POLITICA
Revisarán la liberación del Rey de La Salada, acusado de lavado
La Cámara Federal de Casación decidió revisar el polémico fallo que liberó al Rey de la Salada, Jorge Castillo, parte de su familia y colaboradores, acusados de lavado de dinero.
El fallo es de los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky.
Por eso la causa por lavado de dinero contra los dueños de la megaferia La Salada de Lomas de Zamora que se derrumbó en abril pasado, ahora puede resucir.
La justicia había ordenado liberar a los líderes de este emprendimiento millonario, sospechado de tener protección del poder, al argumentar que no hay mérito ni para procesarlos ni para sobreseerlos.
El vuelco en la causa lo decidieron los jueces de la Cámara Federal de La Plata Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, que criticaron con acidez la investigación que había llevado adelante la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el juez federal Luis Armella.
El tribunal platense decidió revocar los procesamientos con prisión preventiva y dictar la falta de mérito para los presuntos líderes de la organización, entre ellos Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de familiares, empleados y profesionales.
Ahora, los jueces de la Casación decidieron que van a revisar esa medida tras admitir un recurso de la fiscalía en ese sentido.
La Cámara Federal de La Plata había argumentado que no existían pruebas suficientes para mantenerlos procesados por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictual, por lo que el tribunal había ordenado la inmediata libertad de todos los detenidos y dejado sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre sus patrimonios.
Los camaristas habían criticado la investigación de primera instancia y concluyeron que el procesamiento dictado en julio del año pasado firmado por el juez Luis Armella fue, cuanto menos, “prematuro” y carente de “autonomía suficiente”.
La fiscalía a cargo de Incardona había sostenido que en La Salada operaban dos grandes estructuras criminales independientes. Una de ellas, liderada por Jorge Omar Castillo, Aldo Presa y Antonio Corrillo Torrez, dedicada a la explotación de las ferias Punta Mogote S.C.A., Mogote Factory y Olimpo. La otra, encabezada por Enrique Esteban Antequera, regenteaba la feria Urkupiña S.A.
La fiscalía aseguraba que estas organizaciones conformaban asociaciones ilícitas estables orientadas a la venta masiva de productos con marcas falsificadas, la evasión tributaria estructural y el posterior lavado de esos dividendos espurios.
Se habló entonces de que solo en las cuentas bancarias de Punta Mogote ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025.
Con ese flujo de dinero, los acusados habrían adquirido inmuebles de lujo, estancias y vehículos de alta gama.
Los beneficiados con la falta de mérito son Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, Natalia Paola Luengo, Manuel Jorge Castillo, César Francisco Antequera, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera y Carlos Guillermo Carrión.
También fueron alcanzados por la resolución Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, María Sara Corigliano, Guadalupe Presa, María Mora Presa, Margarita Nilda Arrieta, Marcelo Jorge Fernández Zurdo, Mabel Cristina Islas, Christian Ezequiel Arrieta y David Alberto Heinze.
Todos ahora están nuevamente en la mira de la Justicia.
La causa motivó el cierre de La Salada durante algunas semanas y protestas de los puesteros y clientes que se quedaron sin poder comerciar.
La Salada funciona como una megaferia donde se comercializan prendas que son compradas por comerciantes mayoristas que llegan desde todo el país en tours de compras, en micros para obtener productos más baratos y ofrecerlos en sus provincias.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: tras su visita a Ecuador, el Presidente ya está en Colombia para la asunción de Abelardo De la Espriella
POLITICA
Kicillof fue a la misa por San Cayetano, se refirió a la sesión del Senado y apuntó contra Milei
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asistió este viernes a la misa por San Cayetano en el barrio porteño de Liniers y se refirió a la sesión del Senado en la que el oficialismo consiguió media sanción del proyecto de propiedad privada (sin el polémico capítulo de extranjerización de tierras). Además, apuntó contra el presidente Javier Milei por el nivel de los salarios y aseguró que “con tres clics” el Gobierno puede endeudar el país.
Al ser abordado por la prensa, el mandatario bonaerense condenó el operativo policial en el Congreso durante las protestas de distintas organizaciones para manifestarse contra el proyecto libertario. “Es lamentable la represión policial. Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, tirarle gases. Ayer fue una movilización convocada desde muchísimos sectores. Quisieron desvirtuarla y convertirla en un hecho de violencia”, marcó.
Sobre la ley, expresó: “La fueron cambiando, no sé si quedó un 10% [de lo que era]. Quedó un gobierno que no escucha. Quieren anotarse triunfos sobre temas como esas leyes ómnibus que al final lo que provocan es que sectores más amplios se vayan dando cuenta de que hay que defender la soberanía, que no pueden rematar el país favoreciendo intereses extranjeros. Creo que se está despertando un sector que dice que este modelo nos lleva a un callejón sin salida, a un desastre”.
Además, se refirió a la microeconomía y a la mora de los argentinos, que subió por 19 meses consecutivos y llegó a alcanzar al 12,8% de las familias, según datos que surgen de la consultora 1816 sobre la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu). “El lío lo armó Milei, no es la gente que irresponsablemente se endeuda. Esto creció. Tiene que ver con que los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas por las decisiones que toma el Gobierno. La tasa de interés y las condiciones financieras hacen que con tres clics se puedan endeudar. ¿Para quién gobiernan? Para la timba”, completó Kicillof.
Mientras se debatía el proyecto el jueves en la Cámara alta, la manifestación en rechazo a la iniciativa terminó con incidentes entre grupos que arrojaron piedras a las fuerzas de seguridad cuando ya se habían desconcentrado la mayoría de los manifestantes.
La iniciativa de ley de inviolabilidad de la propiedad privada fue aprobada en general por 37 votos a favor y 33 en contra tras un extenso debate que duró más de diez horas. Casi el mismo resultado se registró en la votación en particular de los cuatro capítulos sobrevivientes de la iniciativa.
Si bien se mantenía la protección sobre bosques nativos y reservas forestales, entre los bloques de fuerzas provinciales y algunos senadores patagónicos comenzó a crecer la resistencia a levantar la prohibición para disponer de los predios en bosques implantados, áreas protegidas y humedales afectados por un siniestro.
Sin los votos para aprobarlo, el oficialismo terminó pidiendo la eliminación del capítulo que modificaba la ley de Manejo del Fuego. Ese fue el segundo apartado que debió resignar el oficialismo en las últimas 48 horas, después de que el martes anunciara que no iba a insistir con la idea de relajar los límites a la venta de tierras productivas a personas físicas y jurídicas extranjeras.
Así, la iniciativa quedó reducida a tan sólo cuatro capítulos. Uno de ellos está relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.
Según el texto aprobado, todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.
También consiguió los votos para su aprobación las modificaciones al régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad. Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.
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POLITICA
Tras el traspié, el Gobierno no insistirá con la Ley de Tierras y se frenan los paquetes de desregulación
A pesar de que se trabajó durante varios meses en la norma y varios funcionarios se abocaron a defenderla tanto en privado como públicamente, el Gobierno resignó sus intenciones de modificar la ley de tierras y no tiene pensado insistir en un futuro cercano con esta iniciativa.
El tema es la principal crítica por parte de los grupos de manifestantes que, aunque el articulado se haya borrado, se concentró en las afueras del Congreso para protestar en contra del resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, aunque se trata de una medida tiene todo el respaldo del presidente Javier Milei, como así también del Gabinete, y se alinea ideológicamente con la agenda libertaria, la falta de apoyo de los aliados y de parte de la sociedad impidió que se tratara.
De esta manera, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, autor del articulo que fue descartado, sufrió una nueva derrota parlamentaria.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, fue la que terminó acordando con la oposición en el recinto eliminar este apartado de Propiedad Privada, para evitar así que todo el texto se cayera.
El funcionario, a quien se le vienen negando varias reformas propuestas, cómo un nuevo pedido de facultades delegadas, se habría enterado por las redes sociales de este otro traspié.
La senadora del oficialismo tomó la decisión de sacar la ley de tierras de la mesa de discusión mediante un diálogo que tuvo entre el martes y el miércoles con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su Vice, Ignacio Devitt (hombre de confianza de la secretaria general, Karina Milei).
”Fue todo consensuado con Casa Rosada. Lo venían hablando Patricia, Diego y Nacho”, confirmó a este medio un integrante de la mesa política.
Hace algunos días, la legisladora se había reunido con Sturzenegger para tratar de atenuar la norma, que originalmente planteaba eliminar cualquier restricción a la compra de hectáreas ganaderas por parte de extranjeros.
Tras ese encuentro, se planteó mantener un techo, pero elevarlo del 15% actual a un 25, pero el tema siguió generando controversia y no frenó la movilización de organismos sociales y partidos de la oposición que, aun después de haberse borrado todo el artículo, se realizó este jueves, cuando se trató Propiedad Privada.
Según pudo saber este medio, el Poder Ejecutivo no va a mandar más adelante la iniciativa en un proyecto aparte y optó por desestimar, al menos por ahora, cualquier idea de cambiar la norma.
Puntualmente, la administración libertaria quería derogar la ley de tierras que fue aprobada en el 2011, durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Kirchner.
En el entorno de Sturzenegger recuerdan que antes de ese momento no había ningún tipo de límite a la compra de hectáreas por parte de los extranjeros.
Asimismo, en ese Ministerio señalan que la posibilidad de acceder a un terreno para su explotación está garantizado por la Constitución, tanto para locales como personas de otros países.
“La ley la hizo el kirchnerismo y nosotros, para solicitar que se derogue, nos basamos en la realidad de la Argentina, la Constitución, en Alberdi y en 150 años de historia”, lamentaron fuentes de esta cartera.
Ante está situación, Sturzenegger y su equipo ya están concentrados en continuar defendiendo ahora “Hojarasca”, el conjunto de desregulaciones que ya está listo en el Congreso para su tratamiento.
Asimismo, elaboraron otro paquete de reformas que fue terminado en julio, tiene un total de 349 artículos y se centra en el mercado inmobiliario, aunque abarca también una decena de sectores de la economía.
El texto, que es en el que se intentó incluir las facultades delegadas, plantea como objetivo de “promover la libre competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”.
Tal como se adelantó oportunamente, el proyecto la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula en un colegio profesional, la supresión de aranceles y honorarios mínimos, y el fin de la exigencia de título universitario establecida por la Ley 25.028.
Además, prevé desarticular el monopolio sancionador de los colegios, derogar las sanciones por ejercicio sin matrícula y eliminar las restricciones geográficas para operar en distintas jurisdicciones.
De todas formas, el Gobierno intentará primero sancionar la nueva Carta Orgánica del Banco Central y las mejoras en la ley de Inocencia Fiscal, que podrían debatirse a finales de agosto en la Cámara de Diputados.
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