Mientras continúan las idas y vueltas por la suspensión del informe de gestión que Manuel Adorni tenía previsto brindar ante el Senado el próximo 2 de julio, el diputado nacional y presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, defendió la decisión de su espacio de no dar quorum en la sesión de este martes en Diputados que buscaba destrabar el tratamiento de la interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete.

“La sesión de ayer no era para remover a Adorni ni para sacar la interpelación; eso es un camino legislativo mucho más largo. La sesión de ayer era para obligar a la Comisión que trata la censura, la moción y los informes», explicó este miércoles.

Según dijo el legislador en Radio Mitre, Pro decidió no bajar al recinto porque la Comisión de Asuntos Constitucionales ya había sido convocada para el próximo martes 30 de junio. “La sesión de ayer quedaba sin efecto práctico porque lo único que se buscaba era obligar a la Comisión y ya estaba llamada. Era montarnos a un show que armó el kirchnerismo”, sostuvo.

Ritondo cuestionó además que la oposición no hubiera intentado consensuar previamente la convocatoria y consideró que la sesión “no lograba nada nuevo”. “Cualquier proyecto necesita en el recinto los dos tercios y nunca se va a lograr porque La Libertad Avanza tiene más de 90 legisladores. Lo de ayer era un imposible: no tenía ningún sentido más que el show mediático, seguir en el barro, y no nos prestamos a eso», dijo.

De esta forma, tanto Pro como la Unión Cívica Radical (UCR) y la mayoría de los bloques provinciales decidieron no presentarse y —con 117 diputados en sus bancas, 12 menos de los 129 necesarios para abrir el recinto— la sesión cayó por falta de quorum.

Consultado sobre la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni y por los intentos de la oposición de avanzar con una interpelación y una eventual moción de censura, Ritondo evitó ser categórico, dijo que el jefe de Gabinete tiene que ir al Congreso “a dar explicaciones” y reiteró que la sesión programada para este lunes no resolvía el tema. “Si bajábamos no sumábamos nada, solo éramos la cola de ratón del kirchnerismo”, subrayó. “Hay muchas cosas en juego, hay mucho para rescatar y nosotros queremos cuidar el cambio”, deslizó.

Tras la fallida sesión, Pro publicó un comunicado en el que se afirmó que Adorni “no puede seguir en el cargo”.

“En el Congreso, Pro impulsó la apertura de la comisión para emitir dictamen y avanzar con el tratamiento de los proyectos presentados. Ese objetivo se alcanzó antes de la sesión, por lo que el quórum ya no era necesario para garantizar que el tema siguiera su curso institucional”, escribieron y resaltaron: “Desde el Senado vamos a pedir la interpelación pero no vamos a hacerle el juego a los kirchneristas”.

Finalmente, Ritondo se refirió a la exposición que Adorni realizó el 29 de abril ante el Congreso, cuando aseguró que todos sus bienes estaban declarados “como corresponde”, una versión que luego se desmintió con la información consignada en su declaración jurada patrimonial.

“La verdad es que nuestro rol no es determinarlo [si mintió]; eso lo va a hacer la Justicia”, respondió el diputado al ser consultado sobre si el jefe de Gabinete había mentido ante el Congreso.

“Los movimientos patrimoniales, la declaración jurada… Eso verá la Justicia si la explicación cierra. Lo que nosotros entendemos es que él modificó lo que nos dijo a nosotros en el Congreso y lo que respondió después, esto es claro”, cerró.

Un testigo confirmó ante la Justicia que trasladaba dólares desde las oficinas de Elías Piccirillo a la casa de su exsocio, Martín Migueles. Marcelo Leguizamón, alias “Pan Dulce”, fue citado a declarar porque aparecía mencionado en los chats de la pareja de Wanda Nara.

Ante el fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación sobre el rulo financiero y el SIRA, Leguizamón dijo que trasladó fajos de dinero al menos dos veces. Según fuentes que participaron de la declaración, el testigo aseguró que recibió el dinero de manos de la secretaria de Piccirillo y se lo llevó a Migueles.

Leguizamón, según otras fuentes de la causa, trabaja como cadete y hacía ese tipo de delivery a pedido de Migueles. Fue citado a declarar como testigo porque es una de las personas que aparecía en el teléfono del financista.

Migueles fue allanado tres veces en la causa contra Piccirillo por el operativo ilegal que derivó en la detención de Francisco Hauque. En uno de esos procedimientos, le secuestraron varios teléfonos, computadoras, y tres tablets. Ese día, el empresario llegó a su casa cuando la Prefectura ya estaba adentro, entregó su celular y hasta aportó su clave.

Migueles y Piccirillo tenían hasta ese momento una relación casi familiar. Compartían cumpleaños, fiestas, y reuniones familiares. Ese vínculo estrecho se mezclaba, todo el tiempo, con los negocios.

En el caso del rulo financiero, ambos aparecen vinculados a Arg Exchange, un casa de cambio que funcionaba en la City. Entre enero y diciembre de ese año de 2023, en pleno cepo, esa agencia compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. La cifra exacta, entre el 26 de enero y 19 de diciembre, fue de US$251.933.029, según los registros a los que accedió .

En 2022, Picirillo adquirió el 90 por ciento de las acciones de Arg Exchange. El accionista minoritaria era Matías Bocca, un nombre que se repite en otras agencias. Y como presidente ya estaba Migueles.

Este lunes también declaró en la causa una mujer que trabajaba en esa casa de cambio y confirmó el vínculo directo con Piccirillo. Rocio Ávila aseguró que el financista era su jefe directo.

El tercer testigo que declaró esta semana es un chofer que trabaja para Piccirillo en la época que estaba en pareja con Jésica Cirio. Según las fuentes consultadas por , habló de traslados a bancos y financieras.

Más testimonios

La ronda de testigos continuará este miércoles con dos funcionarios de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El fiscal Picardi quiere que amplíen las respuestas que enviaron por escrito sobre el circuito de aprobación del SIRA. “Los funcionarios que suscribieron las respuestas se encuentran en mejores condiciones de explicar el alcance técnico de la información proporcionada”, justificó al pedir su declaración.

Según consta en el expediente, ARCA informó en dos oportunidades que la operatoria del SIRA era de carácter “sistémico”, precisando que en el seno del organismo no existían usuarios habilitados para operar el sistema y que la totalidad de las interacciones se realizaban mediante procedimientos informáticos automatizados.