Tras quedar fuera de dos licitaciones ligadas al proyecto de exportación de gas natural licuado más grande de la Argentina, Tenaris SIAT, la planta de Grupo Techint en Valentín Alsina, partido de Lanús, desvinculó a 150 trabajadores, con efecto desde este miércoles 1° de julio.

Si bien la empresa evitó hacer declaraciones sobre la medida, según pudo confirmar Infobae, en todos los casos, los afectados son personal contratado. Es decir que de los 200 trabajadores bajo esa modalidad que operan en el establecimiento, tres cuartos quedan fuera de la nómina. La planta cuenta en total con 340 empleados —140 de planta efectiva y 200 contratados—. Durante la construcción del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), en 2023, la fábrica llegó a emplear a más de 550 trabajadores bajo convenio y operaba en tres turnos para abastecer la demanda de caños de esa obra.

El recorte llega tras un período de retracción sostenida desde abril, cuando la firma comenzó a implementar un esquema de suspensiones ante la falta de contratos de gran escala, algo que el grupo ya había adelantado cuando perdió el primer contrato para la provisión de tubos para el proyecto de Southern Energy.

De hecho, el antecedente más cercano es la licitación para proveer los caños del gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro, de la que Tenaris participó que finalmente ganó la empresa india Welspun. Tenaris es la única productora de este tipo de tubería en el país, y la pérdida de esa compulsa —a principios de año— privó a la planta bonaerense de su principal fuente de demanda. La empresa ya había advertido que, de no obtener ese contrato, habría cambios en ese establecimiento, históricamente orientado a la provisión de insumos para la industria energética.

La diferencia de precios fue significativa. Welspun se alzó con el contrato tras una oferta de USD 203 millones, mientras que Tenaris llegó a proponer USD 296 millones en una primera instancia, luego bajó a USD 282 millones y finalmente intentó igualar las condiciones de la firma india con una oferta de USD 250 millones, aunque la presentó fuera del plazo establecido —el contrato se adjudicó el 23 de diciembre de 2025—. Otras cuatro empresas de origen chino también participaron, pero sus propuestas resultaron un 15% más caras que la ganadora.

Antes de que se conociera el resultado, en enero, Tenaris le envió una carta a Southern Energy en la que subrayó “la relevancia que este proyecto tendría para la conservación” de los puestos de trabajo, y advirtió que “la magnitud de este gasoducto es tal que permitiría a nuestra planta continuar la normal fabricación por aproximadamente 9 meses”. Hasta hace poco, la compañía continuaba produciendo caños para el oleoducto Duplicar Norte, que ampliará las capacidades de evacuación de petróleo en Vaca Muerta. Con el fin de ese proyecto, el ritmo de trabajo en la planta de Lanús perdió su principal sostén.

Poco después, la UTE Techint-Sacde también quedó fuera de la licitación para la construcción del gasoducto de 471 kilómetros entre Neuquén y las costas de Río Negro, parte del mismo proyecto de Southern Energy (SESA). Ese contrato fue adjudicado a la UTE Victor Contreras – SICIM, que ofreció mayor flexibilidad en las condiciones de pago —sin solicitar anticipo—, mejores garantías de reaseguro y la oferta económica más competitiva entre los cinco oferentes. La instalación de la planta compresora del proyecto quedó, a su vez, a cargo de Oilfield Production Services (OPS).

Ambas derrotas licitatorias del holding liderado por Paolo Rocca tuvieron repercusión política. El presidente Javier Milei criticó públicamente a Rocca en varias oportunidades, con el mote de “Don Chatarrín de los tubitos caros”. Las menciones se reiteraron desde el Argentina Week, en Nueva York, hasta el discurso del mandatario en la Fundación Libertad.

El proyecto SESA, impulsado por Southern Energy —consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG—, contempla una inversión total superior a los USD 15.000 millones en dos décadas. Su primera etapa prevé la instalación del buque licuador Hilli Episeyo frente al Golfo San Matías y una inversión inicial de USD 7.000 millones.

En febrero, Southern Energy firmó en Berlín un contrato con la estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE) para exportar 2 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL) a Alemania durante ocho años a partir de fines de 2027, volumen equivalente al 80% de la capacidad del Hilli Episeyo. Una segunda fase incorporará un segundo buque de licuefacción y un gasoducto dedicado, con una capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales de GNL.

¿Se da vuelta la realidad de los últimos tiempos? Después de una extensa sucesión de meses en los que la inflación licuó el poder de compra de los salarios, ahora empiezan a aparecer algunas señales que permiten pensar en una lenta recuperación del ingreso de las familias.

La desaceleración del índice de precios comenzó a darle algo de aire a las negociaciones salariales y eso abre una ventana de alivio para el bolsillo.

Sin embargo, esa mejora todavía convive con un obstáculo de peso: el fuerte aumento de las tarifas de los servicios públicos, que continúa absorbiendo una porción creciente de los ingresos familiares.

Ese es el principal diagnóstico de la Fundación Capital en su último informe a clientes, donde plantea que el segundo semestre combinará una recomposición real de los salarios con un ingreso disponible todavía condicionado por la actualización tarifaria.

Leve mejora pero mejora al fin

La primera noticia positiva proviene del mercado laboral formal.

Según el informe, el salario del sector privado registrado aumentó 4% nominal en abril, en promedio, lo que implicó una mejora real del 1,4%, favorecida por la desaceleración de la inflación.

El dato refleja el impacto de varias negociaciones paritarias que concentraron los mayores incrementos durante ese mes.

Más allá del salto puntual de abril, la consultora considera más representativo observar el promedio del segundo trimestre. Bajo esa metodología, estimó que los salarios privados crecieron 2,4% mensual entre abril y junio, apenas por encima de una inflación promedio estimada en 2,2%.

La diferencia luce escueta, pero marca un cambio respecto de los meses anteriores: por primera vez en mucho tiempo los ingresos empiezan a correr levemente por delante de los precios.

Las primeras negociaciones para julio y agosto también apuntan en esa dirección, con aumentos cercanos al 2,3% mensual. No obstante, la recuperación todavía luce moderada y heterogénea.

Algunos gremios continúan enfrentando dificultades para cerrar acuerdos, mientras que un mercado laboral más débil limita el poder de negociación de los trabajadores.

En ese sentido, la propia Fundación Capital estima que, aun con esa mejora, el salario real terminará 2026 aproximadamente un 2% por debajo del nivel que tenía en diciembre del año pasado.

El problema que sigue golpeando al bolsillo

Pero la verdadera medida del bienestar de una familia no depende únicamente del salario, sino del dinero que efectivamente queda disponible después de pagar los gastos fijos.

Y allí aparece el principal desafío.

Mientras la inflación acumulada de los últimos doce meses rondó el 33%, las tarifas de electricidad y gas aumentaron en promedio 55% en el AMBA y el transporte público avanzó cerca de 49%, muy por encima de la evolución de los ingresos.

Como consecuencia, una familia tipo del área metropolitana destina actualmente unos $163.600 mensuales al pago de electricidad, gas, agua y transporte si mantiene subsidios energéticos. Sin subsidios, ese gasto asciende hasta aproximadamente $275.800.

La consecuencia es directa: los servicios públicos representan actualmente el peso sobre el salario promedio del sector privado registrado ha crecido de manera sostenida:

• Actualmente: 10,8% del salario promedio
• Hace un año: 9,1%
• Al comienzo de la administración Milei: apenas 4,3%

El impacto total

El impacto resulta mucho más severo en los hogares de menores ingresos.

Una familia cuyos ingresos equivalen a dos salarios mínimos destina alrededor del 22% de sus recursos al pago de servicios públicos, más de cuatro veces el peso que tenían esos gastos a fines de 2023.

En el caso de un hogar compuesto por dos jubilaciones mínimas, la incidencia alcanza al 17,3% del ingreso familiar.

Incluso entre los sectores medios el esfuerzo creció de manera significativa. Una familia con ingresos cercanos a $1,5 millones ya dedica alrededor del 14% de sus recursos a pagar servicios públicos.

Un consumo que podría empezar a reaccionar

El escenario que proyecta la Fundación Capital para la segunda mitad del año combina dos fuerzas contrapuestas.

Por un lado, una inflación más baja permite que las paritarias vuelvan a generar pequeñas mejoras del salario real, algo que no ocurría de manera sostenida durante los últimos meses.

Por el otro, las tarifas continúan reduciendo el ingreso disponible y todavía existe margen para nuevas actualizaciones.

De hecho, el informe recuerda que los usuarios residenciales aún no cubren completamente los costos de generación eléctrica y que en el transporte público del AMBA los subsidios siguen siendo elevados.

En ese contexto, la recuperación del consumo probablemente exista, pero será gradual y lejos de mostrar un salto significativo.

La caída de la tasa de natalidad viene generando debates por sus implicancias económicas en el largo plazo, vinculada a la reducción de la población en edad laboral, el aumento de la proporción de personas mayores y los desafíos para sostener los sistemas previsionales y de salud. Sin embargo, hay una oportunidad de corto plazo en el mercado laboral que la Argentina está desaprovechando por los elevados niveles de informalidad.

Un informe de Idesa destacó que entre 2003 y 2015, el promedio anual de nacimientos en el país fue de aproximadamente 737.000 niños. A partir de entonces, la reducción ha sido sostenida, hasta alcanzar en 2024 —último dato disponible— apenas 413.000 nacimientos.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) establece un monto que duplica el de otras asignaciones familiares. A ello se suman la Tarjeta Alimentar por niño y un subsidio adicional destinado a madres con hijos de hasta 3 años. Sin embargo, la cantidad de beneficios de AUH liquidados por la ANSES cae de manera sostenida año tras año.

Esta tendencia sugiere que la disminución de la maternidad es un fenómeno transversal, que atraviesa a todos los estratos socioeconómicos.

Pero no es un fenómeno exclusivo de la Argentina: la tasa de natalidad disminuye en todos los países de ingresos medios y altos. En Europa, Japón, Corea y China, la respuesta fue implementar políticas para estimular la natalidad, como subsidios económicos por nacimiento, apoyo para el cuidado infantil, extensas licencias parentales y ayudas para tratamientos de fertilidad. Hasta el momento, estas medidas no han logrado revertir la tendencia.

Para Idesa, un “efecto positivo derivado de la caída de la natalidad” es que aumentó la predisposición de las mujeres a incorporarse al mercado laboral. En Argentina, tomando el segmento de entre 20 y 29 años de edad, entre 2015 y 2025, ingresaron 220.000 mujeres al mercado laboral.

El problema es que de ese total, según datos del Indec, 140.000 mujeres se ocuparon como asalariadas privadas no registradas y 130.000 como cuentapropistas. Al mismo tiempo, las mujeres empleadas como asalariadas formales disminuyeron en 50.000.

De este modo, la inserción de las mujeres jóvenes que entraron al mercado laboral fue en empleos de baja calidad en la mayoría de los casos.

“La buena noticia de que más mujeres se incorporan al mercado de trabajo se diluye porque enfrentan una demanda de empleos por parte de las empresas muy debilitada. Es muy sugerente que toda la incorporación de mujeres jóvenes a la fuerza laboral sea en la informalidad, mientras que la cantidad de mujeres jóvenes trabajando como asalariadas formales se redujo”, señaló Idesa.

La reducción en la natalidad produce el efecto “bono demográfico”. Esto es una ventana de oportunidad donde transitoriamente aumenta la proporción de personas en edades activas (20 – 60 años) respecto a la cantidad de personas en edades inactivas (niños y ancianos).

De acuerdo al informe, con más gente en edad productiva se dan las condiciones para mejorar el nivel de bienestar. También es el momento de acumular riqueza para financiar la siguiente etapa que es el envejecimiento poblacional ya que el “bono” es de duración acotada.

“Pero si no se generan las condiciones para que la mayor oferta de mano de obra se inserte en empleos de calidad, el bono demográfico se desperdicia. La mejora en el bienestar presente será reducida y se generará un pasivo para cuando la población envejezca”, explicó el instituto.

Y consideró: «La caída en la natalidad es un fenómeno que plantea desafíos, pero también genera oportunidades. Dentro de ellas está el hecho de que más mujeres entran al mercado laboral. Oportunidad que lamentablemente se está desaprovechando. La manera de revertir esta tendencia adversa es con una masiva generación de empleos de calidad».

“El conservadurismo político de mantener las actuales malas condiciones del mercado laboral está hipotecando irreversiblemente el futuro a medida que la sociedad argentina envejece”, aseguraron desde Idesa y agregaron que es necesario consolidar el ordenamiento macroeconómico y mejorar el entorno institucional.

En la misma línea, un informe de Cippec había señalado: “Necesitamos generar más empleo de calidad y mayor participación laboral. Para eso, es necesario que los sectores estratégicos generen cadenas de valor intensivas de trabajo. Además, cerrar las brechas de género: muchas mujeres quedan fuera del empleo remunerado por la sobrecarga de los cuidados. Invertir en cuidados no es solo una cuestión de equidad, sino una política económica”.

Explicaron que resulta necesario consolidar sistemas integrales de cuidado que aseguren tiempo (licencias de maternidad y paternidad con visión de corresponsabilidad), servicios (centros de desarrollo infantil, centros de salud y educación de calidad) y dinero (transferencias monetarias a hogares con niños).

Por otro lado, sobre el impacto económico a largo plazo de la baja de la natalidad, Cippec apuntó que el crecimiento no depende de la cantidad de personas, sino de su productividad. Señaló que países más pequeños en población que Argentina son mucho más ricos porque son más productivos.

“El verdadero desafío es aumentar la productividad de nuestra fuerza laboral, no la cantidad. Para eso, necesitamos mejoras urgentes en educación, en inversiones y el uso de tecnología”, indicó.