Fue una reivindicación demorada. Pero al fin se hizo realidad. Eduardo Sosa asumió este viernes como procurador general de Justicia de Santa Cruz, 33 años después de haber sido echado por el kirchnerismo ante la imposibilidad de controlarlo.

La ceremonia de la jura se realizó en la sede del Tribunal Superior de Justicia y estuvo encabezada por su titular, Gabriel Contreras Agüero.

“Voy a aportar lo mejor, espero estar a la altura de la circunstancia”, expresó Sosa tras la asunción.

El control de la justicia fue una de las obsesiones de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. El ejemplo más vívido lo representa Sosa, quien fue arrancado de su cargo en 1995, en la génesis del disciplinamiento del poder judicial que extendería el kirchnerismo en su historia.

El camino para el regreso de Sosa lo inició el gobernador Claudio Vidal, quien envió a la Legislatura un proyecto para restaurar el cargo de Procurador General de Justicia disuelto por una ley impulsada por Néstor y Cristina Kirchner.

Sosa representa una historia de tres décadas de perseverancia, a la espera de una reivindicación.

“Esta iniciativa es simbólica e institucional, porque repara un agravio constitucional, la reparación personal es la que menos importa”, afirma Sosa a , sin perder el tono moderado de sus palabras.

Sosa ejerció funciones al frente de la Procuradoría General de Justicia entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial -promovida por Néstor Kirchner con el aval de los diputados justicialistas encabezados por Cristina Kirchner,- desdobló el cargo en dos para dejar afuera a Sosa.

Sin poder controlarlo, el procurador era un obstáculo para la construcción de poder de Kirchner.

El abogado llevó su causa hasta la Corte Suprema, que ordenó en numerosas oportunidades la reposición en su cargo, pero el Gobierno de Santa Cruz nunca acató el fallo.

La provincia desobedeció un fallo de la Corte Suprema y se puso fuera de la legalidad.

La Corte Suprema hizo responsable al entonces gobernador Daniel Peralta. Se lo intimó para que cumpla la disposición en un plazo inferior a los 30 días. No lo hizo. Los Kirchner no dieron el brazo a torcer. A Peralta, la Justicia le inició una causa y terminó con una condena. Peralta es actualmente miembro de la Legislatura de Santa Cruz, se alejó del kirchnerismo, tiene bloque propio y su voto puede ser decisivo.

El 14 de septiembre de 2010, la Corte Suprema volvió a ordenar al gobernador a que reponga a Sosa.

Para Kirchner, el caso se había transformado en algo personal. En un desafío a la justicia, encabezó un acto en el gimnasio del Boxing Club de Río Gallegos para oponerse a la orden de la Corte Suprema y retrucaba que se promovía una intervención federal. Nunca ocurrió.

Allí, Kirchner, subió al escenario a 14 gobernadores peronistas que viajaron hasta la capital santacruceña: fue el 9 de octubre de 2010, el último acto multitudinario antes de su muerte.

La provincia nunca cumplió la orden de la Corte Suprema y el kirchnerismo siguió firme en el poder provincial hasta 2023.

Un pedido de disculpas

En estos treinta años, Sosa continuó con su vida, mientras seguía los avatares de la causa y ejercía la abogacía de manera privada.

Nunca perdió la moderación en sus declaraciones, a pesar de los fallos a su favor y la negativa del poder político a reparar la injusticia. Siempre apostó al camino institucional.

Del proyecto para restituirlo se enteró por los diarios, pero hubo un gesto del actual gobernador que lo puso sobre aviso. Unos días antes que asumiera en el cargo, el entonces gobernador electo, lo contactó para una reunión y le pidió disculpas, en nombre del pasado.

“El me manifestó su voluntad de reparar las deficiencias y me pidió disculpas en nombre del cargo que iba a asumir, por el daño que me habían hecho; yo le dije que, en caso que se produjera una vacante en el cargo del que me habían expulsado, yo aceptaría para participar de esta reparación institucional”, detalló Sosa.

Esas disculpas quedaron asentadas en los fundamentos del proyecto presentado el viernes y que se tratará este lunes: “El atropello institucional contra la figura del Procurador General, iniciado con la Ley 2404 que dispuso el cese de funciones del doctor Sosa, al desdoblar su competencia, no podía ser reparado con una mera indemnización, sino que requería el restablecimiento del orden institucional afectado”, sostiene. Y agrega: “Este proyecto de ley subsana el vicio de origen que causó el perjuicio al doctor Sosa y al rol institucional de la Procuración, dotando a este cargo de la autoridad y estabilidad necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial”.

La Cámara Federal unificó en el juzgado interinamente a cargo del juez federal Ariel Lijo las investigaciones judiciales contra funcionarios del Banco Central y de casas de cambio acusados de permitir maniobras millonarias para acceder a dólares al precio oficial y venderlos en el mercado paralelo durante el Gobierno anterior.

El camarista Roberto Boico decidió que el Juzgado Federal N° 11 absorba el expediente que se tramitaba en el Juzgado N° 1, a cargo de María Servini.

Así unificó estas dos investigaciones donde están acusados Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, del Banco Central, y una decena de empresarios, como Elías Picirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque, entre otros dueños de agencias de cambio y cuevas.

La disputa comenzó el 8 de mayo de 2026, cuando Lijo le pidió la causa a Servini para sumarla a su propio expediente.

El argumento es que ambas pesquisas perseguían los mismos hechos: contar una red de personas y agencias de cambio que adquirían divisas al tipo de cambio oficial para luego inyectarlas en el mercado paralelo, obteniendo ganancias ilegítimas millonarias.

A esto se sumaba la connivencia o falta de control de los funcionarios del Banco Central (BCRA).

El juzgado de Servini dijo que había objetos procesales distintos y que solo compartían algunos pocos imputados.

El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, sostuvo el planteo de Servini, pero dijo que la causa de Lijo es más amplia porque también abarcaba irregularidades en la tramitación del sistema de importaciones SIRA, y concluyó que no había una identidad total de los hechos.

Boico estimó que existe una dependencia funcional y operativa entre los sujetos investigados en ambos expedientes, con nombres en común, como Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Banco Más Ventas, entre otros.

Además, el camarista valoró el riesgo real por allanamientos múltiples y simultáneos sobre las mismas oficinas comerciales por parte de dos juzgados distintos.

El juez les dio especial relevancia a las posturas de las defensas y del fiscal Carlos Stornelli, que había coincidido en que, por la comunidad probatoria, unificar era necesario para lograr una investigación “integral, coherente y eficiente”, además de asegurar el derecho de defensa.

Boico entendió que “la mayor amplitud del objeto procesal no excluye la conexión: la refuerza” y dijo que acumular el caso en el expediente más grande y complejo permite reconstruir el suceso histórico criminal en toda su dimensión real, evitando un análisis fragmentario o sesgado de la maniobra global.

Por eso, para la “mejor y más pronta administración de justicia”, y sumado a que la causa del juzgado de Lijo presentaba un grado de avance “sensiblemente superior”, Boico ordenó hacer lugar a la inhibitoria y unificar los casos.

En paralelo, la jueza María Eugenia Capuchetti tiene otra causa por la misma maniobra con los mismos sospechosos y no se definió aún si se la queda, se inhibe o le plantea a Lijo que se excuse.