POLITICA
Un fallo judicial benefició a Guillermo Moreno: considera que prescribió la causa por falsear los índices de inflación
La causa más emblemática contra el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno y de la funcionaria del Indec Beatriz Paglieri, en la que fueron condenados a tres años de prisión por falsear los índices de inflación durante el kirchnerismo, podría quedar en la nada, sin castigo.
La Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, decidió que la causa estaba prescripta por el paso del tiempo y mandó al tribunal oral que impuso la condena que falle en consecuencia. El juez Javier Carbajo votó en disidencia. El caso está ahora en revisión de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la última palabra.
La Sala II de la Cámara de Casación hizo lugar a los recursos de Moreno, exsecretario de Comercio Interior, y de la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor del Indec, Beatriz Paglieri. Ambos atacaron la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había rechazado el planteo de prescripción de la acción penal.
Ahora, los jueces de la Casación mandaron de nuevo el caso al tribunal oral para que dicte un fallo en consecuencia. La decisión no declara prescripta la acción penal ni absuelve a Moreno y Paglieri, pero le indica al tribunal oral que falle en consecuencia con este criterio.
Moreno y Paglieri habían sido condenados el 7 de agosto de 2024 por el Tribunal Oral Federal N° 2 a tres años de prisión de ejecución condicional y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los consideraron autores de los delitos de abuso de autoridad y destrucción e inutilización de registros públicos.
En rigor, se los condenó por la manipulación de los datos del Índice de Precios al Consumidor durante el último semestre de 2007, cuando Moreno era Secretario de Comercio. Paglieri, como directora, elaboraba el indicador. Las otras dos imputadas del juicio, María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia, fueron absueltas.
En mayo de 2025, la Sala II de Casación, con otra integración, confirmó la condena, pero las defensas acudieron a la Corte Suprema de Justicia, donde está pendiente de una decisión.
No obstante, los abogados de Moreno y Paglieri hicieron una nueva presentación ante el tribunal oral diciendo que el caso prescribió.
El Código Penal dice que la prescripción se suspende en los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública para todos los partícipes mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público. Pero una interpretación minoritaria, a la que adhirió Borinsky, postula que hay que analizar si ese funcionario tenía un rol y poder para entorpecer la causa.
La defensa dijo que el plazo de cuatro años propio de los delitos imputados había transcurrido holgadamente y no se podía argumentar que seguía en funciones uno de los acusados, Marcela Filia, porque ya fue absuelta.
El tribunal oral rechazó el planteo, pero ahora la Casación hizo lugar a lo que querían las defensas.
El juez Slokar, en un voto al que adhirió Borinsky, dijo que la suspensión de la prescripción “no opera de manera automática” por la sola circunstancia de que un imputado sea funcionario, sino que “es necesario que ese cargo haya tenido la virtualidad concreta de obstaculizar o impedir el ejercicio de la persecución penal”.
Citaron tesis de doctrina del juez Eugenio Zaffaroni, jurisprudencia propia y de otras salas de Casación.
El tribunal oral había constatado que Filia permaneció en funciones en el Indec hasta al menos julio de 2025, y por eso entendió que el caso no había prescripto.
Pero los camaristas dijeron que omitir el análisis de su rol resultaba especialmente significativo, pues era una empleada administrativa que acataba indicaciones.
El juez Carbajo votó en disidencia, pues su criterio sobre la prescripción es diferente y se basa en la letra de la norma.
El tribunal de origen deberá evaluar concretamente si el cargo que Filia desempeñó en el INDEC tenía o no la capacidad de obstruir la persecución penal, a la luz del estándar fijado por la Cámara de Casación.
De todos modos, aún está pendiente el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la condena de fondo. Es allí donde se decidirá la suerte del caso iniciado en 2007.
Otras condenas
Moreno tiene otras dos condenas dejadas firmes por la Corte, con penas de prisión en suspenso. Fue condenado por peculado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, por utilizar fondos del Estado Nacional para financiar y comprar merchandising (globos, banderas, stickers y gigantografías) con leyendas como “Clarín Miente”, utilizados para campañas y actos políticos entre 2011 y 2013.
Además, fue condenado por amenazas en una asamblea de Papel Prensa a 2 años de prisión en suspenso. Esa asamblea se celebró en agosto de 2010, cuando irrumpió con guantes de boxeo, impidió la votación y amenazó a los accionistas privados.
fueron condenados a tres años de prisión,Hernán Cappiello,Conforme a
El Gobierno argentino abrió un concurso nacional e internacional para seleccionar uno o más socios estratégicos privados que trabajen junto a Fabricaciones Militares. El anuncio, publicado en el Boletín Oficial, establece que el Estado no venderá activos ni realizará privatización accionaria.
Fabricaciones Militares aportará sus plantas y capacidades, mientras que el socio privado deberá invertir, gestionar y aportar mercados. La participación privada no podrá ser menor al 51%, mientras que el Estado retendrá el 49%. El nuevo modelo busca incrementar la productividad y responder a la demanda local e internacional de insumos estratégicos.
La iniciativa tiene como objetivo reactivar la industria de defensa en Argentina y atraer inversiones por cifras millonarias. La convocatoria establece la división del negocio en cuatro áreas: químicos, explosivos, defensa y metalmecánica. Las inversiones mínimas requeridas varían según el rubro y la planta involucrada. El Estado cobra un canon anual y define condiciones estrictas para los oferentes, quienes deben acreditar experiencia en el sector y solvencia económica.
La decisión representa un cambio respecto a la idea de privatización total que se discutió en el pasado. El Gobierno modifica así su enfoque hacia Fabricaciones Militares, orientándose a buscar alianzas internacionales y fortalecer la producción nacional con participación privada relevante.
Nuevo esquema de asociación público-privada y áreas estratégicas
Andrei Serbin Pont, analista especializado en temas de defensa, explicó en Infobae en Vivo que la propuesta se diferencia de una privatización, ya que la empresa estatal mantiene el control del 49% y los activos. El privado aporta la inversión, la gestión y los canales comerciales. Fabricaciones Militares, bajo este esquema, se orienta a recuperar la capacidad productiva que perdió en las últimas décadas.
El modelo define cuatro áreas de negocio principales. El primer rubro incluye químicos básicos, como ácido sulfúrico, ácido nítrico y nitrato de amonio en solución. El objetivo es reducir la dependencia de fertilizantes importados, un problema que se agravó tras la guerra en Ucrania y que llevó a otros países de la región, como Brasil, a buscar soluciones similares.
La segunda área corresponde a explosivos y energéticos, que abarca pólvoras, explosivos industriales y TNT. Estos productos resultan claves para el sector minero y de defensa. El plan prevé una inversión mínima de 70 millones de dólares en las plantas de Villa María, en Córdoba, y Azul, en Buenos Aires, buscando ampliar la producción y abastecer tanto la demanda interna como la de potenciales mercados externos.
Defensa, metalmecánica y requisitos para participar
El área de defensa contempla la producción de municiones de bajo y alto calibre, armamento y chalecos balísticos. La planta de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, recibirá una inversión mínima de 40 millones de dólares para reactivar su capacidad. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y las policías provinciales constituyen los principales clientes de esta línea de productos. Según Andrei Serbin Pont, la demanda local supera la capacidad actual, por lo que Argentina importa municiones para cubrir el déficit.
El cuarto eje abarca la metalmecánica, incluyendo material rodante, cañones, envueltas y vainas. La planta de Río Tercero, en Córdoba, es la elegida para esta inversión. Serbin Pont destacó la mención específica de cañones como un diferencial, dado que la capacidad para fabricarlos escasea a nivel global.
Los interesados en participar del concurso deben acreditar al menos quince años de experiencia en operaciones similares y cumplir con requisitos estrictos de solvencia. Solo para acceder a la documentación técnica se exige un pago de treinta mil dólares, mientras que la garantía para competir asciende a dos millones de dólares. Estos filtros buscan evitar propuestas especulativas y asegurar la idoneidad de los futuros socios.
Interés internacional y contexto geopolítico
En los últimos años, surgieron rumores sobre empresas extranjeras interesadas en asociarse con Fabricaciones Militares. Según Serbin Pont, dos compañías, una de la República Checa y otra de Alemania, manifestaron su intención de invertir y ampliar la capacidad productiva en el ámbito militar. Ambos países buscan expandir su industria de defensa y ven en Argentina una oportunidad estratégica.
El contexto internacional, marcado por la guerra en Ucrania y la escasez de insumos militares, generó una demanda creciente y un alza de precios. Esta situación motivó al Gobierno argentino a buscar socios que aporten tecnología, inversiones y acceso a mercados globales. El nuevo esquema apunta a satisfacer la demanda interna y, eventualmente, a exportar productos con valor agregado.
Además, la presencia de un socio internacional permitiría reducir los costos de adquisición de insumos para el Estado argentino, que enfrenta precios elevados en el mercado global. La participación de empresas con experiencia y capacidad comprobada refuerza el objetivo de transformar a Fabricaciones Militares en una compañía competitiva, capaz de generar réditos económicos y asegurar el abastecimiento estratégico.
Antecedentes, desafíos y expectativas futuras
Fabricaciones Militares atravesó años de desorden y falta de inversión. Según testimonios recogidos por Serbin Pont, la empresa llegó a acumular depósitos con armas sin ensamblar y sufrió un deterioro en su capacidad de gestión. En su historia, la compañía logró producir bienes que no existían en el resto de la región, pero la falta de modernización tecnológica y recursos frenó su desarrollo.
La decisión de abrir el capital a socios privados marca un primer paso hacia la recuperación de esa capacidad industrial. El proceso se encuentra en una etapa inicial y resta definir qué empresas avanzarán en las negociaciones. El Gobierno apuesta a reactivar la producción, captar inversiones y fortalecer el rol estratégico de Fabricaciones Militares, en línea con las necesidades del país y las tendencias del mercado global.
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POLITICA
La Fiscalía pidió indagar a cuatro sospechosos por las amenazas contra el periodista Hugo Alconada Mon tras revelar el plan de inteligencia de la SIDE
El fiscal federal Ramiro González solicitó hoy las indagatorias de tres hombres y una mujer sospechados de amenazar al prosecretario de Redacción de Hugo Alconada Mon horas después de que revelara que el Gobierno de Javier Milei había elaborado un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que abría la puerta para espiar ilegalmente a opositores, economistas críticos, movimientos sociales y periodistas.
González consideró que existen indicios suficientes para indagar a Guido Morán, Mario Miguel Totilo, Braian Ezequiel Cardozo y Alicia Elena Scarpeccia, tras verificar que son los titulares de las líneas telefónicas desde las que Alconada Mon recibió amenazas e insultos el 25 y 26 de mayo del año pasado. En su dictamen sostuvo, además, que la prueba reunida “acredita la intervención de los abonados telefónicos cuya titularidad les pertenece”, lo que constituye, a su criterio, “indicios suficientes” para presumir su participación en las conductas investigadas.
El juez federal Daniel Rafecas deberá evaluar ahora si admite el pedido de la Fiscalía y cita a indagatoria a los cuatro acusados, que deberían presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py.
El primer acusado es Guido Morán, 24 años, monotributista, con domicilio fiscal en La Plata, pero oriundo de la localidad bonaerense de 9 de Julio, donde su madre trabaja como empleada de la Municipalidad, según surge de registros públicos y comerciales que cotejó . A él se suma Braian Cardozo, 25 años, dado de baja del régimen del monotributo, con domicilio en Charata, una ciudad de 40.000 habitantes ubicada en el sudoeste de la provincia de Chaco, a más de 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Entre los identificados por la Fiscalía también aparece Mario Totilo, 56 años, empleado en relación de dependencia, con domicilio en la localidad de Benavídez, provincia de Buenos Aires, y que en los registros que cotejó figura como receptor de una asignación familiar durante la pandemia y ahora como afiliado a la obra social de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).
Sin embargo, la Fiscalía detectó que esa misma línea figura registrada en Mercado Pago a nombre de Iván Miguel Totilo, un estudiante de 21 años, por lo que el usuario efectivo del teléfono podría ser él y no su padre.
En la misma senda, otro teléfono que se utilizó para hostilizar a Alconada Mon consta en los registros de Telefónica a nombre de una persona fallecida, Manuel Lázaro Contreras (1950, con domicilios conocidos en La Matanza y Santa Clara del Mar), pero que en Mercado Libre aparece a nombre de otra persona, Alicia Elena Scarpeccia, una jubilada de 75 años de Colón, provincia de Buenos Aires.
“Habiendo realizado un análisis pormenorizado de los hechos relatados y de la documentación obrante en autos”, planteó el fiscal González, “es que considero que se encuentran reunidos los extremos necesarios para que Guido Morán, Braian Ezequiel Cardozo, Mario Miguel Totilo y Alicia Elena Scarpeccia sean escuchados en declaración indagatoria”.
“La audiencia señalada constituye el momento oportuno para que los nombrados brinden explicaciones respecto a los elementos que acreditan tales conductas y manifiesten lo que estimen pertinente en defensa de la atribución delictual aquí esbozada”, añadió el representante del Ministerio Público, “todo ello, a raíz de los mensajes intimidatorios que fueron enviados”.
La investigación
La investigación no solo abarca esos mensajes intimidatorios. También comprende los diez intentos de tomar el control de la cuenta de WhatsApp de Alconada Mon, un intento de acceder a su cuenta en la red social X, el registro no consentido del periodista en distintas páginas pornográficas y un intento posterior de ingresar a su cuenta digital en el diario español El País.
En paralelo, la Fiscalía libró exhortos internacionales a Meta Platforms y X Corp., propietarias de WhatsApp y X, respectivamente, para obtener información sobre los ataques informáticos. Hasta el momento, sin embargo, esas gestiones no arrojaron información relevante para el expediente.
En la misma senda, y con el apoyo de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal y Telecom Argentina, la Fiscalía determinó que algunos de los intentos de registrar en páginas pornográficas a Alconada Mon provinieron de una “IP” ubicada en la Isla Maciel, en el barrio de Dock Sud, en el partido de Avellaneda, aunque al tratarse de una IP “nateada” los investigadores concluyeron que no fue posible individualizar al usuario o los usuarios.
Los ataques comenzaron pocas horas después de que revelara el contenido del Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la SIDE. Según la denuncia, incluyeron diez intentos de tomar el control de la cuenta de WhatsApp del periodista, un intento de acceder a su perfil en X, el registro de su nombre en plataformas pornográficas y una serie de amenazas enviadas desde cuatro líneas telefónicas distintas.
sospechados de amenazar,un Plan de Inteligencia Nacional,SIDE,Conforme a,SIDE,,Ébola y alerta. El día que una amenaza de salud pública para el país se convirtió en secreto de Estado,,La interna libertaria. Guerra de facciones sin respiro,,Alerta por el ébola. El Gobierno bloqueó tres cargueros que llegaban desde Congo a la Argentina
POLITICA
Causa por los fajos de dólares: dos policías declararon y no pudieron confirmar que el vestidor que allanaron sea el de los videos de Cirio
Dos policías que participaron del allanamiento realizado en octubre de 2023 en la casa que Martín Insaurralde y Jesica Cirio tenían en el country Fincas de San Vicente declararon este miércoles como testigos en la causa por enriquecimiento ilícito que se sigue contra el exjefe de Gabinete bonaerense. Los efectivos fueron citados puntualmente para responder una sola pregunta central: si el vestidor que recorrieron aquel día es el mismo que aparece en los videos conocido días atrás, donde se ve a Cirio mostrando fajos de dólares en efectivo.
Ninguno de los dos testimonios confirmó esa coincidencia. El primer efectivo sí reconoció una de las dos fotos que se le exhibieron como perteneciente al vestidor de la habitación principal, en el primer piso de la vivienda, aunque no pudo identificar a qué ambiente correspondía la segunda imagen.
Pero al ser consultado directamente por un posible paralelismo con las imágenes divulgadas, fue tajante: dijo que no había similitud. Según describió, el vestidor de la casa de San Vicente es amplio y tiene vidrios oscurecidos, mientras que el que se observa en el video es angosto y sin vidrios.
El segundo policía tampoco pudo precisar a qué habitaciones ni a qué piso correspondían las fotos que se le mostraron, y coincidió con su colega en el punto central: el vestidor de la vivienda que allanaron era grande, mientras que el del video es angosto.
Ambos coincidieron, además, en que la casa estaba deshabitada al momento del procedimiento —los muebles cubiertos con telas, la ropa de cama sin indicios de uso reciente— y uno de ellos agregó que debieron esperar cerca de media hora para poder ingresar a la propiedad.
Leer más: Presunto enriquecimiento ilícito: Jesica Cirio pidió que el video de los dólares en el vestidor no sea usado como prueba
El allanamiento al que declararon los dos testigos se había realizado en octubre de 2023, en el arranque de la causa contra Insaurralde, que estalló ese mismo mes a partir de la difusión de fotos del entonces jefe de Gabinete bonaerense navegando en el yate “Bandido” por el Mediterráneo, en Marbella, junto a la modelo Sofía Clerici.
El escándalo conocido como “Yategate” derivó en la renuncia de Insaurralde a su candidatura a concejal en Lomas de Zamora y abrió la investigación patrimonial. Recientemente se conoció un video que Cirio habría filmado en esa misma vivienda en 2023, mostrando fajos de dólares.
Este martes se supo que la modelo pidió que el video de los dólares en el vestidor no sea usado como prueba. El planteo fue presentado por su abogado, quien sostuvo que el material fue obtenido mediante una extorsión y un acceso ilegítimo al celular de la modelo.
Con las dos declaraciones de los policías, la Justicia busca determinar el origen del video. El fiscal Sergio Mola y el juez Luis Armella ya habían descartado, tras una inspección, que las imágenes correspondieran a la vivienda de Nordelta donde Cirio convivió con su expareja Elías Piccirillo.
Cirio e Insaurralde, Martín Insaurralde, Jesica Cirio
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