Los inversores extranjeros cobraron ayer parte de los USD 4.200 millones correspondiente al vencimiento de capital e intereses de los bonos en dólares. Los locales, en cambio, cobrarán el próximo lunes debido a los feriados. La semana próxima el Gobierno buscará captar parte de esos dólares pagados en el mercado local a través de la emisión de un nuevo bono, el Bonar 2029.

Este título de deuda, al igual que lo sucedido con las series 27 y 28, pagarán intereses mensuales. De esta forma, se busca atraer a inversores minoristas que buscan equiparar este ingreso a los de un alquiler, que también se cobra mes a mes.

En total será una emisión de USD 2.000 millones y hay una posibilidad de colocarlo todo en la licitación prevista para el 15 de julio. En caso contrario, se irá colocado en otras licitaciones hasta completar el cupo.

Considerando que el Bonar 2028 se fue colocando en sucesivas licitaciones a una tasa de 8,5% anual en dólares, es posible que el nuevo título salga a un rendimiento similar o incluso ligeramente menor. El motivo es que el riesgo país viene comprimiendo: ayer luego de los pagos de vencimientos en dólares el riesgo país quedó a un paso de perforar los 400 puntos básicos.

Esta emisión de Bonares sería la última prevista hasta fines del año que viene, al menos según los detalles del programa financiero presentado a principios de esta semana por el equipo económico.

Allí se detalla que el Gobierno buscará otras fuentes para financiar los USD 25.000 millones que vencen el año que viene. Aparecen compras de dólares del Tesoro al Central por casi USD 5.000 millones, unos USD 1.500 millones por futuras privatizaciones y refinanciaciones de organismos multilaterales.

La gran incógnita es si Argentina podrá recuperar acceso a los mercados internacionales de crédito. En los supuestos para cumplir con las obligaciones financieras en 2027 el propio Gobierno se ocupó de no incluir esta posibilidad. Luis Caputo aseguró que la colocación de bonos en el exterior ”no es un objetivo, es una opción”.

Claramente la gradual pero continua disminución del riesgo país hace que esta posibilidad se acerque cada vez más. Todavía falta una reducción adicional del riesgo país (idealmente a zona de 350 puntos básicos) y también que baje un escalón la tasa de bonos norteamericanos a diez años, que sigue por encima del 4,50% anual. Combinadas, implican que Argentina todavía debería pagar un rendimiento superior al 8% anual en dólares para financiarse en el exterior.

Si bien ayer los mercados festejaron el pago de capital e intereses por parte del Gobierno, no pasó lo mismo con los ADR de compañías argentinas que cotizan en Wall Street, aunque se registraron algunas subas puntuales

Globant subió 4,58%, Tenaris avanzó 1,32% y Telecom Argentina mejoró 0,73%. El resto de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York terminó el día con descensos. Mercado Libre perdió 0,09%, Ternium retrocedió 0,36%, Banco BBVA Argentina cayó 0,41%, Transportadora de Gas del Sur bajó 0,46%, Banco Macro cedió 0,61% y Corporación América Airports perdió 0,81%.

Los descensos también alcanzaron a IRSA (-1,11%), Cresud (-1,23%), Loma Negra (-1,40%), Central Puerto (-1,50%), Pampa Energía (-1,61%), Edenor (-1,64%), Grupo Financiero Galicia (-1,71%), YPF (-1,82%), Adecoagro (-2,16%), Vista Energy (-2,28%) y Grupo Supervielle (-2,82%). El comportamiento negativo fue predominante, reflejando la cautela de los inversores extranjeros frente a los activos argentinos en un día sin referencia local.

Los analistas remarcaron que, si bien el ajuste del riesgo país mantiene a la Argentina en niveles relativamente bajos respecto de semanas anteriores, la volatilidad internacional y los desafíos internos siguen condicionando el panorama de los activos domésticos.

En un marco de crisis, con sectores que no logra recuperar el terreno perdido y altos costos, el empleo en la industria empieza a mostrar nuevas señales de deterioro. Si bien la apertura de importaciones afectó al sector, la falta de demanda es lo que más preocupa.

La consultora Industria y Desarrollo (I+D), dirigida por el ex director ejecutivo de la UIA Diego Coatz, proyecta que a lo largo de 2026 se perderán 105.000 puestos de trabajo, de los cuales 60.000 serán empleos directos y 45.000, indirectos.

Mayo volvió a registrar una caída interanual de la actividad industrial y los primeros datos de junio indican que la tendencia se mantiene. Las fábricas continúan operando con una elevada capacidad ociosa, cercana al 40%, lo que las obliga a vender para cubrir sus costos fijos, incluso con márgenes de rentabilidad cada vez más estrechos.

De este modo, la actividad industrial acumula una contracción del 3,1% en lo que va de 2026 y se ubica un 14,5% por debajo del máximo alcanzado en la última década, registrado en noviembre de 2017.

En la comparación desestacionalizada, mayo mostró una leve mejora mensual del 0,4%, impulsada principalmente por una mayor producción de insumos, especialmente del sector siderúrgico y de los productos metálicos.

“Sin embargo, se trata de una mejora puntual en un escenario de estancamiento. El panorama para los próximos meses no muestra un cambio de tendencia. Para junio, se estima una caída en la producción industrial en torno al 2% interanual y sin variaciones respecto a mayo”, consideró I+D.

“Se consolidan dos Argentinas económicas, y la industria vuelve a formar parte de la economía que se contrae. No solo retrocede la industria tradicional: también cae la metalmecánica vinculada a recursos naturales. Proveedores de minería (-5,6%), petróleo y gas (-3,5%) y agro (-9,5%), con una baja promedio de 5,1% en mayo según datos de ADIMRA. La industria y las pymes requieren un RIGI propio que permita revertir esta dinámica”, agregó.

El deterioro ya comenzó a reflejarse en el mercado laboral. Solo en marzo se perdieron 5.000 puestos de trabajo en el sector y, en los últimos doce meses, la destrucción de empleo alcanzó los 46.500 puestos directos. Si se incluyen los empleos indirectos, la cifra asciende a 81.550.

En contraste, las exportaciones industriales muestran un desempeño positivo. Descontando los rubros vinculados a la minería dentro de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), los envíos al exterior acumulan un crecimiento del 13% hasta mayo. La mejora responde, en parte, a un esquema comercial más ágil y al avance en la reducción de las retenciones.

Pero al mismo tiempo, también refleja la necesidad de las empresas de colocar su producción en mercados externos para compensar la caída de la demanda interna y el elevado nivel de capacidad ociosa, con el objetivo de cubrir sus costos fijos.

Según el Observatorio PyME, la baja de las ventas se consolidó como el principal problema para el 83% de las firmas relevadas. A su vez, crecieron las demoras en los pagos de los clientes, una preocupación que pasó del 35% al 60% de las empresas, mientras que el impacto de la competencia de productos importados alcanzó al 46% de las pymes, con especial incidencia de las importaciones provenientes de China.

Otra problemática se vincula con el incremento de costos: de acuerdo a I+D, el precio de la energía eléctrica para grandes usuarios aumentó 79%, mientras que el precio del gas subió entre 30-50% según el tipo de usuario.

En mayo, los precios industriales aumentaron 25,6% interanual, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 33,2%. Dentro de ese índice, los servicios registraron un alza aún mayor, del 42,8% interanual.

El titular de la UIA, Martín Rappallini, había dicho al respecto: “Cuando se observan los niveles de inflación de los últimos 2 años, la inflación general estuvo en torno al 180% o 190% y la industria en 120%. Nosotros hemos sido un gran ancla para la inflación”.

La debilidad de la demanda no solo golpea las ventas, sino que también deteriora la situación financiera de las pymes. La menor actividad presiona la caja de las empresas, tensiona la cadena de pagos y se refleja en un aumento de la mora bancaria. Entre abril de 2025 y abril de 2026, la morosidad en las empresas subió del 0,9% al 3,3%.

“Esto genera un efecto sándwich que tensiona a la actividad industrial: costos que presionan por abajo e importaciones y menor consumo por arriba”, apuntó I+D.

Las importaciones muestran un comportamiento desigual. Aunque en mayo se desaceleraron 7% interanual, la evolución varía según el tipo de bienes. Mientras que las compras de bienes de consumo retrocedieron 3,1% en el mes, acumulan un crecimiento de 7,3% en los primeros cinco meses del año.

En cambio, las importaciones vinculadas a la producción y la inversión son las principales responsables de la caída general: descendieron 5,9% interanual en mayo y acumulan un retroceso de 9,1% frente al mismo período de 2025.

La diferencia es aún más marcada al comparar con 2022: las importaciones de bienes de consumo aumentaron 29%, mientras que las destinadas a la producción se ubican 12% por debajo de aquel nivel.

Hacia adelante, I+D proyectó: “El panorama para los próximos meses no muestra un cambio de tendencia. En junio, la producción de autos se contrajo 13,6% interanual, mientras que los despachos de cemento cayeron 1,4%, incluso partiendo desde niveles muy bajos. Para junio, se estima una caída en la producción industrial en torno al 2%”.

El comercio ilícito ya mueve en la Argentina el equivalente al 5% del Producto Bruto Interno (PBI), genera una pérdida fiscal estimada en USD 2.300 millones al año y tiene a los teléfonos celulares, los cigarrillos, los textiles y la cerveza entre los mercados más afectados. Así lo reveló un estudio regional que analizó la situación en seis países de América Latina y puso el foco en las particularidades del caso argentino.

El trabajo, elaborado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), analizó la situación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú y buscó medir el impacto del comercio ilícito en la región, además de identificar las características particulares de cada mercado. Además de cuantificar el peso económico de estas actividades, el informe examinó los productos más afectados, las formas de comercialización, la percepción social sobre la compra de mercadería ilegal y las principales herramientas para combatir el fenómeno.

En el caso argentino, el estudio identificó una combinación de factores que favorecen la expansión del comercio ilícito. Entre ellos, aparecen la elevada penetración del comercio electrónico, la existencia de fronteras consideradas vulnerables para el ingreso de mercadería de contrabando y la creciente presencia de productos falsificados en distintos canales de venta. También señaló que el fenómeno ya no se limita a las ferias informales o al comercio callejero, sino que ganó espacio en plataformas digitales y redes de comercialización que amplían el alcance de estos productos.

El informe destacó que el contrabando constituye una de las principales puertas de entrada de mercadería ilegal al mercado argentino, aunque aclaró que el comercio ilícito es un concepto más amplio, que también incluye la falsificación de marcas, la piratería y otras prácticas que vulneran los derechos de propiedad intelectual y generan competencia desleal para las empresas que operan dentro del marco legal.

Uno de los principales aportes del relevamiento consistió en dimensionar el tamaño económico de esta actividad. Según las estimaciones presentadas, el comercio ilícito moviliza recursos equivalentes al 5% del PBI argentino, una proporción que refleja la magnitud alcanzada por estas operaciones dentro de la economía local.

El estudio también calculó el impacto sobre las cuentas públicas. La pérdida fiscal derivada de estas actividades ronda los US$2.300 millones, producto de impuestos que dejan de recaudarse por operaciones realizadas al margen de los circuitos formales.

El relevamiento identificó cuatro sectores donde la penetración de productos ilegales resulta especialmente significativa.

El primer lugar corresponde a los teléfonos celulares, donde el comercio ilícito representa el 31% del mercado. De acuerdo con el informe, el alto valor de estos equipos, la fuerte demanda y la facilidad para su comercialización los convierten en uno de los principales objetivos de las redes dedicadas al contrabando y la falsificación.

En segundo lugar aparecen los cigarrillos, con una incidencia del 17%. El estudio explicó que buena parte de esos productos ingresa desde países vecinos sin cumplir con los controles aduaneros ni las obligaciones tributarias, lo que genera una competencia desigual frente a las empresas que producen y comercializan dentro del circuito formal.

Los productos textiles ocupan el tercer puesto, con una participación estimada del 16%. En este segmento conviven tanto el ingreso irregular de mercadería como la falsificación de marcas, dos modalidades que afectan a fabricantes, importadores y comercios que cumplen con las normas vigentes.

El cuarto lugar corresponde a la cerveza, donde el informe calculó una participación del 12% para los productos comercializados por canales ilegales.

El estudio remarcó que estos rubros concentran buena parte del problema, aunque aclaró que el fenómeno también alcanza a otras categorías de bienes de consumo.

Uno de los aspectos que el informe identifica como un cambio relevante es la transformación de los canales de comercialización.

Según el relevamiento, el crecimiento del e-commerce amplió las posibilidades de distribución de productos ilegales. Las plataformas digitales, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería facilitaron el contacto entre vendedores y compradores y permitieron que mercadería de origen irregular llegara a consumidores de distintas provincias. El estudio sostuvo que las organizaciones dedicadas al comercio ilícito combinaron los canales tradicionales con herramientas digitales, una estrategia que aumentó la velocidad de distribución y dificultó las tareas de control.

En ese contexto, el documento formuló recomendaciones específicas para la Argentina. Entre ellas propuso fortalecer acuerdos con plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, para agilizar el retiro de publicaciones de productos falsificados y mejorar los mecanismos de trazabilidad en línea. También planteó reforzar la capacitación de distribuidores oficiales en provincias fronterizas como Misiones, Formosa y Salta, consideradas puntos sensibles para el ingreso de mercadería de contrabando.

El informe incluyó un análisis comparativo entre seis países latinoamericanos. Aunque cada mercado presenta características propias, los autores concluyeron que el crecimiento del comercio ilícito constituye un problema regional y que las modalidades utilizadas muestran patrones similares. En Brasil, también alcanza al 5% del PBI, mientras que en México escala al 8 por ciento.

En todos los casos aparecen como factores comunes el uso creciente de canales digitales para la venta de productos ilegales, la expansión de la falsificación de marcas y la necesidad de fortalecer los controles sobre las cadenas de distribución.

Para cada país, el estudio propuso medidas específicas de acuerdo con sus principales vulnerabilidades. En el caso argentino, las recomendaciones estuvieron orientadas a reducir la brecha de precios entre productos legales e ilegales, mejorar la trazabilidad, reforzar la cooperación con plataformas digitales y fortalecer los controles en zonas fronterizas.

A nivel regional, el documento también planteó la necesidad de combinar distintas herramientas para enfrentar el comercio ilícito. Entre ellas mencionó el fortalecimiento del control fronterizo, políticas anticorrupción, campañas educativas para desalentar la compra de productos ilegales, incorporación de tecnologías de trazabilidad en las cadenas de suministro, sanciones judiciales más eficaces y reformas regulatorias destinadas a reducir los incentivos económicos para el contrabando.

El estudio se presentó durante un seminario organizado por el Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, encuentro que reunió a representantes del sector privado, especialistas en propiedad intelectual y funcionarios vinculados al comercio exterior.

Durante la jornada se analizaron las distintas modalidades que adoptó el comercio ilícito en América Latina y el impacto que estas prácticas generan sobre la recaudación fiscal, la competitividad de las empresas y la protección de la propiedad intelectual.

“Nuestro país viene de gobiernos que hicieron una política muy laxa en el tema de los controles”, precisó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman. En la misma línea, reconoció que el Gobierno está tratando de dotarse de herramientas para tratar el flagelo, pero al mismo tiempo admitió que “controlar una frontera tan grande no es fácil”.

Grinman destacó el crecimiento desmedido del comercio ilegal de celulares. Al respecto, María Eugenia Mayans, gerente senior de Relaciones Gubernamentales de Lenovo, confirmó que el contrabando trae uno de cada tres celulares -lo que representa alrededor de 3 millones al año- y la venta de estos dispositivos se ubica entre el 5% y 15% del comercio ilegal total.

A su vez, en Latinoamérica, tres de cada diez cigarrillos que se consumen son ilegales, según el gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina, Juan José Benítez. “El cigarrillo es el bien legal más contrabandeado”, especificó.

“El rol de las cámaras es muy importante para el Estado porque no podemos llegar a todas las empresas del país”, señaló, por su parte, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, al tiempo que explicó que el Estado argentino no logra cubrir los 9.300 kilómetros de frontera ni los 250.000 comercios de cercanía.

A su vez, Diego Figueroa, asesor de la Dirección General de Aduanas, analizó la problemática desde la perspectiva del organismo, y describió que la Aduana trabaja sobre tres ejes: la desregulación, la modernización de normas y sistemas para mejorar la competitividad -sumado al control del tráfico de mercaderías- y señaló que esas acciones se enmarcan en los lineamientos definidos por el Ministerio de Economía.

Por último, el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, indicó que el país se encuentra ante “un cambio de paradigma en la forma en la que el Estado entiende el delito complejo”. “Debemos comprender que hoy las economías criminales son cada vez más sofisticadas. El ingreso de mercadería criminal pone en crisis la industria nacional, socava el empleo formal y utiliza las mismas redes que nutren el narcotráfico“, advirtió. Y aseguró que “el compromiso es seguir avanzando en combatir la criminalidad organizada”. “Cuando protegemos el comercio legal, protegemos a los trabajadores, a los consumidores y a los emprendedores”, concluyó.