Máximo Kirchnery el «Cuervo» Andrés Larroqueperdieron la primera discusión interna fuerte que se dio en La Cámpora después de que Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada. Fue en marzo de 2016, cuando la agrupación, emblema de una etapa que parecía enterrada, daba sus primeros pasos por el desierto. Habían propuesto que la marcha que harían ese año a la Plaza de Mayo, para el acto por los 40 años del último golpe militar, partiera de la exESMA, sobre la Avenida del Libertador, y recorriera todo el cordón norte de la ciudad de Buenos Aires, una de las zonas de mayor rechazo al kirchnerismo. Pero la rama porteña de la organización consideró que no era momento para poner de relieve la identidad propia, ni para medir el músculo militante. Como los años anteriores, La Cámpora se movilizó desde las inmediaciones de la Plaza de Mayo, junto con el resto de las agrupaciones. «Fueron momentos duros. Algunos hasta se plantearon si había que disolver la organización», recuerda uno de los integrantes de la mesa chica.

La Cámpora no solo sobrevivió al llano, a las discusiones internas y a los pronósticos de desaparición que resonaron antes y durante el gobierno de Mauricio Macri. Con Alberto Fernández en la Casa Rosada y con Cristina como sostén, hoy transita una etapa de consolidación y fortalecimiento. Nunca había tenido tanto poder: cuenta con cargos relevantes en el Estado nacional, gobiernos propios en dos capitales provinciales y en dos municipios bonaerenses, 14 diputados nacionales, siete senadores, representación en diez legislaturas del país, y una fuerza estructurada y activa.

Trece años después de su fundación y con mandos superiores de más de 40 años, dejó de ser una agrupación juvenil, ingresó en el elenco estable de la política argentina y ensaya para interpretar el papel protagónico. Sigue dando batallas subterráneas por espacios de poder, pero moderó sus modales y engordó su agenda de contactos para encarar un nuevo desafío: mostrar gestión y licuar la desconfianza de actores políticos y económicos. La Cámpora sabe que necesita cambiar de piel y encontrar una nueva mística para cumplir el objetivo de encabezar, ya sin el cobijo de Cristina, el proyecto de gobierno de la próxima generación.

«La organización resistió, alejada del poder, sin perder densidad militante. Hubo una acumulación de experiencia, que no modifica la mirada que tenemos sobre el país», responde Máximo Kirchner, jefe de bloque del oficialismo en Diputados, cuando le preguntan sobre la evolución de La Cámpora. Se muestra más abierto y conciliador. Rechaza la idea de que la agrupación haya entrado en una etapa de maduración, porque no cree que hayan actuado con inmadurez en el pasado. «Se querían llevar puesto a un gobierno», dice, para justificar el perfil de guardia pretoriana que asumió La Cámpora en el gobierno de Cristina, y rechaza cualquier teoría que coloque a la agrupación en una disputa de poder con el Presidente: «Estamos para ayudar a Alberto y a Axel [Kicillof] en todo. Pusimos nuestros mejores cuadros a disposición. Wado [De Pedro], el Cuervo, Luana [Volnovich], Fernanda [Raverta]… gente muy joven, con mucha responsabilidad. El involucramiento es total, no tenemos un pie adentro y otro afuera, tampoco hay un parcelamiento, eso nunca funcionó.»

Consultado por , el Presidente destacó el papel de la agrupación ante lo que caracterizó como ataques injustos: «La Cámpora es una organización política que mediáticamente ha sido estigmatizada. Cuando nació nucleó a muchos jóvenes que mostraban la rebeldía propia de la juventud. Esos jóvenes hoy son hombres y mujeres dedicados a la política y muchos de ellos han demostrado estar preparados para la gestión del Estado. Hay que terminar con su estigmatización, esencialmente porque es injusta. En el Frente de Todos son una parte más de un colectivo que vincula distintos sectores del peronismo y del progresismo.»

Los altos mandos de la organización se muestran entusiasmados con lo que describen como un proceso de «revalorización» y con la posibilidad de planificar el mediano y largo plazo. «Hoy estamos bancando a Alberto y a Axel, y tenemos la responsabilidad de aportar una agenda de esperanza para los próximos 10, 20 o 30 años», repitió en los últimos meses «el Cuervo», secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es esa agenda? «Hoy se demuestra que hay áreas en las que no se puede dejar todo librado a las reglas del mercado, como la comida, la salud, la educación y la vivienda. Tenemos que apostar a un capitalismo distinto, con mayor regulación. Hay que pensar una mejor distribución de la población. Nadie debería viajar dos horas todos los días al trabajo.» El gobernador bonaerense no pertenece a la organización, pero en La Cámpora lo consideran muy cercano. Aunque les dio menos participación en el gobierno de la que esperaban, saben que en esa gestión se juega buena parte del futuro de la agrupación.

La convivencia de La Cámpora con otros sectores del oficialismo está, sin embargo, lejos de ser un paraíso sin conflictos. Las batallas se libran de manera subterránea, sin la centralidad de otras épocas. «La Cámpora no le disputa el tiempo a Alberto. Aunque el gobierno no sea exactamente lo que ellos quieren, valoran la unidad y saben que hoy no se puede hacer más. Pero por abajo hay tensiones con intendentes y gobernadores que se pueden profundizar», dice un dirigente con terminal en el Instituto Patria. Un intendente del conurbano va más allá: «Cuando les conviene hay un esquema de distensión y cuando no, hay tensión. En el armado del gobierno no fueron muy abiertos, está a la vista con Anses y PAMI. Ellos trabajan en una construcción y consolidación política en el Estado con lo propio. Tienen un problema, que ahora están intentando resolver, que es ponerle sentido común a la política, para interpelar a todos los sectores». En la agrupación le bajan el tono a las tensiones con los intendentes. «No todas las discusiones son la crisis de los misiles», dice uno de los jefes de la organización, pero desliza un mensaje para los que quieran enfrentarlos: en los únicos dos municipios donde en 2019 se habilitaron primarias con boleta completa para todos, recuerdan, los jefes comunales cayeron derrotados.

La designación de Raverta al frente de la Anses expuso otra de esas tensiones. Se produjo después de que La Cámpora metió presión sobre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para lograr la salida de Alejandro Vanoli, a quien atribuían fallas en la gestión, en medio de la pandemia. Por lo bajo también le recriminan haberlos relegado en la distribución de las UDAI [Unidad de Atención Integral], las oficinas que el organismo tiene diseminadas en todo el país. Junto con el manejo de las UGL [Unidad de Gestión Local] de PAMI, la agrupación se aseguró una plataforma ideal para reforzar su proyecto de construcción permanente en el territorio. «Las UGL son todas de La Cámpora, de punta a punta. Las UDAI se reparten con gobernadores e intendentes del oficialismo, siempre que no estén en tensión con la agrupación», dice un dirigente peronista del conurbano.

En esas oficinas crecieron tres de los cinco intendentes que tiene La Cámpora: Mayra Mendoza (Quilmes), Juan Ustarroz (Mercedes) y Martín Pérez (Río Grande). Los otros dos habían sido concejales. Luciano Di Nápoli, de 40 años, ganó la intendencia de Santa Rosa en mayo del año pasado, sin Cristina en la boleta, después de imponerse en la interna del peronismo pampeano, con el Frente Renovador adentro, en un ensayo de lo que después sería el Frente de Todos. En los cinco meses que lleva como intendente, dispuso la estatización del servicio de transporte público de la ciudad, «un reclamo histórico de los vecinos de Santa Rosa», dicen en su entorno. Walter Vuoto, de 37 años, gobierna Ushuaia desde 2015, cuando lo eligieron con el 22% de los votos. Obtuvo la reelección el año pasado, con casi el 55%. ¿La receta? «Obra pública y diálogo con todos», responden en su gobierno.

«No es verdad que tengamos inserción territorial porque tenemos las oficinas de la Anses y del PAMI; es al revés, nos encargan esa tarea porque tenemos un trabajo territorial de muchos años y lo ponemos al servicio del Estado. Cuando un compañero nuestro asume una responsabilidad, llega primero y se va último», argumenta un dirigente nacional de La Cámpora, y asegura que siguieron una enseñanza de Néstor Kirchner: «Nos decía que siempre tengamos a uno en cada lugar».

Un dato duro retrata hasta qué punto siguieron esa fórmula: la agrupación tiene, según números propios, 246 locales en la provincia de Buenos Aires y 86 en la Capital, entre unidades básicas y ateneos Néstor Kirchner. «Los bancamos con plata de nuestro sueldo y no cerramos ninguno durante los cuatro años del gobierno de Macri», dice un dirigente porteño. Los miembros de La Cámpora aportan parte de sus ingresos para el sostenimiento de la agrupación. Ese aporte, un porcentaje que los dirigentes prefieren no revelar, se incrementó para sostener las ollas populares y otras actividades que organizaron durante la cuarentena. En buena parte de ellas intervino la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), una organización que La Cámpora creó en 2016 con trabajadores de fábricas recuperadas.

La reconversión de la agrupación fue de la mano de la evolución de Máximo, que en 2016 se instaló de manera permanente en Buenos Aires. «Pasó de ser alguien al que muchos estigmatizaban, un pibito que jugaba a la Play, a ser uno de los artífices del acuerdo para la construcción del Frente de Todos –dice un dirigente con cargo en el gobierno nacional-. Hoy, aunque parezca que está parado en un extremo, es un tipo que armoniza y que tiene buena relación con Alberto, con Massa y con la mayoría de los intendentes.» Con Cristina alejada de la conducción del día a día, el líder de La Cámpora ejerce la jefatura operativa de todo el universo kirchnerista, lo que incluye a otros intendentes, como Lucas Ghi (Morón), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada), a otras agrupaciones, como Nuevo Encuentro y Peronismo Militante, y a dirigentes sueltos, como Fernanda Vallejos, la diputada que propuso evaluar que el Estado obtuviera una participación de las empresas a las que asistiera en la cuarentena.

La vida interna de La Cámpora, solo comparable en su intensidad con la de los partidos trotskistas, es otra de las claves de la resurrección. El órgano más importante es la mesa política nacional, que tiene 49 miembros y reuniones todas las semanas o cada quince días. Está integrada por uno o dos «responsables» por provincia; «secretarios» de tareas como organización, comunicación y formación, y una «mesa chica» del grupo fundador, que se encarga de resolver las cuestiones más gruesas y de fijar orientaciones generales. La estructura de «mesas» y «responsables» se replica en todas las provincias, al igual que los «frentes de acumulación política», ámbitos de militancia que La Cámpora comparte con otros sectores, como el frente de mujeres y el frente estudiantil. «Hoy hay un equilibrio dinámico entre la rigidez orgánica y laxitud para funcionar», dice un integrante de la mesa nacional. La integración de esa mesa chica, sin mandatos temporales, no cambió mucho en los últimos años, pero perdió dos de sus figuras originales: José Ottavis, protagonista de escándalos mediáticos, y Juan Cabandié, que se alejó en 2018 con reclamos de «mayor apertura»»aceptación de diferentes visiones dentro del espacio». Enfrentado con el «Cuervo», mantuvo la relación con Máximo, facilitó el reencuentro entre Alberto Fernández y Cristina, y en diciembre asumió como ministro de Ambiente.

Hubo un momento en que la mesa política nacional de La Cámpora se reunió todos los días. Fue en septiembre de 2018, cuando la agrupación se declaró en «estado de alerta» después de que el juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a De Pedro, Larroque y Ottavis, en una causa derivada del caso de los cuadernos. «Teníamos que saber cómo reaccionar si nos metían preso a un dirigente», cuenta un miembro de la mesa chica. Desde marzo, cuando se impuso la cuarentena, la mesa nacional no volvió a reunirse, ni siquiera de manera virtual. No encontraron, dicen, ninguna aplicación que les resulte lo suficientemente confiable para evitar filtraciones. La Cámpora no pudo marchar en marzo de este año a la Plaza de Mayo. Desde 2017 la columna de la agrupación sale desde la exESMA.

MENDOZA.- La «obra del siglo» tambalea. Portezuelo del Viento, un proyecto hidroeléctrico faraónico que Mendoza pelea desde hace 50 años, corre riesgo de nunca empezar. Cuando faltan diez días para la fecha de inicio de la licitación internacional, una guerra por el agua pone en jaque al proyecto.

El enemigo central de Portezuelo del Viento es La Pampa. La represa está proyectada sobre el río Grande, principal afluente del Colorado, que según el gobierno pampeano registra los caudales más bajos de los últimos 100 años. La Pampa se niega a darle el control del grifo a Mendoza. Pero esta vieja pelea ahora trascendió los límites interprovinciales. El mes próximo, el Gobierno nacional debe desembolsar 18 millones de dólares, que se sumarían a los 37 ya recibidos por Mendoza (de un total de 1.023 millones comprometidos). «No voy a financiar una obra cuestionada por cuatro de las cinco provincias», advirtió el presidente Alberto Fernández hace dos semanas. A la resistencia de La Pampa se sumaron objeciones de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, las otras integrantes del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).

El viernes próximo, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, será el anfitrión de una reunión con los cinco gobernadores. «Se convocó porque lo pidieron por escrito cuatro provincias», informaron en la Casa Rosada. «Si no hay acuerdo, cualquiera de las provincias puede pedir un laudo, pero el Gobierno no va a definir nada sin acuerdo de los demás gobernadores», ratificaron a cerca de De Pedro, que ayer recibió al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. En el gobierno nacional se presentan como «prescindentes» y dicen que buscan «garantizar el ámbito de discusión».

Cuando La Pampa se opuso al avance del proyecto, en tiempos del gobierno de Mauricio Macri, un laudo presidencial favoreció a Mendoza. Hoy no solo cambió el presidente (y Fernández adelantó que no habrá laudo). También cambiaron los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires -y sus alineamientos políticos-. Ahora son cuatro provincias las que advierten sobre el impacto ambiental del proyecto.

En materia de impacto, nada superará a lo que pase en Las Loicas, una pequeña localidad de 150 familias, a unos pocos kilómetros de Chile, que va a quedar «tapada por el agua» cuando se levante la represa. El proyecto prevé la relocalización de todos sus pobladores.

«Hace muchos años que hablan de esta obra ¿Para qué hacer eso? Es un daño muy grande, quedar bajo el agua. Tienen que pensar un poquito», dijo Ángela Guajardo. Con 101 años, Ángela, la habitante más longeva de la zona, conoce desde su génesis el proyecto que amenaza con llevarse puesto a su pueblo.

Está sentada al lado de la chimenea, junto a su hija de 68 años, mientras afuera el frío y la nieve no dan tregua. «Este pueblo se pierde. Cuántos millones van a gastar con las comodidades que ya tenemos. Argentina no está tan sobrada de millones -se lamenta-. Acá tenemos todo.»

Sin energía eléctrica, Las Loicas se alimenta de un grupo electrógeno que les da luz hasta seis horas diarias. En el gobierno provincial dicen que sus habitantes serán mudados a la costa sur del lago, donde se levantará una villa con 80 casas, polideportivo, centro de salud y dos edificios, que serán en principio para hospedaje de obreros, pero después se convertirán en hoteles. «También habrá un camping», dijeron fuentes oficiales.

La promesa del turismo entusiasma a algunos pobladores más jóvenes de Las Loicas, donde la mayoría son parientes. Ángela no comparte las expectativas de los jóvenes. «Si lo único que saben hacer es criar chivos», rezonga. Los más grandes, que ya hicieron historia en este lejano distrito del sur mendocino, se resisten a irse, pero sienten que es una carrera contra el tiempo, a pesar de que hayan pasado décadas sin definiciones.

De acuerdo con el proyecto, Las Loicas desaparecerá, como soplada por el viento, porque a 15 kilómetros del pueblo se asentará el paredón del megadique Portezuelo. Todos deberán ser reubicados en una zona más alta.

«Nosotros no queremos que se haga el dique, porque se va a perder la ganadería, que es el patrimonio más querido que tenemos. Nos dicen tantas cosas… no sabemos qué va a pasar. Es una vida escuchando de Portezuelo», dice Angélica Hernández, otra pobladora. A lo largo de los años, los pobladores del lugar se han cansado de las reuniones informativas que hasta ahora no se convirtieron en nada concreto. Desde que tienen uso de razón se habla del proyecto.

Viviana Ávila es una de las que creen que el desarrollo de la zona representa una alternativa. «Cuesta dejar este lugar pensando que quedará todo bajo el agua. Lo positivo son las fuentes de trabajo que se crearán con el turismo», contó la mujer, que ya ayuda a su hijo en un emprendimiento de cabañas para rentar.

«Si te contesto con mi corazón, no quiero que llegue agua a Las Loicas, pero va a llegar», se resigna Gabriel Flores, dueño del hospedaje.

En el gobierno mendocino dijeron a que el futuro del pueblo ya fue consensuado con los pobladores: «Se hicieron todos los estudios sociales para reubicar a la gente, quienes eligieron el lugar donde asentarse. Las Loicas va a quedar bajo el agua».

La obra de Portezuelo del Viento, prevista para comenzar a fin de año, le dará trabajo a 10.000 personas, según estiman en el gobierno de Mendoza. Se realizará con fondos nacionales porque es parte del acuerdo al que llegó la Nación con la provincia por los perjuicios sufridos, décadas atrás, por la promoción industrial.

La obra fue aprobada en 2016 por las provincias del Coirco, con la sola oposición de La Pampa, lo que llevó a Mendoza a pedir el laudo de Macri. Tiene un plazo de ejecución de cinco años y apuesta a lograr una potencia instalada de 210 MW, capaz de abastecer de energía a 130.000 usuarios, cuatro veces más de lo que genera el dique Potrerillos, que es hoy el más grande de Mendoza.

Alrededor de la represa se proyectan una serie de obras relacionadas. No solo la relocalización de Las Loicas; también, las extensiones de la ruta nacional 145 y de la ruta provincial 226, la construcción de una sala de máquinas y el tendido eléctrico para conectar la presa con el sistema interconectado nacional.

Las novedades nacionales, que ponen en jaque al proyecto, hicieron que, a la par del Ejecutivo mendocino, las comunas afectadas, los legisladores, los sindicatos y sobre todo las empresas, empezaran a presionar para que el proyecto no se detenga. El viernes pasado estaba previsto un abrazo simbólico a la vera del río Grande. Se suspendió por la amenaza del coronavirus. Mendoza tuvo a 125 casos de Covid-19 detectados y 9 fallecidos.

En La Pampa, mientras tanto, sostienen que la obra los pondrá en peligro. «Habrá un impacto real sobre la flora, la fauna y diversos pueblos productivos. Los caudales del río son los más bajos en 100 años. Esta presa tenía sentido a mitad del siglo pasado, no ahora», dijo el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Pedro Lastiri.

Según Lastiri, la corriente del río Colorado, conformado en un 65% por el Grande y en un 35% por el Barrancas, pasó de 147 metros cúbicos por segundo hace 10 años a menos de 80 m3/s en las últimas mediciones. «Peleamos desde hace mucho tiempo por quién manejará el agua de la cuenca. Ya sufrimos con el río Atuel ¿Quién asegura que se regulará el caudal? Una vez que lo tengan, ya no serán conscientes de que hay más poblaciones en las demás provincias», insitió Lastiri.

Uno de los ejes de la pelea es el alcance que tienen los estudios de impacto ambiental realizados. La Pampa no solo pretende que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca, sino que espera que se realice «con aprobación del Congreso, como lo estipula la Ley de Obras Hidráulicas, y como se hizo con las represas en Santa Cruz», explicó Lastiri.

El gobernador Suárez advierte, en cambio, que las normas de manejo del agua no son de Mendoza sino del Comité. «Ya está estipulado que el agua la maneja el Coirco mientras se construye la represa, y también para el llenado», indicó el gobernador. Según Suárez, «ya se hizo el estudio ambiental sobre toda la cuenca» y «tanto el estudio integral que hicieron universidades de La Plata y del Litoral, como el de la Universidad Nacional de Cuyo fueron votados favorablemente». Suárez sostuvo que los informes fueron aprobados por el Consejo Ejecutivo del Coirco, que es el cuerpo autorizado para avalar este tipo de estudios. No pasó por el Consejo de Gobierno, que reúne a los gobernadores.

En el Gobierno dicen hoy que su posición es «equidistante», pero las declaraciones públicas de Alberto Fernández preocuparon a Mendoza. «Pido que los gobernadores vean la manera de que, en caso de hacerse la obra, haya una administración conjunta de las provincias. Pido que se pongan de acuerdo porque el impacto ambiental se ha hecho solo en Mendoza y nadie tuvo en cuenta el impacto en las otras provincias», dijo, en contra de lo sostenido por Mendoza.

Con este escenario, Suarez está en gestiones para mejorar la posición de su provincia y destrabar el proyecto. Ayer se reunió con De Pedro y le adelantó la propuesta que el viernes presentará a los demás gobernadores. Suárez propone crear un «fondo de garantías», para que haya severas sanciones ante un eventual incumplimiento de Mendoza. «Les voy a dar las garantías de cumplimiento, con la creación de un fondo de garantías, para que hayan estrictas sanciones», adelantó Suárez a , y agregó: «Es más, proponemos que las sanciones las determinen cada una de las provincias, y que se cobren automáticamente».

Mientras tanto, los empresarios interesados en la «obra del siglo» no descansan. Se habían entusiasmado cuando el gobierno de Fernández cumplió con los primeros desembolsos para la obra, pero ahora el temor crece. «Hay mucha incertidumbre. Estamos muy preocupados, pero a la vez expectantes de que se llegue a buen puerto», indicaron a en una de las compañías que apuestan a ganar el proceso. Entre las empresas interesadas hay grandes firmas nacionales e internacionales, como Impsa, Techint y Cartellone, además de gigantes chinas, como Power China Limited, Synohydro Corporation Limited y China Gezhouba Group Company Limited.

Pero hasta ahora casi ninguna de las 40 firmas que habían demostrado interés en el proyecto, compraron los pliegos, dijeron fuentes oficiales. Tienen tiempo hasta la noche del 2 de julio y pueden presentarse con el formato de una Unión Transitoria de Empresas (UTE).

Como si todo esto fuera poco, el proyecto también tuvo conflictos en su tramitación interna. Daniel Chicahuala, funcionario mendocino que trabajaba en el armado de los pliegos, fue despedido, según informaron fuentes oficiales. Su salida fue consecuencia de una advertencia que llegó desde La Pampa, dijeron fuentes de esa provincia, pero tuvo que ver con un conflicto de intereses: mientras trabajaba para la provincia, en paralelo, montó una consultora que asesora a firmas para obra pública y privada; entre ellas, algunas grandes compañías interesadas en el proceso, que recurrieron a sus servicios apostando a que algún día la obra se hará realidad.