La Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de revisar los sobreseimientos de dos exfuncionarios del kirchnerismo que fueron acusados de no haber controlado debidamente a una subsidiaria de Barrick Gold que operaba en la mina Veladero, en San Juan, donde se produjo un derrame de cianuro hace once años.

Ahora, la causa contra el exsecretario de Minería de la Nación Jorge Omar Mayoral y la exsubsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental Beatriz Domingorena, por la presunta omisión de controles donde operaba esta subsidiaria de Barrick Gold, puede reabrirse.

Los representantes de la empresa cumplieron una probation en San Juan y la compañía pagó 10 millones de dólares de multa por el caso que tramitó en los tribunales sanjuaninos.

Pero la causa que ahora llega a la Corte es otra. Se tramitó en Comodoro Py y fueron investigados funcionarios de las áreas ambientales y mineras de la gestión kirchnerista. Según documentos judiciales, fueron sobreseídos por “afectación al derecho a ser juzgados en un plazo razonable”.

La semana pasada, el caso escaló hasta el máximo tribunal después de que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró admisible el recurso extraordinario del fiscal Mario Villar contra la prescripción que había cerrado el caso para el exsecretario de Minería Mayoral y la exsubsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental Domingorena, según surge de la resolución del jueves 8 de octubre a la que accedió .

Los jueces de la Casación Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Gustavo Hornos coincidieron en que la fiscalía planteó “cuestiones de índole federal que pretenden dirimirse ante el más alto tribunal”.

El juzgado federal de María Servini había dictado la prescripción “por afectación al derecho a ser juzgados en un plazo razonable”, lo que derivó en los sobreseimientos de los exfuncionarios.

Barrick Gold había informado a las autoridades de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, al cierre de 2023, que “las audiencias orales, previstas inicialmente para abril y mayo de 2020 en este asunto”, habían “sido aplazadas”, sin reprogramarse, debido a la pandemia de coronavirus, según el reporte presentado ante la SEC.

Las autoridades de Barrick Gold no formaban parte del caso que tramitó en Comodoro Py, pero dejaron sentado su seguimiento en los informes que presentaron ante el organismo estadounidense.

El expediente involucró a exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner. El juez Sebastián Casanello los procesó, tras considerar que omitieron controles previos al derrame de cianuro. “La empresa se controlaba a sí misma”, firmó cuando elevó la causa a juicio.

Durante la etapa de instrucción, la defensa de Mayoral indicó que la acusación no describe la “obligación que pesaba” sobre él en cuanto a una posible omisión, “ni cuál era su relación con el derrame de septiembre de 2015″.

La defensa de Domingorena planteó que “no había elementos probatorios que dieran cuenta del nexo causal” entre el derrame y la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.

La historia del caso

Esta historia comenzó el 13 de septiembre de 2015, cuando se derramaron 1.072.000 litros de solución cianurada como consecuencia de la rotura de una válvula. Ante la falta de un muro de contención y dado que una compuerta estaba abierta, el líquido corrió hacia el río Potrerillo en lugar de terminar en una pileta de contención, según el expediente.

El juez señaló que, según testimonios obtenidos por el Juzgado Letrado de Jáchal, “se contaminaron los ríos Potrerillo, De las Taguas, La Palca, Blanco, dique Cuesta del Viento y Jáchal”.

Este es uno de los contrapuntos entre la Justicia y la empresa Barrick Gold. En sus informes, la compañía negó que el hecho haya significado un riesgo para “la salud humana en las comunidades ubicadas aguas abajo”.

Pese a esto, las autoridades de la compañía quedaron afuera de la investigación de Casanello, tras una disputa sobre la jurisdicción donde debían ser juzgados: Comodoro Py (en la Ciudad de Buenos Aires) o San Juan (donde ocurrieron los hechos).

Finalmente, lograron atravesar el proceso judicial en los juzgados sanjuaninos. Allí, según narró Barrick Gold, la empresa pagó una multa de diez millones de dólares y los directivos se comprometieron a hacer tareas comunitarias a cambio de suspender el juicio a prueba.

Del lado de los exfuncionarios, en 2018 el juez Casanello procesó a Mayoral y Domingorena al considerar que tenían un “poder de intervención”, con obligaciones de control que no ejercieron.

Ese mismo año, Casanello elevó la causa a juicio. “La investigación pudo determinar que desde el 10 de enero de 2012 Barrick estaba operando sin el Certificado Ambiental Anual”, escribió el juez.

Para el magistrado, ese documento hubiera permitido conocer “los residuos peligrosos que manipulaba la empresa y que debían someterse a fiscalización y control de la Dirección Nacional de Control Ambiental”.

Ante la ausencia del documento, el Gobierno no habría podido fiscalizar ni tener información sobre las sustancias derivadas del cianuro que utilizaba la minera.

Barrick Gold dio su versión de los hechos. En los reportes presentados a la SEC, explicó que “falló una válvula de una cañería del valle de lixiviación de la mina Veladero”.

En esas presentaciones ante la SEC, Barrick Gold informó que el 9 de octubre de 2015 la autoridad minera de San Juan inició un proceso de sanción administrativa contra la subsidiaria en Argentina por presuntas infracciones al Código de Minería.

“Se prevé que este proceso derive en una multa”, consideró en su reporte anual de ese año. Y finalmente pagó diez millones de dólares.

De vuelta en el fuero federal, en Comodoro Py, el expediente llegó a la etapa de juicio, en el juzgado N°1, a cargo de la jueza María Servini.

La resolución de la Cámara de Casación recuerda que dicho juzgado “resolvió declarar la prescripción de la acción penal”.

En 2020, Barrick incluyó por primera vez esta oración: “Debido a la respuesta argentina al Covid-19 y a una impugnación procesal presentada por uno de los exfuncionarios federales, las audiencias orales originalmente programadas para abril y mayo de 2020 en este asunto han sido aplazadas y aún no han sido reprogramadas”. Hasta por lo menos 2023, esa frase se repitió en sus informes.

CÓRDOBA.- La Libertad Avanza (LLA) empezó a delinear su estrategia para las elecciones provinciales del año que viene, siempre con el objetivo principal de garantizar la reelección de Javier Milei. Ese armado está presente en las negociaciones que la Casa Rosada mantiene con los gobernadores por el presupuesto 2027 y la reforma electoral. La moneda de cambio que algunos mandatarios pretenden es que los libertarios impulsen candidatos de baja intensidad en sus distritos.

Con la foto de hoy, la lectura general es que LLA necesitará algo más que el color y la imagen de Milei para ganar gobernaciones. Si bien en algunas provincias tiene perfiles más fuertes, esa situación no se da en todas y es allí donde cobran fuerza las negociaciones electorales.

La distancia temporal entre las votaciones en el Congreso -que debe ser en los próximos meses— y el arranque de las campañas en las provincias le agrega complejidad a las conversaciones. La mayoría de los gobernadores desdoblarán los comicios provinciales de los nacionales.

El propio Martín Menem admitió que el armado político es un tema “muy complejo”. Reconoció que “sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales. Si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, tenemos que tener agendas programáticas similares”.

Distrito por distrito

En Córdoba, el segundo distrito electoral del país y donde los libertarios obtuvieron excelentes resultados tanto en las presidenciales del 2023 como en las legislativas del año pasado, hay chances de arrebatarle la provincia al peronismo, que gobierna desde 1999. Martín Llaryora, quien en los últimos días volvió a subir el tono de sus críticas a la Nación, irá por su reelección y es remota la posibilidad de avanzar con un pacto con la Casa Rosada.

El número puesto libertario para ser candidato es el jefe de la bancada de Diputados, Gabriel Bornoroni, quien responde directamente a Karina Milei y tiene excelente relación con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. La incógnita que se abre es si acompañarán su postulación Luis Juez, quien insiste en que quiere competir otra vez, y el radicalismo de Rodrigo de Loredo. Ambos son aliados de LLA. La oposición dividida le daría al peronismo cordobés más chances de retener la provincia.

La Ciudad de Buenos Aires podría unificar la fecha de su elección con al si prospera la alianza electoral entre Pro y LLA. Pero en esta discusión también entran en juego las candidaturas en el interior. Jorge Macri quiere seguir gobernando, mientras que la legisladora y titular de LLA porteña, Pilar Ramírez, se mantiene expectante con críticas esporádicas a la gestión y recorridas barriales de campaña. Patricia Bullrich está también en los planes de la Casa Rosada, aunque es difícil que ella acepte, señalaron fuentes oficiales.

En Santa Fe, el objetivo de la Casa Rosada es acordar con Maximiliano Pullaro, quien irá en busca de un segundo período. Sus aliados provinciales son reticentes a esa posibilidad. Por el lado libertario, si no hay acuerdo, la opción es la diputada nacional Romina Diez, quien responde a Karina Milei.

En otra jurisdicción grande como Mendoza, la particularidad es que las negociaciones se dan entre aliados. El gobernador Alfredo Cornejo, quien lidera la coalición provincial, quiere ser quien impulse a su sucesor y no comparte que sea Luis Petri, también de raíz radical. El diputado nacional y exministro de Defensa busca consolidarse como el candidato libertario. Fuentes de la Casa Rosada aseguran que “no está nada dicho” y, de esa manera, ponen en duda el apoyo a Petri.

El salteño Gustavo Sáenz es de los peronistas más cercanos a la Nación y es de los que negocia los apoyos en el Congreso. En ese distrito, la mesa política nacional sigue de cerca a la senadora nacional Emilia Orozco, quien podría ser candidata en las provinciales. Muy crítica de Sáenz, en determinados momentos y en función de la necesidad de colaboración del gobernador en el Congreso, la senadora ha recibido sugerencias desde la Casa Rosada para que baje el tono de su discurso. Aunque todavía no lo oficializó, Sáenz buscará un tercer mandato y por eso la negociación electoral con LLA cobra interés.

En Neuquén, Rolando Figueroa tampoco confirmó que irá por otro mandato. En general, se muestra alineado con la Casa Rosada y hay en marcha conversaciones de cara a las provinciales. En ese distrito, LLA cuenta con la senadora nacional Nadia Márquez, quien es impulsada por la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA). La apuesta de máxima del movimiento es que acompañe a Milei en la fórmula, pero no descartan una postulación provincial.

En Misiones, los libertarios tienen dos nombres “fuertes” para pelear la gobernación: el del diputado nacional libertario, Diego Hartfield, y el del presidente del partido en la provincia, Adrían Núñez.

Río Negro es particular porque un libertario ya dijo públicamente que quiere ser candidato a gobernador. Se trata del diputado nacional Aníbal Tortoriello, con trayectoria en Pro. Exintendente de Cipolletti, está convencido de que LLA tiene peso propio en el distrito para enfrentar a Alberto Weretilneck, quien buscará un nuevo mandato. La palabra final la tendrá la mesa política.

En La Pampa, donde el gobernador peronista Sergio Ziliotto no puede ir por otra gestión, el vocero presidencial Adrián Ravier aparece entre los posibles candidatos de LLA, aunque también están el diputado nacional Martín Matzkin (más cercano a Patricia Bullrich) y Marita Mac Allister (si hay acuerdo con el Pro).

Carlos Sadir buscará la reelección en Jujuy, donde el diputado nacional Manuel Quintar aparece entre las opciones libertarias si no hay acuerdo.

En Tucumán, Osvaldo Jaldo, otro de los peronistas afines a la gestión libertaria, buscará su reelección. Sin embargo, un sector de LLA impulsa la candidatura de Lisandro Catalán, el exvicejefe de Gabinete que tomó vuelo en la gestión a la sombra de Guillermo Francos y que fue ministro del Interior por 47 días. Catalán, que vive en Buenos Aires, viaja seguido a Tucumán para hacer campaña. Las elecciones provinciales serán en mayo.