La provincia de Tierra del Fuego dio un paso para su seguridad energética a través de un acuerdo entre las empresas Terra Ignis Energía y Austral Petróleo, Gas y Electricidad para la construcción y puesta en marcha, operación, mantenimiento y posterior explotación comercial de una nueva planta generadora en la capital fueguina.

El proyecto de infraestructura pra la generación termoeléctrica prevé una inversión total de u$s70 millones. La futura usina estará equipada con tecnología de ciclo combinado, un sistema eficiente que optimiza el uso del gas que se produce en la misma provincia.

Se estima que la instalación alcanzará una capacidad total de 60 megavatios (MW), posicionándose como el nodo de abastecimiento clave para la región costera del canal Beagle, de acuerdo a lo informado por Terra Ignis. Una usina de estas características puede abastecer simultáneamente a un promedio de 50.000 a 60.000 hogares, es decir cubre la demanda de una ciudad chica o un municipio mediano.

Dentro del esquema operativo acordado por las partes, la firma Austral de capitales chinos asumirá la responsabilidad del diseño general, la ingeniería de detalle y la construcción del complejo. Del mismo modo, la compañía privada se hará cargo del financiamiento integral del emprendimiento. 

El proyecto que financia un consorcio chino

Este esquema permite al sector público provincial impulsar una obra clave sin comprometer de manera directa los recursos inmediatos del estado fueguino, ya que la inversión estará a cargo de Austral, firma integrada por dos corporaciones estatales chinas: China Rainbow International Investment y Rainbow International Engineering.

El directorio de la empresa genera particular atención en el ámbito político y económico fueguino debido a que está integrado por los mismos actores que protagonizaron el frustrado proyecto de industrialización de gas de regalías en 2008, bajo la firma Tierra del Fuego Energía y Química, el cual derivó en un largo y millonario litigio judicial.

En junio del año pasado, el Gobernador Gustavo Melella alcanzó un acuerdo con representantes de la sociedad Tierra del Fuego Energía y Química a partir del cual se resolvía el conflicto judicial que la empresa había iniciado contra la provincia años atrás, acuerdo que no genera perjuicios económicos al Estado fueguino.

La primera etapa del plan ahora incluye el emplazamiento y montaje de dos generadores de turbinas y luego la puesta en marcha de la central termoeléctrica, para en una segunda instancia avanzar en la construcción de una plamta de urea granulada, por al menos u$s600 millones que debe emplear materias primas y mano de obra fueguinas, según se anunció oportunamente.

La corporación estatal Terra Ignis Energía aportará el terreno destinado al emplazamiento físico de la central termoeléctrica. Su rol también comprenderá la gestión institucional y el seguimiento de los procesos regulatorios y ambientales necesarios ante las oficinas gubernamentales. Este soporte técnico y legal busca agilizar los plazos de ejecución y garantizar el cumplimiento de las normativas de conservación vigentes en la isla.

Una solución energética para Ushuaia

La ministra de Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, manifestó su optimismo respecto al entendimiento alcanzado entre ambas compañías. La funcionaria destacó que este convenio sectorial constituye la vía para alcanzar una solución definitiva en materia de suministro eléctrico para Ushuaia. Históricamente, la demanda de la localidad experimentó tensiones debido al crecimiento demográfico y a las complejas condiciones climáticas invernales.

Por su parte, el presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, precisó que la entidad pública ya completó los estudios de factibilidad y de impacto ambiental pertinentes. El directivo remarcó que la potencia proyectada otorgará el respaldo indispensable para sostener la expansión comercial y urbana local durante las próximas décadas.

El titular de Austral, Yun Yo Lin, argumentó que la decisión de desembolsar esa suma responde a la sólida relación de confianza construida con las autoridades fueguinas a lo largo de los últimos años. La estabilidad regulatoria en la jurisdicción resultó un factor clave para inclinar la balanza a favor de la viabilidad económica de la propuesta.