La Cámara Federal unificó en el juzgado interinamente a cargo del juez federal Ariel Lijo las investigaciones judiciales contra funcionarios del Banco Central y de casas de cambio acusados de permitir maniobras millonarias para acceder a dólares al precio oficial y venderlos en el mercado paralelo durante el Gobierno anterior.

El camarista Roberto Boico decidió que el Juzgado Federal N° 11 absorba el expediente que se tramitaba en el Juzgado N° 1, a cargo de María Servini.

Así unificó estas dos investigaciones donde están acusados Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, del Banco Central, y una decena de empresarios, como Elías Picirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque, entre otros dueños de agencias de cambio y cuevas.

La disputa comenzó el 8 de mayo de 2026, cuando Lijo le pidió la causa a Servini para sumarla a su propio expediente.

El argumento es que ambas pesquisas perseguían los mismos hechos: contar una red de personas y agencias de cambio que adquirían divisas al tipo de cambio oficial para luego inyectarlas en el mercado paralelo, obteniendo ganancias ilegítimas millonarias.

A esto se sumaba la connivencia o falta de control de los funcionarios del Banco Central (BCRA).

El juzgado de Servini dijo que había objetos procesales distintos y que solo compartían algunos pocos imputados.

El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, sostuvo el planteo de Servini, pero dijo que la causa de Lijo es más amplia porque también abarcaba irregularidades en la tramitación del sistema de importaciones SIRA, y concluyó que no había una identidad total de los hechos.

Boico estimó que existe una dependencia funcional y operativa entre los sujetos investigados en ambos expedientes, con nombres en común, como Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Banco Más Ventas, entre otros.

Además, el camarista valoró el riesgo real por allanamientos múltiples y simultáneos sobre las mismas oficinas comerciales por parte de dos juzgados distintos.

El juez les dio especial relevancia a las posturas de las defensas y del fiscal Carlos Stornelli, que había coincidido en que, por la comunidad probatoria, unificar era necesario para lograr una investigación “integral, coherente y eficiente”, además de asegurar el derecho de defensa.

Boico entendió que “la mayor amplitud del objeto procesal no excluye la conexión: la refuerza” y dijo que acumular el caso en el expediente más grande y complejo permite reconstruir el suceso histórico criminal en toda su dimensión real, evitando un análisis fragmentario o sesgado de la maniobra global.

Por eso, para la “mejor y más pronta administración de justicia”, y sumado a que la causa del juzgado de Lijo presentaba un grado de avance “sensiblemente superior”, Boico ordenó hacer lugar a la inhibitoria y unificar los casos.

En paralelo, la jueza María Eugenia Capuchetti tiene otra causa por la misma maniobra con los mismos sospechosos y no se definió aún si se la queda, se inhibe o le plantea a Lijo que se excuse.

El juez federal Sebastián Casanello embargó las cuentas de la empresa HTECH Innovation y citó a indagatoria a su titular, Sergio Aguirre, socio comercial de Martín Menem, en el marco de la investigación por una contratación irregular por parte de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera). La Justicia investiga el presunto desvío de $266.675.288 entre noviembre de 2024 y julio de 2025, período en el cual la obra social estaba intervenida por decisión de Javier Milei.

El juez, a pedido del fiscal Guillermo Marijuan, también solicitó la indagatoria de Virginia Montero y Marcelo Petroni, ambos interventores de Osprera designados por el Gobierno. A ellos también se les embargaron bienes. Declararán el 10 y el 11 de agosto, respectivamente.

“Por las características de la maniobra, en los términos presentados por la fiscalía, se advierte que la empresa HTECH Innovation, a través de la contratación cuestionada, obtuvo los desembolsos de la obra social intervenida. La empresa abrió cuentas bancarias a través de las cuales se canalizaron los pagos presuntamente espurios y se habrían repartido las ganancias ilícitas”, expuso Casanello en su fallo, al que accedió .

El juez advirtió que mientras ocurrían los desembolsos, Aguirre y sus socios, Stefano Zanetti y María Casandra Mirabelli, quienes también fueron citados a indagatoria, adquirieron vehículos de alta gama. “Eso expone que tales adquisiciones estarían asociadas a una fuente presuntamente ilícita derivada de la contratación de HTECH”, señaló el juez en su escrito, de ocho páginas.

La empresa HTECH Innovation fue constituida por Sergio Andrés Aguirre en abril de 2024, cuatro meses después de que Javier Milei llegara al poder. Aguirre deberá declarar el 13 de agosto.

Aguirre es, a su vez, socio de Menem en la empresa TR Nutrition, una firma que se dedica a la importación y comercialización “de todo tipo de productos y suplementos orgánicos, naturales y/o dietarios”.

Antes de volcarse a la función pública, el titular de la Cámara de Diputados tenía como principal actividad la comercialización de suplementos vitamínicos, barras proteicas y bebidas isotónicas que se venden bajo la marca GenTech en buena parte de las farmacias del país. En su última declaración jurada patrimonial, Menem declaró ser el dueño del 50% de las acciones de TR Nutrition, la firma que comparte con Aguirre.

En agosto de 2024, la gestión de Milei, mediante el decreto 720/2024 dispuso la intervención de Osprera, la segunda obra social más grande del país, con 500.000 afiliados, alta permeabilidad territorial y una caja sindical que siempre suscitó el interés de la política.

HTECH Innovation fue contratada meses después por la primera interventora designada por el Gobierno en Osprera, Virginia Montero, para realizar trabajos en los sistemas informáticos en la obra social. En noviembre de 2024, la empresa de Aguirre recibió dos pagos de Osprera por $40.251.879 y por $7.733.119.

Lo llamativo es que HTECH Innovation inauguró su talonario de facturación con Osprera: las primeras facturas que la empresa le remitió a la obra social intervenida por el Gobierno son las 0000001 y 0000002.

Como parte del mismo expediente, se investiga al secretario de Trabajo, Julio Cordero. La acusación del fiscal es por haber formado parte de un supuesto “plan criminal para hacerse de la conducción de la Uatre”, el gremio ruralista del cual depende la obra social. De esa maniobra habrían participado también -según el fiscal- Pablo Ansaloni, diputado de La Libertad Avanza; Claudio Aquino, el exdirector de Asociaciones Sindicales -el área que regula la vida interna de los sindicatos- y otros tres acusados. Aquino firmó el dictamen que sugirió pedir la intervención del gremio en el fuero laboral, actuación que fue avalada por Cordero.

La denuncia que motivó esta causa la promovió el secretario general de la Uatre, José Voytenco, un dirigente del PJ complicado por una acusación de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y por la deuda de la obra social del gremio.

Voytenco lidera la Uatre desde fines de 2022. Llegó al poder después de las muertes de Gerónimo Venegas y Ramón Ayala. En la elección, le ganó por solo un punto al hoy diputado Ansaloni.

Según el fiscal, Ansaloni y sus presuntos cómplices buscaron entonces “desplazar a las autoridades de la Uatre, siendo claros opositores de la gestión y autoridades del sindicato”. Este año también habrá elecciones en la Uatre, aunque Ansaloni no competiría, ya que creó un sindicato paralelo.