POLITICA
Un frágil pacto de gobernabilidad, entre la necesidad y la desconfianza
Se percibe en el Gobierno un aire renovado después de haber dado vuelta la página tóxica que tuvo a Manuel Adorni como protagonista. En la semana que termina hubo un regreso a la normalidad, con las reuniones de mesa política y de Gabinete, donde el clima fue claramente diferente. Los funcionarios que transmitían una sensación de asfixia empezaron a hablar otra vez de proyectos, expectativas y gestión. Cuesta entender cómo se demoró tanto este reseteo.
Dentro de ese contexto se produjo un cambio sustancial a partir de una definición obvia pero determinante: la identificación de la reelección presidencial como el principal objetivo de todo el gobierno. Este planteo permite ordenar desde las iniciativas económicas hasta la estrategia electoral, porque la única variable independiente pasa a ser el futuro político de Javier Milei; el resto, está supeditado a ese mandato superior.
Esto abrió las compuertas a un profundo replanteo en la relación con los gobernadores, que volvieron a transformarse en actores centrales del diseño del poder en la Casa Rosada. Dos fotos grupales en ocho días, una en la asunción de Diego Santilli y otra el 9 de Julio en Tucumán, demuestran que hay una aproximación diferente en este vínculo, que estuvo marcado por oscilaciones constantes desde que La Libertad Avanza llegó al poder.
Tanto el gobierno nacional como los gobernadores admiten que hay una nueva sintonía en las últimas semanas que apunta a lograr compromisos legislativos en el Congreso, pero también entendimientos electorales con vistas al año próximo. Es una suerte de nuevo acuerdo de gobernabilidad, aunque signado por necesidades y desconfianzas mutuas. Nada formal ni escrito; todo verbal y volátil. Milei no llegó al poder para los grandes consensos. La idea de la Moncloa es de la casta, aunque él de a poco se va convirtiendo también en un clásico.
El menú de las conversaciones es muy diverso, pero se sustenta en un giro muy profundo que operó en el corazón del poder nacional a partir de un diagnóstico compartido. Ese análisis marca que el Gobierno necesita blindar el proyecto de reelección de Milei en una economía más sólida, que dé garantías de previsibilidad. De ahí el anuncio que hizo Luis Caputo el lunes para asegurar la financiación de los pagos de la deuda de este año y el próximo. De la misma fuente deriva el énfasis en los proyectos económicos que impulsa en el Congreso, como la reforma del Banco Central, el RIGI II, inocencia fiscal, propiedad privada y ahora también una versión criolla del shutdown norteamericano. Todo este paquete apunta a los mercados.
Pero el diagnóstico también incluyó un plano político. En él se identificó que el oficialismo llegará a los comicios con chances de éxito, pero sin grandes excedentes de capital electoral, y con una carencia de figuras propias competitivas en varias provincias, lo cual lo expondría a una seguidilla de derrotas antes de la cita nacional.
Esta presunción modeló una idea mucho más pragmática y aperturista en la relación con los gobernadores, que incorporó una novedad absoluta: por primera vez Karina Milei y los Menem habilitaron la posibilidad de avanzar en entendimientos con otras fuerzas si LLA no tiene la potencia necesaria para ganar en determinados distritos. Significa un viraje del purismo violeta que habían promovido el año pasado, en detrimento de la línea de Santiago Caputo, más proclive a un pacto con los gobernadores. No quiere decir que se bajen de la meta de una construcción nacional propia, pero sí que hay más realismo en las conversaciones.
La idea de un pacto de gobernabilidad con una docena de mandatarios provinciales, con el objetivo de dar una señal de estabilidad a los mercados y galvanizar el plan económico, fue expuesta por Luis Caputo en una reunión clave de la mesa política hace tres meses. En esa ocasión fue Karina la que puso reparos en abrir una conversación tan ambiciosa, porque entendía que el apuro podía comprometer el plan del armado nacional de LLA.
Sin embargo, tímidamente empezó a involucrarse en las primeras reuniones con los más cercanos, como Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo. Ahora la situación cambió, y el rango de acción se amplió a ese ramillete de gobernadores que desde el Argentina Week viene mostrándose en la órbita del Gobierno. “Estamos todos muy finitos de imagen y de plata. A todos nos conviene acordar”, grafica una figura clave del Gobierno.
Las necesidades mutuas
Esta aproximación actúa sobre una realidad que se ha ido consolidando en los últimos años y que el politólogo Marcelo Leiras definió como un sistema político “confederal”. Desde hace tiempo los gobiernos nacionales no tienen mayorías propias en el Congreso ni controlan políticamente un conjunto amplio de provincias. Eso los posiciona en una situación de debilidad estructural y en la necesidad de gestionar alianzas.
Esas alianzas antes se articulaban con los partidos políticos nacionales, pero ante su desgajamiento ese lugar lo ocuparon los gobernadores, que se transformaron en actores esenciales para garantizar gobernabilidad. Y si antes los gobernadores eran ordenados desde una lógica partidaria, ahora eso se quebró y todos disfrutan de una autonomía inédita y se mueven sólo en función de sus necesidades. Como señala Andrés Malamud, “se produjo una desnacionalización de los partidos nacionales, y ahora todos los partidos son provinciales, con excepción de LLA”.
Sin embargo, al mismo tiempo los jefes territoriales tienen dificultades económicas estructurales, ya que son pocos los distritos que se autoabastecen y la mayoría necesita de los fondos nacionales. Este es un talón de Aquiles que fuerza a los mandatarios a peregrinar por los despachos de los ministros en Buenos Aires para negociar partidas, obras o ayuda en especias. Leiras calificó a este mecanismo “la paradoja de las debilidades cruzadas”, porque las provincias operan con gran autonomía política, pero al mismo tiempo tienen una subordinación fiscal a la Nación.
A esta paradoja se llegó después de un largo proceso de redefiniciones en la relación entre la Nación y las provincias. Malamud destaca que en 1983 los gobernadores no tenían reelección y no podían desdoblar su calendario electoral como lo hacen hoy. Esto les dio mayor independencia política. También fue clave la reforma constitucional de 1994, que les otorgó a las provincias el control sobre los recursos naturales del suelo y del subsuelo, concretamente petróleo, gas y minería, los sectores que actualmente más crecen y que les otorgó a las provincias andinas y patagónicas un margen de maniobra que antes no tenían.
Alejandro Querol /
Pero al mismo tiempo, nunca se rediscutió la ley de coparticipación de 1988, tal como estableció la constitución reformada, por lo cual la Nación se quedó con un grado de discrecionalidad muy grande en la distribución de los fondos coparticipables, un mecanismo que utilizaron todos los gobiernos.
A partir de todas estas variaciones, la relación entre la Casa Rosada y las provincias oscilaron fuertemente en las últimas décadas. Frente a gobiernos débiles, los gobernadores fueron actores determinantes, como ocurrió con Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. La famosa “liga de gobernadores” se transformó en el poder real en ese turbulento cambio de siglo, y de ciclo. Pero después con los Kirchner, los mandatarios fueron totalmente subordinados a la lógica del poder central.
Hoy rige un delicado equilibrio producto de las debilidades mutuas. Ni Milei tiene tanto caudal como para avanzar por su cuenta con las reformas que propone, ni los gobernadores cuentan con el margen suficiente como para tener éxito en sus territorios sin un mínimo entendimiento con los libertarios. Están enlazados por necesidades compartidas, con un agravante: en muchos distritos el Presidente y los gobernadores tienen un electorado solapado, con lo cual la ruptura no es una buena opción para ninguno de ellos. De hecho a Milei siempre le fue mejor en el interior que en el AMBA.
Al mismo tiempo varios de los mandatarios peronistas buscan huir del clima enrarecido que emana de la disputa bonaerense entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, por lo cual el componente partidario dejó de ser un corsé para sus movimientos. No sienten que deban tributar nada a nivel nacional. Tampoco tienen vocación por un armado propio.
La consecuencia directa de todos estos procesos ha sido la absoluta territorialización de los gobernadores, que desde hace tiempo sólo buscan conservar su hegemonía local, sin interés en involucrarse en el debate nacional. No es casual que todas las figuras que disputaron el poder central en los últimos años sean derivados del AMBA, desde la Cristina bonaerense, hasta Mauricio Macri, Daniel Scioli, Sergio Massa, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Milei. Los gobernadores hace tiempo se alejaron de ese juego. Apenas la candidatura tardía de Juan Schiaretti y la fallida postulación de Juan Manzur. Ahora trata de asomar otra vez Sergio Uñac. El nuevo diseño del poder robustece a los caciques en su terruño, pero los desacopla de Buenos Aires. Una división de roles que hasta ahora sirvió para estabilizar el sistema político, pero no para fortalecerlo.
Las desconfianzas mutuas
Las conversaciones de los gobernadores con Karina Milei, Santilli, Luis Caputo y los Menem tienen varios capítulos. Algunos son clásicos, como la demanda por fondos. El balance del primer semestre fue negativo por la merma en la recaudación, a pesar de que tuvo un leve repunte en mayo (y un posterior desplome en junio). Según datos de la consultora Politikon Chaco, los giros a las provincias tuvieron un descenso del 5,3% respecto del mismo período de 2025, por una caída del 2,8% de las transferencias automáticas y del 61,8% de las discrecionales. En valores constantes, unos $2000 millones menos.
Hernán Zenteno
Pero el diálogo se intensificó especialmente en las últimas semanas por la aceleración que le imprimió el Gobierno a la reforma electoral. Si bien consta de varios ítems gravitantes (financiamiento de los partidos, cambios en las campañas, ficha limpia), la discusión central está en el sistema de votación, en particular en la continuidad o no de las PASO. El Gobierno asume que no tiene los votos en el Senado para su eliminación, y ahora giró hacia la suspensión. En cualquier caso implicaría un golpe para el peronismo, que en su desorden interno sería el principal beneficiario de unas primarias que le permitieran definir sus candidatos.
Los gobernadores no tienen mucho conflicto con el tema, porque la mayoría ya las desactivó en sus distritos. Según un relevamiento del politólogo Pablo Salinas, apenas siete provincias tienen vigentes las PASO (Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe), de las cuales las cinco primeras las suspendieron en 2025. Aplicando un mínimo de coherencia, estarían para acompañar a la Casa Rosada en su intento.
Distinto es el tema de las colectoras o adhesiones, que permiten, por ejemplo, que un candidato a presidente lleve dos listas de legisladores separadas, que después se distribuyen las bancas por el sistema D´Hont (es una diferencia con la ley de lemas, en el que la lista ganadora se lleva todas las bancas). Sería un esquema ideal para Milei, porque lo habilitaría a colgar debajo de su postulación a presidente una boleta de legisladores de LLA junto a otra de la UCR o del Pro. Como marca un gobernador importante, “al peronismo le sirven más las PASO porque necesita ordenar arriba, definir su candidato a presidente; en cambio a LLA le resultan más útiles las colectoras, porque le posibilitan ordenar abajo, en el tramo legislativo. Si sacan las PASO e introducen las colectores sería un escenario ideal para el oficialismo”.
La idea de las colectoras, que según el Gobierno fue aportada por gobernadores radicales y según los gobernadores es una propuesta del Gobierno, encuentra resistencias políticas y también operativas. Por ejemplo: ¿cómo sería el diseño de la Boleta Única con un botón para votar lista completa (otro de los cambios en análisis) y al mismo tiempo colectoras? Da la impresión de que el tema se propagó demasiado rápido y que todavía no maduró del todo en el Gobierno.
Pero este tema lleva al otro aspecto gravitante en la relación con los gobernadores: la desconfianza. Porque en el sistema de colectoras, el que decide qué listas acepta que adhieran es el candidato de arriba, en este caso el presidencial. ¿Cómo harían las otras fuerzas para estar seguros de que no serán rechazados en el momento de cerrar las listas? ¿Alcanza con una promesa verbal cuando el año pasado varios gobernadores quedaron desairados a último momento por los armadores libertarios?
Opciones de cooperación política con los gobernadores hay muchas, porque el Gobierno podría liberarles la elección provincial a cambio del apoyo nacional; o podría compartir la fórmula de gobernador y vice con una figura propia, o derivar su gente a las listas legislativas. Algunos mandatarios inclusive le propusieron a la Casa Rosada llevar un candidato a vicepresidente del interior, para armar un esquema de mayor compromiso federal.
Pero el problema es siempre la desconfianza. Los gobernadores deberían apoyar la reforma política del Gobierno ahora, a cambio de un entendimiento electoral a nivel provincial el año que viene, y que a su vez requiera un compromiso después para la elección nacional. Es decir, hay al menos tres etapas desfasadas temporalmente. Unirlas es sólo posible con un compromiso del que hoy todos dudan.
“A vos te parece que podemos avanzar en un acuerdo así, cuando Milei ni siquiera nos dedicó media hora para hablar la otra noche en Tucumán”, se quejó un gobernador aliado. El fugaz paso del Presidente después de haber reunido a 13 mandatarios desilusionó a varios. Tampoco se acercó a saludar el día de la asunción de Santilli. Así todo es más complicado.
fue expuesta por Luis Caputo en una reunión clave de la mesa política hace tres meses,pic.twitter.com/GCrmdIJ3Iw,March 9, 2026,Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
En la zona cero de la Base Naval Integrada: el presupuesto y el plan para reactivar la obra en medio de la tensión por Malvinas
Una vez aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia, si se camina en línea recta unos 200 metros, se llega al punto exacto, a la zona cero, de lo que será la Base Naval Integrada, el proyecto militar que lleva décadas a la espera de concretarse y que volvió a escena con el discurso de Javier Milei sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas. En ese lugar, estratégico por ser el punto más próximo entre el continente y la Antártida, no hay nada más que una platea de 20 metros y un monolito que inauguró en 2022 el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana. Y barro, nieve y tres carpas calefaccionadas para protegerse del frío.
Se trata de un predio que ocupa una franja costera extensa al sur de la ciudad, con el frente abierto sobre la bahía de Ushuaia, que desemboca en el canal de Beagle, la vía de navegación que conecta el Atlántico Sur con el Pacífico. La ubicación es privilegiada: el área está separada del casco urbano, tiene acceso directo al agua y queda a metros de la pista del aeropuerto, lo que permite integrar en un mismo perímetro las capacidades marítimas, aéreas y logísticas.
Sobre ese espacio, la Armada proyecta 39.362 metros cuadrados de superficie cubierta en instalaciones principales: más de una docena de inmuebles que van desde el edificio de comando y la jefatura de la base, hasta alojamientos para suboficiales, galpones de intendencia, un helipuerto y una capilla. Sobre el borde del agua, lo más importante, 585 metros de muelle, y el sector de logística antártica: galpones de carga, cámaras frigoríficas, talleres, depósitos de combustible y un galpón de grúas, orientados a dar soporte a las campañas hacia el continente blanco.
Hasta allí llegaron el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, para conocer los detalles técnicos. La reanudación de las obras comenzarán a principios de 2027 y se prevé terminar, si no hay imprevistos, a finales de 2029. En la comitiva viajaron también el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Marcelo Dalle Nogare, y el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, entre otros altos mandos militares, y cuatro legisladores libertarios de Tierra del Fuego: los diputados Miguel Rodríguez y Santiago Pauli, y los senadores Agustín Coto y Belén Monte de Oca.
Para la Armada Argentina, este proyecto es de importancia central. Lo explicó el propio Romay durante una presentación a la que asistió Infobae. “La zona económica exclusiva, que abarca hasta doscientas millas, es prácticamente una superficie igual a la superficie continental de nuestro país”, sostuvo.
La Base Naval Integrada no es un proyecto nuevo. Durante décadas, atravesó los vaivenes de la política argentina. El contraalmirante Guillermo Prada recordó que los primeros estudios para la construcción son de 1971, cuando se analizó el traslado de la base naval a la península. Desde entonces, el proyecto sobrevivió en los cajones de la planificación militar durante cinco décadas.
El arranque formal de obras llegó recién en marzo de 2022, bajo la gestión de Alberto Fernández, con Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa. En aquella primera etapa se niveló el terreno y se construyó una platea de hormigón. Para diciembre de 2023, la obra había alcanzado un 9,13% de avance. Ahí se frenó. Durante casi dos años no hubo movimiento, en sintonía con la llegada de Milei al poder y su política de déficit cero. Recién en agosto de 2025 volvieron a mostrar señales de actividad.
“Esta decisión del presidente es un paso muy importante en nuestra estrategia sobre la Causa Malvinas. Esta estrategia integral que se ha diseñado en estos meses de trabajo va a permitir defender nuestros intereses desde una perspectiva completamente diferente a la que se ha hecho hasta ahora”, sostuvo Quirno a los medios que participaron de una recorrida por el terreno.
Antes, junto a Presti, se reunió en la sede de gobierno con Gustavo Melella, el mandatario de Tierra de Fuego que atraviesa una compleja situación: el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) mantiene un paro docente desde hace más de un mes.
Para el canciller, este nodo logístico es clave en la proyección soberana argentina hacia el sur. “Si Ushuaia es el punto más cercano a la Antártida y desde allí se darán servicios logísticos a todos los países que también tengan presencia allí, esto nos va a permitir revalidar nuestro reclamo de soberanía de una manera diferente”, planteó.
Presti, por su parte, graficó el estado de situación actual: “Lo sintetizaría con la nada misma. Hay un monolito y hay un playón de cemento. Venimos a cambiar eso. Hay una decisión presidencial, hay un decreto y tenemos los recursos por primera vez en cuarenta años, que ya los tiene el Ministerio de Defensa, ya los tiene la Armada, para ponerlos en ejecución”.
Hasta ahora, mediante el Decreto 867 que firmó Milei, se reasignaron $217.954 millones de pesos que ya tiene Defensa para reiniciar las obras. El segundo tramo depende del Presupuesto 2027, donde el Gobierno proyecta incluir más de 300.000 millones de pesos adicionales para este proyecto. En este caso, queda supeditado a la votación del Congreso.
Consultados sobre el origen de los fondos, o la posibilidad de financiamiento de otros países, como Estados Unidos, u organismos extranjeros, tanto Quirno como Presti fueron categóricos y señalaron que la obra se financia íntegramente con recursos del Estado argentino, sin financiamiento multilateral ni colaboración extranjera
“Cien por ciento argentina. Hasta por el nombre mismo uno lo puede identificar: es una base naval integrada porque pertenece cien por ciento a la Armada argentina. No está vinculada con otros países, no es una base combinada”, explicó el ministro de Defensa. “No hay posibilidad de ninguna otra vinculación con países que vengan a aportar sus recursos o a pretender tener algún tipo de interés en nuestra patria”, agregó.
La mención a Estados Unidos no es casual. La entonces comandante del Comando Sur, la general Laura Richardson, visitó la zona en 2024 junto al propio Milei.
Otro aspecto a tener en cuenta es el mecanismo de contratación. En la gestión anterior, y según se informó de manera oficial, la obra tenía un contrato cerrado con el astillero estatal Tandanor. Ahora, el Gobierno anunció que toda la construcción se realizará por licitación pública. El Ministerio de Defensa ya recibió los pliegos y los derivó a la Armada, que tiene previsto salir con cinco licitaciones en simultáneo. La fecha que se maneja internamente para el inicio efectivo de los trabajos es el 2 de enero de 2027.
Ushuaia contra Punta Arenas
Hay otra dimensión del proyecto que atraviesa todas los análisis oficiales: la competencia con Punta Arenas. Hoy, la ciudad chilena concentra la mayor parte del tráfico logístico y científico hacia la Antártida, precisamente porque tiene la infraestructura que Ushuaia todavía no tiene. “Punta Arenas se lleva todo, porque es por la infraestructura que tiene”, señaló uno de los oficiales presentes en la presentación técnica.
La geografía, en principio, favorece a Ushuaia: navegar el canal Beagle desde el puerto de la ciudad permite estar en aguas abiertas en un período significativamente más corto que desde el puerto chileno. Además, la bahía tiene características que la hacen atractiva para buques de gran porte: es una bahía cerrada, medianamente protegida y con condiciones de viento que permiten el ingreso de embarcaciones de gran calado.
El horizonte que le da más peso estratégico a esta discusión es 2048, el año de la primera revisión del Tratado Antártico. En esa instancia, los países con presencia activa en el continente blanco tendrán una posición negociadora cualitativamente distinta a los que no la tienen. La lectura que hacen en la Armada es directa: si Argentina es la puerta de entrada y salida a la Antártida, su lugar en esa negociación está mucho menos en discusión. “A vos te interesa estar en un lugar donde todo el mundo no va a poner en discusión si tenés que estar vos o no en Antártida. Porque ya sos la puerta de entrada”, planteó uno de los oficiales.
Seis obras, un muelle de 585 metros y 30 meses para la primera etapa
Según explicó el contraalmirante Daniel Francisco Finardi, director general de Material de la Armada, a cargo de la ejecución del proyecto, la base contempla la ejecución de seis obras de infraestructura: la construcción del muelle —la más importante—, los obradores para apoyar la obra durante la temporada invernal, el edificio de servicios marítimos, la urbanización del predio para llevar los servicios básicos (agua, luz, gas, Internet), los edificios de logística antártica y, finalmente, la relocalización de la base naval actual con la construcción de viviendas para el personal.
El eje central de la primera etapa es el muelle. La longitud total proyectada es de 585 metros, pero el objetivo inicial es construir los primeros 240 metros en un plazo de 18 meses desde el inicio de obras. Ese tramo ya permitiría recibir a las lanchas de la División Patrulla Austral, que hoy amarran en el muelle auxiliar. La obra continuará de manera simultánea con los demás frentes, con el objetivo de que tanto el muelle completo como la logística antártica estén terminados para mediados de 2029, a más tardar a fines de ese año. Para 2028 está previsto iniciar la relocalización de la base naval actual, y a partir de 2029, la construcción de viviendas para el personal.
Hay además una dimensión económica que los mandos navales mencionan con énfasis: la base no solo servirá a la Argentina, sino que podría prestar servicios logísticos a los buques de cualquier país que opere en la Antártida, con un retorno sobre la inversión inicial.
Hay otro aspecto. En Defensa aseguran que con la nueva base habrá “mejor monitoreo de la milla 201 y del Atlántico Sur”, sobre todo para contrarrestar la actividades no permitidas en la zona, como la pesca ilegal china. También, las actividades de las empresas que participan del proyecto Sea Lion. Consultado por Infobae sobre las medidas del gobierno, Quirno concluyó: “Seguiremos avanzando a los diferentes niveles de sanciones justamente para que ese proyecto no avance”.
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POLITICA
En medio de la tensión por Malvinas, el Gobierno destinará más de $300 mil millones en 2027 para la Base Naval de Ushuaia y planea terminarla en 2029
Con la misión de finalizar la Base Naval Integrada (BNI) de Tierra del Fuego para fines de 2029, el Gobierno destinará una partida de más de $300 mil millones en el Presupuesto 2027 que enviará esta semana al Congreso.
El proyecto, a cargo de la Armada, busca convertirse en el principal polo logístico militar de la región para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y hacer de puente de entrada a la Antártida.
La decisión de retomar la obra —ideada durante décadas, iniciada en 2022 y nunca concretada—, ganó nuevo impulso tras la cadena nacional de Javier Milei. Esa misma noche, el Presidente firmó un DNU que reasignó casi $218.000 millones para Defensa y las Fuerzas Armadas y días después instruyó al Ministerio de Economía a incorporar en el Presupuesto 2027 los fondos necesarios para darle continuidad al programa.
En ese sentido, el ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó a TN que el proyecto de Presupuesto que presentará el Ejecutivo en los próximos días contemplará partidas por más de $300 mil millones adicionales para avanzar las obras, cuyo costo total ronda los US$450 mil millones.
“Saldrán obviamente de los propios recursos del Estado. El gobierno a través del Presidente ha determinado que, manteniendo el equilibrio fiscal, los recursos están”, enfatizó Presti, durante la recorrida que protagonizó este viernes por la Península de Ushuaia para revisar el estado actual del proyecto.
Presti, junto al canciller Pablo Quirno, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Alejandro Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, aclaró que la iniciativa no prevé recurrir a financiamiento externo, sean créditos de organismos multilaterales o asistencia de otros países.
“Es una base de Argentina con sus propios recursos, un proyecto que está hace décadas y que ahora lo podemos empezar a ejecutar. Después, que se unan países que van a utilizar nuestra Base Naval Integrada en aspectos logísticos para su llegada a la Antártida es otro tema, pero hoy está concebida con una base argentina”, ratificó Quirno.
Del monolito de 2022 a la nueva puesta en marcha en 2027
El proyecto de crear una Base Naval Integrada en Ushuaia lleva más de 50 años en la mente de los generales de la Armada. De acuerdo a Guillermo Prada, comandante del Área Naval Austral y jefe de la Base Naval de la Armada en Ushuaia, ya en 1971 se estudiaba la posibilidad de construir un nuevo puerto militar en la Península, un plan que nunca prosperó por falta de fondos.
Recién en 2022, durante el mandato de Alberto Fernández, el Gobierno nacional avanzó con un acuerdo con el astillero Tandanor para construir un galpón modular desde el cual construir la BNI. En aquel entonces, se inauguró un monolito para marcar el punto donde se proyectaría el muelle, una obra que nunca comenzó.
Los primeros trabajos sobre el terreno comenzaron en 2023 y en 2025, ya durante la gestión de Milei, se completó la platea de hormigón que hoy es la única obra visible en el terreno. A diferencia del esquema anterior —que preveía que Tandanor ejecutara la totalidad de la obra—, el Gobierno definió que el grueso se hará por licitación pública.
Según confirmaron a este medio fuentes del Ministerio de Defensa, en las próximas semanas se lanzarán las primeras cinco licitaciones, con el objetivo de que las obras arranquen el 2 de enero de 2027.
Las claves del proyecto
“Puntualmente, el mandato que nos ha dado el Presidente es mostrar hechos, no palabras, y darle impulso a toda la construcción de esta capacidad. Hace 40 años que todos miran para otro lado y nadie la materializa”, dijo Presti a este medio.
Bajo una tienda de campaña montada sobre un barrial, el director General del Material de la Armada, Daniel Francisco Finardi, explicó a las autoridades nacionales y militares los ejes centrales para completar la obra y sus plazos.
Según explicó, el plan contempla seis ejes de infraestructura: la construcción del muelle —la obra principal—; los obradores para sostener esa construcción; la Unidad de Servicios Marítimos (que proveerá al muelle de agua, energía, combustible, practicaje y remolque); el desarrollo de un área de logística antártica; la urbanización del predio con sus respectivos servicios; y en una etapa posterior, la relocalización de la Base Naval actual de Ushuaia y la construcción de viviendas para el personal.
La prioridad absoluta es poner a funcionar el muelle lo antes posible, ya que el que actualmente posee la Armada en la zona no tiene capacidad para recibir al rompehielos Irízar ni a los buques logísticos de la clase Patagonia, de 18 mil toneladas, que hoy deben operar desde el puerto comercial de la ciudad.
Los tiempos son ajustados: a principios de 2027 comenzará la ingeniería del muelle en paralelo con la arquitectura de los obradores y los servicios marítimos. El objetivo es que en 18 meses esté construido el 40% del muelle —240 de los 585 metros totales que tendrá la estructura final— para que ya esté en condiciones de recibir a las lanchas de la División Patrulladora Austral, que hoy amarran en el muelle auxiliar de la base naval de Ushuaia.
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La obra del muelle completo aspira a cerrarse en un plazo de entre 30 y 36 meses, en simultáneo con la logística antártica, con la meta de que ambas etapas terminen a mediados o fines de 2029, cuando la base ya podría recibir al rompehielos y a cualquier otra unidad de la Armada. A partir de 2028 comenzaría la relocalización de la base naval al nuevo predio y desde 2029, la construcción de las 450 viviendas proyectadas para el personal, sobre el área donde hoy ya existen algunas construcciones a ampliar.
La disputa por el Atlántico Sur y la puerta a la Antártida
Para el Gobierno, la BNI excede lo estrictamente militar: la apuesta es transformarla en el corredor de entrada al continente antártico, tanto para actividades científicas como eventualmente comerciales, de cara a la revisión del Tratado Antártico prevista para 2048.
“Hoy estamos corriendo muy de atrás. Todo el mantenimiento pasa por Punta Arenas (Chile), se lleva todo”, advirtió una fuente de la Armada que subrayó la ventaja comparativa argentina en caso de desarrollar la infraestructura necesaria.
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Ushuaia está a un día y medio de navegación menos que la ciudad trasandina, con todo el ahorro de costos que eso implica. “Para Estados Unidos y cualquier país que opere en la Antártida es clave. Es el mejor punto para llegar a aguas abiertas”, indicó la misma fuente.
En paralelo, el proyecto del Gobierno también incluye mejoras en la pista de aterrizaje de la base Petrel, en la propia Antártida, que se ampliará para permitir el aterrizaje seguro de aviones Hércules C-130 y sumará módulos habitacionales, también por licitación pública.
La iniciativa llega con la promesa de consolidar el control estratégico de la Argentina sobre todo el Atlántico Sur y las Islas Malvinas y asegurar la proyección hacia el continente antártico. Los próximos tres años dirán si, a diferencia de sus antecesores, esta vez el anuncio se transforma en algo más que una piedra en el barro.
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El espinoso camino del PJ hacia la unidad: los focos de conflicto en el interior que complican el armado nacional
En las últimas semanas el peronismo, en sus distintas vertientes, empezó a transitar la etapa preelectoral con la certeza de que todos deben contribuir para una causa común. Aún en sus diferencias, desde Axel Kicillof hasta Sergio Massa, pasando por los intendentes de la provincia de Buenos Aires y los principales dirigentes del interior, entendieron que sin la unidad del espacio político, la elección será imposible de ganar.
En la superestructura las señales son más o menos parecidas. Cada cual atiende su juego y lleva adelante su estrategia de desplazamiento, pero todos buscan sumar por algún costado y generar la idea de que la construcción electoral necesita de una convergencia política heterogénea.
El viaje de Kicillof a La Pampa y Misiones en las últimas dos semanas, donde se encontró con ambos gobernadores; la reunión de La Liga de Intendentes con Massa y Ricardo Quintela; los encuentros de Sergio Uñac en el conurbano y el interior; y el abroquelamiento de las diferentes extracciones justicialistas en la Cámara de Diputados para emplazar el tratamiento de los proyectos de morosidad, construyeron una foto que reduce la especulación. Todos caminan para el mismo lado.
Sin embargo, en distintas provincias existen focos de conflicto que amenazan la edificación de la unidad a nivel país. Porque más allá de lo que suceda en las vertientes nacionales, el PJ necesita que la fuerza política se ordene en el interior para poder darle un sostén sólido al esquema federal. Además, muchas de las provincias van a tener elecciones desdobladas y el peronismo hará esfuerzos para construir, a través del voto, una ola de cambio en base a triunfos.
Esta semana el principal foco de conflicto estuvo en La Pampa, donde se reflotó la tensión que existe entre el gobernador, Sergio Ziliotto, y el ex mandatario y cacique histórico del peronismo pampeano, Carlos Verna. Todo fue por una foto que subió Verna a sus redes sociales en la que aparece con el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, quien tiempo atrás desafió la autoridad de Ziliotto en el PJ, cuando intentó abrirle una interna para despojarlo de la presidencia. En la actualidad es uno de los precandidatos más firmes para la gobernación.
El movimiento de Verna fue interpretado como una chicana para el actual gobernador, que tiene como objetivo contener a todos los sectores y ser garante de la unidad del espacio de cara a las elecciones del 2027. El problema que aparece a futuro es que Di Nápoli ya avisó que no está dispuesto a competir en una interna dentro del PJ porque entiende que no están dadas las garantías, y promocionó, detrás de bambalinas, la construcción de un nuevo partido llamado Fuerza Pampa, lo que lo habilitaría a competir por afuera de la estructura central del Justicialismo.
Otro foco de tensión está abierto en Jujuy, donde esta semana la senadora Carolina Moisés recibió la noticia de que la lista rival, comandada por Rubén Rivarola, un histórico dirigente del peronismo provincial, fue dada de baja por el juez federal Esteban Hansen, luego de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenara realizar una verificación concreta de los requisitos básicos para competir.
Moisés se quedó con la conducción del partido que, en lo formal estará a cargo de Carlos de Aparici, al mando de la presidencia. Pero el liderazgo político será de la senadora nacional, que tiene aspiraciones de competir por la gobernación el año que viene. Del otro lado del mostrador quedaron, además de Rivarola, otros dirigentes de larga trayectoria como Guillermo Jenefes, Eduardo Fellner y Guillermo Snopek. En ese sector también se posicionó la representante de La Cámpora, Leila Chaher.
La unidad del peronismo jujeño parece, a priori, un objetivo difícil de cumplir. La intervención respaldada por Cristina Kirchner, la falta de acuerdo entre las partes para lograr una lista de unidad y la ausencia de competencia interna, dejaron demasiados cabos sueltos. Hay desconfianza, enojos y rencores. Y no hay nadie que los pueda subsanar con una lapicera en la mano.
En el PJ de Jujuy no hay ningún liderazgo que tenga supremacía por sobre el resto. Por eso la única forma de unificar una propuesta es que todos bajen las armas, admitan sus limitaciones, pisoteen sus egos y se propongan reconstruir la representatividad del peronismo en la provincia. El desafío es enorme. Tal vez, demasiado grande.
En Salta el peronismo también está partido y con un conflicto latente. El gobernador Gustavo Sáenz se quedó con el control del PJ luego de un período de intervención y una elección que nunca llegó porque el sector opuesto, encabezado por el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, había hecho un reclamo ante CNE, que al momento de la decisión de la justicia federal no había emitido su fallo. El nuevo presidente es Julio Argentino San Millán, que llegó al poder después de la intervención de José Luis Gambetta, un hombre cercano a Sáenz.
En el sector del peronismo salteño que lidera Urtubey creen que Sáenz tiene como principal objetivo ser el candidato a vicepresidente de Javier Milei. En caso contrario, puede evaluar la posibilidad de una candidatura a gobernador en acuerdo con el gobierno nacional. En todos los escenarios, creen que el mandatario terminará haciendo un acuerdo con la Casa Rosada.
Una parte del PJ, donde se concentran varios intendentes, está dentro de la estructura política de Sáenz. Otro sector se mantiene alejado de la gobernación y a la espera de los movimientos políticos del año electoral. En cualquier caso, la posibilidad de un acuerdo de unidad es bastante baja. La conflictividad, en cambio, va en crecimiento.
En Mendoza la situación también está muy tensa. El peronismo está totalmente partido. De un lado quedó la conducción del PJ, a cargo del diputado Emir Félix, y una gran cantidad de intendentes, que a fines de agosto se quedaron con el control de la Junta Electoral del partido, un órgano clave para el armado electoral del año que viene.
En el último congreso partidario hubo una convergencia de sectores. Confluyeron los hermanos Félix (uno al frente del partido y otro que es el actual intendente de San Rafael); Fernando Ubieta, que gobierna La Paz; Matías Stevanato, jefe comunal de Maipú y uno de los nombres que suena para competir el año que viene por la gobernación; y los intendentes de Tunuyán, Emir Andraos, y de Malargüe, Celso Jaque.
Del otro lado se posicionó La Cámpora, con el liderazgo de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, y los intendentes Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Edgardo González (Lavalle). Más allá de lo ocurrido en el congreso partidario, existe una línea divisoria en el peronismo de la provincia que, hasta ahora, no puede borrarse.
El conflicto entre los dos sectores se acrecentó en mayo de este año cuando el Tribunal de Disciplina del PJ decidió sancionar e inhabilitar para competir por cargos públicos a diez dirigentes del kirchnerismo que en las elecciones 2025 jugaron por afuera del partido. Esa decisión, que en el mundo K entendieron con claridad que venía avalada por Félix, generó un quiebre en la convivencia del espacio político.
Mendoza está entre los cinco distritos electorales de mayor peso. Para el peronismo es muy importante lograr un ordenamiento del esquema político. Si bien falta para las elecciones provinciales, que serán desdobladas, el escenario que está dibujado en la actualidad da una señal inequívoca: la unidad será muy difícil de lograr.
Los enfrentamientos en el interior le suman más páginas a la novela de la reorganización peronista de este tiempo. Claro está que entre los capítulos principales de ese libro virtual está la extensa y destructiva interna del PJ Bonaerense. El final de la historia empezará a conocerse cuando lleguen las elecciones nacionales y las especulaciones sobre las candidaturas lleguen a su fin.
luciano ingaramo/ comunicación institucional senado.-
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