POLITICA
El Gobierno porteño lanzó una licitación para instalar locales gastronómicos en los parques de la Ciudad

El Gobierno porteño lanzó una licitación para instalar locales gastronómicos en 16 parques y plazas de la Ciudad. Mediante la reglamentación de la Ley 4950 —aprobada en 2014 por la Legislatura— la administración de Jorge Macri allanó el camino para que las empresas que ganen el concurso instalen locales para la venta de alimentos y bebidas. La medida divide a los vecinos: mientras algunos celebran la comodidad de la propuesta, otros expresan malestar, preocupación y advierten sobre el impacto ambiental negativo.
La resolución, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico, alcanzó a 16 espacios verdes, incluidos algunos en las zonas más exclusivas de la Ciudad. El llamado a concurso, que cerró el 24 de junio, convocó a la “construcción, instalación, mantenimiento, ejecución y puesta en funcionamiento” de los establecimientos en parques y plazas.
Según pudo saber , los espacios verdes que entraron en la propuesta son Parque La Isla, en La Paternal; Parque Los Andes, en Chacarita; Plaza Armenia, Plaza Club Alemán de Equitación, Plaza Sicilia, Parque Deportivo del ex Velódromo, Parque Ernesto Jaimovich, Parque de las Américas y Plaza Florencio Sánchez, todos en el barrio porteño de Palermo.
También se sumaron el Parque Chacabuco; el Parque Indoamericano, en Villa Soldati; Plaza España, en Barracas; Parque de los Patricios, en el barrio homónimo; Parque Micaela Bastidas y Parque Mujeres Argentinas, en Puerto Madero; y el Parque Thays, en Recoleta.
Los permisos tendrán una vigencia de cinco años y el canon mensual, fijado con valores de referencia del Banco Ciudad, comenzará a abonarse una vez amortizada la inversión. En las zonas de mayor valor inmobiliario de la Ciudad, el valor más alto alcanza los 2.640.000 de pesos por mes.
Los cánones varían según la ubicación de cada espacio verde. El Parque Indoamericano —en el sur de la Ciudad— posee un canon mensual de $590.000, apenas por debajo del Parque España, con 860.000 pesos.
En tanto, en el Parque Ernesto Jaimovich —que rodea el Lago de Regatas— y en la Plaza Sicilia, el importe asciende de forma significativa: cada uno presenta un costo mensual de $2.380.000. Lo mismo ocurre con las ubicaciones más caras del listado, los parques Micaela Bastidas y Mujeres Argentinas. En el primero, el canon establecido es de 2.510.000 de pesos, mientras que en el espacio aledaño al Puente de la Mujer el valor es de $2.640.000.
El plazo de obra estimado, explicaron fuentes de Desarrollo Económico a este medio, es de seis meses y se prevé una inversión privada de US$4,6 millones que “no generará costos ni para el Gobierno de la Ciudad ni para los porteños”, dijeron.
El actual ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, ocupaba el mismo rol cuando se sancionó la legislación en 2014. Consultadas por LA NACION sobre por qué la norma comenzó a implementarse ahora, más de diez años después de su sanción, fuentes del Gobierno porteño respondieron sin grandes precisiones: “Hay decisión política: por un lado, de cumplir la ley y, por el otro, de incentivar la inversión privada para generar más empleo. La clave es más inversión privada y menos gasto del Estado”, contestaron.
Opiniones vecinales
Varias organizaciones vecinales de los barrios involucrados en la iniciativa porteña mostraron su descontento con la instalación de locales en los parques. El colectivo autoconvocado Amparo Ambiental Chacarita explicó a que se oponen al llamado a licitación y señalaron la importancia de las plazas como “islas naturales de refugio climático, visual y sonoro”.
“Parte de su encanto radica en no necesitar consumir para estar allí. A veces se camina, otras se practica gimnasia, otras un deporte», resaltaron.
En particular, sobre el Parque Los Andes —delimitado por las avenidas Dorrego, Federico Lacroze, Guzmán y Corrientes—, evocaron la declaración de “Sitio de Interés de los Pueblos Originarios” que le otorgó la Legislatura Porteña en 2007. El reconocimiento se debe a que el parque alberga el Monumento “Los Andes”, una escultura de bronce creada por el artista argentino Luis Perlotti que rinde homenaje a los nativos que habitaron la cordillera andina.
Por otro lado, resaltaron la ubicación céntrica que tiene el parque, lo que hace que se encuentre a pocos metros de distintos locales gastronómicos y vuelve innecesaria la instalación de nuevas tiendas. “Vemos las consecuencias nefastas de un proceso de gentrificación sin planificación urbano-ambiental”, criticaron desde Amparo Ambiental. Para finalizar, apuntaron contra la urbanización de superficies naturales que actúan como pulmones y reguladores térmicos en la Ciudad. “Se incrementa la generación de basura y el tránsito de personas, lo que altera el entorno natural y exige un mantenimiento intensivo”, consideraron.
En tanto, la Asociación Amigos del Lago de Palermo coincidió con las críticas y se sumó con la presentación de una medida judicial. Según pudo saber , presentarán una medida cautelar ante la Justicia para que se inhiba la ejecución de la licitación pública. Al mismo tiempo, se presentarán en la Legislatura porteña con un proyecto que buscará derogar la Ley 4950 para evitar medidas futuras.
Si bien desde las organizaciones se mostraron en contra de la medida, las opiniones de algunos vecinos difieren de las críticas. Según un relevamiento de realizado en las plazas interconectadas del Parque 3 de Febrero, la instalación de puestos gastronómicos podría representar una solución para algunas de las personas que frecuentan las 370 hectáreas que completan el parque.
“Si está bien hecho, me parece una buena idea. Muchas veces vengo a caminar o a leer y estaría bueno poder comprar un café sin tener que salir”, dijo María Laura, diseñadora gráfica de 35 años. A su lado estaba su compañera habitual de caminata, Clara, quien también se mostró a favor de la iniciativa: “No me molesta que haya locales, pero sí depende de dónde los pongan. Si mantienen el parque limpio, podría funcionar”.
Fernando sale a correr todos los días, no importa si llueve o hace frío. “Vengo siete veces por semana acá y, muchas veces, termino yendo a comprar algo a varias cuadras. Si hubiera un lugar para tomar café o comprar agua, lo usaría”, opinó y diferenció: “Mientras no llenen todo de locales, no veo el problema”.
Las condiciones
La normativa permite instalar un local gastronómico cada 50.000 metros cuadrados de espacio verde, siempre que no se altere el uso público del lugar. Cada espacio designado podrá tener hasta cinco locales gastronómicos (o “núcleos de servicio”, como los definen desde el gobierno porteño), que tengan una separación mínima de doscientos metros entre sí.
La habilitación permite, a su vez, el expendio de alimentos y bebidas, así como de frutas y verduras, sándwiches calientes e infusiones.
Para obtener el permiso, los establecimientos deberán contar con una serie de servicios complementarios que fueron definidos en la ley original. Entre ellos se incluyeron sanitarios de uso público y gratuito; una estación de vida saludable, con —como mínimo— una zona de descanso e hidratación gratuita; estacionamiento de bicicletas; conexión a internet gratuita; y una biblioteca.
A su vez, las instalaciones estarán obligadas a incorporar criterios de arquitectura sustentable, separación de residuos en origen, reciclado y conservación de las especies, flora y mantenimiento del área.
Eugenia Arribas,Ciudad de Buenos Aires,Gastronomía,gobierno porteño,Conforme a,Ciudad de Buenos Aires,,En Caballito. Qué se sabe de la avenida que cambiará de sentido por las obras del nuevo Trambus,,Chau embotellamiento. Se habilitó un tramo clave de la autopista Dellepiane que beneficia a más de 200.000 autos,,Carril exclusivo. Una importante avenida de Caballito cambiará de sentido por las obras del nuevo Trambús porteño
POLITICA
Reforma electoral: organizaciones civiles piden preservar el debate presidencial obligatorio

La reforma electoral que el Gobierno impulsa abrió un nuevo frente de cuestionamientos. Nueve organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el proyecto, tal como está redactado, elimina del Código Electoral Nacional la obligatoriedad de los debates presidenciales y reclamaron a los legisladores que modifiquen ese punto antes de avanzar con la iniciativa.
“Una reforma electoral que elimine el debate presidencial deforma las elecciones”, plantearon Argentina Debate, Fundación Avina, CIPPEC, Club Político Argentino, Constituya, Directorio Legislativo, Integridad Republicana, Poder Ciudadano y Ser Fiscal en una petición enviada a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde este martes se reanudó la discusión del proyecto.
El cuestionamiento apunta específicamente al artículo 30 de la iniciativa, que propone suprimir esta instancia de discusión entre candidatos. La modificación dejaría fuera del Código los artículos que regulan la obligatoriedad, organización, realización y transmisión de los debates presidenciales, además de establecer su autoridad de aplicación.
Las organizaciones solicitaron preservar esos artículos y modificar únicamente las referencias a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el Gobierno pretende eliminar o suspender.
“La reforma del sistema electoral puede modificar o eliminar las PASO. Lo que no debería producir, como efecto colateral, es la eliminación de los debates presidenciales”, señalaron. Y definieron al debate como una institución que garantiza a los ciudadanos el acceso “directo, simultáneo y en condiciones de igualdad” a las propuestas de quienes aspiran a la presidencia.
Es lo que subrayó Belén Amadeo, referente de Argentina Debate, quien remarcó que sería “muy contraproducente” perder esta instancia. “Son reglas de juego acordadas y firmadas por todos los candidatos y esto lo convierte en sí mismo en un bien público”, sostuvo.
La obligatoriedad de los debates fue incorporada al Código Electoral en 2016, mediante la ley 27.337, aprobada con amplias mayorías en ambas cámaras. Hasta entonces, su realización dependía de un acuerdo entre los candidatos. La ley buscó convertirlos en una regla permanente del proceso electoral y obligar a los postulantes presidenciales a exponer y confrontar públicamente sus plataformas y propuestas.
Para las organizaciones ese carácter obligatorio es central. Sostienen que el debate no constituye un derecho de los candidatos sino de los ciudadanos y que dejar su realización librada a la voluntad de los postulantes permitiría que un dirigente decida no participar por conveniencia electoral.
También destacan que permite comparar propuestas bajo las mismas reglas y garantiza una transmisión pública, gratuita y federal.
Y subrayan el fortalecimiento a la rendición de cuentas. Sostienen que deja un registro de los compromisos asumidos por quienes compiten por llegar a la Casa Rosada, que luego puede ser contrastado durante el ejercicio del gobierno.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano sumó otro eje: el interés social. “Es uno de los eventos televisivos con más rating de la Argentina, a nivel de un partido de fútbol de la Selección Nacional”, señaló a .
Secchi puso el foco, además, en el formato. Sostuvo que su dinamismo contribuye al “voto informado”. Y concluyó: “Sacar el debate le resta calidad al debate público y le resta información a los ciudadanos que tienen que decidir su voto”.
El planteo de las organizaciones llegó a los senadores que tienen en sus manos la discusión de la reforma. Su pedido se enfoca en separar la discusión sobre las PASO de la continuidad de los debates presidenciales obligatorios. “Una reforma electoral no debería implicar un retroceso en ese derecho ciudadano”, sintetizaron.
Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a
POLITICA
El Presupuesto 2027 ya ingresó al Congreso con el superávit fiscal como eje principal

El Gobierno envió este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que fija la pauta de ingresos y gastos del Estado para el próximo año. La iniciativa ahora deberá pasar por el debate en comisión antes de llegar al recinto, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos de sus principales aliados mientras negocia con las provincias cómo se distribuirán los fondos.
El texto retoma las variables macroeconómicas que presentó horas atrás el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una reunión de la mesa política. Según las estimaciones oficiales, el Gobierno espera que la inflación cerrará en 18% en 2027 y que el dólar oficial finalizará ese año en $1847,60. Además, la administración proyecta un crecimiento de la economía de 4%.
Qué contempla el proyecto del Presupuesto 2027
Además de las variables macroeconómicas, el texto que ingresó a Diputados incluye las previsiones de recaudación, el resultado fiscal esperado, el nivel de gasto público y las distintas partidas destinadas a cada área de la administración nacional. En ese sentido, la presentación también permite conocer cuáles serán las prioridades de erogación de la gestión libertaria y qué rubros tendrán mayores incrementos o recortes respecto del ejercicio anterior.
En el plano fiscal, el proyecto ratifica la meta de superávit que Caputo había anticipado horas antes del envío: “Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero fiscal; va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, Argentina tiene cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera. Es un dato para remarcar”, había señalado el ministro.
Cómo sigue el debate en el Congreso
Tras el ingreso formal del proyecto se abre ahora el trámite parlamentario. El texto deberá girarse a la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se convocará a funcionarios del equipo económico para exponer los lineamientos ante los distintos bloques y responder sus consultas, antes de que el dictamen pueda avanzar hacia el recinto.
POLITICA
La advertencia de un dirigente de la CGT al Gobierno por la situación económica: “Esto va a ser peor que el 2001″

El cosecretario general de la CGT Cristian Jerónimo lanzó esre martes una dura advertencia sobre la situación económica del país al afirmar que la crisis podría derivar en un escenario “peor que el 2001”, cuando el entonces presidente Fernando De la Rúa renunció a la primera magistratura en medio de un estallido social.
Jerónimo denunció la pérdida de puestos de trabajo y sostuvo que la central obrera no descarta impulsar medidas de fuerza si no se generan espacios de negociación.
“La situación que atraviesan los trabajadores es crítica. En su vida diaria tienen salarios que quedaron por debajo de la canasta básica. Hay muchos sectores que están sufriendo la pérdida de trabajo y el cierre de empresas”, reseñó el referente sindical en diálogo con Delta 90.3.
Y añadió: “Ningún sector es ajeno a las dificultades que está atravesando la Argentina. En la medida que esto siga así, va a ser peor que el 2001. Vamos hacia un proceso más dificultoso que el del 2001. Nosotros queremos que le vaya bien, pero por este modelo económico estamos viendo una situación cada vez más regresiva que empobrece al pueblo argentino. El Gobierno le echa la culpa a otros”, expresó.
Jerónimo también cuestionó la relación entre la CGT y el Poder Ejecutivo, al considerar que “el Gobierno hace oídos sordos y no se hace cargo del rol que tendría que ocupar. El diálogo existió en algún momento, pero nunca se terminan de resolver los problemas. La situación que vive la ciudadanía argentina hace que sea muy difícil equilibrar su economía”, señaló.
El jefe cegetista efectuó estas declaraciones después de haber participado de una delegación sindical que fue recibida por el papa León XIV en el Vaticano.
El dirigente integró la comitiva junto con Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT; Marta Pujadas, abogada de ese gremio y de la central obrera; y Alejandro ‘Peluca’ Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.
Consultado sobre la posibilidad de nuevas protestas, Jerónimo dejó abierta la puerta a futuros reclamos sindicales. “No descartamos medidas de fuerza. Si el Gobierno sigue haciendo oídos sordos seguirá escalando la conflictividad y decantará en una medida de acción directa”, advirtió.
No obstante, aclaró que cualquier decisión de ese tipo requerirá de coordinación con otros sectores. “Hay que construir consensos y acuerdos necesarios para que a la hora de hacer una medida de esa naturaleza tenga la contundencia necesaria”, concluyó.
fue recibida por el papa León XIV en el Vaticano,CGT,Javier Milei,Conforme a
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