EL CALAFATE.− El abogado Juan Pablo Vigliero, defensor del excapitán Claudio Javier Villamide, quien se desempeñaba como titular del Comando de Fuerza de Submarinos (COFS) cuando el submarino ARA San Juan naufragó y murieron sus 44 tripulantes, pidió hoy la nulidad de la acusación fiscal y solicitó la absolución total del marino en la causa.

Su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos ocurrió durante el cierre del juicio a los cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina por su presunta responsabilidad en el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

Vigliero planteó la nulidad de la acusación, por considerar que la misma no reúne los requisitos procesales mínimos para sostenerse, y solicitó que el tribunal absuelva a su defendido de toda culpa y cargo.

En la audiencia del lunes, el Ministerio Público Fiscal había solicitado entre cinco y tres años y medio de prisión para los cuatro exoficiales superiores de la Armada.

Durante el alegato, que se extendió por cuatro horas, Vigliero sostuvo que la acusación “no cumple con los requisitos mínimos para ser tal, es imperfecta y debe ser declarada inválida”, y agregó: “Aún aceptando la acusación, no tenemos pruebas concluyentes de que hayan existido incumplimientos de deberes y que esos incumplimientos se traduzcan en aumentos innecesarios al riesgo propio de la actividad de submarinista militar, y mucho menos que puedan impactar en un evento desconocido, al que le vamos a llamar estrago”.

El defensor desarrolló su planteo sobre dos ejes. El primero, de orden procesal: que la acusación carecía de la solidez formal exigida por el Código Procesal Penal y debería ser declarada nula. El segundo, de orden probatorio: expuso que incluso si el tribunal rechazara la nulidad y evaluara el fondo de la causa, la prueba producida durante el debate no alcanza para condenar a Villamide.

El abogado defensor elaboró su alegato en la misma línea argumentativa que mantiene desde el inicio del proceso: que la causa carecía de pruebas que demuestren lo que pasó en los minutos finales antes de la implosión.

“Es curioso tener que defendernos de un estrago. No conocemos las causas del estrago: ¿cómo defenderse de lo que no se conoce, cómo atribuir responsabilidad o siquiera insinuarla cuando prolijamente los acusadores por desconocimiento, por ignorancia, por conveniencia, no lo saben, porque los testigos expertos, ustedes los han escuchado y han leído los informes, nadie sabe qué pasó. ¿Cómo atribuir lo que no se conoce?”, se preguntó y aseguró que no todas las tragedias encuentran solución en el derecho penal.

“Acá no tenemos duda. Tenemos prueba certera que exculpa, que mantiene incólumne, mantiene indemne, el estado de presunción de inocencia de Claudio Javier Villamide, y por eso debe ser absuelto”, completó.

“Son la última frontera que nos queda”, dijo, sobre los jueces Mario Reynaldi (presidente), Luis Alberto Giménez, Enrique Baronetto y Guillermo Quadrini.

Vigliero abordó también uno de los puntos más recurrentes del debate: la credibilidad de los testigos de la Armada, cuestionada por las querellas por sus vínculos con los imputados. El defensor rechazó que esos lazos institucionales invaliden los testimonios.

“¿Puede estar la presunción de que la Armada es una especie de asociación ilícita, una fábrica que adultera documentos, que miente y que muestra realidades que no son, y que además los testigos, como se conocen y navegaron juntos, vienen a un juicio y mienten bajo juramento?”, preguntó en la audiencia.

En esa línea, sostuvo que juzgar la conducta de Villamide equivale a juzgar a la Armada. Al referirse al accionar de su representado afirmó: “Yo sostengo que Villamide todo lo ha hecho siguiendo los reglamentos navales (…), lo ha hecho sin apartarse un ápice” y agregó: “Si ponemos en tela de juicio lo que hizo Villamide, que se comportó de acuerdo a lo que indica la regla naval, la tradición naval y los usos y costumbres del mar, entonces estamos enjuiciando también al sistema al cual pertenece”.

En el tramo final del alegato, Vigliero apeló a la figura del Ulises para describir el derrotero de su defendido. Villamide fue destituido de la Armada en 2021 por un Consejo General de Guerra que lo consideró responsable de negligencia en su actuación durante la emergencia del 15 de noviembre de 2017. Según Vigliero, “la Armada le dio la espalda y lo dejó en manos del Estado Mayor Conjunto y de la política, y la política lo destituyó”.

“Es como un Ulises que quiere volver y se va encontrando con los desafíos”, dijo el abogado, en referencia a los obstáculos que Villamide enfrentó tanto en el Consejo de Guerra como, según detalló, también en la instrucción judicial de la causa en Caleta Olivia y en la instancia superior en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Vigliero destacó que su cliente no se paralizó ante esas circunstancias: ingresó a la marina mercante, trabaja y tiene un hijo en la Armada.

“Le pido al tribunal que, en un caso donde es abrumadora la evidencia que impide avanzar penalmente sobre Villamide, que le permita a este Ulises volver a casa”, concluyó. “No podemos tapar una tragedia con una injusticia. Claudio Villamide es inocente. Tiene derecho a que un tribunal del Estado Argentino lo declare como tal y pueda tener un poco de paz y sea absuelto”.

De acuerdo a la agenda establecida, los restantes alegatos defensivos continuarán el 6 de julio, cuando expondrán los defensores públicos de los otros tres imputados: el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa. El 8 de julio los cuatro acusados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que el tribunal emita su veredicto, sobre el cual aún no hay una fecha definida.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga a pagar un incremento salarial del personal docente y no docente en las universidades, llamar a paritarias e incrementar el presupuesto para becas previsto en la ley de financiamiento universitario aprobada en el Congreso de la Nación en agosto de 2025.

Así lo hizo al rechazar el recurso extraordinario que había presentado el Gobierno contra el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había convalidado como medida cautelar el pago.

En la práctica, el fallo de la Corte deja firmes aspectos similares a los que acordaron el Gobierno y los rectores en un acta del 10 de junio último, cuando se pusieron de acuerdo sobre los aumentos salariales, aunque el sector universitario no desistió de sus reclamos por el cumplimiento efectivo de la ley votada en el Congreso.

Sin embargo, subsisten diferencias entre lo que dice el texto de la ley, que ahora debe aplicarse, y el acta de recomposición salarial acordada entre los rectores, los gremios y el Gobierno.

El fallo de hoy obliga a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Educativo, que obliga a pagar actualizaciones salariales desde 2023 a la fecha y de las Becas Progresar.

Sin embargo, el acuerdo salarial firmado se refiere a una recomposición menor y a las Becas Manuel Belgrano, que son diferentes a las anteriores.

El fondo del juicio —es decir, si es constitucional o no el decreto que suspende la ejecución de la ley de financiamiento universitario— se está discutiendo en un juzgado de primera instancia, que está próximo a resolver.

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