POLITICA
El Gobierno opta por dejar la suerte de Adorni en manos del Congreso y advierte por el precedente que sentaría
Aunque consiguió demorar el tratamiento de la interpelación y eventual moción de censura en su contra, el presidente Javier Milei continúa sosteniendo a Manuel Adorni en el cargo y no tiene pensado pedirle la renuncia antes de que esas iniciativas parlamentarias avancen, por lo que dejó el futuro del jefe de Gabinete en manos del Congreso, que podría forzar su salida si la oposición logra reunir los votos para eso en ambas Cámaras.
El jueves pasado aparecía como una fecha clave para el destino del jefe de Gabinete, ya que el peronismo estaba presionando para que en la sesión que estaba prevista para ese día se debatiera, además de una ley de propiedad privada, la convocatoria del funcionario para que diera precisiones sobre su patrimonio, en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.
“No lo va a sacar el Presidente. Tendrán que estar dispuestos a sentar un precedente complejo para este y los gobiernos futuros”, remarcó un integrante de la mesa política.
Tanto en el Senado como en Diputados hay intentos de los distintos bloques para destituir al ex vocero, pero en el oficialismo reconocen que, si bien hay gestiones en los dos recintos, “ahora urge solucionar el tema” en el primero de ellos.
Es que, aunque La Libertad Avanza pudo postergar el encuentro, será solamente por una semana, ya que el mismo se reprogramó para el 25 de junio y con las iniciativas del peronismo como parte del temario.
“Si ese proyecto tiene mayoría, Adorni tendrá una interpelación y eso podría llevar, o no, a una moción de censura. Fue el acuerdo al que llegamos. Yo informaré ahora al Poder Ejecutivo sobre esto y veremos qué medidas se toman”, explicó Patricia Bullrich al salir de la reunión de labor parlamentaria.
La líder de la bancada libertaria está llevando adelante las conversaciones con el resto de los partidos acompañada por el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, como representantes de la Casa Rosada.
En tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, hace lo propio reclamando apoyo al jefe de Gabinete cuando recibe en su oficina a los gobernadores de diferentes provincias, aunque sin demasiado éxito por el momento, tal como reveló este medio.
Aunque evitaron que el Congreso actúe, en Balcarce 50 niegan que haya sido parte de una estrategia para que el funcionario renuncie en el corto plazo y ratifican que si se va es por la maniobra de la oposición y no por decisión de Milei.
“Logramos suspender la sesión que estaba prevista para el jueves pasado y no lo hicimos con la promesa de que él mismo se irá (como insinuaban algunas versiones). Descomprimimos todo con el informe de gestión del 2 de julio y distintas conversaciones que fuimos teniendo”, aseguró uno de los actores involucrados en la negociación.
Al respecto, en el oficialismo consideran que los intentos de interpelación con finalidad de moción de censura “no es algo armado por el kirchnerismo, sino que es algo mucho más grande y ellos se terminaron colgando”.
“Hay una presión mediática para tratar de forzar la salida del jefe de Gabinete, que es lo mismo que intentaron hacer con el propio Presidente en el 2025 y no pudieron porque tiene apoyo masivo. Por eso decimos que Manuel es un escudo, no una piedra en el zapato, porque si él renuncia van a ir contra Javier Milei”, argumentó un diputado del círculo cercano del mandatario nacional.
En este sentido, en el partido advierten que, “si corren al jefe de Gabinete por una presunción, la gestión va a seguir, se pondrá a otro en su lugar o volverán a designarlo, pero habrá quedado la vara por el techo para el resto“.
“La pregunta es, si no reelegimos nosotros y el año que viene gana el PRO, ponele, ¿qué pasó con el que es su jefe de bloque (por Cristian Ritondo)? ¿O con el departamento de María Eugenia Vidal? ¿O con la causa por supuesto lavado en el que estaba involucrado Jorge Macri? Les vamos a hacer la vida imposible por lo malditos que son. Solo les importa seguir en el poder y cobrar un sueldo”, cuestionó el referente libertario.
La fuerza política fundada por Mauricio Macri es uno de los aliados que, a pesar de acompañar en gran medida a la actual administración, viene reclamando públicamente la renuncia de Adorni.
De hecho, tanto esa bancada como la de la UCR podrían ser decisivas en caso de que alguno de los proyectos de la oposición prospere en el Congreso, pero en ambos casos quieren evitar verse en la obligación de votar junto al kirchnerismo y es por eso que le exigen al Presidente que le pida la renuncia al ministro coordinador antes de que eso pase.
No obstante, aunque algunos de sus legisladores emitieron fuertes declaraciones sobre este asunto, no todo el PRO está convencido de que Adorni debería renunciar y, aunque no lo expresan en los medios, hay algunos que consideran necesario respaldar incondicionalmente al Gobierno, pero no pueden convencer a sus compañeros de eso.
Incluso es todavía una incógnita la posición que van a tener ante ese hipotético escenario Bullrich y los diputados que le responden a ella, porque la senadora tiene una mirada muy crítica del funcionario.
Mientras tanto, Marcela Pagano, una ex aliada de La Libertad Avanza, que consiguió una banca de la mano del oficialismo, presentó en el Congreso pedidos de juicio político contra Milei y Adorni.
La diputada explicó que la moción de censura implicaría que el jefe de Gabinete deje el cargo, pero nada impide que lo vuelvan a designar, mientras que la medida que ella impulsa “lo destituye e inhabilita para siempre a ejercer un rol en el Estado”.
En el oficialismo aclararon a Infobae que el proyecto de la también periodista ”no entró formalmente” al recinto y que, de todas formas, cuando eso suceda la iniciativa “será rechazada in limine”.
La comisión de Juicio Político, que es la que debe analizar estas presentaciones, es presidida por Lilia Lemoine, una de las pocas integrantes del bloque que respalda abiertamente a Adorni.
El puesto que ocupa la dirigente cercana a Milei había sido pretendido en 2024 por Pagano, lo que derivó en una fuerte discusión dentro del espacio, la ruptura del bloque y la salida de quien hasta entonces lo encabezaba, Oscar Zago.
En el entorno de Lemoine sostienen que la comunicadora “sabe que tiene que ser lo más rápida posible, porque este es el momento de máxima tensión y es consciente de que cuando la Justicia declare que Adorni es inocente se le termina el juego”.
“Esta es la prueba del golpe institucional. Ella fue la que lo denunció todo en primer lugar. Lo que están haciendo con este caso es volver a acusar todo el tiempo para que siempre haya una noticia nueva y todo se alargue”, agregaron.
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POLITICA
El Gobierno utilizará el sistema de alertas migratorias para impedir el ingreso de extranjeros que hayan difundido mensajes anti-Argentina
El Gobierno planea aplicar el DNU que habilita a impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que inciten al odio contra argentinos mediante el sistema de alertas que ya utiliza la Dirección Nacional de Migraciones. En el Ejecutivo aseguran que no está previsto crear una oficina específica ni modificar la arquitectura general de los controles fronterizos, sino incorporar la nueva conducta como una causal adicional de inadmisión y cancelación de residencia.
“El sistema es el mismo. Lo que se puede hacer es una alerta por la nueva causal prevista en el DNU”, expresan fuentes oficiales. La información podrá incorporarse a las bases que consulta Migraciones antes de autorizar el ingreso de un extranjero y durante los controles que se realizan en aeropuertos, puertos y pasos terrestres.
La operatoria vigente combina el análisis documental, el escaneo de pasaportes y documentos de viaje y el cruce con distintas bases de información. Las incidencias detectadas pueden derivar en la inadmisión de una persona en la frontera, de acuerdo con las causales establecidas por la Ley de Migraciones.
El cambio central será, por lo tanto, jurídico y no tecnológico. A las alertas que actualmente pueden originarse por antecedentes penales, pedidos de captura, prohibiciones judiciales, documentación irregular u otras restricciones se podrá sumar una advertencia vinculada con mensajes de odio, incitación a la violencia contra argentinos por su nacionalidad o ultrajes a símbolos patrios.
En la Casa Rosada no precisan todavía quién deberá producir la información inicial, cuál será el procedimiento para validarla ni qué elementos tendrán que acompañar una alerta. Tampoco aclaran si alcanzará con publicaciones públicas en redes sociales, informes consulares, denuncias particulares, reportes periodísticos o comunicaciones de organismos de seguridad extranjeros.
La distinción operativa que realiza el Gobierno depende de la ubicación de la persona. Cuando el extranjero se encuentre fuera del país y pretenda ingresar, Migraciones deberá evaluar la causal en el puesto de control. Cuando la conducta se produzca dentro del territorio argentino, el monitoreo y la detección quedarán bajo la competencia de las fuerzas federales.
“Lo que pase en la Argentina relacionado con eso es competencia de las fuerzas federales”, sostienen en Nación. Ese punto es relevante porque el Ejecutivo reformó durante 2025 los marcos de actuación de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con una ampliación de sus capacidades de prevención, análisis criminal y actuación en espacios digitales.
La nueva regulación de Gendarmería, por ejemplo, le asignó funciones específicas en materia de ciberdelito, ciberterrorismo e inteligencia criminal, además de su rol como policía auxiliar migratoria. También le reconoció capacidad para actuar en redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes de acceso abierto con fines preventivos frente a acciones criminales o terroristas.
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La reforma de la PSA fue más explícita respecto de la prevención en espacios públicos digitales sin autorización judicial. El alcance de esas facultades ya generó cuestionamientos por el riesgo de que el seguimiento de redes exceda la detección de delitos y avance sobre expresiones políticas, periodísticas o ciudadanas.
El Gobierno evita definir la futura aplicación como un sistema de vigilancia permanente de extranjeros. La explicación oficial es que las fuerzas federales detectarán conductas dentro de sus tareas habituales y comunicarán los antecedentes a Migraciones, que mantendrá la facultad administrativa de cancelar una residencia, intimar a la persona a abandonar el país o iniciar el procedimiento de expulsión.
El Decreto 681/2026 modificó los artículos 29, 62 y 63 de la Ley 25.871. La norma incluyó entre las causales migratorias los mensajes de odio formulados en forma oral o escrita, la incitación a la violencia contra el pueblo argentino o contra una persona por su nacionalidad y la participación o instigación de actos de ultraje contra los símbolos patrios.
El texto aclara que no deben quedar comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución. La reglamentación deberá establecer en la práctica dónde termina una manifestación crítica y dónde comienza una conducta que pueda activar una alerta, una inadmisión o la pérdida de la residencia.
En Balcarce 50 no dan detalles sobre el decreto reglamentario ni sobre los protocolos que deberán aplicar Migraciones y las fuerzas federales. Tampoco descartan que la medida sea judicializada por el instrumento utilizado, la amplitud de las nuevas causales y el margen de interpretación que deja la expresión “mensajes de odio”.
El Ejecutivo ya enfrentó un revés judicial por la reforma migratoria que impulsó mediante el DNU 366/2025. La Cámara Nacional Electoral anuló el capítulo que transfería a Migraciones la facultad de resolver pedidos de ciudadanía al entender que el Gobierno había avanzado mediante un DNU sobre una materia vinculada con derechos políticos y reservada al Congreso.
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El decreto de 2025 había sido más amplio: modificó reglas sobre ingreso, residencia, expulsión, ciudadanía y acceso a servicios públicos. El texto endureció los impedimentos migratorios y mantuvo un procedimiento administrativo con recursos de reconsideración, jerárquico y de alzada, además de la posibilidad de acudir a la Justicia.
El Gobierno había anunciado una transformación de la Dirección Nacional de Migraciones inspirada en el modelo estadounidense. Patricia Bullrich promovió antes de dejar el Ministerio de Seguridad la creación de una estructura con mayor capacidad operativa, mientras que el diseño posterior contempló una Agencia Federal de Migraciones con áreas de Control Migratorio y Política Migratoria.
La reforma nunca terminó de instrumentarse. El esquema se trabó por diferencias sobre la estructura, los recursos, la convivencia con la PSA y las facultades que tendría Diego Valenzuela al frente del organismo. La idea de contar con una policía migratoria propia quedó postergada y, por eso, el nuevo DNU se aplicará inicialmente con Migraciones como autoridad administrativa y las fuerzas federales como brazo de detección y actuación territorial.
La Casa Rosada ubica la medida dentro de una secuencia política que comenzó después de la final del Mundial. En la lectura oficial, las críticas contra la Argentina y sus hinchas derivaron luego en cuestionamientos a símbolos nacionales, entre ellos la bandera argentina con la referencia a las Islas Malvinas, y reactivaron la discusión sobre los beneficios que reciben los extranjeros en universidades y hospitales públicos.
Gobierno, Migraciones, DNU
POLITICA
Lula le respondió a Milei y calificó su presencia en el acto de Bolsonaro como un “disparate”
SAN PABLO (AFP).- En medio de la tensión y los cuestionamientos cruzados, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le contestó el miércoles por la noche a su par argentino, Javier Milei, al calificar su asistencia a la convención de su rival electoral de derecha, Flávio Bolsonaro (hijo del exmandatario), como una “payasada”.
“Ustedes vieron el disparate (pacotada es la palabra que utilizó en portugués) que vino a hacer el presidente de la Argentina. Pero yo amo la Argentina y no va a cambiar eso por culpa de esa cosa. Mientras yo sea presidente nadie de afuera podrá interferir en las elecciones brasileñas”, sentenció el mandatario en una convención en Brasilia del Partido Socialista Brasileño, en la que formalizó su candidatura a la reelección presidencial.
La tensión
En San Pablo, Milei llamó “ladrón” y “presidiario”, sin nombrarlo, al izquierdista Lula y “basura calva” al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, que le negó al libertario visitar en prisión domiciliaria al expresidente de derecha Jair Bolsonaro, padre de Flávio. El mandatario argentino también advirtió en el acto sobre “el riesgo Lula” y llamó al pueblo a salir del “sometimiento al zurdo”.
Brasil, en ese marco, llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Daniel Raimondi. Tras ello, Milei redobló la apuesta y volvió a referirse el domingo a este socio estratégico de la Argentina. “¿Quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil”, afirmó en diálogo con radio Mitre, en aparente alusión a críticas en redes sociales al país durante el Mundial 2026.
Aseguró además que la “campaña” fue “financiada” por otras “cabezas progresistas” de México y el Partido Demócrata estadounidense.
“Y después me vienen a hablar de interferencia”, dijo Milei y sostuvo que “un grupo de brasileños que mandó Lula jugó activamente” en su contra durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2023.
En respuesta, la Cancillería brasileña convocó al embajador de la Argentina en Brasil para dar explicaciones sobre “ofensas” de Milei contra Lula.
Una fuente diplomática dijo que Milei “ofendió a dos poderes, al pueblo y a la democracia brasileñas”, durante la oficialización el sábado de la candidatura de Bolsonaro.
Lula dijo también el domingo en un acto con sindicalistas que seguirá gobernando “sin injerencia de nadie” porque “en Brasil no se acepta que nadie meta la nariz donde no es llamado”.
En tanto el lunes el mandatario brasileño fue consultado por periodistas sobre cómo recibió los dichos de su par argentino y contestó con otra pregunta. “¿Quién es ese tipo?“, dijo con ironía.
El presidente brasileño sostiene desde 2025 una tensión con el gobierno estadounidense de Donald Trump, aliado de Bolsonaro y Milei, que impuso aranceles y sanciones a la potencia sudamericana leídas por Brasilia como intentos de influir políticamente.
“Referencia irrespetuosa”
Sin nombrar al juez Moraes, Milei dijo el sábado en San Pablo que “la basura calva” le impidió visitar a su “amigo injustamente encarcelado” Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado en 2022.
Milei también cosechó el rechazo del presidente de la corte brasileña, Edson Fachin, quien criticó en una nota su “referencia irrespetuosa” a Moraes y deploró sus “manifestaciones incompatibles con el civismo que debe caracterizar las relaciones entre Estados”.
El presidente del gobernante Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, dijo por su parte que el argentino mostró “no estar a la altura del cargo que ocupa”. Además, el vicepresidente de Lula, Gerardo Alckmin, calificó los dichos como “lamentables” y sostuvo que esa “grosera actitud” es perjudicial para la Argentina.
“Es lamentable que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país“, manifestó ante la prensa brasilera durante un evento en San Pablo.
Lula tiene una fría relación con Milei. Aunque se cruzaron en citas multilaterales, nunca mantuvieron una reunión bilateral. En su último viaje a Argentina en 2025, Lula visitó en cambio a la expresidenta Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción.
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POLITICA
Un testigo en la causa AFA negocia inmunidad con la Justicia de EEUU a cambio de revelar información clave
(Enviado especial a Miami, Estados Unidos) Un testigo convocado por el Gran Jurado de Miami negocia un acuerdo de inmunidad con la Justicia de Estados Unidos a cambio de aportar información considerada clave para la investigación que busca determinar si autoridades de la AFA y socios comerciales cometieron actos de corrupción en ese país.
La declaración estaba prevista para las 9 de la mañana (hora del este), pero finalmente no se concretó debido a las negociaciones que mantiene el testigo con la Justicia de Estados Unidos para obtener inmunidad antes de brindar su testimonio.
La investigación es impulsada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El objetivo del Gran Jurado es determinar si existen elementos suficientes para avanzar en una acusación vinculada con presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario.
La convocatoria a los testigos había quedado explicitada en una subpoena emitida a pedido de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia.
De manera textual, la citación obligatoria establecía:
—“Presente todos los registros relacionados con TourProdEnter, todas y cada una de las comunicaciones con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni”.
La orden rquería que los testigos entregasen toda la documentación que vincule a las principales autoridades de la AFA con TourProdEnter y con su propietario, Javier Faroni.
Los fiscales Michael Berger, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, y Patrick Gushue, en representación del Departamento de Justicia, buscan determinar si Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni incurrieron en presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario bajo la legislación estadounidense.
La investigación está centrada en TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Estados Unidos que pertenece a Faroni y a su esposa, Erica Gillette.
Según la pesquisa, desde 2021 esa empresa habría recaudado y administrado cerca de 300 millones de dólares provenientes de contratos por partidos amistosos y de vínculos comerciales con compañías como Adidas y Warner. La Fiscalía y el Departamento de Justicia intentan reconstruir la ruta de esos fondos.
En ese contexto, la investigación preliminar sostiene que Faroni y Gillette operaron a través de cuentas en JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.
Por ese motivo, tampoco se descarta que responsables de esas entidades bancarias sean convocados por el Gran Jurado para aportar información sobre los movimientos financieros bajo análisis.
La estrategia de los investigadores consiste en reunir todas las pruebas relacionadas con la distribución de fondos vinculados a la AFA en Estados Unidos, incluyendo a personas que trabajan o trabajaron en bancos estadounidenses, en la Asociación del Fútbol Argentino o en empresas que mantuvieron vínculos comerciales con la Selección.
La Fiscalía y el Departamento de Justicia también buscan determinar los montos involucrados, las cuentas utilizadas y los destinatarios finales de las operaciones investigadas.
La pesquisa incluye además una investigación preliminar sobre diez empresas que, según los investigadores, habrían sido utilizadas desde TourProdEnter para mover cerca de 300 millones de dólares.
En ese marco, el régimen de colaboración e inmunidad previsto por la legislación estadounidense adquiere un papel central. La negociación que mantiene el testigo convocado por el Gran Jurado forma parte de ese proceso y, por ese motivo, la audiencia prevista para este jueves no llegó a concretarse.
El Gran Jurado delibera a puertas cerradas y no tiene un plazo determinado para resolver si existen elementos suficientes para avanzar con una acusación contra Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario.
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