En 2026 el cobre dejó de ser un simple termómetro de la actividad industrial para convertirse en uno de los cuellos de botella estratégicos de la economía global. Detrás de cada plan de electrificación, cada centro de datos de inteligencia artificial y cada parque de energías renovables aparece la misma pregunta: ¿quién y dónde producirá el cobre que hace falta para que todo eso ocurra?

Las principales consultoras y bancos coinciden en que la demanda de cobre crecerá con fuerza hacia 2035–2040, mientras la oferta se mantiene rígida. S&P Global advierte sobre un “déficit significativo de oferta” a medida que se acelera la electrificación, la carrera por la IA y el gasto en defensa, con un aumento proyectado de demanda cercano al 50% hacia 2040.

Wood Mackenzie calcula que el mundo podría necesitar alrededor de 2 millones de toneladas adicionales por año solo para alimentar la transición energética en la próxima década. McKinsey habla del “triple desafío de los materiales”: descarbonizar, mantener costos razonables y asegurar suficiente oferta, en un contexto donde los plazos típicos de desarrollo de una mina de cobre ya exceden el horizonte 2035.

Los bancos ajustan sus modelos a ese diagnóstico. Deutsche Bank elevó su proyección de precio promedio del cobre para 2026 a unos USD 10.600 por tonelada; Bank of America estima alrededor de 11.300 dólares, con escenarios de picos por encima de 11.000–15.000 dólares si las disrupciones de oferta se profundizan.

Goldman Sachs y JPMorgan describen un mercado estrecho y volátil, con rangos 2026 entre 10.000 y 11.000 dólares y trayectorias de largo plazo que pueden acercarse a USD 15.000 hacia los años 2030.

En síntesis, el mensaje es que el mundo va a necesitar mucho más cobre y que las toneladas nuevas de baja huella de carbono serán activos cada vez más codiciados.

En este contexto, Argentina aparece en los radares internacionales como un caso peculiar: tiene geología y proyectos, pero todavía casi no produce cobre.

Informes oficiales recientes hablan de, al menos, nueve proyectos de cobre en etapas avanzadas, con necesidades de inversión superiores a USD 28.000 millones y un potencial de producción que podría superar 1,5 millones de toneladas anuales hacia 2035. Eso implicaría pasar de una producción casi inexistente a representar cerca de 6% del suministro mundial en un plazo relativamente corto.

Un estudio de CRU Group de 2025, titulado “Copper Mining: A ~USD 47 billion opportunity for the Argentinian economy”, estimó que cinco proyectos de gran escala -El Pachón, Los Azules, Josemaría, Taca Taca y MARA- podrían generar, en conjunto, un aporte promedio de unos USD 4.000 millones anuales a la economía entre 2031 y 2040, con un impacto acumulado cercano a USD 47.000 millones en ese período bajo su metodología de Host Country Cash Flow.

La comparación que hace CRU es provocadora: el potencial económico del cobre argentino, si se materializa, sería del mismo orden que el histórico préstamo del FMI.

Think tanks y medios internacionales ya hablan del “momento del cobre” para Argentina. Americas Quarterly y Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) plantean que el país podría entrar en el grupo de los diez principales productores mundiales en menos de una década si resuelve sus cuellos de botella institucionales.

Informes europeos describen la cartera de siete a nueve proyectos cupríferos como “una de las historias de commodities a seguir en 2026”, con especial foco en la provincia de San Juan.

La dimensión binacional es clave. La cordillera que separa a Argentina y Chile es una misma unidad geológica: los sistemas de pórfidos cupríferos se extienden a ambos lados de la frontera. Del lado chileno hay puertos, proveedores especializados y redes de energía consolidadas; del lado argentino, grandes yacimientos con potencial de desarrollo. Esa combinación configura un corredor natural para el cobre de la transición energética.

Desde el 2000 está vigente el Tratado de Integración y Complementación Minera (TICM), que habilita el desarrollo integrado de yacimientos en zona de frontera. Durante años estuvo subutilizado, pero en 2026 la agenda se reactivó: se retomaron conversaciones técnicas y el 7 de julio se reanudaron en Buenos Aires las sesiones de la Comisión Administradora del Tratado, lo cual es una muy buena señal para trabajar en un “corredor binacional del cobre” con coordinación aduanera, tributaria y de infraestructura.

La Comisión es hoy la mesa donde se debería ordenar la letra fina que puede convertir ese corredor en proyectos concretos. Pensado estratégicamente, el eje Argentina–Chile es, ante todo, una apuesta binacional y proregional: integrada, la cordillera puede convertirse en uno de los grandes polos de oferta de cobre de la próxima década; desconectada, ambos países quedan por debajo de su potencial.

Integrar capacidades permite reducir costos, acortar plazos y, sobre todo, disminuir la huella de carbono de los proyectos gracias a mejores rutas logísticas y acceso a energías renovables.

Cooperación con Canadá: estándares y credibilidad

La cooperación con Canadá suma otra pieza al tablero. Canadá es el principal inversionista en minería de Argentina y uno de los países que mejor ha combinado desarrollo minero, regulación exigente y estándares ambientales y sociales reconocidos a nivel internacional. Además, se ha posicionado como actor central en la agenda de minerales críticos de Norteamérica.

Incorporar miradas, tecnologías y prácticas del ecosistema canadiense en el desarrollo del cobre argentino–chileno no implica importar recetas cerradas, sino acelerar el aprendizaje local y facilitar la integración de los proyectos en cadenas de suministro que ya están bajo escrutinio de gobiernos, empresas tecnológicas y grandes fondos.

En un escenario de competencia por capital y confianza, mostrar puentes de cooperación con Chile y Canadá es una forma concreta de blindar la credibilidad de la región y de sus proyectos de cobre.

El mensaje a los inversores es sencillo: Argentina quiere jugar en las ligas donde la minería se mide no solo por toneladas, sino también por gobernanza y desempeño ambiental.

Todo esto no significa que la “revolución del cobre” argentino esté garantizada. Las inquietudes sobre agua, glaciares, biodiversidad e impactos sociales son legítimas y van a crecer a medida que los proyectos avancen. Ningún inversor institucional financiará minas que no tengan licencia social y ambiental robusta, por más que los números geológicos sean atractivos.

La verdadera oportunidad radica en construir un modelo distinto: proyectos cupríferos de gran escala en la cordillera, desarrollados bajo estándares de transparencia, participación temprana e innovación ambiental, en cooperación con Chile y vinculados a buenas prácticas internacionales como las de Canadá. En un mundo donde los minerales críticos y la seguridad de suministro se han vuelto temas geopolíticos, ese tipo de corredor del cobre puede ser un activo estratégico para la región.

Visto desde Buenos Aires, el cuadro que dibujan CRU, S&P, Wood Mackenzie, McKinsey y los bancos es claro: el mundo está buscando el cobre que Argentina tiene, pero todavía no produce. La escala de la cartera existe, el déficit global es real y el precio promete acompañar si los proyectos se concretan.

Lo que falta es demostrar que el país -en alianza inteligente con Chile y en diálogo con socios como Canadá- puede ofrecer un terreno confiable, previsible y socialmente legítimo para construir, paso a paso, el próximo capítulo del cobre a escala mundial.

El autor es director de la Comisión Binacional de Minería y secretario general de la Cámara Chileno-Argentina de Comercio