POLITICA
Qué pasó con Martín Insaurralde
El fiscal federal Sergio Mola formalizó un pedido de detención contra Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof, en el marco de la investigación que lo tiene como imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La solicitud fue elevada al juez federal Luis Armella, magistrado que deberá definir la suerte procesal del exfuncionario. Según fuentes judiciales consultadas por , resulta poco probable que el magistrado haga lugar al requerimiento, al considerar que, en la etapa actual, no se configurarían los requisitos estrictos exigidos por la ley para proceder con una medida de privación de la libertad de esta naturaleza.
El requerimiento del fiscal Mola surge tras el impacto mediático generado el pasado sábado, cuando difundió una serie de videos en los que se observa a Jesica Cirio, exesposa de Insaurralde, contando cantidades millonarias de dólares en el vestidor de la propiedad que compartían. A raíz de este hallazgo, el fiscal fundamentó su pedido argumentando la existencia de un riesgo procesal latente: la posibilidad de que el exjefe comunal intente eludir el accionar de la Justicia o bien entorpecer el avance de la instrucción, ya sea ocultando elementos de prueba o ejerciendo presión sobre eventuales testigos clave del caso.
En sintonía con este pedido de detención, el fiscal solicitó al juez Armella que autorice una inspección ocular exhaustiva en la residencia ubicada en el country de San Vicente, lugar donde se presume que fueron grabadas las imágenes difundidas. Asimismo, la fiscalía requirió el peritaje de diversos dispositivos electrónicos secuestrados en el departamento de Cirio, ubicado en la calle Ortega y Gasset 1661, piso 18, en el barrio porteño de Palermo. El inventario de elementos a analizar incluye dos tablets, tres pendrives y varios teléfonos celulares, con el objetivo técnico de determinar si los archivos audiovisuales con los fajos de dinero se encontraban almacenados en dichos soportes digitales.
El expediente judicial contra Insaurralde se inició originalmente en 2023, luego de que salieran a la luz fotografías del dirigente navegando por las aguas del Mediterráneo a bordo del yate “Bandido”, acompañado por la modelo Sofía Clerici. Aquel episodio desató una crisis política que derivó en su salida del gabinete provincial.
Cabe recordar que Insaurralde ejerció la intendencia de Lomas de Zamora entre 2009, tras suceder a Jorge Rossi, y el año 2021, momento en el que solicitó licencia para asumir su cargo en la gestión de Kicillof. Su arribo a la cúpula del gobierno bonaerense fue resultado de una gestión política directa de la expresidenta Cristina Kirchner ante el mandatario provincial. Mientras la causa avanza en los tribunales federales, la expectativa se centra ahora en la resolución de Armella sobre el pedido formulado por el fiscal Mola.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hernán Cappiello.
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El Senado tiene previsto tratar este miércoles por la tarde en un plenario de comisiones el proyecto de ley de discapacidad. La apuesta de un sector del oficialismo es emitir dictamen a la iniciativa tal como lo aprobó la Cámara de Diputados y dejarla, así, en condiciones de convertirla en ley en la próxima sesión, después de la visita del Papa León XIV.
Sin embargo, la posibilidad de que el proyecto pueda avanzar dependerá en gran medida de si las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano tendrán quórum, ya que hay gran cantidad de senadores ausentes como consecuencia de las elecciones en los Estados Unidos.
Si bien nadie quiso dar una cifra oficial, lo cierto es que muchos legisladores han viajado a observar las elecciones de medio término norteamericanas, lo que pone en serias dudas, también, que haya sesión esta semana.
A eso hay que sumarle la fuerte resistencia que genera el proyecto en algunos sectores del Gobierno, que preferirían que el tema quedara cajoneado. Uno de los más interesados en que el tema no avance es el ministro de Economía, Luis Caputo.
Esta situación ya provocó que el proyecto de discapacidad no se tratara en comisiones la semana pasada, cuando el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (LLA-Capital), prefirió responder a los pedidos de la Casa Rosada y postergó el inicio del debate del tema.
El proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad busca convertir en permanentes las principales protecciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia concluye a fin de año.
Fue, en los hechos, una dura derrota política para el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Rioja), ya que debió ceder a casi todos los reclamos de la oposición para evitar una caída más dura, como hubiese sido la prórroga hasta el 31 de diciembre del año próximo la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.
La propuesta mantiene la pensión no contributiva y el sistema de prestaciones básicas, en lugar de dejarlos sujetos a un régimen transitorio. En materia de pensiones, el texto fija un monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito principal de acceso.
También permite compatibilizar el beneficio con el empleo registrado o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si se excede ese límite, prevé la suspensión de la prestación, no su baja definitiva, y su reactivación automática cuando termine el vínculo laboral.
Además, conserva el nomenclador universal y el arancel unificado de cumplimiento obligatorio para las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el Estado, con actualizaciones automáticas vinculadas con la movilidad jubilatoria.
También garantiza la cobertura del programa Incluir Salud para los titulares de pensiones y establece que el presupuesto destinado al Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.
El proyecto incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de datos entre diferentes organismos públicos con garantías de debido proceso para las personas involucradas. Una cláusula transitoria dispone, además, que el Poder Ejecutivo deberá establecer un cronograma para pagar las compensaciones adeudadas a los prestadores y reglamentar la norma en un plazo máximo de 30 días.
Diputados aprobó el proyecto en la madrugada del jueves 22 por una abrumadora mayoría de 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El acuerdo se alcanzó después de que el oficialismo aceptara cambios reclamados por la oposición y descartara las restricciones previstas en el proyecto de Presupuesto 2027.
Acompañaron La Libertad Avanza, Unión por la Patria, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y la mayoría de los bloques provinciales; los diputados cordobeses que rechazaron el texto cuestionaron la falta de participación de las organizaciones del sector, mientras que la izquierda se abstuvo por las deudas con los prestadores.
Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a
POLITICA
Una pieza metálica provocó el descarrilamiento del tren en Río Turbio: investigan cómo llegó a las vías
Una pieza metálica hallada en las vías aparece como un elemento compatible con el inicio del descarrilamiento del tren de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) ocurrido el 7 de octubre de 2026 cerca de la estación Ingeniero Cappa, en Santa Cruz. Así lo indica el resultado de las pericias y ahora la causa en trámite deberá establecer cómo llegó ese objeto al tendido ferroviario y si fue colocado de manera deliberada.
Según un comunicado de la empresa, el componente no corresponde a la infraestructura ferroviaria ni al material rodante que estaba en uso, y podría pertenecer a una locomotora antigua. Las marcas detectadas en la pieza, el riel y una rueda de la máquina presentan coincidencias que, para los peritos, permiten vincular el objeto con el comienzo del accidente.
La formación transportaba 600 toneladas de carbón desde Río Turbio hacia el puerto de Punta Loyola cuando la locomotora unidad 005 volcó junto con tres vagones. Los dos trabajadores que viajaban a bordo resultaron ilesos, pero la salida de servicio de la única máquina operativa de la compañía interrumpió el traslado ferroviario del mineral.
YCRT informó que tomó conocimiento de los informes elaborados por la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional, a pedido de la Fiscalía que interviene en la causa. La empresa estatal participa como querellante y anticipó que aportará la información requerida durante la investigación.
Los especialistas revisaron el tramo previo al punto donde la locomotora abandonó los rieles y no detectaron faltantes de eclisas, tornillos o tirafondos. Tampoco encontraron deformaciones en la posición de los rieles, mientras que el cambio de vía estaba en buenas condiciones de conservación.
Ese relevamiento descartó, hasta el momento, que el hecho se hubiera originado en una falla visible de los elementos que sostienen y unen la vía. La incógnita central quedó concentrada en el componente metálico localizado en el sector donde comenzó el desvío de la formación.
Horas después del accidente, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, recorrió la zona junto con el equipo técnico que trabajó por orden de la Justicia Federal. Tras esa visita, sostuvo que la información inicial respaldaba la sospecha de una acción intencional, aunque el expediente judicial todavía no concluyó.
“Según el equipo técnico, los peritos nos informan que esto fue sabotaje, que era lo que se suponía desde el primer momento”, afirmó Vidal en declaraciones difundidas por medios locales. También pidió que la investigación identifique a los responsables y avance “hasta las últimas consecuencias”.
Pablo Gordillo, interventor de YCRT designado por el Gobierno nacional, había señalado que las pericias aún no estaban terminadas, pero que la orientación de los análisis coincidía con la hipótesis de una maniobra intencional. El funcionario indicó que la revisión posterior al accidente no halló una rotura o apertura de la vía que explicara el vuelco.
El conductor de la formación había informado que el tendido “se abrió” durante el incidente. Sin embargo, Gordillo sostuvo que la inspección posterior contradijo ese relato: “La vía no se había abierto en ningún lado. O sea, la vía estaba completa, no se cortó ni se rompió en ningún lado para generar el descarrilamiento”.
La pieza fue encontrada a unos 20 metros del lugar donde cayó la locomotora, según la reconstrucción inicial. Por su antigüedad y características, las autoridades de la empresa consideraron inicialmente que no podía haberse desprendido del convoy ni haber llegado al sitio de manera accidental.
El objeto y las señales registradas sobre los componentes ferroviarios serán incorporados dentro de la causa para determinar si tuvieron una incidencia directa en el siniestro. La investigación también deberá precisar quién pudo haberlo dejado en el tendido, una cuestión que YCRT ubicó bajo competencia del Ministerio Público Fiscal.
El descarrilamiento ocurrió alrededor de las 7:45, en el kilómetro 181 del Ramal Ferro Industrial Río Turbio. La locomotora había partido con cerca de 37 vagones y circulaba hacia el punto de embarque de Punta Loyola, desde donde se proyectaba la salida del carbón.
La máquina había permanecido detenida durante seis meses antes de volver a operar, tras casi dos meses de tareas realizadas por operarios de la empresa. Su inhabilitación posterior al accidente paraliza el transporte del mineral por un período estimado de entre tres y cuatro meses.
Gordillo calculó en USD 10 millones la pérdida asociada a la interrupción del servicio ferroviario. “Me pararon todo”, resumió el interventor al describir el impacto de la inmovilización de la locomotora.
La compañía tiene vigente un contrato por 210.000 toneladas de carbón, un volumen equivalente a unos 30 viajes entre Río Turbio y el área de embarque. La suspensión del traslado genera demoras en los compromisos comerciales que la empresa buscaba cumplir con esa operación.
La investigación se desarrolla mientras YCRT atraviesa un proceso de transformación societaria iniciado tras su inclusión, en 2024, entre las empresas sujetas a privatización por la Ley Bases. A comienzos de 2026, el Gobierno nacional dispuso su conversión en sociedad anónima bajo la denominación Carboeléctrica Río Turbio.
La firma cuenta con 1.978 empleados y recibe del Estado nacional el 92% de su financiamiento. El esquema para incorporar capital privado todavía no fue definido y depende de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Chaher.
YCRT presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Río Gallegos a través de su área de Asuntos Jurídicos. También solicitó un peritaje a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para determinar las causas técnicas del accidente y la eventual relación entre la pieza hallada y el descarrilamiento.
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POLITICA
Denuncian a cinco jueces ante el Consejo de la Magistratura por integrar tribunales de la AFA
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció ante el Consejo de la Magistratura a cinco jueces que integran los tribunales internos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
La organización sostuvo que esa función es incompatible con la magistratura y pidió que se investigue su conducta, que se les apliquen sanciones disciplinarias y que se los intime a dejar de inmediato sus cargos.
Los denunciados son Sergio Fernández, juez de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la AFA; Pablo Fernando Morán, titular del Juzgado Federal 1 de Formosa; Roberto Minguillón, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata; Matías Mancini, del Tribunal Oral Federal 4 de San Martín, y Juan Pablo Rodríguez, de la Cámara Nacional en lo Civil.
Los últimos cuatro integran el Tribunal de Ética de la AFA, según figura en el sitio web de la propia asociación.
Para la ACIJ, la situación viola el artículo 9 del decreto-ley 1285/58, que prohíbe a los jueces ejercer cualquier otra actividad profesional.
La ONG argumentó que los integrantes de los tribunales de la AFA tramitan expedientes, valoran pruebas, celebran audiencias y dictan resoluciones sancionatorias obligatorias para clubes, dirigentes y jugadores, es decir, que tienen funciones “asimilables a las de la judicatura”.
“No se puede ser juez de la Nación y juez del fútbol al mismo tiempo”, afirmó la ACIJ en un comunicado.
La presentación agregó que, aun si esa actividad se considerara compatible con el cargo, el Reglamento para la Justicia Nacional exige que la Corte Suprema autorice antes a los jueces que integran comisiones directivas de asociaciones.
Según la ACIJ, en los registros públicos no consta que esa autorización se haya otorgado y tampoco que se haya pedido.
La organización también advirtió que el problema afecta la imparcialidad de los jueces.
Sostuvo que la AFA reúne a muchos actores (dirigentes, clubes, jugadores, abogados, representantes y patrocinadores) que se cruzan con frecuencia en causas judiciales, por lo que los magistrados que integran sus tribunales quedan expuestos a “un número considerable de situaciones que podrían requerir su excusación”.
La denuncia es el segundo paso de un reclamo que la ACIJ inició en diciembre de 2025, semanas después de que se abrieran las causas penales contra Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
El 19 de diciembre, la organización le pidió a la Corte, presidida por Horacio Rosatti, que ordenara el cese de todos los magistrados que integraban los órganos internos de la AFA.
Después de ese pedido, varios jueces dejaron sus cargos en la AFA, por sugerencia del máximo tribunal.
El camarista federal de San Martín, Néstor Barral, renunció al Tribunal de Disciplina. A fines de diciembre lo siguieron dos conjueces de la Corte: Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, que presidía el Tribunal de Ética de la AFA, y Juan Ignacio Pérez Curci, titular de la Cámara Federal de Mendoza, que era árbitro de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la entidad.
También renunció Martín Peluso, juez nacional en lo Criminal y Correccional N° 9, que integraba el Tribunal de Disciplina.
El caso de Barroetaveña mostró el problema del que hablaba la ACIJ. Como juez de Casación, podía llegar a intervenir en la discusión sobre qué tribunal debe investigar a quién pertenece una quinta de Pilar que se sospecha que está vinculada a dirigentes de la AFA. En esa quinta, festejó su cumpleaños Carlos Mahiques, camarista y padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La situación de los jueces que siguen en la AFA tiene un antecedente en la familia del ministro de Justicia. Su hermano Esteban Mahiques, diplomático de carrera, integró el Tribunal de Disciplina de la AFA mientras trabajaba en la Cancillería como director de Relaciones Institucionales. Hoy es jefe de asesores del ministro, un cargo ad honorem, y tiene licencia en el servicio exterior.
Aun así, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pedido para ascenderlo a ministro plenipotenciario de segunda clase. El expediente 323/26 deberá pasar por la Comisión de Acuerdos. Los vínculos de los Mahiques con la AFA no terminan ahí: el ministro fue propuesto por la asociación para la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y fue vicerrector de la universidad de la AFA.
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