El régimen cubano presentó el alcance de las medidas relacionadas con el modelo de gestión de los actores económicos estatales y privados, incluidas en el paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobadas en junio, cuyo objetivo es liberalizar y descentralizar la economía de la isla.

Directivos del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEE) y del de Actores Económicos No Estatales explicaron que las nuevas políticas buscan “impulsar, dinamizar y hacer crecer” el tejido empresarial, haciéndolo “más diverso” y orientado a generar la riqueza que el país requiere.

La directora del sistema empresarial del MEP, Yovana Vega Mato, destacó la propuesta de una “alta interrelación” entre actores estatales y privados.

Detalló que existen 23.172 entidades empresariales en la isla: 2.803 estatales, 15.200 mipymes privadas, 4.966 cooperativas, 131 empresas mixtas y 72 de capital extranjero.

Vega Mato señaló que se pretende que “todos los actores se gestionen en similares condiciones en la economía”, mediante nuevas facultades y flexibilizaciones en los procesos.

Las reformas permitirán la creación de empresas privadas sin límite de tamaño y la posibilidad de que un ciudadano constituya más de una compañía. Además, los inversionistas extranjeros podrán participar directamente en negocios privados, sin obligación de asociarse solo con el Estado.

Las autoridades también anunciaron la simplificación de trámites para abrir empresas. Según Vega Mato, ya no será necesario contar con una autorización del MEP para su creación.

El presidente del INAEE, Roberto Ricardo Marrero, subrayó que las reformas amplían la autonomía de la empresa estatal, que podrá crear filiales y mipymes estatales, definir su objeto social, aprobar precios y salarios, y decidir sobre sus inversiones principales.

Las entidades estatales también tendrán sus propias divisas y operarán en condiciones similares a las del sector privado.

En cuanto a las empresas privadas, la responsable del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Mercedes López Acea, informó que el plazo para la aprobación de mipymes se ha reducido a unos 20 días.

Se eliminó el límite de 100 empleados para las entidades privadas, que podrán “ampliar, diversificar o desarrollar otras actividades de producción y servicios”.

López Acea explicó que ahora se permite ser titular de más de una empresa o mipyme, crear empresas mixtas entre estatales, privados o extranjeras, realizar importaciones directas y desarrollar actividades adicionales manteniendo el objeto principal de la empresa.

Próximamente se publicará que más del 62% de las actividades antes prohibidas para el sector no estatal “se liberan o flexibilizan”.

La dictadura cubana aprobó 176 medidas destinadas a flexibilizar el modelo económico, ampliar el sector privado y abrir nuevas vías a la inversión extranjera, en medio de una crisis profunda y tensiones con Estados Unidos.

Estas reformas surgen en un contexto donde la economía cubana se contrajo 15% entre 2020 y 2025 por la pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y políticas internas fallidas.

Desde enero, la política de máxima presión del Gobierno de EEUU ha exigido cambios políticos y económicos en Cuba, aplicando un cerco petrolero y sanciones secundarias que afectan a entidades extranjeras.