POLITICA
Militantes del MTE, que responden a Grabois, prendieron fuego la municipalidad de La Plata: hay 22 detenidos
Graves incidentes se desataron este viernes en la Municipalidad de La Plata cuando cooperativistas prendieron fuego el edificio gubernamental en reclamo por modificaciones en el procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento de la ciudad.
Grandes columnas de humo y vidrios rotos se distinguieron en los videos publicados en redes sociales, mietras desde el gobierno local contabilizaban 22 detenidos y siete heridos tras los incidentes.
La Municipalidad de La Plata efectuó una denuncia penal ante la fiscalía en turno del Departamento Judicial de La Plata y se presentó como particular damnificada, por daño agravado al Palacio Municipal, lesiones y atentado a la autoridad, contra militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la organización social fundada por Juan Grabois.
“Es una organización política que destruyó las puertas de acceso, vidrios, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante, además de agredir a vecinos presentes en una actividad educativa”, explicaron desde la Municipalidad.
El grupo de manifestantes buscó irrumpir en el Palacio cerca de las 13, mientras realizaban una manifestación contra la licitación de los servicios de limpieza de zanjas, reciclado, corte de pasto y barrido.
En paralelo, en el interior del palacio, ubicado en el centro de la ciudad, se llevaba adelante un acto por el Día Internacional de Prevención de Adicciones con la presencia de más de 300 vecinos.
En ese momento, manifestantes comenzaron a arrojar objetos hacia las ventanas y puertas de la Municipalidad. Desde el gobierno local que conduce Julio Alak detallaron que un vecino resultó herido cuando un manifestante arrojó una piedra que rompió un vitral del Salón Dorado. Además, seis efectivos de la Policía Bonaerense resultaron heridos.
Desde la Municipalidad repudiaron la violencia que se generó y que además causó que los vecinos no pudieran salir del establecimiento hasta que terminaran los incidentes.
“El gobierno municipal de La Plata siempre ha estado abierto al diálogo, pero no aceptará ningún tipo de extorsión ni mecanismos violentos”, expresó la administración local.
El conflicto por la licitación pública
El gobierno de La Plata denunció que la organización política buscaba mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales -más de mil millones al año- que se había originado en 2011, a pesar de que incumplía sus obligaciones así como tampoco respetaba el “nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento en la ciudad”.
El nuevo procedimiento consiste en una modificación que se realizó en el último año cuando el Tribunal de Cuentas advirtió al municipio que no podía seguir contratando cooperativas por contratación directa y exigió que todas se realizaran a través del procedimiento de licitación pública.
Tras ello, la Municipalidad llamó a licitación pública para la contratación de los servicios y “convocó a todas las cooperativas y empresas con tiempo suficiente para que se adaptaran al nuevo sistema”.
Desde el gobierno local argumentaron que todas las cooperativas y empresas que venían prestando servicios, además de otras nuevas, adquirieron pliegos para presentarse a la licitación pública, excepto la organización de militantes políticos del MTE, que “no aceptó participar del procedimiento y decidió atacar violentamente las instalaciones del Palacio Municipal”.
“Si el municipio la hubiese contratado nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas y sus autoridades habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público”, sumó el gobierno local.
Un día antes de la manifestación, el MTE de La Plata había anunciado una movilización y el corte de las calles en 12 y 53 desde las 9.30 del viernes. “El Municipio de La Plata decidió no renovar los contratos que tiene con las cooperativas, mediante los cuales se puede sostener el trabajo de 400 compañeros recicladores que se desempeñan en diferentes calles de la ciudad”, sostuvieron.
Y denunciaron que, como alternativa, la Municipalidad les ofreció “entregar Tarjetas Alimentar, reemplazando un sistema de trabajo por planes sociales”.
“Esta decisión desconoce la trayectoria de diez años de la cooperativa y busca destruir la única política socioambiental que tiene nuestra ciudad”, había advertido el MTE.
La Plata,Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE),La Plata,Juan Grabois,Conforme a,La Plata,,La Plata. Allanaron la casa de un chico de 16 años al que filmaron practicando tiro: había 25 armas y miles de municiones,,Empezaron las obras en el sur del conurbano. Se viene el cuarto carril en la autopista Buenos Aires-La Plata,,Apoyo. Kicillof, con Moyano y gremialistas internacionales: “Si el Gobierno les da la espalda, cuentan con la Provincia”
Jesica Cirio, a través de su abogado Claudio Caffarello, se presentó esta noche ante la Justicia para pedir que no la detengan y sugirió que es nulo el video donde se la ve exhibiendo millones de dólares en paquetes termosellados en el vestidor de la casa que compartía con el exintendente Martín Insaurralde.
Cirio se enteró por del pedido de detención en su contra y su abogado de inmediato se presentó con un escrito en el juzgado.
Allí, Caffarello pidió que la detención no se ejecute y argumentó que “es insostenible pensar que se va a fugar”.
Por la mañana, el fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, y Cirio en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
La medida fue solicitada al juez federal Luis Armella, que será quien decida si la concede.
Como consecuencia, Caffarello, junto con el abogado Nicolás Urrutia, argumentaron que su defendida no reúne ninguno de los requisitos que el Código Procesal Penal exige para ir presa.
La defensa dijo que no hay peligro de fuga ni riesgo de entorpecimiento de la prueba.
Sobre el peligro de fuga, los abogados dijeron que Cirio se encuentra a derecho desde el primer día de la causa, tiene domicilio constituido y verificado, e informó al tribunal todos sus viajes y regresos.
Agregaron que es una figura pública reconocida desde hace años, lo que “haría inverosímil cualquier intento de ocultamiento”, y señalaron que “tiene una hija pequeña escolarizada y se encuentra en un avanzado estado de embarazo”.
“Es insostenible pensar que se va a fugar”, mencionaron.
Sobre el riesgo de entorpecimiento, negaron que exista evidencia de que Jesica Cirio haya tomado contacto con testigos para influir en sus declaraciones.
Los abogados reconocieron que el tribunal ordenó una serie de declaraciones, incluida la de una empleada doméstica de Cirio.
“Si la hipótesis que se le reclama a nuestra defendida desde la Fiscalía es que no tenga contactos con testigos, nos preguntamos: ¿Qué debe hacer con ella [su empleada], la debe despedir?”, plantearon los abogados con ironía.
Los defensores también buscaron sacar de la cancha el video que reveló donde se ve a Cirio en medio de fajos de dólares, que los investigadores estiman en unos 10 millones.
La defensa señaló que el fiscal pidió al tribunal que requiriera esas imágenes para someterlas a pericia con el objetivo de determinar si fueron objeto de manipulación, cortes o ediciones.
Los abogados dijeron que no es posible establecer la fecha de las imágenes, tampoco establecer el lugar al que corresponden y recordaron que el testimonio del productor Diego Suárez señaló que el video “tiene un “trasfondo extorsivo””.
Suárez describió haber visto imágenes de cómo se pagaron 500.000 dólares a una mujer vinculada a un abogado, supuestamente para evitar la difusión de estas imágenes.
La propia Cirio había denunciado en 2025 que la estaban extorsionando con la difusión de imágenes que afectaban su intimidad. No habló de dólares en ese momento.
“Habiéndose comprobado en principio la hipótesis de que ese video podría ser alcanzado por la exclusión de las reglas probatorias, llama mucho la atención de esta defensa que se solicite la detención”, dijeron los letrados y sugirieron que la prueba podría ser inadmisible.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
La estrategia judicial de Tapia y Toviggino después del revés que los deja al borde del juicio oral
La decisión de la Cámara en lo Penal Económico que confirmó los procesamientos de Claudio Tapia y Pablo Toviggino por evasión impositiva al haber pagado fuera de término impuestos y aportes patronales los dejó al borde de ser elevados, por primera vez, a juicio oral.
La decisión de llevar al siguiente nivel judicial este expediente quedará en manos del juez Diego Amarante, que procesó al presidente de la AFA y a su tesorero por considerar probado en 34 oportunidades el delito de apropiación indebida de tributos agravado y en 17 veces el de los recursos de la seguridad social.
Para Amarante, el número 1 y 2 de la AFA “pusieron en práctica un plan que les permitió con esos fondos que no depositaban obtener cuantiosos beneficios financieros como resultado de incumplir”. Como ejemplo, reveló que en el período investigado (marzo de 2025 – septiembre de 2025), la entidad madre del fútbol argentino colocó plazos fijos millonarios. En otras palabras el juez dijo: el dinero estaba.
Como sea, ahora Tapia y Toviggino desplegarán una estrategia judicial para intentar frenar o al menos dilatar su elevación a juicio.
Según distintas fuentes judiciales, se espera que ambos interpongan un recurso para llegar hasta la Cámara Federal de Casación Penal, donde buscarán que se revise su procesamiento. Antes, la Cámara en lo Penal y Económico debe responder si concede o no ese recurso.
Si lo concede, Tapia y Toviggino lograrán que su procesamiento sea analizado por la Cámara Federal de Casación Penal, pero si la Cámara en lo Penal y Económico lo rechaza, ambos podrían interponer una queja para llegar a la Casación por esa vía.
Pero allí Tapia y Toviggino se volverán a encontrar con un nuevo escollo. La Casación debe decidir si abre o no ese recurso, un recurso que por lo general no procede en estos casos porque está previsto en sentencias definitivas. Hasta aquí no hubo ninguna sentencia de estas características, pero muchas veces los acusados pueden interponerlo igual para dilatar definiciones como la que Amarante podría tomar.
Si la Cámara de Casación abre el recurso, analizará el procesamiento, pero si lo rechaza entonces ahí el Presidente de la AFA y su segundo, tendrán la chance de interponer un recurso extraordinario para que resuelva la Corte Suprema de Justicia. Al máximo tribunal podrán llegar por dos vías.
Una es que sea Casación la que habilite el recurso, lo que es poco probable. Si lo rechaza, llegarán en queja pero nadie cree que el máximo tribunal se disponga a analizar un caso de estas características. “Es prácticamente imposible que tome un tema de procesamiento para resolver en este caso”, aseguran quienes recorren los pasillos de Comodoro Py y el Penal y Económico.
Así, el futuro judicial de Tapia y Toviggino en esta causa es complejo. La mala noticia llega el mismo día en que la jueza Verónica Straccia recibió el expediente de la mansión de Pilar. Los que conocen a esta magistrada hablan de una persona “incorruptible”. Por ese caso ya pasó Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Charvay y ahora esta última magistrada. Subroga el juzgado 10 hasta noviembre. ¿El tiempo alcanzará para que Conte y Pantano, los supuestos testaferros de Toviggino, expliquen cómo hicieron para comprar una mansión de U$S17 millones?
Leé también: Caso AFA: denuncian por lavado de dinero a Tapia y a Toviggino y piden citar a un testigo clave
De nuevo en el caso de las retenciones indebidas, la AFA sostiene que la deuda fue cancelada pero el delito se configura a partir del momento en que se vence el plazo. Aseguran que existían normas de ARCA y Economía que establecían -hasta mitad de este año- la imposibilidad de ejecutar deudas fiscales. “Sino se puede ejecutar, no se puede reclamar”, suelen decir.
AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino
POLITICA
Retardo de Justicia. Presentan una queja contra el juez que ordenó la cautelar que protege a Tapia y Toviggino
Los abogados de dos periodistas formalizaron una queja por retardo de Justicia contra el juez de garantías Walter Federico Saettone, que ordenó la cautelar que protege a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA.
Esa medida del juez le impide a Nicolás Pizzi y Nicolás Gasulla y otros periodistas que investigaron a la AFA tomar contacto o acercarse a Tapia y Toviggino, además de difundir datos, imágenes o información de ambos dirigentes.
Los abogados de Pizzi y Gasulla apelaron esa cautelar, pero el juez Saettone no le dio trámite, dijeron en un escrito que su defensa presentó este viernes ante la Cámara Penal de San Isidro.
“Pese a haber transcurrido un mes de la apelación presentada por esta parte con relación a la cautelar dispuesta con fecha 13/05/2026 (en favor del Sr. Tapia) y más de 20 días de la apelación presentada en relación con la resolución de fecha 18/05/2026 (en favor del Sr. Toviggino), la causa continúa en la primera instancia a la espera de que se finalice el trámite de notificaciones a los imputados”, dice el texto, que lleva la firma de los abogados Hugo Wortman y Tomás Brady.
“En aquellas impugnaciones nuestros clientes señalaron una grave e inaceptable afectación al derecho de libertad de expresión a través de una vía de censura indirecta. Nuestros clientes son periodistas y necesitan investigar y que no se les condicione su labor profesional”.
La cautelar que cuestiona fue dictada en el marco de una denuncia de Tapia contra los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes iniciaron la causa que investiga a las autoridades de la AFA por la quinta de Villa Rosa, Pilar.
La versión de Tapia fue que, tras un conflicto por cámaras de fotomultas en la órbita del Ceamse, comenzó una campaña de presión con denuncias judiciales y exposición mediática sobre la AFA, su patrimonio y la quinta de Pilar. Esa denuncia quedó bajo la órbita del juez Saettone y la fiscalía de Pilar.
Los abogados sostienen que pasó un mes desde la apelación contra la cautelar concedida a Tapia y más de 20 días desde la apelación contra la medida dictada en favor de Toviggino, pero que el expediente continúa en primera instancia a la espera de que se completen notificaciones a otros imputados.
Para la defensa, esa demora configura un retardo de justicia. En la presentación, pidieron que la Cámara ordene al juez de primera instancia que, en un plazo de 24 horas, realice los trámites necesarios para que la Alzada pueda intervenir y revisar las cautelares cuestionadas.
El perfil público del juez incluye elogios a la expresidenta Cristina Kirchner, una foto con el gobernador Axel Kicillof y un papel relevante en un documental sobre jueces preocupados por las garantías de los presos en la provincia de Buenos Aires.
Walter Federico Saettone,Conforme a
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Jesica Cirio pidió que no la detengan y que excluyan el video de los dólares como evidencia
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