Los gobernadores de las provincias mineras fueron las estrellas de la ronda de negocios RIGI que se hizo en Rosario, con la presencia de unas 1800 pymes, y se mostraron alineados y como aliados del gobierno de Javier Milei. En medio de un clima alentador por las inversiones en ese sector, que impuso la agenda del evento en La Fluvial de Rosario, los mandatarios de Jujuy, Mendoza, Catamarca y San Juan buscaron bendecir los “beneficios” y “ventajas” de las inversiones para “generar trabajo” y “desarrollo local”.

El encuentro, que se realizó en La Fluvial y fue encabezado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, reunió a representantes de 43 grandes proyectos de inversión con proveedores de todo el país. Participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Caputo estimó que los proyectos bajo el régimen suman unos 210.000 millones de dólares y aseguró que esas inversiones garantizan que el país “ya no va a tener problemas de tipo de cambio”.

Pero en los paneles, la minería ocupó el centro de la escena. El sanjuanino Marcelo Orrego abrió con una descripción de su provincia: “Más del 83% de nuestro territorio son montañas”. Desde ahí construyó su argumento. “El litio y el cobre son más que relevantes para mejorar el medio ambiente. Hoy hablar de minería es hablar de medio ambiente por el impacto de las energías renovables”, sostuvo.

Orrego puso el acento en la infraestructura al señalar que la provincia pidió a la Nación la jurisdicción sobre la ruta nacional 40 norte para avanzar con su licitación, y repasó la emisión del primer bono internacional de San Juan, presentado en Gran Bretaña y Estados Unidos. No hubo un solo cuestionamiento a la falta de obra pública nacional, sino todo lo contrario, elogios por haber transferido la jurisdicción de una ruta nacional que será arreglada con fondos provinciales. Algo similar ocurrió en Santa Fe con la ruta A012, que une los puertos y está siendo repavimentada con fondos provinciales.

“San Juan nunca había emitido un bono. No había antecedentes ni reputación”, admitió. La colocación se hizo a una tasa del 9,5% y, según el gobernador, permite acceder a 650 millones de dólares que se destinarán a obras como la ruta 20 y la autopista hasta Caucete. “Van a transitar por nuestras rutas 13 millones de camiones”, anticipó.

También defendió la ley de desarrollo minero aprobada en la provincia, que otorga incentivos como beneficios en impuestos provinciales. “La ley no es restrictiva, sino progresiva, por ejemplo, con el empleo, para que sea en su mayoría de origen local”, explicó. Y planteó que las empresas proveedoras deberán asociarse en UTE para competir. “El Estado tiene que generar las condiciones de negocios. Queremos una minería a largo plazo y que todos seamos parte”, dijo.

El catamarqueño Raúl Jalil, uno de los gobernadores peronistas más cercanos a la Casa Rosada, llegó a Rosario después de la visita oficial a su provincia del día anterior. “Después de Carlos Menem, ningún presidente había visitado nuestra provincia”, recordó. Jalil defendió el RIGI como una herramienta federal.

“Las oportunidades que da la minería son impresionantes”, afirmó y advirtió que la pregunta que más escucha es si el rumbo va a sostenerse. “La política de mantener las cuentas ordenadas va a seguir. Los gobernadores lo único que queremos es generar empleo”, aclaró. Y lanzó una frase que buscó responder a las críticas ambientales: “Una minera gasta menos agua que un country”. Según Jalil, las empresas “están cambiando la mentalidad” a partir del diálogo con los gobernadores, y las comunidades cercanas a los proyectos mejoraron su calidad de vida y su educación.

El mendocino Alfredo Cornejo apuntó a la historia. “La Argentina tiene un potencial minero desde hace muchos años y no lo desarrolló por falta de reglas claras”, señaló. Para el gobernador radical, la responsabilidad no fue de las provincias: “Si no se hizo minería en calidad y cantidad fue por las condiciones nacionales, no por las provinciales. Lo que faltaba era estabilidad macro”.

Cornejo destacó que Mendoza aprobó 65 proyectos de exploración, lo que a su juicio da seguridad jurídica, y anticipó que para fines de 2027 la provincia tendrá su primer proyecto de cobre en marcha. “Todos estos proyectos dan una oportunidad a nuestras pymes, pero también nos obligan a integrarnos con empresas de otras provincias para mejorar los costos”, dijo, en un mensaje dirigido a los proveedores santafesinos.

El jujeño Carlos Sadir describió a la minería como “un jugador importantísimo” de la economía provincial. Jujuy tiene dos proyectos de litio aprobados en el RIGI que, según el gobernador, permitirán triplicar la capacidad instalada. Sadir insistió en el rol de los proveedores locales en emprendimientos que operan a 4200 metros de altura, lejos de los centros urbanos. “Conocen el territorio y conocen a la gente del lugar. Si no atendemos eso no lo podríamos hacer”, afirmó.

Fue el único que se refirió de manera explícita a las comunidades originarias. “Muchas de las áreas donde se desarrollan los proyectos mineros están en tierras indígenas. Ellos son los dueños de la tierra”, reconoció. Y agregó: “Si el desarrollo de la minería no se derrama sobre las poblaciones locales, es imposible”.

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, retomó una idea de Jalil para presentar al RIGI como “creador de federalismo”, no solo porque las provincias son dueñas de los recursos naturales, sino por el interés internacional en ellos. Informó que desde agosto de 2024 la Argentina firmó acuerdos de cooperación con países como Alemania, Canadá, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos.

Rosario fue elegida como sede por su entramado industrial vinculado a la minería y los hidrocarburos, y por el peso de su complejo portuario, desde donde ya sale litio de Salta. Detrás de los discursos quedó planteada la pregunta que se hacían muchos de los empresarios presentes: cuánto de ese flujo de inversiones se traducirá en contratos concretos para una industria que atraviesa un año de demanda débil.

La huida de Flávio Bolsonaro de Brasil a través de la Argentina abrió un nuevo frente de investigación en el Congreso. Los representantes del peronismo en la Comisión Bicameral de Inteligencia presentaron un pedido de informes para esclarecer si la SIDE participó del operativo que permitió la salida del senador brasileño hacia Estados Unidos, si utilizó recursos públicos y qué papel desempeñó Santiago Caputo, el asesor presidencial que ejerce influencia política sobre el organismo.

El pedido ya fue girado a las áreas correspondientes del Poder Ejecutivo, según se informó a .

La presentación, firmada por Agustín Rossi, Rodolfo Tailhade y Ramiro Gutiérrez, incluye 14 preguntas dirigidas a la SIDE. Las más sensibles apuntan a Caputo: si mantuvo comunicaciones con el secretario de Inteligencia, Cristian Aguadra; si impartió instrucciones sobre el operativo y si agentes del organismo participaron de la logística de su viaje a Puerto Iguazú. También exigen saber si utilizó vehículos oficiales o mantuvo contactos con servicios extranjeros.

El presidente de la bicameral es el bonaerense Sebastián Pareja, adversario de Caputo en la interna libertaria. El diputado mantiene un vínculo estrecho con Karina Milei y con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, que desconfían de los movimientos del asesor presidencial.

La disputa interna adquiere así una dimensión institucional: un rival político de Caputo cursó un pedido de explicaciones sobre la posible intervención de la SIDE, bajo la influencia del asesor, en el operativo que permitió a Bolsonaro y su familia llegar a Estados Unidos.

Según explicaron a integrantes de la Comisión, la SIDE podría responder inicialmente por escrito. Si las explicaciones resultan insuficientes, los legisladores podrían solicitar la comparecencia de sus autoridades. Hasta ahora, el vínculo entre Pareja y la oposición ha sido cordial: en la comisión bicameral aseguran que el libertario hizo lugar a todos los pedidos recibidos y que el trabajo parlamentario fluye sin mayores obstáculos.

Las preguntas sobre el operativo

Según la información de Migraciones citada en el documento, Bolsonaro ingresó a la Argentina con su familia el 27 de octubre, a las 22.50, por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones. Horas después abordó un avión privado en Puerto Iguazú con destino declarado a Guayaquil, Ecuador.

Los legisladores quieren saber si la SIDE conocía de antemano el recorrido, si tenía agentes desplegados en la frontera o el aeropuerto y si intervino en el traslado hasta el avión. También reclaman identificar quién ordenó el eventual operativo y qué funcionarios de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la ANAC o la Aduana participaron.

El cuestionario aborda los vínculos internacionales: posibles comunicaciones con la inteligencia brasileña (ABIN) y con agencias de Estados Unidos, Ecuador y Paraguay. También pregunta si el Gobierno evaluó las consecuencias diplomáticas y de seguridad del episodio, especialmente para la cooperación con Brasil en la Triple Frontera.

El peronismo exige, además, conocer si se utilizaron fondos reservados, viáticos u otros recursos estatales y si la SIDE mantiene vínculos contractuales con Baires Fly S.A., la empresa mencionada en relación con el vuelo privado. Reclama también la nómina de los agentes desplegados en Puerto Iguazú entre el 25 y el 28 de octubre, con el detalle de sus tareas y horarios.