POLITICA
El Gobierno porteño lanzó una licitación para instalar locales gastronómicos en los parques de la Ciudad
El Gobierno porteño lanzó una licitación para instalar locales gastronómicos en 16 parques y plazas de la Ciudad. Mediante la reglamentación de la Ley 4950 —aprobada en 2014 por la Legislatura— la administración de Jorge Macri allanó el camino para que las empresas que ganen el concurso instalen locales para la venta de alimentos y bebidas. La medida divide a los vecinos: mientras algunos celebran la comodidad de la propuesta, otros expresan malestar, preocupación y advierten sobre el impacto ambiental negativo.
La resolución, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico, alcanzó a 16 espacios verdes, incluidos algunos en las zonas más exclusivas de la Ciudad. El llamado a concurso, que cerró el 24 de junio, convocó a la “construcción, instalación, mantenimiento, ejecución y puesta en funcionamiento” de los establecimientos en parques y plazas.
Según pudo saber , los espacios verdes que entraron en la propuesta son Parque La Isla, en La Paternal; Parque Los Andes, en Chacarita; Plaza Armenia, Plaza Club Alemán de Equitación, Plaza Sicilia, Parque Deportivo del ex Velódromo, Parque Ernesto Jaimovich, Parque de las Américas y Plaza Florencio Sánchez, todos en el barrio porteño de Palermo.
También se sumaron el Parque Chacabuco; el Parque Indoamericano, en Villa Soldati; Plaza España, en Barracas; Parque de los Patricios, en el barrio homónimo; Parque Micaela Bastidas y Parque Mujeres Argentinas, en Puerto Madero; y el Parque Thays, en Recoleta.
Los permisos tendrán una vigencia de cinco años y el canon mensual, fijado con valores de referencia del Banco Ciudad, comenzará a abonarse una vez amortizada la inversión. En las zonas de mayor valor inmobiliario de la Ciudad, el valor más alto alcanza los 2.640.000 de pesos por mes.
Los cánones varían según la ubicación de cada espacio verde. El Parque Indoamericano —en el sur de la Ciudad— posee un canon mensual de $590.000, apenas por debajo del Parque España, con 860.000 pesos.
En tanto, en el Parque Ernesto Jaimovich —que rodea el Lago de Regatas— y en la Plaza Sicilia, el importe asciende de forma significativa: cada uno presenta un costo mensual de $2.380.000. Lo mismo ocurre con las ubicaciones más caras del listado, los parques Micaela Bastidas y Mujeres Argentinas. En el primero, el canon establecido es de 2.510.000 de pesos, mientras que en el espacio aledaño al Puente de la Mujer el valor es de $2.640.000.
El plazo de obra estimado, explicaron fuentes de Desarrollo Económico a este medio, es de seis meses y se prevé una inversión privada de US$4,6 millones que “no generará costos ni para el Gobierno de la Ciudad ni para los porteños”, dijeron.
El actual ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, ocupaba el mismo rol cuando se sancionó la legislación en 2014. Consultadas por LA NACION sobre por qué la norma comenzó a implementarse ahora, más de diez años después de su sanción, fuentes del Gobierno porteño respondieron sin grandes precisiones: “Hay decisión política: por un lado, de cumplir la ley y, por el otro, de incentivar la inversión privada para generar más empleo. La clave es más inversión privada y menos gasto del Estado”, contestaron.
Opiniones vecinales
Varias organizaciones vecinales de los barrios involucrados en la iniciativa porteña mostraron su descontento con la instalación de locales en los parques. El colectivo autoconvocado Amparo Ambiental Chacarita explicó a que se oponen al llamado a licitación y señalaron la importancia de las plazas como “islas naturales de refugio climático, visual y sonoro”.
“Parte de su encanto radica en no necesitar consumir para estar allí. A veces se camina, otras se practica gimnasia, otras un deporte», resaltaron.
En particular, sobre el Parque Los Andes —delimitado por las avenidas Dorrego, Federico Lacroze, Guzmán y Corrientes—, evocaron la declaración de “Sitio de Interés de los Pueblos Originarios” que le otorgó la Legislatura Porteña en 2007. El reconocimiento se debe a que el parque alberga el Monumento “Los Andes”, una escultura de bronce creada por el artista argentino Luis Perlotti que rinde homenaje a los nativos que habitaron la cordillera andina.
Por otro lado, resaltaron la ubicación céntrica que tiene el parque, lo que hace que se encuentre a pocos metros de distintos locales gastronómicos y vuelve innecesaria la instalación de nuevas tiendas. “Vemos las consecuencias nefastas de un proceso de gentrificación sin planificación urbano-ambiental”, criticaron desde Amparo Ambiental. Para finalizar, apuntaron contra la urbanización de superficies naturales que actúan como pulmones y reguladores térmicos en la Ciudad. “Se incrementa la generación de basura y el tránsito de personas, lo que altera el entorno natural y exige un mantenimiento intensivo”, consideraron.
En tanto, la Asociación Amigos del Lago de Palermo coincidió con las críticas y se sumó con la presentación de una medida judicial. Según pudo saber , presentarán una medida cautelar ante la Justicia para que se inhiba la ejecución de la licitación pública. Al mismo tiempo, se presentarán en la Legislatura porteña con un proyecto que buscará derogar la Ley 4950 para evitar medidas futuras.
Si bien desde las organizaciones se mostraron en contra de la medida, las opiniones de algunos vecinos difieren de las críticas. Según un relevamiento de realizado en las plazas interconectadas del Parque 3 de Febrero, la instalación de puestos gastronómicos podría representar una solución para algunas de las personas que frecuentan las 370 hectáreas que completan el parque.
“Si está bien hecho, me parece una buena idea. Muchas veces vengo a caminar o a leer y estaría bueno poder comprar un café sin tener que salir”, dijo María Laura, diseñadora gráfica de 35 años. A su lado estaba su compañera habitual de caminata, Clara, quien también se mostró a favor de la iniciativa: “No me molesta que haya locales, pero sí depende de dónde los pongan. Si mantienen el parque limpio, podría funcionar”.
Fernando sale a correr todos los días, no importa si llueve o hace frío. “Vengo siete veces por semana acá y, muchas veces, termino yendo a comprar algo a varias cuadras. Si hubiera un lugar para tomar café o comprar agua, lo usaría”, opinó y diferenció: “Mientras no llenen todo de locales, no veo el problema”.
Las condiciones
La normativa permite instalar un local gastronómico cada 50.000 metros cuadrados de espacio verde, siempre que no se altere el uso público del lugar. Cada espacio designado podrá tener hasta cinco locales gastronómicos (o “núcleos de servicio”, como los definen desde el gobierno porteño), que tengan una separación mínima de doscientos metros entre sí.
La habilitación permite, a su vez, el expendio de alimentos y bebidas, así como de frutas y verduras, sándwiches calientes e infusiones.
Para obtener el permiso, los establecimientos deberán contar con una serie de servicios complementarios que fueron definidos en la ley original. Entre ellos se incluyeron sanitarios de uso público y gratuito; una estación de vida saludable, con —como mínimo— una zona de descanso e hidratación gratuita; estacionamiento de bicicletas; conexión a internet gratuita; y una biblioteca.
A su vez, las instalaciones estarán obligadas a incorporar criterios de arquitectura sustentable, separación de residuos en origen, reciclado y conservación de las especies, flora y mantenimiento del área.
Eugenia Arribas,Ciudad de Buenos Aires,Gastronomía,gobierno porteño,Conforme a,Ciudad de Buenos Aires,,En Caballito. Qué se sabe de la avenida que cambiará de sentido por las obras del nuevo Trambus,,Chau embotellamiento. Se habilitó un tramo clave de la autopista Dellepiane que beneficia a más de 200.000 autos,,Carril exclusivo. Una importante avenida de Caballito cambiará de sentido por las obras del nuevo Trambús porteño
Más de dos años tardó la Corte Suprema en resolver, sin entrar en el fondo del debate, su primer caso vinculado con la ley de tierras y el DNU de Javier Milei que la derogó. Menos de dos semanas se tomó para encontrar una solución que le permitió revertir los efectos de ese fallo.
Fueron días de desconcierto y vértigo en la Corte, normalmente parcimoniosa, que acortó al máximo todos los plazos del segundo expediente, a punto tal que dos conjueces tuvieron poco más que una noche para ponerle su firma a una medida cautelar de las más extremas, en un “acuerdo extraordinario”, convocado de un día para el otro; acuerdo que en realidad consistió en fijarle fecha y hora al nuevo fallo que dictarían, porque los jueces nunca se reunieron, ni en persona ni de forma virtual.
Durante el puñado de días que, por efecto de la primera sentencia de la Corte, la venta de tierras a extranjeros estuvo permitida sin límites, la oposición se ilusionó con hacer caer todo el gigantesco DNU 70/2023 de Javier Milei y el Gobierno se vio obligado a apurar gestiones imprevistas para impedir que eso prosperara. En las redes sociales, las críticas a la Corte coparon el debate y, dentro del tribunal, que había dictado el primer fallo por unanimidad, salieron a la luz, otra vez, viejas y nuevas internas.
Esta es la cronología de la novela judicial de la ley de tierras, día por día:
Martes 29 de septiembre. UN FALLO INESPERADO
En su acuerdo de los martes, la Corte Suprema incluye un fallo sorprendente, que difunde a la prensa entre las sentencias más trascendentes del día. Con un argumento exclusivamente procesal, revoca una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que, a pedido de un grupo de excombatientes de Malvinas, había declarado inconstitucional un artículo del gigantesco DNU 70/2023 de Milei y esa decisión tiene un efecto de gran impacto: hace que deje de regir la ley de tierras. Por ende, caen todas las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.
Sorprenden el caso elegido y el momento. La Corte tenía este expediente, en condiciones de ser resuelto, desde mayo de 2024. No tiene plazos ni una agenda que deba seguir (algo que sí tienen tribunales de otros países y que la Corte instrumentó durante unos meses, pero pronto abandonó porque condicionaba sus movimientos). No se entiende la elección del caso porque, si quería fallar sobre el DNU 70 -algo que se le reclama desde hace años–, tenía otros expedientes como el planteo de la CGT, en el que incluso hay un dictamen del Procurador General contra la validez del decreto. Y desconcierta la oportunidad: ¿por qué ahora? Lo que meses antes se hubiera leído como un claro triunfo del Gobierno en la Corte, es ahora un fallo muy incómodo para un Presidente que exhibe su nacionalismo como nunca después de que los jugadores de la selección nacional mostraron la bandera de “Las Malvinas son argentinas” en el Mundial de fútbol.
Miércoles 30. LA OPOSICIÓN REACCIONA
El fallo de la Corte genera un aluvión de críticas que los jueces que la dictaron no esperaban. La oposición actúa rápido, sostiene que es necesario reponer la ley de tierras y, para eso, amenaza con convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados que haga caer todo el DNU 70/2023 -y no solo el artículo que derogó la ley de tierras-. Este decreto ya había sido rechazado por el Senado, pero Diputados nunca lo había tratado. Todo indica que los votos no le alcanzan, pero el Gobierno queda en una situación muy incómoda. En la Casa Rosada dicen estar sorprendidos por el fallo de la Corte.
En San Martín de los Andes, se celebra una reunión de jueces de la que participarán, sin cruzarse, los tres jueces de la Corte durante los dos días siguientes. El miércoles por la noche, Lorenzetti, ya en Neuquén, acuerda con Rosatti que tienen que dar una explicación pública que frene las lecturas -según ellos, injustas y desproporcionadas- que se estaban haciendo del fallo.
Jueves 1. UN INSÓLITO COMUNICADO OFICIAL
A primera hora, voceros de Rosatti y Lorenzetti hacen llegar a periodistas un comunicado “aclaratorio” de la Corte, que el tribunal no publica oficialmente ni difunde por ninguno de sus canales formales. Horas más tarde, Rosenkrantz hará saber que él no había participado ni consentido la redacción ni la difusión de ese documento.
En ese comunicado, la Corte se queja de las críticas, dice que en el caso de los excombatientes solo se había resuelto un aspecto procesal y advierte que el escenario podría cambiar si alguien planteara otro caso “con el mismo objeto”. Por la tarde, ese caso aparece en la Corte. A las 16:22, la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que presidió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Alberto Fernández, presenta ante el tribunal un escrito diciendo que ella tenía un amparo contra la derogación de la ley de tierras presentado junto con una asociación ambientalista y grupos indígenas, que ese planteo había sido considerado “conexo” al de los excombatientes y que, por ende, no había tenido un tratamiento específico. Alega que su legitimación es diferente de la que les rechazaron a los excombatientes. Pide que, como medida cautelar, se repongan los límites de la ley de tierras.
Mientras tanto, llega Rosenkrantz a la cumbre de San Martín de los Andes. No se cruza con Lorenzetti, que se va antes, ni con Rosatti, que arriba después, pero sí con manifestantes que protestan contra el fallo frente al hotel donde se reúnen los jueces. “Corte Suprema vendepatria”, dice uno de los carteles. Puertas adentro, Rosenkrantz da un discurso que reaviva otra interna de la Corte: reclama que los jueces que integran el Consejo de la Magistratura mejoren el proceso de selección de magistrados. Él y Lorenzetti mandaron en marzo al Consejo un proyecto para reducir la “discrecionalidad” en la elección y pidieron que se aprobara cuanto antes y sin cambios. Rosatti, que preside el Consejo, hizo saber que eso no iba a pasar; que el proyecto sería “enriquecido” con otros aportes. Es un tema especialmente delicado: el mismo día que Lorenzetti y Rosenkrantz denunciaron públicamente los excesos de discrecionalidad, el Consejo aprobaba la terna para juez encabezada por el hijo de Rosatti, que había escalado posiciones en el concurso gracias a un último paso del trámite que ahora Lorenzetti y Rosenkrantz pedían regular.
Viernes 2. ROSENKRANTZ RECLAMA TEMPLE
Santiago Filipuzzi
La interna de la Corte vuelve a mostrarse. “Hay que tener temple para soportar las críticas a los fallos”, dice Rosenkrantz, en clara alusión a la reacción de sus colegas ante los cuestionamientos por el fallo de la ley de tierras.
Lunes 5. LA OPOSICIÓN PRESIONA
La oposición está a una decena de votos de abrir en Diputados el debate para hacer caer todo el DNU 70. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negocian para contener a los aliados.
Martes 6. LLAMADO DE URGENCIA A CONJUECES
Organizaciones peronistas y de izquierda montan una protesta frente al Palacio de Justicia. La Corte sorprende con un anuncio: sorteará a dos conjueces para tratar otro caso vinculado a la ley de tierras. Es el de Odarda, Árbol de Pie y dos comunidades indígenas. A las 11:29 la Corte anuncia que el sorteo de los conjueces será a las 16:30. Odarda se presenta y dice que, con el poco tiempo que le dio el tribunal, no puede llegar desde Río Negro para presenciar el sorteo. A las 14:54, la Corte le responde que podrán participar de forma remota. Salen sorteados los camaristas Diego Barroetaveña (Casación) y Juan Ignacio Pérez Curci (Cámara Federal de Mendoza). La necesidad de conjueces deja a la vista que los tres titulares no están de acuerdo con la solución a tomar.
Miércoles 7. LA CORTE ACORTA PLAZOS
A las 17:09, Sergio Miguel Nápoli, secretario de la Corte, firmó una resolución que anuncia que “por disposición del Tribunal”, se notifica a las partes quiénes son los conjueces sorteados y les advierte que “en atención a las particulares circunstancias de la causa” (particularidades que nunca detalla), “corresponde abreviar el plazo para que dicha integración quede consentida, el que se fija en 24 horas”. El apuro es tal, que la resolución agrega: “A ese solo efecto, habilítanse días y horas inhábiles”.
Jueves 8. UN FALLO CONTRARRELOJ
Por la tarde, cuando se cumplen las 24 horas y queda definida la integración del tribunal, Rosatti convoca a sus colegas y a los dos conjueces a un acuerdo extraordinario para las 9 del viernes. Para entonces, el fallo tiene que estar terminado. Jueces y conjueces cruzan llamadas hasta tarde. Se avecina una medida cautelar. Rosenkrantz no va a acompañarla. Ninguno de los conjueces es especialista en el tema que están discutiendo -los dos son penalistas- y si en general los conjueces suelen tener una injerencia acotada en la redacción de los fallos que firman, en este caso, con tan poco tiempo, aún menos. Los dos acompañan el voto de la mayoría.
Viernes 9. LA CORTE REPONE LA LEY DE TIERRAS
Temprano por la mañana, el expediente de Árbol de Pie va a “Coherencia”, el área de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte que hace la revisión final de los proyectos de sentencia para prevenir errores. El fallo ya está listo, incluida la disidencia de Rosenkrantz. Los jueces y conjueces lo firman (con firma electrónica) desde sus despachos. En ningún momento se reúnen.
Por mayoría, la Corte decide que el caso debe volver a Bariloche para que lo tramite el juez de primera instancia y decida si es inconstitucional la derogación de la ley de tierras, pero la clave del fallo es que dicta ella misma una medida cautelar “interina” que repone los límites a la venta de tierras a extranjeros. En la práctica, revierte los efectos de su propio fallo de la semana anterior y alivia al Gobierno.
Rosenkrantz hace una dura disidencia en la que dice que “el descontento que en distintos sectores de la sociedad pudo haber causado la sentencia” del tribunal de la semana pasada “no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten”.
Lorenzetti da una entrevista a A24 y sostiene que un fallo no fue una reacción a los efectos del otro. Que debieron tratar primero el de los excombatientes porque son procesos colectivos y ese estaba inscripto primero. Eso generó que el segundo (el de Árbol de Pie) quedara para “el acuerdo de la semana siguiente”, dice, pese a que el planteo que resolvió ahora la Corte, en rigor, recién entró al tribunal el jueves de la semana pasada. Dice que nadie puede dudar de su compromiso con el ambiente y se queja del “humo digital” de quejas en las redes sociales.
El caso de Árbol de Pie vuelve a Bariloche, para que se ocupe el juez de primera instancia, pero con la ley de tierras vigente, ya sin urgencia.
Paz Rodríguez Niell,LA NACION,Política
“La división de tareas es marcada. El Presidente ya hizo su parte. No va a cerrar él mismo con los gobernadores. Habla, pero no se mete”, argumentó una fuente oficial para justificar la decisión del presidente Javier Milei de volcarse al plano internacional en una semana compleja para el oficialismo, marcada por datos económicos adversos y por las negociaciones con los aliados que el Gobierno necesita encauzar antes de que termine octubre.
En la previa a un nuevo viaje a Estados Unidos, el número 19 en lo que va de la gestión, y la determinación de visitar España, que transita un complejo clima social, desde el entorno del mandatario hablan de su creciente gravitación en el escenario global y la necesidad de potenciarla.
El reconocimiento y la aclamación internacional parecen ofrecerle a Milei un terreno más favorable que el frente interno, donde reniega de las disputas políticas, delega las negociaciones y arremete contra quienes cuestionan el rumbo de su gestión. Desde esa posición, el Presidente prefiere expandir la batalla cultural y consolidarse como uno de los principales referentes del avance de la derecha en la región.
“Nos sorprende su proyección. Pocas veces hubo una figura así. Es lógico que surjan en China, Estados Unidos o algún país grande de Europa, pero en un país como Argentina, que somos reconocidos mundialmente por Messi y Maradona, sorprende. La idea es reafirmar ese clima internacional”, lo ensalzó ante Infobae un integrante del reducido entorno del mandatario.
El momento elegido para el viaje vuelve a poner en discusión sus prioridades. El libertario decide involucrarse en campañas electorales ajenas mientras el ala política se esfuerza por acelerar las gestiones para avanzar con la reforma electoral y cerrar acuerdos con los gobernadores con la mira en el 2027.
Una muestra de esa dinámica se observó el pasado lunes, cuando el libertario dedicó buena parte de la reunión de Gabinete a hablar de la ventaja que obtuvo el candidato de derecha, Flávio Bolsonaro, en Brasil, y a la compleja situación social que se vive en España, luego de que Pedro Sánchez anticipara las elecciones generales al 29 de noviembre.
Si bien hubo lugar para hablar del programa económico, no hubo mención alguna a la reforma electoral, cuya sanción comprometía a varios de los presentes, ni al Presupuesto 2027. Tampoco se habló de los próximos pasos para materializar el “operativo seducción” activado con los 13 gobernadores aliados ni se conversaron posibles estrategias para desarticular los intentos opositores por voltear el DNU 70/2023.
“Son temas de la mesa política”, argumentó una fuente que la integra. La delegación de esas discusiones se produce en un contexto de creciente presión económica, que obliga al Gobierno a mostrar resultados concretos en materia de gestión.
La semana concluyó con un “error de cálculo” señalado por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el informe sobre los resultados contables del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que arrojó la pérdida de 1.023 millones de dólares. El propio mandatario rechazó esa interpretación.
A ese dato se suman los interrogantes que planteó el economista Alberto Ades, quien participó de la reunión de Gabinete del último lunes. Pese a la catarata de elogios, Ades admitió que la economía “está planchada” y que crece a una tasa menor a la que esperaba el Gobierno. Además, reflexionó sobre el futuro del programa económico, en particular en materia de política monetaria, tipo de cambio y financiamiento.
Las dificultades también se reflejan en la economía cotidiana de los hogares. La senadora Patricia Bullrich volvió a advertirlo el viernes en la quinta de Olivos, al referirse al avance de la mora en las familias y alertar que la evolución de los ingresos y el costo de vida condicionan las expectativas de la población.
La dimensión del problema aparece en un informe de la Fundación Pensar y la consultora Casa Tres, según el cual el 54% de los argentinos aseguró haberse atrasado o haber dejado de pagar algún compromiso por motivos económicos durante los últimos meses, mientras que casi seis de cada diez tomaron un préstamo, utilizaron crédito o financiaron gastos recientemente.
La preocupación por el bolsillo convive con un cambio en las prioridades laborales. Una encuesta de Management & Fit reflejó que la desocupación pasó a concentrar el 19,8% de las menciones en septiembre, frente al 17,6% de julio, y desplazó parcialmente a los precios y las tarifas, que bajaron del 22,4% al 18,9%.
Ante ese panorama, Milei pasó de anunciar un nuevo recital en el Movistar Arena para celebrar la inflación cero a conformarse con remasterizar el último show, ante la posibilidad de que el Índice de Precios al Consumidor registre una suba que contradiga la narrativa libertaria.
El contraste es llamativo. Si bien el estado de situación doméstico se presenta complejo, Milei se esfuerza por internacionalizar la lógica de la motosierra y proyectarla al resto del mundo. “Javier (Milei) resultó ser una suerte de fenómeno que trascendió las fronteras”, le festejó un funcionario ante este medio.
Debido a los desafíos internos, Karina Milei resolvió —una vez más— permanecer en el país para seguir de cerca las negociaciones por las reformas pendientes, hacer frente a la presión opositora y empezar a delinear acuerdos con los aliados. Al parecer, las conversaciones demandan más esfuerzos de los que reflejaron las luces parisinas.
En Casa Rosada, hay quienes le restan dramatismo a la salida del mandatario y sostienen que no estila participar de las decisiones políticas. “Milei se fue sistemáticamente en los momentos más insólitos y nunca cambió el curso de los acontecimientos”, sostuvo una fuente que transita a diario Balcarce 50 para graficar que la división de tareas funciona.
Tic, tac: octubre acota el margen para los acuerdos legislativos
Mientras Milei cumple su primera escala internacional en Estados Unidos, la mesa política deberá definir los próximos pasos legislativos. Tras postergar la reunión prevista para el martes pasado, sus integrantes celebraron el fallo de la Corte Suprema que suspendió el artículo del DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras.
Para frenar los intentos de la oposición de voltear el decreto, el oficialismo está dispuesto a habilitar el debate sobre los límites a la venta de tierras a extranjeros, si surge durante el tratamiento en comisiones de Diputados del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Sin embargo, consideran que la decisión del Máximo Tribunal le restó fuerza a la sesión convocada para el jueves 15, cuyo temario incluía también los proyectos sobre discapacidad y morosidad por endeudamiento familiar. En el plano social, distintos sectores convocaron a una nueva movilización universitaria para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario prevista para la misma fecha.
Con ese escenario como telón de fondo, en Casa Rosada ya trabajan en una mega sesión para el miércoles 21 de octubre con intención de tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, los proyectos alternativos sobre morosidad y discapacidad y alguna normativa de los aliados.
No obstante, el desafío de la administración libertaria pasa por la necesidad de avanzar en acuerdos electorales con los gobernadores aliados y, al mismo tiempo, reunir los apoyos necesarios para sancionar una reforma clave: la electoral, en particular la eliminación de las PASO.
“Es octubre o no es”, afirmó un funcionario. En sus propias palabras, al Poder Ejecutivo le quedan tres semanas para intentar llegar ordenados a 2027.
El tiempo se escurre con el Presidente de gira. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, lo sabe y se presiona. Por eso, activó los mano a mano con los gobernadores tras recibir a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y luego a Juan Pablo Valdés (Corrientes) sobre el cierre de la semana y agenda nuevos encuentros para la próxima.
En medio de los acercamientos con los aliados de Santilli y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, Milei le hablará al público latino estadounidense en el marco de la Official Hispanic Heritage Gala sobre las bondades del programa económico impulsado por Donald Trump, en la previa a las elecciones de medio término previstas para el 3 de noviembre.
También tenía intenciones de aprovechar la coincidencia geográfica para mostrarse a disposición del exdiputado Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato carioca que deberá enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva en segunda vuelta, el 25 de octubre. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) utiliza “la motosierra” para cuestionar a Bolsonaro y en el oficialismo lo destacan.
El acercamiento previsto quedó condicionado por la decisión del Tribunal Supremo de Brasil de ordenar que Eduardo Bolsonaro cumpla una pena de cuatro años y dos meses de prisión por coacción a la Justicia.
La vuelta de viejos debates y los gobernadores a la espera
Lejos de la arena internacional, el equipo político profundiza el debate existente en torno a los criterios necesarios a la hora de cerrar los entendimientos con los aliados y la sanción de la reforma electoral, clave para el objetivo de la reelección de 2027. Los tiempos y las condiciones de negociación parecen dividir las posturas del reducido círculo.
Por un lado, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, buscan sellar un entendimiento con urgencia, mientras que la plana de funcionarios que responden a Karina Milei maneja otros tiempos.
“Somos los más ansiosos en querer cerrar y en tener la foto. Ahora, espero ver que la economía funcione”, desafió un alfil libertario del entorno de la funcionaria ante este medio. “Toto administra la economía no la política. Como nosotros no opinamos de economía. Se le atribuye un lugar que no tiene en la discusión política”, señaló uno de los miembros del reducido círculo.
Cuando los problemas de fondo continúan sin resolverse, las diferencias internas vuelven a emerger. Los funcionarios libertarios retomaron así una discusión que atravesó al oficialismo durante 2025, aunque ahora con objetivos electorales de peso.
Los primos Menem saben que deben ordenar la estrategia para la reelección de Milei, pero procuran no descuidar la estructura partidaria. Santilli, por su parte, tiene la misión de cerrar acuerdos con los gobernadores aliados, una tarea en la que cada día sin avances limita el margen de negociación. Caputo enfrenta el desafío de sostener un programa económico que acumula cuestionamientos.
Ajeno al debate de sus alfiles, Milei concluirá la misión internacional el 19 de octubre con una visita programada a España, que cobró relevancia en las últimas horas. Días más tarde de su paso por Estados Unidos, el libertario se acercará al líder de Vox, Santiago Abascal, y a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En la previa de las elecciones anticipadas, la visita a Madrid refuerza el acercamiento de Milei a los referentes de la derecha española, en un escenario de descontento social que la administración libertaria observa como una oportunidad para disputar el rumbo político del país.
En paralelo a los esfuerzos del libertario por expandir su influencia en el mundo, el frente interno acumula desafíos legislativos y electorales y enfrenta los cuestionamientos económicos. La tarea quedó en manos de un equipo que todavía debe resolver sus diferencias sobre los tiempos y las prioridades.
La agenda global de Milei avanza mientras la política doméstica sigue pendiente de acuerdos que el oficialismo se esfuerza por cerrar antes de que termine octubre. La advertencia de Virgilio cobra actualidad: el tiempo huye irreparablemente.
POLITICA
Régimen Penal Juvenil: la Defensoría Oficial busca que la Justicia porteña revise la baja de la edad de imputabilidad
La Defensoría Oficial presentó un recurso de inconstitucionalidad para que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires revise la cuestión vinculada con el nuevo Régimen Penal Juvenil, que fijó en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. La presentación fue impulsada por el defensor Emilio Capuccio ante la Cámara de Apelaciones, con el objetivo de que la discusión llegue al máximo tribunal porteño.
La iniciativa se conoce después de que la Cámara en lo Penal y Contravencional de la Ciudad revocara la resolución de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación de la ley a un adolescente de 14 años investigado por una tentativa de robo en Palermo. La magistrada también había dispuesto el sobreseimiento del joven.
El expediente se originó por un episodio ocurrido el 10 de septiembre. Según la reconstrucción judicial, un hombre de 47 años pidió ayuda a un policía luego de advertir que un grupo de adolescentes lo seguía. La intervención de los efectivos impidió que se concretara el robo.
Al fundamentar su decisión, De Marinis sostuvo que su planteo se limitaba a las circunstancias particulares del adolescente y no implicaba cuestionar la validez general del régimen. Entre los aspectos que consideró mencionó que el joven estaba fuera del sistema educativo y atravesaba dificultades para alimentarse. A su criterio, someterlo a un proceso penal podía tener efectos regresivos y estigmatizantes.
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