Para quienes lo vivieron, recordar el lejano 1969 es fácil. Casi nadie en este planeta olvidó qué hacía, dónde estaba, cómo se sintió impactado aquel lunes de julio en el instante en que Neil Armstrong pisaba la Luna. Sin embargo, los nativos que entonces tenían edad como para manipular dinero pueden aprovechar un recuerdo vivencial extra que enseguida les arrancará una exclamación: 1969 fue el año en el que quedaron sepultados los pesos moneda nacional. La plata que corría desde la primera presidencia de Roca. ¿Cómo olvidar los «pesos ley 18.188» de Onganía con los que se esfumaron dos ceros y cundió el desconcierto por la cohabitación de billetes nuevos, billetes viejos y billetes resellados?

Había una dictadura, hasta el pelo largo estaba prohibido, el Congreso se hallaba clausurado desde hacía más de tres años, la vida intelectual y cultural era burdamente acallada, pero por cada peso hasta para ir a comprar un chicle se debía decir «ley». A los argentinos, que eran por entonces 23 millones y medio, muy poco más que la mitad que ahora, lo de reformular la moneda para lidiar con los estragos de la inflación acumulada les resultaba una novedad inquietante.

Después se hizo costumbre. Cuando terminaba la siguiente dictadura, Bignone dispuso que 10 mil pesos ley 18.188 se transformaran en un peso argentino, luego Alfonsín creó el austral, que equivalía a 1000 argentinos, Menem inventó con cada 10 mil australes un peso-dólar y en el colapso de 2001 tuvimos cuasimonedas y repusimos el trueque por algunos meses.

La inflación es anterior a 1969 (ya el primer Perón había tenido un promedio de 18,7% anual), pero en estos 50 años solo paró de subir por un tiempo considerable durante la convertibilidad de Menem. De los 16 presidentes civiles y militares que hubo entre Onganía y Macri (exceptuados del registro Cámpora, Lastiri y Rodríguez Saá, por breves) nueve tuvieron promedios anuales de aumento del Índice de Precios al Consumidor de dos dígitos. Otros seis presidentes registraron variaciones promedio de tres dígitos (sólo uno, De la Rúa, exhibe una marca negativa, de 1,1, atribuible a la recesión).

Lo llamativo de aquel primer cambio de nominación, visto con ojos de hoy, es que no provino de una hecatombe hiperinflacionaria, sino todo lo contrario. Quien tuvo la idea, Adalbert Krieger Vasena, un ministro de Economía de alta calificación técnica, quiso consolidar la estabilidad, lograda en gran parte, claro, con un estricto congelamiento de salarios y de tarifas públicas. En todo 1969, la inflación fue de 7,6%. El PBI creció ese año 6,9. El dólar estaba quieto en 350; después, 3 y medio. Y esto duele decirlo, la pobreza era del 3%.

Al mes siguiente de que se dictase la «ley» 18.188, se produjo lo que algunos autores han llegado a llamar la mayor protesta obrera en la historia latinoamericana de la posguerra: el Cordobazo. Que entre otras cosas provocó la inmediata salida de Krieger Vasena. Suceso complejo, marcó el ingreso en una era de política revolucionaria que de algún modo incentivaba esa dictadura tosca, autoritaria, paternalista, paradójicamente bautizada «Revolución Argentina». Su efecto más dañino: se le atribuye haber ayudado a fraguar en vastos sectores juveniles recién asomados a la cosa pública la idea de que la lucha armada era un camino excluyente para lograr una transformación.

Quizá lo más difícil de entender hoy de esa época para los hijos de la era digital no sea la alta politización o la fuerte ideologización que se incubaba entonces con surtidas preferencias marxistas, trotskistas, maoístas, tercermundistas o, especialmente, peronistas combativas, sino el dato de que la democracia no era un objetivo corriente. Más aún, la palabra democracia, a la que los grupos radicalizados y parte del peronismo engarzaban con el adjetivo liberal y despreciaban, no se usaba demasiado como no fuera en ámbitos tradicionales, entre adultos.

Es un anacronismo o una versión algo Billiken de la historia decir que hace 50 años la contradicción democracia-dictadura atravesaba la cotidianeidad de los argentinos. Entre otras cosas porque las ilusiones juveniles prevalecientes, sin ningún modelo democrático a la vista, no pasaban por hacer frente a los militares para imponer un sistema ecuánime de partidos políticos. Bajo el influjo de la Revolución Cubana, de los curas tercermundistas y de la canonización laica del Che Guevara, muerto dos años antes en Bolivia, aquellas ilusiones eran bastante más fogosas. Algo en gran medida ajustado a las radicalizaciones juveniles de afuera, que ya habían producido el Mayo Francés o la resistencia norteamericana a la Guerra de Vietnam.

Juan Carlos Onganía (1914-1995), un general nacionalista católico muy anticomunista, cuyos sobresalientes bigotes le valieron el apelativo de Morsa, había disfrutado de considerable consenso en 1966 al derrocar al médico Arturo Illia. Además de la Sociedad Rural, la UIA, la CGE y buena parte de la prensa (sobre todo las revistas Primera Plana y Confirmado, que habían socavado al gobierno radical), estuvo el apoyo de Perón al golpe, dato esquivo en la historiografía peronista. Desde Madrid, en declaraciones al periodista Tomás Eloy Martínez, Perón saludó la llegada de Onganía, lo elogió como camarada y celebró que con la caída de Illia se hubiera puesto fin a «una etapa de verdadera corrupción».

El sindicalismo peronista más enjundioso, que respondía al metalúrgico Augusto Vandor y al representante del vestido José Alonso, directamente se puso corbata y participó de la jura de Onganía. Los planes de lucha quedaron suspendidos. Merodeaba la expectativa de recrear un eje gremial-militar como en 1945. Más tarde vendría la partición de la CGT (una negociadora, otra combativa) y un hecho trágico que también le sumó a 1969 carácter de año bisagra, el asesinato de Vandor, lo cual pulverizó el ensayo más importante que haya habido de un peronismo sin Perón.

A muchos argentinos hoy indignados con los sindicalistas enriquecidos y con la desvirtuación que el formidable poder económico de determinados sindicatos causa en la vida política tal vez les resultaría impactante saber que todo eso viene de Onganía. En 1970, necesitado de entendimientos con el sindicalismo peronista, sin visión futura alguna dictó una «ley» que universalizó las obras sociales y puso a disposición de sindicatos únicos la cobertura de salud de los trabajadores. En medio siglo, ningún gobierno, del color político que fuere, pudo replantear el poder sindical sobre el sistema de salud.

Onganía se pretendía sinónimo del orden. Pero ese orden se desmoronó con el Cordobazo. El general de los bigotes poblados, rasgo caricaturesco que a Landrú le costó la clausura de Tía Vicenta, sobrevivió un año más. Lo terminó desalojando un golpe palaciego después del secuestro y asesinato del general Pedro Aramburu, la presentación de los Montoneros. En total estuvo en la Casa Rosada 1440 días, menos tiempo que Videla, pero más que todos los otros dictadores. Su idea inicial de permanencia indefinida, armónica con la inauguración de la Rural en el viejo carruaje que había usado la Infanta Isabel en 1910, hablaba de los «tres tiempos», uno económico, otro social y otro político, un caso de humor involuntario. Los tiempos se precipitaron cuando el generalato entendió que Onganía pensaba quedarse 20 años.

Último caudillo del Ejército con aspiraciones políticas, Lanusse, quien asumió la presidencia después de sacarlo a Levingston, fue artífice de un giro histórico, disruptivo, aunque acotado: el levantamiento de la proscripción al peronismo. A él mismo le tocó ponerle la banda a Héctor Cámpora, tras reconquistar el poder el peronismo con la mitad de los votos. El ineficaz modelo proscriptivo creado por la Revolución Libertadora se había derrumbado.

La vuelta de Perón al gobierno tras 17 años de exilio fue, claro, un suceso extraordinario. Al cabo, el tercer gobierno peronista, dos años y diez meses en los que gobernaron cuatro presidentes, resultaría un entretiempo entre dos dictaduras. Con la última, se sabe bien, la escala histórica se destruyó debido al carácter y la magnitud monstruosos de la represión ilegal, lo que acabó estandarizando a las cinco anteriores como mansas. El «Proceso» significó para el país un enorme atraso en todos los órdenes. La Guerra de las Malvinas, frustración mayúscula con secuelas muy traumáticas, convenció a los militares de volver a los cuarteles.

Por fin en 1983 todas las dictaduras se terminaron. Se abrió el período democrático más largo que haya habido, ahora en curso, progreso ostensible. Tantas décadas pendulares, tantas botas en vez de votos, sobreestimaron, tal vez, el remedio de la democracia continuada, que aportó grandes beneficios pero todavía no consiguió engendrar tres presidentes seguidos con mandatos ajustados al reloj constitucional, crecer en forma sostenida, erradicar el hambre en un país productor de alimentos, controlar la inflación ni bajar la pobreza. Al país cuyo PBI pasó en 50 años de 31.256 a 637.000 millones de dólares (2017, Banco Mundial) para ubicarse como la economía 21ª. del mundo, no le alcanzó con una nueva Constitución para robustecerse institucionalmente, gran deuda pendiente. Aunque sí consiguió que la democracia desalentara y casi extirpara la violencia política.

Máximo Kirchnery el «Cuervo» Andrés Larroqueperdieron la primera discusión interna fuerte que se dio en La Cámpora después de que Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada. Fue en marzo de 2016, cuando la agrupación, emblema de una etapa que parecía enterrada, daba sus primeros pasos por el desierto. Habían propuesto que la marcha que harían ese año a la Plaza de Mayo, para el acto por los 40 años del último golpe militar, partiera de la exESMA, sobre la Avenida del Libertador, y recorriera todo el cordón norte de la ciudad de Buenos Aires, una de las zonas de mayor rechazo al kirchnerismo. Pero la rama porteña de la organización consideró que no era momento para poner de relieve la identidad propia, ni para medir el músculo militante. Como los años anteriores, La Cámpora se movilizó desde las inmediaciones de la Plaza de Mayo, junto con el resto de las agrupaciones. «Fueron momentos duros. Algunos hasta se plantearon si había que disolver la organización», recuerda uno de los integrantes de la mesa chica.

La Cámpora no solo sobrevivió al llano, a las discusiones internas y a los pronósticos de desaparición que resonaron antes y durante el gobierno de Mauricio Macri. Con Alberto Fernández en la Casa Rosada y con Cristina como sostén, hoy transita una etapa de consolidación y fortalecimiento. Nunca había tenido tanto poder: cuenta con cargos relevantes en el Estado nacional, gobiernos propios en dos capitales provinciales y en dos municipios bonaerenses, 14 diputados nacionales, siete senadores, representación en diez legislaturas del país, y una fuerza estructurada y activa.

Trece años después de su fundación y con mandos superiores de más de 40 años, dejó de ser una agrupación juvenil, ingresó en el elenco estable de la política argentina y ensaya para interpretar el papel protagónico. Sigue dando batallas subterráneas por espacios de poder, pero moderó sus modales y engordó su agenda de contactos para encarar un nuevo desafío: mostrar gestión y licuar la desconfianza de actores políticos y económicos. La Cámpora sabe que necesita cambiar de piel y encontrar una nueva mística para cumplir el objetivo de encabezar, ya sin el cobijo de Cristina, el proyecto de gobierno de la próxima generación.

«La organización resistió, alejada del poder, sin perder densidad militante. Hubo una acumulación de experiencia, que no modifica la mirada que tenemos sobre el país», responde Máximo Kirchner, jefe de bloque del oficialismo en Diputados, cuando le preguntan sobre la evolución de La Cámpora. Se muestra más abierto y conciliador. Rechaza la idea de que la agrupación haya entrado en una etapa de maduración, porque no cree que hayan actuado con inmadurez en el pasado. «Se querían llevar puesto a un gobierno», dice, para justificar el perfil de guardia pretoriana que asumió La Cámpora en el gobierno de Cristina, y rechaza cualquier teoría que coloque a la agrupación en una disputa de poder con el Presidente: «Estamos para ayudar a Alberto y a Axel [Kicillof] en todo. Pusimos nuestros mejores cuadros a disposición. Wado [De Pedro], el Cuervo, Luana [Volnovich], Fernanda [Raverta]… gente muy joven, con mucha responsabilidad. El involucramiento es total, no tenemos un pie adentro y otro afuera, tampoco hay un parcelamiento, eso nunca funcionó.»

Consultado por , el Presidente destacó el papel de la agrupación ante lo que caracterizó como ataques injustos: «La Cámpora es una organización política que mediáticamente ha sido estigmatizada. Cuando nació nucleó a muchos jóvenes que mostraban la rebeldía propia de la juventud. Esos jóvenes hoy son hombres y mujeres dedicados a la política y muchos de ellos han demostrado estar preparados para la gestión del Estado. Hay que terminar con su estigmatización, esencialmente porque es injusta. En el Frente de Todos son una parte más de un colectivo que vincula distintos sectores del peronismo y del progresismo.»

Los altos mandos de la organización se muestran entusiasmados con lo que describen como un proceso de «revalorización» y con la posibilidad de planificar el mediano y largo plazo. «Hoy estamos bancando a Alberto y a Axel, y tenemos la responsabilidad de aportar una agenda de esperanza para los próximos 10, 20 o 30 años», repitió en los últimos meses «el Cuervo», secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es esa agenda? «Hoy se demuestra que hay áreas en las que no se puede dejar todo librado a las reglas del mercado, como la comida, la salud, la educación y la vivienda. Tenemos que apostar a un capitalismo distinto, con mayor regulación. Hay que pensar una mejor distribución de la población. Nadie debería viajar dos horas todos los días al trabajo.» El gobernador bonaerense no pertenece a la organización, pero en La Cámpora lo consideran muy cercano. Aunque les dio menos participación en el gobierno de la que esperaban, saben que en esa gestión se juega buena parte del futuro de la agrupación.

La convivencia de La Cámpora con otros sectores del oficialismo está, sin embargo, lejos de ser un paraíso sin conflictos. Las batallas se libran de manera subterránea, sin la centralidad de otras épocas. «La Cámpora no le disputa el tiempo a Alberto. Aunque el gobierno no sea exactamente lo que ellos quieren, valoran la unidad y saben que hoy no se puede hacer más. Pero por abajo hay tensiones con intendentes y gobernadores que se pueden profundizar», dice un dirigente con terminal en el Instituto Patria. Un intendente del conurbano va más allá: «Cuando les conviene hay un esquema de distensión y cuando no, hay tensión. En el armado del gobierno no fueron muy abiertos, está a la vista con Anses y PAMI. Ellos trabajan en una construcción y consolidación política en el Estado con lo propio. Tienen un problema, que ahora están intentando resolver, que es ponerle sentido común a la política, para interpelar a todos los sectores». En la agrupación le bajan el tono a las tensiones con los intendentes. «No todas las discusiones son la crisis de los misiles», dice uno de los jefes de la organización, pero desliza un mensaje para los que quieran enfrentarlos: en los únicos dos municipios donde en 2019 se habilitaron primarias con boleta completa para todos, recuerdan, los jefes comunales cayeron derrotados.

La designación de Raverta al frente de la Anses expuso otra de esas tensiones. Se produjo después de que La Cámpora metió presión sobre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para lograr la salida de Alejandro Vanoli, a quien atribuían fallas en la gestión, en medio de la pandemia. Por lo bajo también le recriminan haberlos relegado en la distribución de las UDAI [Unidad de Atención Integral], las oficinas que el organismo tiene diseminadas en todo el país. Junto con el manejo de las UGL [Unidad de Gestión Local] de PAMI, la agrupación se aseguró una plataforma ideal para reforzar su proyecto de construcción permanente en el territorio. «Las UGL son todas de La Cámpora, de punta a punta. Las UDAI se reparten con gobernadores e intendentes del oficialismo, siempre que no estén en tensión con la agrupación», dice un dirigente peronista del conurbano.

En esas oficinas crecieron tres de los cinco intendentes que tiene La Cámpora: Mayra Mendoza (Quilmes), Juan Ustarroz (Mercedes) y Martín Pérez (Río Grande). Los otros dos habían sido concejales. Luciano Di Nápoli, de 40 años, ganó la intendencia de Santa Rosa en mayo del año pasado, sin Cristina en la boleta, después de imponerse en la interna del peronismo pampeano, con el Frente Renovador adentro, en un ensayo de lo que después sería el Frente de Todos. En los cinco meses que lleva como intendente, dispuso la estatización del servicio de transporte público de la ciudad, «un reclamo histórico de los vecinos de Santa Rosa», dicen en su entorno. Walter Vuoto, de 37 años, gobierna Ushuaia desde 2015, cuando lo eligieron con el 22% de los votos. Obtuvo la reelección el año pasado, con casi el 55%. ¿La receta? «Obra pública y diálogo con todos», responden en su gobierno.

«No es verdad que tengamos inserción territorial porque tenemos las oficinas de la Anses y del PAMI; es al revés, nos encargan esa tarea porque tenemos un trabajo territorial de muchos años y lo ponemos al servicio del Estado. Cuando un compañero nuestro asume una responsabilidad, llega primero y se va último», argumenta un dirigente nacional de La Cámpora, y asegura que siguieron una enseñanza de Néstor Kirchner: «Nos decía que siempre tengamos a uno en cada lugar».

Un dato duro retrata hasta qué punto siguieron esa fórmula: la agrupación tiene, según números propios, 246 locales en la provincia de Buenos Aires y 86 en la Capital, entre unidades básicas y ateneos Néstor Kirchner. «Los bancamos con plata de nuestro sueldo y no cerramos ninguno durante los cuatro años del gobierno de Macri», dice un dirigente porteño. Los miembros de La Cámpora aportan parte de sus ingresos para el sostenimiento de la agrupación. Ese aporte, un porcentaje que los dirigentes prefieren no revelar, se incrementó para sostener las ollas populares y otras actividades que organizaron durante la cuarentena. En buena parte de ellas intervino la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), una organización que La Cámpora creó en 2016 con trabajadores de fábricas recuperadas.

La reconversión de la agrupación fue de la mano de la evolución de Máximo, que en 2016 se instaló de manera permanente en Buenos Aires. «Pasó de ser alguien al que muchos estigmatizaban, un pibito que jugaba a la Play, a ser uno de los artífices del acuerdo para la construcción del Frente de Todos –dice un dirigente con cargo en el gobierno nacional-. Hoy, aunque parezca que está parado en un extremo, es un tipo que armoniza y que tiene buena relación con Alberto, con Massa y con la mayoría de los intendentes.» Con Cristina alejada de la conducción del día a día, el líder de La Cámpora ejerce la jefatura operativa de todo el universo kirchnerista, lo que incluye a otros intendentes, como Lucas Ghi (Morón), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada), a otras agrupaciones, como Nuevo Encuentro y Peronismo Militante, y a dirigentes sueltos, como Fernanda Vallejos, la diputada que propuso evaluar que el Estado obtuviera una participación de las empresas a las que asistiera en la cuarentena.

La vida interna de La Cámpora, solo comparable en su intensidad con la de los partidos trotskistas, es otra de las claves de la resurrección. El órgano más importante es la mesa política nacional, que tiene 49 miembros y reuniones todas las semanas o cada quince días. Está integrada por uno o dos «responsables» por provincia; «secretarios» de tareas como organización, comunicación y formación, y una «mesa chica» del grupo fundador, que se encarga de resolver las cuestiones más gruesas y de fijar orientaciones generales. La estructura de «mesas» y «responsables» se replica en todas las provincias, al igual que los «frentes de acumulación política», ámbitos de militancia que La Cámpora comparte con otros sectores, como el frente de mujeres y el frente estudiantil. «Hoy hay un equilibrio dinámico entre la rigidez orgánica y laxitud para funcionar», dice un integrante de la mesa nacional. La integración de esa mesa chica, sin mandatos temporales, no cambió mucho en los últimos años, pero perdió dos de sus figuras originales: José Ottavis, protagonista de escándalos mediáticos, y Juan Cabandié, que se alejó en 2018 con reclamos de «mayor apertura»»aceptación de diferentes visiones dentro del espacio». Enfrentado con el «Cuervo», mantuvo la relación con Máximo, facilitó el reencuentro entre Alberto Fernández y Cristina, y en diciembre asumió como ministro de Ambiente.

Hubo un momento en que la mesa política nacional de La Cámpora se reunió todos los días. Fue en septiembre de 2018, cuando la agrupación se declaró en «estado de alerta» después de que el juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a De Pedro, Larroque y Ottavis, en una causa derivada del caso de los cuadernos. «Teníamos que saber cómo reaccionar si nos metían preso a un dirigente», cuenta un miembro de la mesa chica. Desde marzo, cuando se impuso la cuarentena, la mesa nacional no volvió a reunirse, ni siquiera de manera virtual. No encontraron, dicen, ninguna aplicación que les resulte lo suficientemente confiable para evitar filtraciones. La Cámpora no pudo marchar en marzo de este año a la Plaza de Mayo. Desde 2017 la columna de la agrupación sale desde la exESMA.