POLITICA
Después de las declaraciones de Milei en España, crecen las versiones sobre la salida de Adorni: los nombres que suenan para reemplazarlo
Las declaraciones de Javier Milei sobre Manuel Adorni tuvieron impacto dentro del Gabinete y reabrieron las conversaciones sobre el futuro del jefe de Gabinete. Aunque el Presidente volvió a respaldarlo y dijo que cree en su honestidad, también planteó que lo apartaría si la Justicia lo considera culpable. En distintos sectores de la Casa Rosada leyeron esa frase como un cambio de tono frente a un caso que ya condiciona la agenda legislativa y la comunicación oficial.
En un sector del Gobierno advierten que esperan que Milei “lo eche de una vez por todas” y sostienen que no podrán frenar durante mucho más tiempo la avanzada opositora en el Congreso. La presión se concentra sobre todo en el Senado, donde el caso Adorni hizo caer una sesión y dejó postergados proyectos que el Ejecutivo consideraba encaminados, como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos.
“En Diputados se pudo avanzar con leyes porque hay otro orden de fuerzas y composición que en el Senado”, expresan en Nación. La lectura interna es que la Cámara baja ofrece mayor margen para negociar con aliados, mientras que en la Cámara alta la defensa de Adorni obliga a maniobras reglamentarias que desgastan a la bancada libertaria, tensionan a los bloques dialoguistas y paralizan parte de la agenda de reformas.
Tanto en sectores vinculados a Karina Milei como en el entorno de Santiago Caputo reconocen un “desgaste muy fuerte” en la relación interna con Adorni. En ambos espacios advierten que el jefe de Gabinete quedó debilitado por sus explicaciones patrimoniales, las rectificaciones de sus declaraciones juradas, la investigación judicial y los pedidos de interpelación que empujan la oposición y algunos aliados.
En despachos oficiales empezaron a circular dos nombres con fuerza para un eventual reemplazo: el ministro del Interior, Diego Santilli y el canciller Pablo Quirno. En la Casa Rosada insisten en que no hay una decisión tomada y que la definición, si llega, dependerá exclusivamente de Milei. Pero ambas opciones aparecen como las más conversadas dentro del Gobierno, aunque responden a lógicas distintas.
Santilli aparece como una opción más política. Una fuente oficial lo ubica como un posible punto intermedio entre Karina Milei y Santiago Caputo, dos terminales que podrían aceptarlo en caso de que Milei decida avanzar con un reemplazo. En Nación remarcan su relación personal con el Presidente y su rol en la negociación con gobernadores y bloques aliados, aunque admiten que moverlo del Ministerio del Interior implicaría rediseñar una pieza clave del esquema parlamentario.
Quirno, en cambio, es mencionado por su perfil técnico, su bajo nivel de conflicto interno y su vínculo directo con el Presidente. En algunos sectores lo ven como una alternativa para ordenar la coordinación del Gabinete sin alterar demasiado el equilibrio político. Cerca del oficialismo destacan además su creciente exposición junto a Milei en la agenda internacional, como ocurrió durante la reunión con empresarios e inversores españoles en Madrid.
En Balcarce 50 también descartan, más allá de algunas sospechas internas, que el reemplazante sea Martín Menem. Sandra Pettovello fue mencionada en distintas conversaciones, pero en el Gobierno advierten que desplazarla de Capital Humano implicaría un cambio fuerte en una cartera sensible. Por eso, las conversaciones más concretas quedan concentradas por ahora en Quirno y Santilli, siempre bajo la aclaración de que no hay una definición oficial.
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En otras áreas internas creen, en cambio, que Milei todavía busca ganar tiempo y que no tiene definido un sucesor. Esa lectura sostiene que el Presidente pretende atar cualquier decisión a la evolución de la causa judicial y evitar que el Congreso o la oposición le impongan una salida. En esa línea, cerca de Adorni rechazan las versiones de renuncia y aseguran que las palabras de Milei fueron un “nuevo respaldo”.
“El Presidente mantiene el discurso de que se atienen a la Justicia”, plantean en el entorno del jefe de Gabinete. Allí insisten en que no creen que la causa avance con fuerza en el corto plazo, una lectura que difiere de la que hacen otros integrantes del Gabinete, que miran con preocupación las nuevas medidas de prueba ordenadas por el fiscal Gerardo Pollicita.
En otros sectores del Gabinete advierten que el margen para sostener a Adorni se achica cada vez que aparece una nueva derivación del expediente o de sus movimientos patrimoniales. La publicación de registros sobre compras realizadas desde su cuenta de Mercado Libre con tarjetas de crédito de dos funcionarios que dependían de la Vocería Presidencial volvió a encender alertas internas. “Si siguen apareciendo novedades judiciales, se va a complicar más su sostén”, resumen en Nación.
El propio Milei dijo desde España que, si la Justicia considera culpable a Adorni, lo “eyecta de una patada”, pero al mismo tiempo afirmó que cree en su honestidad y que la explicación sobre su patrimonio le resulta plausible. La frase buscó sostener al funcionario, pero también dejó instalada por primera vez una condición pública para su continuidad.
En la Casa Rosada descartan, más allá de algunas sospechas internas, que el reemplazante sea Martín Menem. El presidente de la Cámara de Diputados mantiene centralidad en el armado parlamentario de Karina Milei y en el vínculo con los bloques aliados de la Cámara baja, donde el oficialismo logró aprobar el Súper RIGI y otros proyectos pese al ruido generado por el caso Adorni.
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El malestar también alcanza a la exposición pública de los funcionarios. En distintos ministerios reconocen que evitan dar entrevistas porque no quieren responder por las investigaciones sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. “El problema que tuvo es que le dijo una cosa a uno y otra al otro. Esos idas y vueltas duran poco”, expresan en un despacho oficial.
El episodio de idas y vueltas entre Adorni y Patricia Bullrich también generó incomodidad. La jefa del bloque libertario en el Senado había anunciado que el jefe de Gabinete no iría a presentar su informe de gestión el 2 de julio, pero el funcionario publicó luego que estaba a disposición para asistir. “Lo están ayudando y genera estos episodios. No cae bien”, sostienen en Nación.
Por ahora, tampoco hay una definición sobre cuándo Adorni dará su informe de gestión ante el Congreso. La oposición busca transformarlo en una interpelación por las inconsistencias patrimoniales del funcionario, mientras el oficialismo intenta llevar la discusión a la comisión de Asuntos Constitucionales y evitar una votación directa en el recinto. En el Gobierno admiten que ese esquema permite ganar tiempo, pero no resuelve el problema de fondo.
En paralelo, Balcarce 50 pone la mirada sobre los cambios en comunicación. La llegada de Adrián Ravier como vocero presidencial y de Fabián Fernández a Prensa es leída en varios despachos como parte de una transición más amplia. “Los cambios van hacia una dirección”, resumen en Nación, en referencia a la decisión de sacar a Adorni de la exposición diaria y relanzar la comunicación oficial con un tono más técnico y menos condicionado por su situación judicial.
Javier Milei, Manuel Adorni, Gabinete
POLITICA
Gran Bretaña anunció nuevas medidas para proteger a las empresas que operan en las Islas Malvinas
Gran Bretaña anunció medidas para proteger a las empresas que operan en las Islas Malvinas y escaló la tensión con la Argentina. El gobierno del primer ministro Andy Burnham publicó un comunicado titulado: “Las empresas estarán protegidas de la coerción económica argentina”.
Desde el gobierno británico destacaron que “las empresas que invierten en las Islas Malvinas estarán protegidas de las medidas internas argentinas dirigidas a empresas e individuos involucrados en actividades económicas lícitas”.
El duro comunicado británico se publicó luego de la autorización de perforaciones petroleras en las Malvinas y de la presentación del reclamo de la Argentina en un tribunal internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion.
Las claves de las nuevas medidas británicas para proteger a las empresas que operan en las Islas Malvinas
El gobierno de Burnham le envió una fuerte advertencia a la administración de Javier Milei: “Este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido”.
Explicaron que las medidas entrarán en vigencia en respuesta a las medidas de la Argentina “en virtud de la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI, por sus siglas en inglés), lo que subraya que el Reino Unido no dudará en proteger a las empresas y a los particulares británicos”.
Mencionaron que el objetivo de estas medidas es “protegerlas de verse obligadas a cumplir con medidas extraterritoriales dirigidas contra la actividad lícita relacionada con las Islas Malvinas”, y destacó que colaboran “estrechamente con las empresas afectadas para ofrecerles apoyo”.
POLITICA
Crece la tensión por Malvinas: el gobierno británico anuncia que “protegerá” a las empresas que explotan recursos en las islas
Horas después de que el gobierno de Javier Milei anunciara la presentación de la demanda ante el Tribunal del Mar, en Hamburgo, contra la explotación de recursos en las Islas Malvinas, el gobierno británico anunció que modificará su legislación para “proteger” a las empresas que desarrollen esas actividades.
“El Gobierno del Reino Unido introducirá nuevas medidas de protección en respuesta a las medidas internas argentinas dirigidas a actividades relacionadas con las Islas Malvinas”, comienza el comunicado oficial del gobierno laborista inglés. En él, se detalla que “las nuevas medidas protegerán a las empresas y a los ciudadanos británicos frente a las medidas internas argentinas de alcance extraterritorial”. La referencia es concreta, y apunta a la empresa británica Rockhopper, que junto a la israelí Navitas desarrollan el proyecto Sea Lion, en aguas ubicadas al norte de las Islas.
“El Reino Unido reafirma su apoyo al derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la libre determinación y al desarrollo económico”, agrega el comunicado del gobierno del primer ministro Andy Burnham.
El texto precisa que “el gobierno prepara medidas en el marco de la legislación sobre la Protección de los Intereses Comerciales (PTI), subrayando que el Reino Unido no dudará en proteger a las empresas y ciudadanos británicos”. Habla de “presiones para cumplir con normativas internas argentinas” y califica de “lícitas” las actividades del proyecto Sea Lion, cuestionado por el gobierno argentino ante el tribunal internacional.
El acta de Protection of Trading Interests (PTI) es una ley del Reino Unido de 1980 cuyo objetivo es proteger a las personas y empresas británicas frente a las leyes, decisiones judiciales y requerimientos extraterritoriales emitidos por países extranjeros que afecten a los intereses comerciales del Reino Unido. Ya se aplicó en casos como las sanciones de Estados Unidos contra Cuba e Irán, que afectaron intereses británicos. Autoriza a sus empresas a no cumplir con eventuales sanciones y a reclamar indemnizaciones cuando se ven afectadas por esas decisiones.
“El objetivo de estas medidas no es restringir la actividad comercial lícita de empresas británicas o radicadas en el Reino Unido con Argentina, sino protegerlas de verse obligadas a acatar medidas extraterritoriales dirigidas contra actividades legales vinculadas a las Islas Malvinas”, afirma el comunicado. También detalla que el gobierno británico “mantiene una estrecha colaboración con las empresas afectadas para brindarles apoyo”.
El secretario de Estado de Empresa y Comercio, Jonathan Reynolds, declaró: “Esto deja claro, sin lugar a dudas, que este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial lícita del Reino Unido”. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, afirmó que “el apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es firme”.
Con un tono crudo y enérgico, el texto afirma que “los intentos de Argentina de intimidar a empresas y particulares que realizan actividades comerciales legítimas son inaceptables”. Además, señala que “las compañías deben tener libertad para tomar decisiones comerciales lícitas sin verse amenazadas por coacciones políticas”. Fustiga los “intentos de Argentina de coaccionar a empresas que desarrollan actividades lícitas”. Y advierte que “continuará evaluando todas las opciones disponibles para proteger los intereses del Reino Unido y apoyar a los habitantes de las islas”.
El gobierno de Milei anunció este martes que solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar los trabajos de explotación de hidrocarburos que realiza el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente y sostiene que lo que se busca es proteger los recursos naturales e impedir que las acciones británicas agraven la disputa sobre las islas.
Tal como informó , el reclamo fue llevado adelante por el director de la consejería legal internacional, Mario Oyarzábal, luego de vencer el plazo de dos semanas que la diplomacia le fijó al Reino Unido para frenar el proyecto Sea Lion, operado por las empresas Rockhopper y Navitas. También participaron de las consultas previas funcionarios de la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio, y de la Secretaría Legal y Técnica.
En coincidencia con esta presentación, el gobierno británico envió ante Interpol una solicitud para que rechace eventuales peticiones de Argentina “para detener a personas” vinculadas al proyecto Sean Lion. Según el diario británico The Guardian, el gobierno del Reino Unido “ha enviado una carta a la sede de Interpol en Lyon argumentando que las solicitudes de «notificación roja» presentadas por Argentina para la detención de estas personas —entre ellas, ciudadanos británicos— deben considerarse motivadas por razones políticas”.
Según consignó The Guardian, “el gobierno británico está preocupado por lo que diversas fuentes han calificado como un intento de intimidar a personas y empresas para disuadirlas de operar en las Malvinas”.
Desde la Cancillería dejaron trascender a que la estrategia británica de “demonizar” a la Argentina y plantearlo como “el malo de la película” es falaz. Negaron que se hubiese presentado pedido alguno de detención para los ejecutivos de las empresas que llevan adelante el proyecto Sea Lion. De hecho, en el artículo de The Guardian aparece una declaración de Andrea Clausen, directora ejecutiva del gobierno de las Malvinas, en la que confirmó que el uso de Interpol por parte de la Argentina suponía “una amenaza”, aunque añadió: “Cabe esperar que Interpol no tome medidas necesariamente”.
la presentación de la demanda,fue anunciada por la Oficina del Presidente,como informó LA NACION,Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
Internas y apuro en el Congreso: se reúne la Mesa Política para definir la estrategia por las reformas
La instancia de deliberación de estrategia política que tiene la Casa Rosada, más conocida como Mesa Política, volverá a reunirse hoy a las las 13:00 para acordar cuáles son los proyectos que se priorizarán en las próximas semanas en la agenda legislativa. En el interior del Gobierno existen importantes matices sobre cuáles son los caminos a adoptar, mientras persiste una presión de la oposición para imponer sus temas en la agenda política.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó para este martes en Casa Rosada a la mesa que integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la senadora nacional Patricia Bullrich; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. El único ausente con aviso es el ministro de Economía, Luis Caputo, que se encuentra en Tailandia para asistir a la reunión anual del FMI.
Se trata de la reanudación de las conversaciones de estos funcionarios luego de que la semana pasada se cancelara la reunión por motivos de agenda. El panorama parece cada vez más apremiante debido a que faltan aproximadamente seis semanas para que termine el período de sesiones ordinarias del Congreso y el oficialismo tiene un cuello de botella con decenas de reformas y proyectos que se encuentran con media sanción o sin tratar en alguna de las dos cámaras.
Una de las voces autorizadas de esa mesa afirma que “el tema más importante” a deliberar será la sesión convocada por la oposición para este jueves que busca debatir la derogación total del DNU 70/2023, la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y proyectos sobre morosidad de familias. Aunque la oposición reconoce que no tiene los votos suficientes, apuesta a una masiva movilización —prevista desde las 10:30, con la participación de universitarios, jubilados, la CGT, la CTA, organizaciones de discapacitados y grupos de inquilinos— para que presione a los diputados del “medio” para que acompañen.
“Ese es el tema prioritario para esta reunión”, afirma una de las personas que armó el temario para la cumbre en Casa Rosada. Uno de los integrantes de la Mesa añadió: “La sesión del jueves es importante, creemos que lo del DNU 70 debería quedar desarticulado después del fallo de la Corte Suprema”. El máximo tribunal restituyó de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras, facilitando que el oficialismo pueda convencer a varios de sus aliados de que no den quórum para la sesión. La oposición estaría considerando bajar al recinto a pesar de no tener los números, pero dejar en evidencia a quienes no contribuyan a iniciar la sesión.
Infobae consultó con cuatro funcionarios que asistirán al encuentro y, en el conglomerado de opiniones, pudo recabarse que tratarán de hablar de las reuniones informativas que se desarrollarán por estos días por el Presupuesto 2027, la Reforma Política y de los proyectos de Sociedades, Soberanía Nacional y el Super RIGI, entre otros.
Esta semana, la Cámara de Diputados abrirá el debate del Presupuesto 2027 en comisión, con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Paralelamente, continuará la discusión sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, donde el oficialismo buscará mantener el texto original con mínimas modificaciones, mientras el peronismo impulsa un dictamen alternativo que solo abarca el primer capítulo del proyecto. Además, arrancará el debate de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada —que ya tiene media sanción del Senado— y La Libertad Avanza intentaría reponer mediante un artículo las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, eliminadas durante el trámite del proyecto por la Cámara Alta.
El proyecto de Súper RIGI —el régimen de incentivos para inversiones superiores a USD 1.000 millones en industrias del futuro— se encuentra estancado en el Senado desde principios de septiembre, cuando aliados del Gobierno como el PRO, la UCR y el peronismo disidente plantearon objeciones centradas en la protección de los insumos nacionales: exigen que la oferta local sea considerada competitiva siempre que su precio no supere en más de un 15% al de la competencia extranjera, y que se establezca un mecanismo de consulta con entidades empresarias para verificar la existencia de proveedores locales. Sin un guiño desde Balcarce 50 que avale esos cambios —decisión que recae en el Ministerio de Economía—, los aliados advirtieron que no habrá acuerdo, y cualquier modificación al texto obligaría además a que el proyecto regrese a Diputados en segunda revisión. En la misma situación se encuentra el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR).
La Reforma Política —que contempla la suspensión de las PASO— debería terminar de definirse en las próximas semanas. Los negociadores políticos del Gobierno puntualizan que hay “acuerdos de palabras” con varios gobernadores y que el principal escollo se encuentra en un grupo de senadores del radicalismo y de bloques que no responden a ningún jefe provincial. “Es algo que Patricia viene diciendo desde que comenzaron las negociaciones y no le hacen caso”, afirma una fuente de su entorno.
Santilli, en tanto, está apurando las reuniones bilaterales con mandatarios subnacionales y es partidario de cerrar los acuerdos políticos lo antes posible. En esa misma tónica se encuadran los primos Caputo, que consideran que el oficialismo debe relegar capilaridad partidaria en las provincias con tal de poder generar certidumbre de acuerdos políticos y calma en los mercados.
Martín y Lule Menem han marcado una postura diferente en las últimas semanas. Consideran que los gobernadores deben comprometerse a una agenda de desregulación en sus provincias que conlleve bajas impositivas y reducción del tamaño de sus burocracias, llegando a otorgar cargos a libertarios en las administraciones subnacionales para poder auditar ese proceso. “Karina y Lule están menos desesperados por cerrar. Y tiene lógica desde mi punto de vista. Comúnmente los oficialismos tienen menos incentivos para cerrar un año no electoral. Conviene estirarlo un poco más desde este análisis”, analiza un integrante de la Mesa Política en diálogo con Infobae.
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