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Tras 12 años vacante, Javier Milei designó al juez federal en Bariloche: qué causas tendrá que resolver

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El abogado local Leandro Gómez Constenla asumirá la titularidad del Juzgado Federal de Bariloche, luego del nombramiento rubricado por el presidente Javier Milei, y deberá resolver causas vinculadas a litigios con comunidades mapuches y la detención del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, entre otros expedientes.

El juzgado funcionó con designaciones temporales y reemplazos desde 2014. Allí se resolvieron causas vinculadas a litigios territoriales complejos con comunidades mapuches, como el de Villa Mascardi, que se extendió desde 2017 hasta 2022.

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Gómez Constenla deberá resolver la situación del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, quien está detenido desde junio de 2025 en el marco de una causa que investiga la Fiscalía federal de la ciudad patagónica por presunta asociación ilícita calificada.

El nuevo magistrado asumirá las próximas semanas al frente del juzgado. En su escritorio tendrá además situaciones vinculadas al Aeropuerto Internacional de Bariloche y a la investigación por supuesta trata de personas de la secta rusa que operaba en Bariloche, cuyo líder permanece detenido y a disposición de esa institución.

El histórico titular del juzgado fue el juez Leónidas Moldes, quien en septiembre de 2014 fue proclamado miembro electo titular del Consejo de la Magistratura de la Nación.

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Gómez Constenla deberá resolver la situación de Facundo Jones Huala, detenido desde junio de 2025

La designación se formalizó tras la elección del 23 de septiembre de ese año, donde resultó electo para integrar el órgano encargado de la selección y remoción de magistrados por el período 2014-2018.

El entonces secretario Penal Wálter López Da Silva asumió la primera subrogancia hasta noviembre de 2015, cuando la Corte Suprema impulsó el fallo “Uriarte”, a partir del cual prohibió las subrogancias de los secretarios que no tuvieran acuerdo del Senado.

La medida derivó en la designación interina de Gustavo Villanueva, quien ejercía como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Neuquén y ocupó el cargo hasta febrero de 2019, cuando Moldes finalizó su mandato como consejero de la Magistratura y retomó funciones en Bariloche.

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El 1 de agosto de ese año, Moldes se jubiló y el cargo nuevamente quedó acéfalo. El secretario civil del juzgado, Gustavo Zapata, asumió la subrogancia luego de obtener el aval del Senado de la Nación, y se desempeñó en el cargo hasta agosto de 2021.

Zapata fue reemplazado por María Silvina Domínguez —por entonces jueza federal de Zapala—, quien se jubiló en febrero de 2023. Villanueva volvió a asumir la conducción interina de Bariloche hasta febrero de 2025, cuando expiró el plazo autorizado para subrogar el cargo.

Desde ese momento y hasta la actualidad, Zapata se hizo cargo nuevamente del juzgado barilochense.

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Durante el ejercicio de las distintas subrogancias, el juzgado atravesó momentos de convulsión a partir de diversos conflictos con comunidades mapuches. Uno de los más resonantes fue la ocupación de predios públicos y privados en Villa Mascardi, impulsada por la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Domínguez estaba al frente de la institución en octubre de 2022, cuando se realizó el desalojo de los predios ocupados. En coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo en ese momento de Aníbal Fernández, se desplegó un amplio operativo que culminó con la detención de siete mujeres que estaban en los predios ocupados. Los varones que formaban parte de la comunidad huyeron y evitaron ser detenidos; algunos de ellos permanecieron en la clandestinidad hasta hace pocos meses.

Tras el nombramiento por parte del presidente, a Gómez Constenla solo le falta el acto protocolar de la jura para asumir al frente del Juzgado Federal de Bariloche, que funciona en la avenida San Martín al 400 de esa ciudad.

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El nuevo juez nació en Bariloche, es padre de tres hijos y hasta ahora se desempeñaba como secretario del Consejo de la Magistratura de la Nación. Será su primera experiencia al frente de un juzgado federal, con todo lo que ello implica desde la organización interna administrativa hasta la atención de la demanda de los justiciables.

“Si ustedes brindan el acuerdo para que yo sea juez de allá, estoy convencido que lo voy a ejercer con responsabilidad, con equilibrio, con mesura y con respeto por la Constitución Nacional argentina”, se comprometió Gómez Constenla ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, cuando fue entrevistado el 15 de mayo pasado.

A Gómez Constenla lo esperan expedientes con demandas previsionales, posiblemente amparos y las causas penales que no se investigan en la justicia ordinaria provincial. Ante los senadores contó que trabajó en un Juzgado de Instrucción Federal, en un Juzgado de Instrucción Nacional y en una Cámara Federal de Apelaciones. También ejerció como secretario de Ejecución Penal.

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El presidente de Uruguay negó la instalación de un cable submarino entre Malvinas y Montevideo

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, negó que se vaya a tender un cable submarino de fibra óptica para conectar el país con las Islas Malvinas, en plena tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago y la próxima explotación por parte de empresas extranjeras de petróleo cerca de las islas.

“Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo. No se hizo ninguna consideración porque nunca hubo nada”, dijo el presidente uruguayo a la prensa en la Expo Rural del Prado, en la ciudad de Montevideo.

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Además, afirmó que una empresa de Estados Unidos trabaja en un proyecto de fibra óptica, pero sostuvo que la iniciativa no incluye a las Malvinas. “Es una noticia falsa”, insistió luego de que se difundieran imágenes de un buque de una empresa holandesa navegando aguas uruguayas.

Noticia en desarrollo




cable submarino de fibra óptica para conectar el país con las Islas Malvinas,Conforme a

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Patricia Bullrich dijo que no le avisaron del recorte en Discapacidad: “Quedás como tonto o que engañás, eso resiente las relaciones”

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Patricia Bullrich aseguró esta mañana que no estaba al tanto de los cambios en el sistema de discapacidad que el gobierno de Javier Milei introdujo en el proyecto de Presupuesto 2027, a pesar de integrar la mesa política del oficialismo. La declaración expone una fisura en la coordinación interna de la coalición gobernante en un momento en que la aprobación del presupuesto se vuelve estratégica para el año electoral.

La senadora y presidenta del PRO admitió -en declaraciones al periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia- que el tema “no salió a la luz” en las reuniones de la mesa política, y que el presupuesto llegó con esos cambios sin previo aviso para los socios de la coalición. “No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, enfatizó la legisladora, que luego expresó cierta molestia porque cuando los legisladores aliados llegan al Congreso sin haber sido informados, quedan expuestos ante sus propios bloques y ante la oposición. “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, lamentó.

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En el mismo sentido, Bullrich reconoció que en Diputados ya existía un acuerdo político entre el oficialismo y sectores opositores para discutir el tema de discapacidad “de determinada manera”, acuerdo que ahora quedaría en cuestión con la aparición de estos artículos en el texto presupuestario. El Senado actúa como cámara revisora en materia presupuestaria, por lo que deberá esperar a ver qué texto llega desde la cámara baja antes de definir su postura. “Está bastante peliaguda la discusión”, reconoció.

Desde los bloques opositores, las reacciones fueron inmediatas. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, calificó los cambios como “ilegales e inconstitucionales” y denunció que el proyecto busca “desmantelar” la Ley de Emergencia en Discapacidad. El legislador Esteban Paulón, de Santa Fe, subrayó que los cambios aparecieron luego de que La Libertad Avanza había impulsado junto a bloques afines una iniciativa propia para tratar la emergencia, sin revelar su contenido real.

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El Presupuesto derogó puntos históricos del sistema de discapacidad que rigen desde 1997

El proyecto enviado al Congreso incluye, en su Capítulo VI, los artículos 36 a 41, que modifican en forma permanente pilares del sistema de atención a personas con discapacidad. Entre los puntos más sensibles figura la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793) y cambios profundos en la ley 24.901, que desde 1997 sostiene el sistema de prestaciones básicas de atención integral.

El corazón de la reforma apunta al Nomenclador de Prestaciones Básicas: el texto establece que ya “no incluirá valores universales”, lo que elimina los aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores. En la práctica, las familias de personas con discapacidad deberán negociar individualmente el valor de terapias y tratamientos con sus coberturas. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, lo resumió con crudeza en Radio Con Vos: “Es letal la desregulación del nomenclador único”.

Otro de los cambios centrales reinstala el esquema de pensión por invalidez laboral, lo que implica que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no funcionará como garantía directa de acceso a las prestaciones. Además, quienes cuenten con empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderán la compatibilidad con ese beneficio, una modificación que hasta ahora permitía a muchas personas con discapacidad trabajar sin perder su cobertura.

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El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que la reforma “elimina dos principios fundamentales: que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado, y que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria”. “En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto”, señaló desde su cuenta de X.

Los cambios en los valores de las prestaciones también dejarán de ser automáticos y mensuales. El Gobierno fijará esos montos a su propio criterio de forma trimestral, y solo se recurrirá al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC si ese ajuste no se realiza en tiempo y forma. Se elimina además el estudio anual de costos de cada prestación, que incorporaba a los aranceles los aumentos de componentes no reflejados en la inflación general.

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Fuerte crítica de Yacobitti por los fondos para universidades: denunció que hay partidas que perdieron 85%

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El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, criticó este jueves el Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso, en el que la administración de Javier Milei estima destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año que viene. Y es que los rectores, en cambio, habían adelantado que los fondos necesarios para el próximo año ascendían a $11 billones. En ese contexto, el exdiputado aseguró que hay partidas que perdieron un 85% de inversión.

“El presupuesto consolida cuáles son las prioridades del Gobierno y, dentro de esas prioridades, no está el sistema público de universidades. Tampoco está cumplir la ley [de financiamiento universitario]”, sostuvo Yacobitti y marcó que la pérdida del salario docente es del 30,5% respecto a diciembre de 2023.

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Emiliano YacobittiSilvana Colombo –

En diálogo con radio Mitre, enumeró la caída de la inversión del Gobierno en partidas que son para la UBA: “En el mundo donde el conocimiento es el protagonista, la inversión para las partidas de ciencia y tecnología desde 2023 hasta hoy el presupuesto consolida que bajaron 85%. El plan de obras para las universidades bajó al 92% en obras y mantenimiento. Eso es para comprar equipamientos que hacen falta para estudiar, desde carreras tradicionales hasta las carreras que implican nuevas tecnologías”.

“La inversión por alumno es muchísimo menor que la que se hace en otras universidades similares, como la de San Pablo o la UNAM de México. En algunos casos es 10 y otras veces 15 veces menos. La inversión por alumno en los últimos tres años bajó 28%. Hace 20 años que no teníamos una inversión tan baja”, advirtió Yacobitti.

Al ser consultado sobre el próximo accionar de la UBA, si será con una marcha, el vicerrector de la UBA dijo que “seguramente el reclamo se haga de ahora en adelante como foco también la Justicia” porque el Gobierno sigue, según Yacobitti, incumpliendo la ley.

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El Gobierno dice que está cumpliendo la ley; las universidades dicen que no. ¿Quién tiene razón? Tiene que haber alguien que diga, ‘no, mirá, esto es así’. Eso es lo que hoy desespera a muchos. Yo creo que eso no nos puede hacer abandonar el sueño de tener una universidad pública como la que tenemos hoy», sostuvo y no descartó una medida de fuerza.

“En una medida de fuerza perjudicás a los estudiantes, que también son los que están reclamando por lo mismo. No nos queda otra que tratar de concientizar a la sociedad, como lo hicimos hace pocos días en la Plaza de Mayo, poniendo los haberes a disposición de la sociedad, independientemente de que las universidades estaban abiertas y funcionando. Es un doble esfuerzo”, completó.

El Presupuesto 2027

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Los rectores de universidades públicas buscaron el miércoles apoyo en el Congreso en protesta al presupuesto que envió el Gobierno al Congreso, que contempla menor inversión en las casas de estudios.

Tal como publicó , los gastos para el personal, por ejemplo, estimados en $8368 billones, ya superan al presupuesto total para las universidades contemplado para 2027.

Anselmo Torres, vicepresidente del CIN; Franco Bartolacci, presidente; Mónica Biasone y Carlos Greco, titulares de la Comisión de Asuntos EconómicosCIN

Sumando los fondos y programas específicos que integran el financiamiento universitario contemplado en el artículo 12, la propuesta de las universidades alcanza los $10 billones. A eso le agregan partidas para recomponer los gastos de funcionamiento, el programa Fundar (Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional) y las becas Manuel Belgrano.

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Plantearon el monto de $11,005 billones como el punto de partida para el sistema, que debería actualizarse el año que viene dado que no incorpora la inflación proyectada.

El proyecto oficialista contempla un crédito de $7.349.082.049.312 para el conjunto de las universidades nacionales. Ese monto se divide en $6.326.177.949.919 en gastos de personal, funcionamiento y transferencias corrientes. Y $1.022.904.099.393 en partidas “debajo de la línea”, que incluyen ciencia y técnica, hospitales universitarios, fortalecimiento de recursos humanos y colegios preuniversitarios, entre otros ítems.

Salarios universitariosJavier Curcio

Este jueves el Gobierno se reunirá con los universitarios. Está convocado nuevamente un encuentro con los gremios y representantes de los rectores, a las 11 la docente y a las 15 la del personal no docente. En el último mano a mano, el 1° de septiembre pasado, no hubo acuerdo y los gremios convocaron a un paro nacional al día siguiente. Rechazaron el 3% de aumento ofrecido en el encuentro que encabezó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

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