POLITICA
Militantes del MTE, que responden a Grabois, prendieron fuego la municipalidad de La Plata: hay 22 detenidos
Graves incidentes se desataron este viernes en la Municipalidad de La Plata cuando cooperativistas prendieron fuego el edificio gubernamental en reclamo por modificaciones en el procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento de la ciudad.
Grandes columnas de humo y vidrios rotos se distinguieron en los videos publicados en redes sociales, mietras desde el gobierno local contabilizaban 22 detenidos y siete heridos tras los incidentes.
La Municipalidad de La Plata efectuó una denuncia penal ante la fiscalía en turno del Departamento Judicial de La Plata y se presentó como particular damnificada, por daño agravado al Palacio Municipal, lesiones y atentado a la autoridad, contra militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la organización social fundada por Juan Grabois.
“Es una organización política que destruyó las puertas de acceso, vidrios, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante, además de agredir a vecinos presentes en una actividad educativa”, explicaron desde la Municipalidad.
El grupo de manifestantes buscó irrumpir en el Palacio cerca de las 13, mientras realizaban una manifestación contra la licitación de los servicios de limpieza de zanjas, reciclado, corte de pasto y barrido.
En paralelo, en el interior del palacio, ubicado en el centro de la ciudad, se llevaba adelante un acto por el Día Internacional de Prevención de Adicciones con la presencia de más de 300 vecinos.
En ese momento, manifestantes comenzaron a arrojar objetos hacia las ventanas y puertas de la Municipalidad. Desde el gobierno local que conduce Julio Alak detallaron que un vecino resultó herido cuando un manifestante arrojó una piedra que rompió un vitral del Salón Dorado. Además, seis efectivos de la Policía Bonaerense resultaron heridos.
Desde la Municipalidad repudiaron la violencia que se generó y que además causó que los vecinos no pudieran salir del establecimiento hasta que terminaran los incidentes.
“El gobierno municipal de La Plata siempre ha estado abierto al diálogo, pero no aceptará ningún tipo de extorsión ni mecanismos violentos”, expresó la administración local.
El conflicto por la licitación pública
El gobierno de La Plata denunció que la organización política buscaba mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales -más de mil millones al año- que se había originado en 2011, a pesar de que incumplía sus obligaciones así como tampoco respetaba el “nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento en la ciudad”.
El nuevo procedimiento consiste en una modificación que se realizó en el último año cuando el Tribunal de Cuentas advirtió al municipio que no podía seguir contratando cooperativas por contratación directa y exigió que todas se realizaran a través del procedimiento de licitación pública.
Tras ello, la Municipalidad llamó a licitación pública para la contratación de los servicios y “convocó a todas las cooperativas y empresas con tiempo suficiente para que se adaptaran al nuevo sistema”.
Desde el gobierno local argumentaron que todas las cooperativas y empresas que venían prestando servicios, además de otras nuevas, adquirieron pliegos para presentarse a la licitación pública, excepto la organización de militantes políticos del MTE, que “no aceptó participar del procedimiento y decidió atacar violentamente las instalaciones del Palacio Municipal”.
“Si el municipio la hubiese contratado nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas y sus autoridades habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público”, sumó el gobierno local.
Un día antes de la manifestación, el MTE de La Plata había anunciado una movilización y el corte de las calles en 12 y 53 desde las 9.30 del viernes. “El Municipio de La Plata decidió no renovar los contratos que tiene con las cooperativas, mediante los cuales se puede sostener el trabajo de 400 compañeros recicladores que se desempeñan en diferentes calles de la ciudad”, sostuvieron.
Y denunciaron que, como alternativa, la Municipalidad les ofreció “entregar Tarjetas Alimentar, reemplazando un sistema de trabajo por planes sociales”.
“Esta decisión desconoce la trayectoria de diez años de la cooperativa y busca destruir la única política socioambiental que tiene nuestra ciudad”, había advertido el MTE.
La Plata,Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE),La Plata,Juan Grabois,Conforme a,La Plata,,La Plata. Allanaron la casa de un chico de 16 años al que filmaron practicando tiro: había 25 armas y miles de municiones,,Empezaron las obras en el sur del conurbano. Se viene el cuarto carril en la autopista Buenos Aires-La Plata,,Apoyo. Kicillof, con Moyano y gremialistas internacionales: “Si el Gobierno les da la espalda, cuentan con la Provincia”
POLITICA
Gran Bretaña anunció nuevas medidas para proteger a las empresas que operan en las Islas Malvinas
Gran Bretaña anunció medidas para proteger a las empresas que operan en las Islas Malvinas y escaló la tensión con la Argentina. El gobierno del primer ministro Andy Burnham publicó un comunicado titulado: “Las empresas estarán protegidas de la coerción económica argentina”.
Desde el gobierno británico destacaron que “las empresas que invierten en las Islas Malvinas estarán protegidas de las medidas internas argentinas dirigidas a empresas e individuos involucrados en actividades económicas lícitas”.
El duro comunicado británico se publicó luego de la autorización de perforaciones petroleras en las Malvinas y de la presentación del reclamo de la Argentina en un tribunal internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion.
Las claves de las nuevas medidas británicas para proteger a las empresas que operan en las Islas Malvinas
El gobierno de Burnham le envió una fuerte advertencia a la administración de Javier Milei: “Este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido”.
Explicaron que las medidas entrarán en vigencia en respuesta a las medidas de la Argentina “en virtud de la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI, por sus siglas en inglés), lo que subraya que el Reino Unido no dudará en proteger a las empresas y a los particulares británicos”.
Mencionaron que el objetivo de estas medidas es “protegerlas de verse obligadas a cumplir con medidas extraterritoriales dirigidas contra la actividad lícita relacionada con las Islas Malvinas”, y destacó que colaboran “estrechamente con las empresas afectadas para ofrecerles apoyo”.
POLITICA
Crece la tensión por Malvinas: el gobierno británico anuncia que “protegerá” a las empresas que explotan recursos en las islas
Horas después de que el gobierno de Javier Milei anunciara la presentación de la demanda ante el Tribunal del Mar, en Hamburgo, contra la explotación de recursos en las Islas Malvinas, el gobierno británico anunció que modificará su legislación para “proteger” a las empresas que desarrollen esas actividades.
“El Gobierno del Reino Unido introducirá nuevas medidas de protección en respuesta a las medidas internas argentinas dirigidas a actividades relacionadas con las Islas Malvinas”, comienza el comunicado oficial del gobierno laborista inglés. En él, se detalla que “las nuevas medidas protegerán a las empresas y a los ciudadanos británicos frente a las medidas internas argentinas de alcance extraterritorial”. La referencia es concreta, y apunta a la empresa británica Rockhopper, que junto a la israelí Navitas desarrollan el proyecto Sea Lion, en aguas ubicadas al norte de las Islas.
“El Reino Unido reafirma su apoyo al derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la libre determinación y al desarrollo económico”, agrega el comunicado del gobierno del primer ministro Andy Burnham.
El texto precisa que “el gobierno prepara medidas en el marco de la legislación sobre la Protección de los Intereses Comerciales (PTI), subrayando que el Reino Unido no dudará en proteger a las empresas y ciudadanos británicos”. Habla de “presiones para cumplir con normativas internas argentinas” y califica de “lícitas” las actividades del proyecto Sea Lion, cuestionado por el gobierno argentino ante el tribunal internacional.
El acta de Protection of Trading Interests (PTI) es una ley del Reino Unido de 1980 cuyo objetivo es proteger a las personas y empresas británicas frente a las leyes, decisiones judiciales y requerimientos extraterritoriales emitidos por países extranjeros que afecten a los intereses comerciales del Reino Unido. Ya se aplicó en casos como las sanciones de Estados Unidos contra Cuba e Irán, que afectaron intereses británicos. Autoriza a sus empresas a no cumplir con eventuales sanciones y a reclamar indemnizaciones cuando se ven afectadas por esas decisiones.
“El objetivo de estas medidas no es restringir la actividad comercial lícita de empresas británicas o radicadas en el Reino Unido con Argentina, sino protegerlas de verse obligadas a acatar medidas extraterritoriales dirigidas contra actividades legales vinculadas a las Islas Malvinas”, afirma el comunicado. También detalla que el gobierno británico “mantiene una estrecha colaboración con las empresas afectadas para brindarles apoyo”.
El secretario de Estado de Empresa y Comercio, Jonathan Reynolds, declaró: “Esto deja claro, sin lugar a dudas, que este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial lícita del Reino Unido”. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, afirmó que “el apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es firme”.
Con un tono crudo y enérgico, el texto afirma que “los intentos de Argentina de intimidar a empresas y particulares que realizan actividades comerciales legítimas son inaceptables”. Además, señala que “las compañías deben tener libertad para tomar decisiones comerciales lícitas sin verse amenazadas por coacciones políticas”. Fustiga los “intentos de Argentina de coaccionar a empresas que desarrollan actividades lícitas”. Y advierte que “continuará evaluando todas las opciones disponibles para proteger los intereses del Reino Unido y apoyar a los habitantes de las islas”.
El gobierno de Milei anunció este martes que solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar los trabajos de explotación de hidrocarburos que realiza el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente y sostiene que lo que se busca es proteger los recursos naturales e impedir que las acciones británicas agraven la disputa sobre las islas.
Tal como informó , el reclamo fue llevado adelante por el director de la consejería legal internacional, Mario Oyarzábal, luego de vencer el plazo de dos semanas que la diplomacia le fijó al Reino Unido para frenar el proyecto Sea Lion, operado por las empresas Rockhopper y Navitas. También participaron de las consultas previas funcionarios de la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio, y de la Secretaría Legal y Técnica.
En coincidencia con esta presentación, el gobierno británico envió ante Interpol una solicitud para que rechace eventuales peticiones de Argentina “para detener a personas” vinculadas al proyecto Sean Lion. Según el diario británico The Guardian, el gobierno del Reino Unido “ha enviado una carta a la sede de Interpol en Lyon argumentando que las solicitudes de «notificación roja» presentadas por Argentina para la detención de estas personas —entre ellas, ciudadanos británicos— deben considerarse motivadas por razones políticas”.
Según consignó The Guardian, “el gobierno británico está preocupado por lo que diversas fuentes han calificado como un intento de intimidar a personas y empresas para disuadirlas de operar en las Malvinas”.
Desde la Cancillería dejaron trascender a que la estrategia británica de “demonizar” a la Argentina y plantearlo como “el malo de la película” es falaz. Negaron que se hubiese presentado pedido alguno de detención para los ejecutivos de las empresas que llevan adelante el proyecto Sea Lion. De hecho, en el artículo de The Guardian aparece una declaración de Andrea Clausen, directora ejecutiva del gobierno de las Malvinas, en la que confirmó que el uso de Interpol por parte de la Argentina suponía “una amenaza”, aunque añadió: “Cabe esperar que Interpol no tome medidas necesariamente”.
la presentación de la demanda,fue anunciada por la Oficina del Presidente,como informó LA NACION,Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
Internas y apuro en el Congreso: se reúne la Mesa Política para definir la estrategia por las reformas
La instancia de deliberación de estrategia política que tiene la Casa Rosada, más conocida como Mesa Política, volverá a reunirse hoy a las las 13:00 para acordar cuáles son los proyectos que se priorizarán en las próximas semanas en la agenda legislativa. En el interior del Gobierno existen importantes matices sobre cuáles son los caminos a adoptar, mientras persiste una presión de la oposición para imponer sus temas en la agenda política.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó para este martes en Casa Rosada a la mesa que integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la senadora nacional Patricia Bullrich; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. El único ausente con aviso es el ministro de Economía, Luis Caputo, que se encuentra en Tailandia para asistir a la reunión anual del FMI.
Se trata de la reanudación de las conversaciones de estos funcionarios luego de que la semana pasada se cancelara la reunión por motivos de agenda. El panorama parece cada vez más apremiante debido a que faltan aproximadamente seis semanas para que termine el período de sesiones ordinarias del Congreso y el oficialismo tiene un cuello de botella con decenas de reformas y proyectos que se encuentran con media sanción o sin tratar en alguna de las dos cámaras.
Una de las voces autorizadas de esa mesa afirma que “el tema más importante” a deliberar será la sesión convocada por la oposición para este jueves que busca debatir la derogación total del DNU 70/2023, la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y proyectos sobre morosidad de familias. Aunque la oposición reconoce que no tiene los votos suficientes, apuesta a una masiva movilización —prevista desde las 10:30, con la participación de universitarios, jubilados, la CGT, la CTA, organizaciones de discapacitados y grupos de inquilinos— para que presione a los diputados del “medio” para que acompañen.
“Ese es el tema prioritario para esta reunión”, afirma una de las personas que armó el temario para la cumbre en Casa Rosada. Uno de los integrantes de la Mesa añadió: “La sesión del jueves es importante, creemos que lo del DNU 70 debería quedar desarticulado después del fallo de la Corte Suprema”. El máximo tribunal restituyó de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras, facilitando que el oficialismo pueda convencer a varios de sus aliados de que no den quórum para la sesión. La oposición estaría considerando bajar al recinto a pesar de no tener los números, pero dejar en evidencia a quienes no contribuyan a iniciar la sesión.
Infobae consultó con cuatro funcionarios que asistirán al encuentro y, en el conglomerado de opiniones, pudo recabarse que tratarán de hablar de las reuniones informativas que se desarrollarán por estos días por el Presupuesto 2027, la Reforma Política y de los proyectos de Sociedades, Soberanía Nacional y el Super RIGI, entre otros.
Esta semana, la Cámara de Diputados abrirá el debate del Presupuesto 2027 en comisión, con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Paralelamente, continuará la discusión sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, donde el oficialismo buscará mantener el texto original con mínimas modificaciones, mientras el peronismo impulsa un dictamen alternativo que solo abarca el primer capítulo del proyecto. Además, arrancará el debate de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada —que ya tiene media sanción del Senado— y La Libertad Avanza intentaría reponer mediante un artículo las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, eliminadas durante el trámite del proyecto por la Cámara Alta.
El proyecto de Súper RIGI —el régimen de incentivos para inversiones superiores a USD 1.000 millones en industrias del futuro— se encuentra estancado en el Senado desde principios de septiembre, cuando aliados del Gobierno como el PRO, la UCR y el peronismo disidente plantearon objeciones centradas en la protección de los insumos nacionales: exigen que la oferta local sea considerada competitiva siempre que su precio no supere en más de un 15% al de la competencia extranjera, y que se establezca un mecanismo de consulta con entidades empresarias para verificar la existencia de proveedores locales. Sin un guiño desde Balcarce 50 que avale esos cambios —decisión que recae en el Ministerio de Economía—, los aliados advirtieron que no habrá acuerdo, y cualquier modificación al texto obligaría además a que el proyecto regrese a Diputados en segunda revisión. En la misma situación se encuentra el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR).
La Reforma Política —que contempla la suspensión de las PASO— debería terminar de definirse en las próximas semanas. Los negociadores políticos del Gobierno puntualizan que hay “acuerdos de palabras” con varios gobernadores y que el principal escollo se encuentra en un grupo de senadores del radicalismo y de bloques que no responden a ningún jefe provincial. “Es algo que Patricia viene diciendo desde que comenzaron las negociaciones y no le hacen caso”, afirma una fuente de su entorno.
Santilli, en tanto, está apurando las reuniones bilaterales con mandatarios subnacionales y es partidario de cerrar los acuerdos políticos lo antes posible. En esa misma tónica se encuadran los primos Caputo, que consideran que el oficialismo debe relegar capilaridad partidaria en las provincias con tal de poder generar certidumbre de acuerdos políticos y calma en los mercados.
Martín y Lule Menem han marcado una postura diferente en las últimas semanas. Consideran que los gobernadores deben comprometerse a una agenda de desregulación en sus provincias que conlleve bajas impositivas y reducción del tamaño de sus burocracias, llegando a otorgar cargos a libertarios en las administraciones subnacionales para poder auditar ese proceso. “Karina y Lule están menos desesperados por cerrar. Y tiene lógica desde mi punto de vista. Comúnmente los oficialismos tienen menos incentivos para cerrar un año no electoral. Conviene estirarlo un poco más desde este análisis”, analiza un integrante de la Mesa Política en diálogo con Infobae.
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