La Justicia bonaerense suspendió este viernes el último aumento en las tarifas eléctricas que había autorizado el gobierno de Axel Kicillof y ordenó restablecer el cuadro tarifario anterior hasta que haya una sentencia definitiva. La medida alcanza a los componentes provinciales de la factura de luz y también impide que se apliquen nuevos incrementos sin una instancia previa de participación de los usuarios.

La resolución fue dictada por el juez Agustín López Coppola, titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca, en una causa iniciada por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires contra el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y las distribuidoras EDES, EDELAP, EDEA y EDEN.

La cautelar suspende los efectos de la Resolución 585/2026, que había actualizado distintos componentes de la tarifa eléctrica con aplicación sobre los consumos registrados desde el 1° de agosto. Además, ordena que, si las distribuidoras ya cobraron esos montos, los acrediten en la próxima factura de los usuarios.

El magistrado también dispuso que, mientras continúe el proceso judicial, no podrán aplicarse nuevos cuadros tarifarios vinculados con los componentes provinciales si fueron dictados sin una instancia previa de participación ciudadana.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajará el martes 22 de septiembre a Nueva York, donde buscará fortalecer el vínculo con acreedores y empresarios en medio de las necesidades de refinanciación de la administración bonaerense. La agenda incluirá reuniones con fondos que poseen bonos provinciales, compañías con proyectos en el territorio y una actividad con el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani. De trasfondo, también buscará mostrar una apertura al diálogo frente al mercado y el mundo financiero, en la antesala de las elecciones presidenciales en las que pugna por ser el candidato del peronismo.

La visita coincidirá con la estadía del presidente Javier Milei en Estados Unidos, prevista para participar de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las actividades de ambos dirigentes serán separadas, aunque la simultaneidad volverá a exponer las diferencias entre la Casa Rosada y la gobernación bonaerense.

Kicillof viajará en carácter oficial y la Provincia afrontará los gastos de la misión oficial. Durante su ausencia, la vicegobernadora Verónica Magario quedará a cargo del Poder Ejecutivo bonaerense. Será luego del acto político que encabece este sábado en Avellaneda, en el que se espera que el mandatario haga un pronunciamiento sólido sobre su eventual candidatura presidencial de cara a las elecciones del año que viene.

El martes, el gobernador mantendrá una reunión con fondos de inversión que poseen títulos de deuda de la provincia de Buenos Aires. También se encontrará con representantes de empresas que ya tienen inversiones o analizan desembolsos en el territorio bonaerense.

El contacto con los acreedores se producirá cinco años después del inicio de la negociación que llevó a la reestructuración de la deuda provincial bajo legislación extranjera. El proceso comenzó el 24 de abril de 2020, después de que la Provincia bordeara el default, y cuyo canje se liquidó el 3 de septiembre de 2021.

La operación alcanzó USD 7.148 millones de capital distribuido en 11 series de bonos emitidos en dólares y euros. La Provincia informó que logró reestructurar o modificar el 97,66% de los títulos incluidos mediante el canje y la aplicación de cláusulas de acción colectiva.

El acuerdo inicial, anunciado en julio de 2021, se alcanzó con el principal acreedor de la Provincia y otros inversores institucionales. El entendimiento destrabó una negociación que había atravesado más de un año de negociaciones y diferencias entre grupos de bonistas.

La reestructuración modificó el calendario de vencimientos de los bonos bajo ley extranjera. Los nuevos títulos alcanzados tienen vencimiento en 2037, mientras que las amortizaciones de capital comenzaron en 2024 para algunas series y están previstas desde 2028 para otras.

Según los términos difundidos en aquel momento, el canje redujo en cerca de USD 4.450 millones los servicios de deuda previstos entre 2020 y 2024, equivalentes al 75% de los compromisos originales para ese período. El Gobierno bonaerense calculó un alivio financiero de alrededor de USD 4.600 millones hasta 2027.

En septiembre de 2025, la administración provincial también había anunciado acuerdos con los acreedores que mantenían litigios en tribunales de Nueva York por bonos no ingresados al canje de 2021. El entendimiento replicó las condiciones de aquella reestructuración y contempló la entrega de bonos A en dólares con vencimiento en 2037, además de pagos en efectivo equivalentes a los servicios devengados desde entonces.

La agenda financiera de Kicillof en Estados Unidos se realizará después del último pago semestral de los bonos internacionales. El 1° de septiembre, la Provincia canceló cerca de USD 420 millones, de los cuales unos USD 191 millones correspondieron a amortización de capital y USD 226 millones a intereses.

Con ese vencimiento, el Gobierno bonaerense informó pagos acumulados por alrededor de USD 3.000 millones desde la reestructuración de 2021. El desglose oficial señala desembolsos por USD 910 millones de capital y USD 2.100 millones de intereses.

El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, sostuvo días atrás que la administración bonaerense cumple en tiempo y forma con los vencimientos de los bonos internacionales, que se concentran el 1° de marzo y el 1° de septiembre de cada año. “Ya hemos cancelado desde el año 2021 servicios de bonos externos por un total de tres mil millones de dólares”, afirmó.

“Vamos a continuar cumpliendo las obligaciones que tiene la provincia de Buenos Aires, en muchos casos heredadas del gobierno de María Eugenia Vidal, que irresponsablemente había tomado una cuantiosa deuda en dólares, que ahora nosotros nos estamos ocupando, como siempre hizo el peronismo, de pagar en tiempo y forma”, planteó Bianco días atrás. Las declaraciones también buscan operar como una muestra de lo que podría hacer Kicillof con algunas agendas de orden nacional de cara a las elecciones del año que viene, como por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La búsqueda de interlocución con fondos también ocurre después de que la Legislatura bonaerense sancionara a fin del año pasado un endeudamiento. La norma autorizó al Poder Ejecutivo a tomar deuda por hasta USD 1.045 millones para atender las amortizaciones de la deuda pública.

La ley habilitó, además, endeudamiento por hasta USD 1.990 millones para cancelar o renegociar pasivos, mejorar el perfil de vencimientos, cubrir déficit financiero y financiar proyectos de inversión. La Tesorería General provincial quedó facultada para emitir Letras del Tesoro por hasta USD 250 millones durante 2026.

El miércoles 23, Kicillof participará con Mamdani en un coloquio titulado “Construyendo una economía para la mayoría”. El encuentro podría contar con otros dirigentes internacionales, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Actualmente, Mamdani está al frente de una demanda contra el gobierno de Donald Trump ante la decisión de negar tarjetas de residencia permanente, conocidas como ‘green cards’, a inmigrantes que reciban ayudas públicas. El alcalde demócrata presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, para frenar la medida que entrará en vigencia este viernes.

Luego, el gobernador disertará en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. Allí, según la información oficial, Kicillof “analizará las perspectivas de desarrollo del país, las implicancias del aumento de las tensiones geopolíticas y de la fragmentación económica, y las respuestas de los gobiernos y fuerzas políticas de América Latina ante este nuevo escenario”.

Mientras tanto, Milei tiene previsto hablar ante la ONU y buscará una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner sobre la mesa el último reclamo por las Islas Malvinas, hecho en cadena nacional luego de que el líder estadounidense manifestara su voluntad de involucrarse en la disputa diplomática entre Argentina y el Reino Unido.

El Gobierno está dispuesto a negociar más fondos para Universidades y Discapacidad durante el tratamiento del Presupuesto 2027. En la Casa Rosada aseguran que buscarán acercar posiciones con aliados, rectores y sectores involucrados, aunque pretenden hacerlo sin abandonar el objetivo de equilibrio fiscal.

En Discapacidad, el Ejecutivo busca retomar la negociación que había comenzado antes de que se conociera el proyecto de Presupuesto. Funcionarios admiten que los cambios incluidos en el texto desordenaron las conversaciones que el oficialismo mantenía con el PRO, la UCR y otros bloques para acordar una alternativa a la prórroga de la emergencia.

La posición que ahora impulsan sectores de la Casa Rosada es evitar extender la Emergencia Nacional en Discapacidad durante 2027 y negociar a cambio un refuerzo de fondos y modificaciones al esquema permanente. Cerca del armado legislativo aseguran que están dispuestos a ceder recursos para alcanzar un texto común con los aliados.

El Gobierno sostiene además que cumplirá la ley vigente mientras continúe en vigor, aunque pretende modificar parte de ese régimen para el año próximo. La Ley 27.793 declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y permite prorrogarla por otro año. También incorporó nuevas pensiones, compensaciones para prestadores y cambios en el sistema de prestaciones.

Uno de los puntos centrales es el nomenclador. La legislación vigente establece valores iguales para los distintos obligados del sistema y una actualización periódica, mientras que el Presupuesto propone eliminar ese esquema universal y permitir que cada financiador determine sus valores sobre la base de un piso.

Esa modificación quedó en revisión después del conflicto interno que provocó su incorporación al proyecto. Diputados libertarios venían trabajando con los aliados sobre otra salida y ahora buscan volver a esa negociación, mantener parte de las compensaciones reclamadas por los prestadores y definir qué artículos del Presupuesto quedarán finalmente en pie.

La discusión tiene además una dimensión presupuestaria concreta. Los aliados reclaman, entre otros puntos, que se atienda la compensación correspondiente al atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, prevista en la reglamentación de la emergencia. El Gobierno habilitó este año un mecanismo específico para que los prestadores presenten esas solicitudes.