto, la realidad es bastante más matizada: esos números conviven con informes estadísticos sobre la persistente caída del consumo o la crisis en diferentes rubros de la industria.
Como sea, la incorporación de Ravier llega en el umbral del nuevo gesto de apoyo a Adorni decidido por Olivos. Se trata, otra vez, de una escenificación del respaldo de los ministros y otros funcionarios, convocados especialmente para ir a Rosario, al igual que los jefes legislativos, entre ellos Patricia Bullrich. En cambio, la presencia de Victoria Villarruel necesitó de una diagonal en las invitaciones, por vía provincial. De todos modos, el tema del quiebre entre la vicepresidente y Olivos aparece un escalón por debajo de la tensión mayor de estos días.
Si no hay cambios, será la segunda vez consecutiva en que una celebración patria pierde el sentido propio y queda subordinada al juego doméstico del Gobierno. Antes había sido el 25 de Mayo, de manera visible en el Tedeum y las posteriores imágenes que buscó asegurarse Olivos. También entonces eran postales de respaldo al jefe de Gabinete.
No termina allí la serie. La agenda de los días que vienen expone hasta qué punto el caso Adorni tiñe el terreno político. La mira estará puesta en el Congreso, en una semana marcada además por una nueva gira presidencial.
Diputados enfrenta una doble prueba. Para el martes, está convocada una sesión especial que fue motorizada por la oposición para tratar de iniciar el trámite de la interpelación. Existen dudas sobre el número para lograr quórum. Y eso en buena medida depende hasta ahora de cómo juegan dialoguistas y aliados -amarillos, radicales, provinciales-, en parte por la expectativa que generó el Senado y también de acuerdo con lo que empujen los gobernadores, siempre con negociaciones abiertas por cuestiones de fondos.
A la par, el oficialismo tiene que resolver si realmente sostiene el llamado a la sesión del miércoles, para tratar proyectos que se vienen demorando: la ampliación del RIGI y el aval al acuerdo con holdouts. El compromiso de legisladores para garantizar número suficiente también depende del clima político más amplio y no sólo del repetido objetivo del oficialismo, necesitado de mostrar resultados.
En el Senado, el cuadro es más denso, porque puso a prueba la relación entre LLA y bloques que suelen acompañar sus iniciativas, muchas veces con cambios en los proyectos y en función de tratos más amplios con jefes provinciales. La semana pasada, Bullrich cerró un entendimiento con los jefes de otros espacios en base a dos putos: levantar la sesión programada para tratar el postergado proyecto sobre propiedad privada y fijar el jueves próximo para ir al recinto con el pedido de interpelación a Adorni como primer punto.
Pero antes, el martes, habrá que ver si el mileismo logra frenar por unas semanas la carga sobre el jefe de Gabinete. Se trata de una vuelta de tuerca sobre las mayorías necesarias para tratar ya el tema o tener que pasar antes por comisión. En otras palabras, ganar tiempo. Pero ocurre que, más allá de la tensión que genera esa jugada -y de las negociaciones “reservadas” con aliados-, Adorni debería ir al Senado a principios de julio para dar su informe, muy demorado.
Por supuesto, la repercusión y la persistencia del caso no depende exclusivamente de lo que haga Olivos y de lo que suceda en el Congreso. Las novedades en el frente judicial parecen inagotables. Y nada indica que la sucesión sea cerrada por el penoso capítulo de la compra de colchones y artículos de blanquería, en efectivo y a nombre de una empleada de la Casa Rosada. Más bien, al contrario.
adrián ravier y milei
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, respaldó una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof para 2027 y reclamó que el peronismo defina sus postulantes mediante elecciones primarias.
En una entrevista con Infobae al Regreso, también se refirió a la reorganización del justicialismo tras el encuentro entre Cristina Kirchner y Sergio Massa, denunció al presidente Javier Milei y al ministro Luis Caputo por el presunto desvío de fondos para infraestructura y confirmó que le gustaría competir por la gobernación bonaerense.
Katopodis respaldó a Kicillof y pidió primarias en el peronismo
En medio de las discusiones por el liderazgo del PJ, Katopodis defendió las elecciones primarias como mecanismo para resolver las candidaturas y evitar acuerdos entre las conducciones partidarias. “Hacer unas buenas primarias en el peronismo sería muy, pero muy saludable”, sostuvo, al cuestionar que las decisiones queden en manos de unos pocos dirigentes.
“Tenemos que generar las condiciones para que los candidatos los elija la gente y no los elijan cuatro dirigentes”, afirmó. Para el ministro, quien aspire a conducir el país deberá construir una autoridad política propia, respaldada por la sociedad y no solamente por un acuerdo de cúpula.
Consultado sobre quién reúne mejores condiciones para representar al peronismo en las próximas elecciones presidenciales, respaldó al gobernador bonaerense. “No tengo dudas de que Axel (Kicillof) es el que está en mejores condiciones”, respondió. Como argumento, mencionó la confianza que, según afirmó, encuentra en sus recorridas por la provincia.
Katopodis consideró que una eventual reelección de Milei podría contribuir a ordenar las prioridades de la oposición. “Lo que podría ser más grave es una reelección, cuatro años más. Me parece que eso va a ordenar”, señaló.
También valoró el papel de Cristina Kirchner en la reorganización del espacio y sostuvo que su participación puede ayudar a que los distintos sectores encuentren su lugar. Además, descartó que Máximo Kirchner sea un impedimento para una eventual candidatura presidencial de Kicillof: “Cada uno va a dar seguramente su opinión, va a participar, va a proponer”.
La denuncia contra Milei y Caputo por los fondos para infraestructura
Katopodis cuestionó el rumbo económico del Gobierno y describió un deterioro de los ingresos familiares y del mercado laboral. “El que no se endeudó vendió pertenencias, el que no vendió pertenencias vendió dólares, el que no vendió dólares le pidió prestado a algún familiar”, sostuvo.
Frente a ese escenario, planteó que el peronismo debe elaborar una propuesta para 2027 que combine la explotación de los recursos naturales con el desarrollo industrial y la generación de empleo. Entre sus prioridades, mencionó agregar valor a la producción, ampliar las exportaciones y fortalecer una red de proveedores vinculada con Vaca Muerta, las pymes, los centros tecnológicos y las universidades públicas.
Uno de sus principales cuestionamientos al Gobierno estuvo relacionado con el destino de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles. El ministro informó que presentó una denuncia contra Milei y Caputo por el presunto desvío de fondos que, según afirmó, debían financiar obras viales e hidráulicas. “Nos cobraron un impuesto, se llevaron la plata, desviaron esos fondos y las obras no se hicieron”, denunció.
Según detalló, una parte de la recaudación debe destinarse por ley a rutas y caminos, mientras que otra financia el Fondo Hídrico, destinado a prevenir inundaciones. Katopodis cifró en $400.000 millones los recursos de este último y en $1,5 billones los vinculados con la infraestructura vial.
El funcionario reclamó la intervención de la Justicia federal para investigar el manejo de esos fondos y exigir que se restituyan a sus destinos específicos. También cuestionó la presunta colocación de recursos en instrumentos financieros, una operatoria que, según su interpretación, no estaría contemplada por la normativa aplicable.
“Queremos que un juez, la Justicia penal, en este caso federal, actúe y obligue al Gobierno nacional a que reponga esos fondos”, afirmó.
Las obras hidráulicas y la aspiración de Katopodis a la gobernación
La denuncia se enmarca en las advertencias del ministro sobre posibles inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño. Para reducir los riesgos, la Provincia trabaja en el monitoreo de los cursos de agua, la limpieza de arroyos y canales y la continuidad de las obras hidráulicas.
Katopodis anunció, además, una plataforma pública de seguimiento hidrometeorológico que reúne datos de más de 180 estaciones, entre dispositivos provinciales, universidades y bolsas de cereales. Según anticipó, la red llegará a 400 estaciones y permitirá consultar variables como precipitaciones, vientos, temperaturas y niveles de los ríos.
Entre las obras en marcha, destacó el tramo final del Plan Maestro del Río Salado y las intervenciones en las cuencas de los ríos Luján y Areco, además de los trabajos sobre el arroyo Maldonado, en Bahía Blanca. El ministro sostuvo que estos proyectos requieren coordinación entre las distintas jurisdicciones y reclamó la participación de la Nación. “Necesitamos que el Gobierno nacional actúe, que aparezca la plata y que se hagan las obras”, afirmó.
Hacia el final de la entrevista, Katopodis confirmó que le gustaría competir por la gobernación bonaerense si Kicillof avanzara hacia una candidatura presidencial. “Tengo ganas. Me han preguntado si me gustaría y dije que sí”, reconoció.
Para fundamentar esa aspiración, repasó su trayectoria como intendente de San Martín, ministro nacional de Obras Públicas durante la presidencia de Alberto Fernández y actual titular de Infraestructura bonaerense. También cuestionó la paralización de la obra pública dispuesta por Milei y aseguró que más de 2.300 proyectos quedaron frenados desde el 10 de diciembre de 2023. Según sus cifras, la interrupción de las obras contribuyó a la pérdida de unos 200.000 puestos de trabajo en la construcción.
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POLITICA
ATE protestó frente a la Quinta de Olivos contra el nuevo plan de retiros voluntarios del Gobierno
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este miércoles a la Quinta Presidencial de Olivos para protestar contra el programa de retiros voluntarios lanzado por el Gobierno y el financiamiento previsto para su implementación a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La organziación sostuvo que se trata de un “nefasto programa” y un “negociado multimillonario” que pretende profundizar el proceso de ajuste sobre la estructura estatal.
El gremio también cuestionó la ausencia de Milei de las sedes oficiales de Gobierno. “Nunca van a la Casa Rosada y tampoco lo encontramos en Olivos. Se fue de nuevo a España sin una agenda oficial. Con la nuestra le estamos financiando a todo el Poder Ejecutivo el turismo internacional”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
“No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios. Este decreto es un negociado multimillonario. Si firmamos, no sólo estaremos perdiendo derechos logrados a través de los años sino que estaremos avalando que a través de sus consultoras (Federico) Sturzenegger y (Luis) Caputo se sigan llenando de plata”, añadió Aguiar.
ATE denunció además despidos, no renovación de contratos, reducción de puestos permanentes, incertidumbre laboral y el cierre o vaciamiento de organismos públicos.
“Nos quieren correr del Estado por migajas y tercerizar nuestras funciones. Este régimen es el inicio de un proceso de privatización de más del 90% de la Administración Pública”, sostuvo Aguiar.
Y añadió: “Endeudarse con el BID para financiar estos despidos es un delito. Está prohibido tomar deuda en moneda extranjera para financiar gasto corriente como piensan hacerlo”, concluyó.
El plan del Gobierno para reducir la planta estatal
El programa de retiros voluntarios fue oficializado mediante el decreto 1203/26 y alcanza a alrededor de 21.187 trabajadores de la administración pública nacional. Según la normativa, quienes adhieran no podrán reingresar al Estado durante un plazo de ocho años.
Además, el Gobierno dispuso que los cargos que queden vacantes no serán cubiertos nuevamente.
La medida forma parte de la estrategia de reducción del empleo público impulsada por la gestión libertaria desde su llegada al poder. De acuerdo con datos oficiales citados por el Gobierno, de los aproximadamente 341.000 empleados que integraban la administración pública nacional al inicio de la gestión, ya dejaron de formar parte de la planta cerca de 72.000 personas.
El objetivo oficial es profundizar ese proceso y alcanzar una reducción equivalente al 25% de la estructura estatal nacional hacia fin de año.
A su vez, el Gobierno reglamentó a partir del decreto 1177/26 una línea de crédito con el BID por más de 800 millones de dólares con distintos objetivos, de los cuales 300 estarían destinados a solventar los costos de los retiros voluntarios.
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POLITICA
Desalojos, expropiaciones y tierras: los principales puntos de la ley de propiedad privada que se aprobó en Diputados
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que introduce cambios en los procedimientos de desalojo, limita las condiciones en las que el Estado puede expropiar bienes y restablece las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, en una concesión del oficialismo a sus aliados para destrabar el tratamiento de la reforma.
El proyecto obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como la Cámara baja incorporó modificaciones al texto que había aprobado el Senado el 6 de agosto, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su revisión.
Entre sus puntos principales, la iniciativa apunta a acelerar los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles urbanos y rurales. Para ello, establece que las acciones de desalojo tramiten mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento más abreviado que el proceso ordinario.
En los casos de falta de pago de alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino para que regularice la deuda y otorgarle un plazo no inferior a 10 días corridos desde la recepción de la notificación. La intimación deberá especificar el lugar de pago.
Si el incumplimiento persiste, el locador podrá iniciar la acción de desalojo. El proyecto contempla un procedimiento de restitución del inmueble en un plazo de 10 días hábiles y habilita a solicitar la desocupación inmediata en los casos de falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución juratoria.
Esta última figura permite al solicitante asumir formalmente la responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar una medida indebida, sin que deba constituir necesariamente una garantía patrimonial.
La iniciativa también establece controles judiciales para determinados desalojos. Cuando se invoquen causas como el cambio de destino, el deterioro del inmueble, la realización de obras nocivas o el uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes.
En caso de que haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el magistrado deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional, sin que eso implique suspender el proceso judicial.
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