“La economía argentina atraviesa una transformación federal sin precedentes”. Así se refiere un organismo de investigación a cargo de un exdiputado del Partido Justicialista (PJ) a la diversificación productiva que está experimentando el país con la expansión de economías regionales como la minería y el sector energético. Estos cambios —argumentan desde la entidad- revelan la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de coparticipación federal.

El Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (Ieeri), una entidad académica dependiente del círculo de legisladores, relevó la evolución productiva de la Argentina, segmentada por regiones. El estudio mostró que, aunque la agroindustria aún conserva un fuerte protagonismo en el esquema económico nacional, ya empezaron a expandirse otras actividades que podrían dinamizar el crecimiento fuera de la región pampeana.

El Ieeri está presidido por el exdiputado nacional Humberto Roggero. En diálogo con , el exlegislador peronista consideró que se está configurando una nueva “Argentina de la cordillera y el Pacífico” a raíz de la expansión que se prevé para la minería y la explotación de gas y petróleo.

Roggero considera que, ante este nuevo escenario, la Argentina debería avanzar hacia un nuevo modelo de coparticipación, que dé cuenta del protagonismo que han ido adquiriendo algunas provincias de la región noroeste y patagónica.

“La coparticipación siempre se pensó que las regiones más desarrolladas ayuden a las regiones menos desarrolladas. Ahora que aparecen nuevos espacios de desarrollo, es necesario que eso [los ingresos que generen las nuevas actividades] también se coparticipe”, sostuvo. Aunque reconoce que readecuar la ley de coparticipación es una tarea compleja, en tanto exige del consenso de todos los gobernadores, espera que el informe del Ieeri abra la puerta a ese debate.

El relevamiento regional del Ieeri

Según el relevamiento del Ieeri, la región pampeana continúa liderando las exportaciones con un total de 62.250 millones de dólares con la agroindustria, la economía del conocimiento y el sector automotriz como grandes protagonistas. Sin embargo, otras zonas empiezan a ganar protagonismo en el esquema productivo nacional con la expansión de proyectos de energía y explotaciones de minerales.

“Hacia 2026, la Argentina consolida una base macro que no veía hace años: el PBI creció 4,4% en 2025, la inflación sigue bajando y las reservas internacionales tocaron máximos recientes. La clave está en la diversificación regional”, afirma el documento del Ieeri.

Así, por ejemplo, la Patagonia -según puntualiza el informe- tiene el potencial de convertirse en un polo energético global. Las proyecciones para Vaca Muerta son de un millón de barriles diarios para 2028 y “el GNL (gas natural licuado) ya suma barcos al exterior”.

De igual modo, las provincias del Noroeste y la región de Cuyo están atravesando la “mayor expansión minera de la historia”, según destaca la entidad académica. La explotación de litio y cobre son los principales responsables de ese crecimiento.

El Noroeste, por su lado, también se encuentra en crecimiento. Según cifras del organismo a cargo de Roggero, las exportaciones asociadas a la foresto-industria, el arroz y la yerba mate subieron un 20,9%.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el oficialismo que busca fomentar inversiones en sectores clave abarca varias de esas actividades en expansión: foresto-industria, minería, tecnología, energía y la explotación petrolera y de gas. Hoy, el oficialismo buscará aprobar en la Cámara de Diputados el Super RIGI, que prioriza grandes inversiones en el sector tecnológico.

“El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones y el anunciado ‘Super RIGI’ ya mueven 94.965 millones entre proyectos aprobados y en evaluación. Energía y minería se llevan la mayor parte”, señala el informe del Ieeri. Además, destacan un impacto laboral directo de alrededor de 37.000 empleos e indirectos que ya están en marcha.

“Lejos del modelo centralizado, 2030 aparece con regiones pujantes, dólares genuinos y trabajo calificado. El desafío ya no es crecer, sino sostener”, plantea el documento que lleva la firma de Roggero y de Pablo Legna, asesor económico del organismo.

En este contexto, Roggero aclara que es necesario seguir robusteciendo la seguridad jurídica en el país para poder apuntalar las inversiones, así como también garantizar la estabilidad macroeconómica actual, con bajos niveles de inflación. “Con esto como premisa de podrá modernizar infraestructura tales como rutas, puertos y energía”, dice el informe.

En este sentido, el organismo académico llama, a su vez, a adaptar o crear marcos regulatorios que den previsibilidad y permitan invertir en capital humano y formación técnica. Este último es otro de los pilares que consideran necesarios para preservar un desarrollo diversificado.

El Gobierno buscará hoy avanzar con dos de sus principales apuestas económicas: el acuerdo para pagar US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, dos holdouts que aún mantienen litigios contra la Argentina, y el denominado “Súper RIGI”, un régimen que ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión superiores a los US$1000 millones.

La sesión especial comenzó sobre la hora con 129 diputados. Contó con el respaldo de los mismos aliados que ayer le dieron una tregua al oficialismo al impedir el debate para interpelar a Manuel Adorni. Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), parte de Provincias Unidas y distintos bloques provinciales -como los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los sanjuaninos cercanos a Marcelo Orrego, los salteños de Gustavo Sáenz, y los catamarqueños vinculados a Raúl Jalil– volvieron a acompañar a La Libertad Avanza (LLA) y garantizaron el quorum.

El debate comenzó con la renuncia de Adrián Ravier, el diputado libertario que asumirá como vocero presidencial. Lo reemplazará Martín Matzkin, que se desempeñó hasta hoy como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad. En señal de apoyo, Patricia Bullrich presenció su asunción. Los cambios se sometieron a consideración del recinto. Se esperan más de 12 horas de debate entre exposiciones, homenajes y cuestiones de privilegio.

Además de los dos proyectos económicos, la Cámara discutirá una serie de convenios internacionales vinculados con la doble imposición y la evasión fiscal con Francia, la cooperación para desalentar la pesca ilegal y acuerdos de seguridad social con Suiza y San Marino.

El acuerdo con los holdouts ya cuenta con media sanción del Senado y el Gobierno aspira a convertirlo hoy en ley. El “Súper RIGI”, en cambio, inicia su recorrido legislativo en Diputados y el oficialismo busca otorgarle media sanción para enviarlo a la Cámara alta.

“Súper RIGI”

El régimen establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.

Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales, como el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de controversias con el Estado argentino. El texto también dispone que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” en el marco de tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos ante futuras modificaciones regulatorias.

El esquema limita, además, la capacidad de provincias y municipios para establecer regalías o cánones administrativos sobre los proyectos adheridos.

Durante el debate en comisiones se incorporaron cambios impulsados por los bloques aliados. Entre ellos, beneficios para proyectos que realicen inversiones en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, una ampliación de los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público de proyectos aprobados.

También se reforzaron algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán acreditar que las iniciativas no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial, y se incorporó una nueva causal de rechazo para proyectos con impactos negativos significativos en su área de influencia.

Holdouts

El acuerdo con Bainbridge y Attestor contempla el pago de US$171 millones a cambio de cerrar litigios pendientes derivados del default de 2001, evitar eventuales embargos sobre activos argentinos y poner fin a los procesos de búsqueda de bienes (“discovery”) impulsados por los acreedores.

Según el Gobierno, la transacción implica una reducción superior al 30% respecto de los montos reclamados y busca eliminar riesgos judiciales sobre activos estratégicos del Estado argentino.