POLITICA
El Senado se prepara para votar otros 26 pliegos judiciales
El Senado podría volver a sesionar el 16 de julio para tratar al menos 26 pliegos judiciales ya dictaminados, en una nueva tanda del impulso que el Gobierno le imprimió a los nombramientos en la Justicia y que busca acelerar acuerdos antes de que algunos candidatos queden fuera por razones de edad o por la demora legislativa.
Ese paquete se sumaría a los 76 cargos que la Cámara Alta ya votó y de los que una parte fue publicada en el Boletín Oficial. Hasta ahora, el Ejecutivo completó el trámite de 46 jueces mediante decreto de nombramiento y su objetivo es llegar a 300 al final del mandato de Javier Milei, una cifra que lo convertiría en el presidente que más integrantes del Poder Judicial designó entre los últimos tres gobiernos.
Uno de los casos que el oficialismo quiere aprobar es el del juez Víctor Pesino. El magistrado dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica y firmó la aplicación plena de la Reforma Laboral, al rechazar las presentaciones judiciales impulsadas por los sindicatos.
Pesino cumple 75 años a fin de mes. Si no obtiene el acuerdo del Senado el 16 de julio, deberá jubilarse, porque los legisladores fijaron como alternativa volver a sesionar recién el 6 de agosto, después del receso invernal.
En el medio de esto, y a sabiendas que la sesión del 16 de julio podría no suceder, el magistrado de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que habilitó la Reforma Laboral, solicitó una medida cautelar urgente para no perder su cargo el 27 de julio, cuando cumplirá 75 años.
El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques negocia los pliegos que llegan al Congreso de la Nación. En esa discusión conviven nombres vinculados con la llamada familia judicial, intereses del Ejecutivo y reclamos de las provincias para cubrir cargos vacantes, en especial en juzgados ligados a las justicias electorales. En esa disputa, hasta ahora llevan ventaja los postulantes vinculados con el propio sistema judicial.
La próxima sesión, si el oficialismo consigue número para abrirla, incorporará como mínimo esas 26 carpetas ya habilitadas por comisión. La aceleración oficial apunta a sostener un ritmo de designaciones que ya dejó una primera tanda votada y otra en preparación.
Un expediente distinto es el de la magistrada María Verónica Michelli. El Ejecutivo intentó retirar su pliego del Senado cuando ya tenía dictamen de la Comisión de Acuerdos y lo hizo minutos antes de la sesión en la que iba a votarse su nombramiento.
La razón invocada fue su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, de quien es cuñada. Como el Gobierno no logró sacar el pliego a tiempo, luego la excluyó de la tanda de nombramientos publicada en el Boletín Oficial.
En el Ejecutivo sostienen que Michelli no puede asumir en el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata porque ese tribunal ni siquiera tiene edificio asignado. Otras fuentes, sin embargo, contraponen esa explicación con otra designación oficial: la de Ana Maria San Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, nombrada como jueza federal en Hurlingham, donde ese juzgado tampoco está creado.
Otro punto a tener en cuenta en el debate en la Cámara alta es que el peronismo no conformó la Comisión de Acuerdos y, aunque en general se presenta algún senador del PJ en la misma cuando se debaten los pliegos de los magistrados que tienen como destino las provincias, amenaza con no reconocer los nombramientos.
El Ejecutivo vía el ministro Mahíques sigue adelante con los nombramientos. La intención es la de alcanzar el número mágico de los 300 nombramientos, casi 30 más que los que hizo el ex presidente Mauricio Macri en la gestión de Cambiemos. En paralelo, modificó la forma de selección vía un decreto presidencial para que la entrevista personal a los candidatos pierda peso y restringir las instancias de audiencias públicas.
celeste salguero / comunicacion senado.
POLITICA
Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió llevar a juicio oral a Ricardo Oreste Garione, exsubgerente de Estudios y Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está acusado por un presunto enriquecimiento ilícito de $3.189.028.220,56.
El requerimiento, que fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, alcanza a su pareja Cecilia Graciela Ortiz, su expareja Silvana Andrea Calderón, sus hijos Carola Garione y Manuel Garione y su exsocio Tomás Alberto Prato, a quienes atribuye haber intervenido como personas interpuestas para registrar activos, inversiones y fondos que serían del exfuncionario.
La fiscalía le imputó a Garione haber adquirido de manera injustificada 19 inmuebles en Córdoba, Rafaela, El Calafate, Ingeniero Maschwitz, la Ciudad de Buenos Aires, Tigre y Formosa. Entre ellos figura un terreno de 6.000 metros cuadrados en Maschwitz, una propiedad en Nordelta y participaciones en emprendimientos inmobiliarios cordobeses.
El documento menciona la compra de una motocicleta Harley-Davidson en 2010, una camioneta Volkswagen Amarok registrada a nombre de Calderón y vehículos incorporados a nombre de Ortiz y Carola Garione. A su vez, señala la obtención de USD 15.625 en enero de 2010 y de acciones de TECTA SA.
También le adjudicó supuestas operaciones con moneda extranjera, la obtención de acciones societarias y la participación en fideicomisos y desarrollos inmobiliarios. La pesquisa examinó aportes de capital, acreditaciones bancarias y operaciones efectuadas mediante familiares y socios.
El cálculo fiscal actualizado a julio de 2026 compara los ingresos y egresos de Garione con el patrimonio incorporado durante la década investigada. Según el requerimiento, los ingresos declarados en los períodos observados ascendieron a $1.473.244.025,94, una cifra que resultó insuficiente frente a los activos, consumos e inversiones examinados.
La acusación sostiene que varias escrituras y boletos de compraventa consignaron valores inferiores a las tasaciones efectuadas por organismos y peritos oficiales. También cuestiona préstamos que consideró ficticios o sin trazabilidad bancaria, además de operaciones inmobiliarias cuyo origen de fondos no habría sido acreditado.
Los supuestos testaferros
De acuerdo con la hipótesis de la PIA, Cecilia Ortiz, Silvana Calderón, Carola Garione, Manuel Garione y Tomás Prato fueron utilizados para incorporar y administrar bienes que supuestamente provenían de Garione.
Respecto de Ortiz y Calderón, el requerimiento señala que adquirieron inmuebles en Don Torcuato e inscribieron vehículos a su nombre durante 2008 y 2009 sin que la investigación hubiera hallado ingresos laborales, altas tributarias nacionales, saldos bancarios o acreditaciones que respaldaran esas operaciones.
Carola Garione fue incorporada a la causa por la adquisición de un departamento en la calle Sánchez de Bustamante, de la Ciudad de Buenos Aires, en 2016 y por la compra de un vehículo Peugeot. La fiscalía también examinó acreditaciones en su cuenta bancaria entre enero de 2017 y febrero de 2018 por más de $1.200.000, cuya procedencia consideró sin respaldo tributario suficiente.
En el caso de Manuel Garione, la acusación se concentra en un departamento de la avenida del Libertador, en CABA, registrado a su nombre en 2016. Su madre, Silvana Calderón, intervino como representante en esa operación, según consta en el expediente. Prato, ingeniero civil y socio de Garione en diversos proyectos privados, está señalado por haber actuado como apoderado del exfuncionario y por compartir inversiones inmobiliarias, fideicomisos y campos en Formosa.
Según las explicaciones presentadas en la causa, los imputados buscaron justificar el origen de los fondos y bienes con ingresos laborales, ventas de inmuebles y campos, préstamos privados, alquileres, donaciones y transferencias familiares.
Garione alegó que su patrimonio provenía de su sueldo como funcionario, actividades privadas, operaciones inmobiliarias y créditos recibidos de cooperativas, asociaciones y personas de su entorno.
Su expareja, Silvana Calderón, mencionó trabajos como modelo y promotora, ingresos vinculados a tareas con el trío humorístico Midachi y por haber acompañado a Magic Johnson durante una visita. Sus hijos, Carola y Manuel, atribuyeron fondos a ventas de propiedades, préstamos familiares, alquileres temporarios y transferencias entre parientes.
Por su parte, Tomás Prato afirmó haber otorgado un préstamo a Garione y justificó otras operaciones a través de su participación en sociedades y emprendimientos inmobiliarios.
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POLITICA
“Erosiona el debate público”: ADEPA lamentó y rechazó los insultos de Milei a periodistas y editores de medios
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que agrupa a editores de medios del país, y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que asocia a periodistas, rechazaron la nueva serie de graves insultos y agravios del presidente Javier Milei contra periodistas y directivos de medios.
Entre los destinatarios de los agravios presidenciales están el director del diario , Fernán Saguier; los columnistas Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni, y el secretario de redacción y columnista dominical Jorge Liotti.
En su comunicado, ADEPA enumeró los ataques contra Saguier, Pagni, Liotti y Morales Solá; María Eugenia Duffard, de Infobae; Jesica Bossi, de TN y Clarín; Luis Novaresio, de A24; Eduardo van der Kooy, de Clarín, y Gustavo Sylvestre, de C5N.
La entidad reiteró que “quien gobierna y es objeto de crítica, o considera errónea o sesgada una información, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a criticar, aclarar o desmentir”, incluso con tono enérgico.
Pero dijo que lo que erosiona el debate democrático es “el insulto y el agravio”, que afectan al destinatario y al conjunto del cuerpo social.
ADEPA recordó también que la libertad de expresión protege especialmente las opiniones sobre quienes ejercen el poder, y que el derecho a réplica no habilita los ataques personales.
FOPEA, por su parte, difundió en X un relevamiento con las expresiones del Presidente, organizado por día. Según el detalle de la entidad, el 5 de octubre Milei llamó “otra mierda humana” a Van der Kooy, y “Mierdanecio”, “Mandrilesio”, “estúpido” e “imbécil” a Novaresio.
A Sylvestre lo trató de “mierdas humanas, mentirosos” y a Jesica Bossi de “defensora de ladrones, asesinos y violadores”. A Pagni lo describió como “la versión de mierda de Lucas Adams” y como “una de las plumas esclavas de la mierda humana de Fernán Saguier”.
“La reiteración en un período tan breve y la virulencia de las expresiones muestran una dinámica que excede una controversia puntual con un periodista o un medio determinado”, advirtió FOPEA.
La entidad también alertó que funcionarios del Poder Ejecutivo se sumaron a los ataques. Según FOPEA, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso en duda la independencia profesional de Morales Solá, mientras que el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo participaron de los cuestionamientos contra Novaresio y Duffard.
“El periodismo puede y debe ser cuestionado y refutado con datos y argumentos. Los periodistas no son infalibles y FOPEA no ejerce defensa corporativa alguna. Pero la crítica no es el insulto”, sostuvo la organización.
Agregó que, cuando el agravio proviene del poder del Estado, “la asimetría y su efecto intimidatorio se multiplican, incluso por el hostigamiento de terceros en las redes sociales”.
“La libertad de prensa no es un privilegio del sector, sino una garantía para toda la ciudadanía”, concluyó FOPEA. La entidad reiteró su pedido al Presidente y a los funcionarios del Gobierno para que “abandonen el insulto como herramienta de comunicación y contribuyan a una conversación pública respetuosa y plural”.
En abril pasado, ADEPA ya había rechazado agresiones verbales desde las cuentas de Milei contra Pagni, Liotti, Morales Solá, Ignacio Girón y Manu Jove. En septiembre, durante su 64ª Asamblea General en Tucumán, la entidad advirtió que las críticas presidenciales deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio en la sociedad.
Por los ataques a Duffard, Elisa Carrió presentó una denuncia penal contra Milei, una postura que FOPEA y ADEPA respaldaron.
https://t.co/VvgBGoWnX1,October 6, 2026,#FOPEALibertadDeExpresión,pic.twitter.com/I77FS9C7AR,October 6, 2026,Adepa,FOPEA,Periodismo,Conforme a
El Gobierno de la Ciudad entregará este jueves a la Nación el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, en un paso clave para avanzar con el cierre de la cárcel de Villa Devoto. El traspaso formal de la obra dará inicio a la etapa previa al traslado de los internos, que se realizará de manera gradual.
El convenio será firmado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el titular de esa cartera en la Ciudad, Horacio Giménez. A partir de ese acuerdo comenzará a tomar forma el operativo conjunto diseñado para trasladar a los presos desde el penal porteño hasta el nuevo establecimiento.
Para organizar el procedimiento se conformará un Comando Unificado Federal, integrado por representantes de las fuerzas federales, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El organismo tendrá a su cargo definir la estrategia, coordinar a las distintas fuerzas y ejecutar el traslado.
El movimiento de los internos será progresivo y estará diseñado en función de las características de cada detenido. El esquema contempla evaluar los perfiles criminológicos y establecer medidas para reducir los riesgos durante los recorridos y las distintas etapas del operativo.
Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones
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