POLITICA
El triple golpe a la corrupción y los límites de la refundación mileísta
La semana argentina se abrió con un hat-trick, pero no futbolístico, sino judicial: la condena en el caso Skanska, la condena paraguaya en el affair Kueider y el video de un Martín Insaurralde relajado, habano en mano, celebrando a sus anchas el último triunfo de la Selección argentina mientras es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito desde hace tres años, y con avances que se hacen esperar. Otra postal de un caso que abrió el partido de la porno-corrupción en 2023. Arrancó con la exhibición desenfadada de otro relax de Insaurralde, aquella vez en el yate “Bandido”, y condujo recientemente al vestidor de Jésica Cirio y al desnudo de cajoneras rebosantes de dólares. Un álbum de fotos de una Argentina convertida en el país de las rutas del dinero que se bifurcan.
De Skanska a Insaurralde, la curva larga de un modo kirchnerista de hacer política: 20 años, la mitad de la democracia, convirtiendo el ejercicio de la política en oportunidad para el saqueo del Estado y el enriquecimiento personal. Por escala y duración, el kirchnerismo es la muestra más estructural de dos de los problemas endémicos de la Argentina: por un lado, el acampe en el poder político como plataforma para la práctica de la corrupción elevada a la enésima potencia y, por el otro, una justicia lenta, o nula, a la hora de desarmar en tiempo y forma las bambalinas políticas que habilitan la corrupción. En los dos puntos, el kirchnerismo superó al menemismo y su saga de corrupción. Todo un récord.
Pero las sospechas de corrupción en el Estado también atraviesan a figuras del poder mileísta en los pocos años que lleva en la Casa Rosada. La promesa libertaria de purificación de la política se quedó sin nafta apenas transcurrida la mitad del mandato.
Anticorrupción, ¿la cruzada fallida?
Los logros macroeconómicos del Gobierno obligan a hacer una consideración: los límites del reformismo de Javier Milei ya no parecen venir del lado de la economía. Hoy hay más chances de reordenar la matriz macroeconómica que de terminar con el entramado de corrupción en el Estado y con el manto protector y cómplice de un Poder Judicial con problemas sostenidos de transparencia e independencia.
Esa comparación está llena de implicancias que echan luz sobre la gravedad del tema justicia y corrupción: tal es la escala de ese tema que, por primera vez en los últimos cuarenta y tres años, al menos, el problema argentino definido por las crisis macroeconómicas cíclicas está más cerca de encontrar una resolución que la madeja de intereses oscuros donde se enredan la política, la justicia y el poder económico. Toda una novedad: quizás el tiempo presente esté mostrando un proceso en el que se concreta el desplazamiento del problema argentino de un campo a otro de la vida nacional. De la crisis macro, ¿en vías de solución?; al foco más cerrado en la crisis de justicia.
El par corrupción-impunidad dominando el panorama de la crisis autóctona mientras la Argentina de Milei intenta ingresar a un orden macroeconómico con algo de progreso. ¿Eso trae el futuro? Un mileísmo capaz de racionalizar la macro y resistir al uso político del déficit, pero incapaz de resistir el entramado del par corrupción-justicia.
En el plano macroeconómico, Milei logró lo impensado: afrontar los costos políticos de un reordenamiento macro que teminara con el déficit, hiciera el ajuste tan temido, pusiera fin a la emisión y orientara el rumbo de la Argentina hacia la baja de la inflación. Todo, con los votos a favor, y en dos rondas electorales. Milei hizo posible lo que, hasta su triunfo de 2023, parecía imposible.
El miedo a ahuyentar votantes con un ajuste impopular le puso un límite a la utopía de déficit cero con inflación a la baja de la experiencia macrista. Para el kirchnerismo, ese mantra nunca tuvo lugar: el distribucionismo deficitario le dio mejores coartadas políticas ante los votantes. Lo que el mileísmo viene logrando en economía le quedó lejos a las otras fuerzas políticas, o porque no supieron, o no pudieron, o no quisieron.
Pero la “hazaña” de Milei en lo macro, como la define un hombre de los mercados desde Manhattan, contrasta con una deuda que creó el mismo mileísmo en apenas dos años de gestión: la pérdida de credibilidad en su promesa de refundación ética de la política.
Banderas a media asta
Por eso, 2027 deja al Gobierno con menos munición disponible en la caja de herramientas electorales. Ya no está en condiciones de agitar rabioso la narrativa de la política honesta.
Ayer, Milei reunió a sus legisladores para bajarles línea sobre la agenda legislativa en los tiempos electorales que ya empiezan a correr. Milei se obsesiona con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Una causa sin margen para la épica que mueve multitudes, pero centrada en la visión de túnel de Milei que ahora escoge sus batallas con precisión: recursos políticos movilizados para domar la crisis que mejor está manejando, la de la macroeconomía. En cambio, a la crisis de décadas en el tema corrupción-justicia no la apaga sino que la alimenta. El nombramiento de jueces, atravesado por la polémica, y los vínculos entre el Gobierno y el aparato judicial no auguran un reordenamiento purificador de esa macrojudicial, sino la continuidad con beneficio propio, un aprendizaje clave que el mileísmo viene desarrollando.
Las fichas del Gobierno en camino hacia el cumplimiento de la segunda mitad de su gestión y el desembarco en la elección presidencial se juegan en el Congreso. En más reformas estructurales, incluyendo la del Banco Central; en la economía y su consolidación; en la política de la negociación, y ya no la de confrontación.
El discurso anticasta está fuera de juego: de eso casi no se habla. El mileísmo reorganiza sus filas con las herramientas que pudo blindar en estos dos años. La cruzada anticorrupción no está entre ellas. Hay señales de eso.
Insaurralde como síntoma
Ayer, la condena en el caso Skanska recayó en dos figuras arquetípicas de la corrupción kirchnerista: Julio de Vido y José López, otra vez. Ese caso es la expresión más grosera de la coreografía de la corrupción kirchnerista. El episodio inaugural de una trama delictiva organizada en torno a peajes controlados desde lo más alto del poder. Y la complicidad de un sistema judicial que tardó veinte años en llegar, apenas, a la sentencia de primera instancia. Con el caso Skanska, se inventa el formato del estancamiento argentino de las dos últimas décadas.
Sin embargo, la noticia pasó casi de largo para la política: no hubo repercusiones significativas ni intentos sistematizados de uso político electoralista. Nadie de peso recogió el guante para defenestrar al enemigo político y aprovechar políticamente su nueva caída. Skanska quedó reducido casi a un episodio histórico, color sepia: un ejercicio de memoria colectiva. La puja política dejó pasar la oportunidad de hincarle el diente a un problema estructural de la política y la Justicia tan urgente como persistente. Es cierto que el Mundial desvía la energía hacia otro lado, ¿pero tanto?
El otro silencio que aturde gira en torno a la causa Insaurralde. En tres años, la justicia todavía no tocó a la puerta del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof. Y a pesar de revelaciones que serían jugosas para cualquier político en campaña, opuesto al kirchnerismo, casi nadie lo retoma como bandera política. ¿Por qué?
La corrupción, a veces, es una telaraña donde la política en general queda atrapada. El caso Chocolate y el caso Insaurralde, y su conexión con la Legislatura provincial y el mundo del juego bonaerense, toca estructuras transversales dentro de la política: oposiciones y oficialismos de todo tipo. El silencio es el consenso más amplio. ¿Omertá?
Cuando podría relajarse y ver pasar el cadáver político de su enemigo desde la ventana, el Gobierno tiene que dejar pasar la oportunidad: el manto de la corrupción también lo termina alcanzando. Claramente pasó con el otro hat-trick, el mileísta: caso $LIBRA, ANDIS, Adorni.
Pero también están las imágenes que le juegan en contra al Gobierno: la presencia del financista Juan Nápoli en el video donde se lo ve a Insaurralde con el habano obligaría a dar explicaciones políticas incómodas. El banquero fue la vanguardia de Milei en Wall Street en 2023; organizó la contracumbre de Mar del Plata para mostrar un Milei presidenciable justo cuando la política clásica se reunía en el Coloquio de IDEA en ese mismo año; fue candidato a senador por La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. En mayo, Milei fue el invitado principal del evento organizado por Nápoli y Banco de Valores, su empresa, en el Malba.
El banquero Nápoli niega vínculo personal con Insaurralde. Pero el video dispara suspicacias. Nápoli Inversiones es investigada por la justicia en la causa por el dólar blue por transferencias a una casa de cambio asociada a un binguero del conurbano: a un paso de separación del negocio del juego bonaerense donde Insaurralde es una pieza clave. Nápoli a metros de Insaurralde le resta potencia a la posibilidad de aprovechamiento político del caso Insaurralde por parte del mileísmo. Otra capa de silencio obligada.
Ese video es incómodo en varios sentidos. Para el kirchnerismo y el kicillofismo, porque muestra la impunidad despreocupada de un dirigente clave del entramado de la provincia de Buenos Aires en plena investigación de corrupción. Para la Justicia, porque expone la lentitud con la que avanza esa causa. Ese sería uno de los puntos aprovechables para el Gobierno: Justicia rápida con Adorni, pero tortuga con Insaurralde. Para la política, muestra un sistema de vínculos sociales entre políticos sospechados, inversores y empresarios y familia judicial que pueden derivar, eventualmente, en negocios opacos.
Está claro que la escala de las denuncias que pesan en la esfera mileísta es menor en comparación con la del kirchnerismo, pero el problema es otro: que la vara que el mileísmo se impuso en el tema anticorrupción fue altísima mientras que el kirchnerismo no se autoimpuso ninguna. Esa vara incumplida le pone presión al mileísmo. Y hoy le impide al Gobierno capitalizar al máximo el caso Insaurralde y sus novedades, o el caso Skanska: para señalar con el dedo, el mileísmo está obligado a ser inmaculado, y no lo es.
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POLITICA
Sin banderas ni carteles con mensajes provocativos: cómo será el operativo de seguridad para Argentina-Inglaterra
La FIFA trabaja en colaboración con las autoridades de Atlanta, sede este miércoles de la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina. Así lo confirmó la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, quien precisó que habrá un refuerzo de 1.600 agentes policiales, tras calificarse el partido de alto riesgo.
En la previa al encuentro, se realizó una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial en Leesburg, Virginia, donde participaron representantes de la FIFA, el FBI, las policías de Atlanta y Miami, y delegaciones de seguridad de Inglaterra y Argentina, como parte de la agenda de trabajo diaria del Mundial.
Durante esa reunión, Monteoliva indicó que se elaboró el documento “pre match”, con una evaluación del riesgo, los antecedentes entre hinchadas y puntos de concentración de aficionados. En ese marco, se definió que “el partido va a contar con aproximadamente 1.600 agentes policiales”.
“Ningún país tiene injerencia en la planificación del operativo, simplemente la posibilidad de hacer recomendaciones”, deslizó la ministra, al precisar el sentido de la participación de Franco Berlin, director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos y del programa “Tribuna Segura”, y Alejandro Eboli, comisario de la División de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Otra de las decisiones centrales fue la diferenciación de ingresos: los hinchas argentinos deberán acceder al Mercedes-Benz Stadium por la Puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la Puerta 3. Aunque dentro del estadio no habrá segregación de las parcialidades, la medida busca evitar cruces en los accesos principales.
Además, Monteoliva advirtió que “está prohibido el ingreso de botellas o elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político, contenido racial o un contenido provocativo”. “No van a poder entrar carteles, banderas o mensajes de ese tipo”, contó, y dio a entender que entre esos objetos están aquellos que incluyan la imagen de las Islas Malvinas.
Las entradas para el partido ya fueron vendidas en su totalidad y las zonas asignadas, por lo que las autoridades insistieron en que quienes no cumplan con las normas podrán enfrentar sanciones inmediatas.
El derecho de admisión sobre la hinchada argentina
La ministra precisó que, a diferencia de otros mundiales, la presencia de barrabravas argentinos en Estados Unidos es mínima, resultado de un trabajo coordinado entre Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. “Compartimos con Estados Unidos el Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión, que incluye a 33.000 personas”, detalló.
Además de esa nómina, durante el torneo unos 13 argentinos fueron identificados e incorporados al registro por intentar eludir controles, ingresar con entradas falsas o generar disturbios. “A los trece se les aplicó restricción administrativa de concurrencia, tanto allá como acá para cuando vuelvan”, dijo Monteoliva.
Por otro lado, informó que el sistema de alerta Halcón, que está activo, permitió detectar casos de personas potencialmente conflictivas en el Mundial. “Es una alerta temprana, pero silenciosa. Es decir, no se entera ni el personaje que tiene una restricción, ni siquiera el funcionario que le sella en Migraciones. Nos avisa sobre la salida de personas que tienen antecedentes de violencia en espectáculos públicos, que pueden salir del país porque no tienen una restricción” para viajar, explicó.
El operativo en el centro porteño
Ahora bien, también habrá controles específicos en la Ciudad de Buenos Aires, ante posibles disturbios o descontrol en el marco del partido. El operativo está coordinado con el ministro de Seguridad porteño, Horacio Jiménez, y pondrá especial atención al Obelisco, punto tradicional de reunión.
“Lo que queremos es que el festejo sea en paz. Eso tiene que quedar muy claro. Todo aquel que se ponga violento, atente contra las fuerzas de seguridad o rompa cosas, que se atenga a las consecuencias”, sentenció la ministra.
En la previa, el DT de Argentina, Lionel Scaloni, intentó poner paños fríos al partido, al afirmar que solo se trata de “un partido de fútbol” y que no deben entrar en juego factores externos.
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POLITICA
El Gobierno interviene en la pulseada de la industria farmacéutica por el tratado de patentes
La adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), cuyo tratamiento en el recinto de Diputados fue momentáneamente congelado, genera fricciones en el sector farmacéutico. Los laboratorios nacionales –nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa)– son los principales opositores al proyecto y argumentan que la ratificación del PCT aumentaría los precios de los medicamentos. Por su parte, los extranjeros –agrupados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme)– apoyan el tratado y alegan que generaría un marco de mayor previsibilidad para actores vinculados a la innovación.
El PCT fue elaborado en 1970 en Washington y el Senado le dio media sanción en 1998. Este año, el Congreso avanzó con su tratamiento, dado que es uno de los compromisos que asumió la Argentina en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) firmado con Estados Unidos.
El objetivo es incorporar a la Argentina al principal sistema internacional de cooperación en materia de patentes. El tratado contiene tres cláusulas de impacto para el sector farmacéutico: la extensión del plazo de 12 a 30 meses para que un inventor argentino decida en qué países protegerá su invención –y un extranjero presente la solicitud en la Argentina–; la posibilidad de crear una única solicitud para presentar a los 158 Estados miembros del acuerdo; y la incorporación de un examen preliminar internacional no vinculante.
Luego de que Cilfa lo reclamara mediante un comunicado oficial, el oficialismo incorporó al proyecto la reserva respecto del Capítulo II en el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria en que el PCT obtuvo dictamen favorable, el 12 de mayo. Ese apartado habilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a utilizar informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas de patentes extranjeras para analizar solicitudes de registro. Es decir, si el proyecto lograra eventualmente su sanción definitiva, lo haría con el Capítulo II en suspenso, pendiente de un nuevo paso por el Congreso en caso que quisiera ponerse en práctica.
La entidad que nuclea los laboratorios nacionales envió una carta a los diputados con su pedido. Allí sostuvo que es la “opción más conveniente” para “limitar los efectos adversos sobre la competencia, incluyendo la salud pública y la industria y empleo nacional”, al tiempo que permite, con su adhesión al tratado, cumplir con el compromiso establecido con Estados Unidos.
Cilfa sostiene que los informes preliminares podrían condicionar las decisiones locales y facilitar la aprobación de patentes que actualmente son rechazadas. Consideran que estos exámenes podrían fomentar el evergreening, es decir, que los laboratorios extranjeros extiendan sus patentes y monopolios a través de modificaciones menores de sus productos. Por ejemplo, que un jarabe se transforme en un inyectable.
Entienden que la reserva al Capítulo II “limita el peso de los informes internacionales en la evaluación nacional y, en consecuencia, las restricciones a la competencia que se derivarán de la expansión del número de patentes de evergreening”.
En esta línea, en un comunicado de marzo sostuvieron que el evergreening es “uno de los principales problemas que debe enfrentar la industria farmacéutica argentina para lanzar medicamentos genéricos o biosimilares” que compitan con los originales –y así, según su postura, reduzcan los precios–. Cilfa argumentó que “la industria farmacéutica argentina ha dinamizado la competencia en el mercado farmacéutico, desarticulando monopolios mediante el lanzamiento de versiones genéricas o biosimilares de medicamentos cuyas patentes vencieron o que, por razones tecnológicas, tenían un único oferente”.
En diálogo con , Eduardo Franciosi, director ejecutivo de Cilfa, aseguró que la reserva “beneficia la salud pública porque se asegura la competencia y mitigan los riesgos de conceder patentes sin altura inventiva, novedad y aplicación industrial, asegurando el acceso de la población a los medicamentos”.
Al respecto, desde Caeme dijeron a que “las patentes no se otorgan de manera automática ni pueden extenderse simplemente por presentar una nueva solicitud. Cada solicitud es evaluada por el INPI, que analiza si cumple con los requisitos establecidos por la ley: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial”.
A su vez, sostuvieron que “hoy lo importante es poder avanzar” en la adhesión al PCT, incluso si eso significa la incorporación de la reserva del Capítulo II.
La cámara que nuclea las filiales de los laboratorios internacionales consideró que la adhesión al tratado “es fundamental porque integra al país a un sistema utilizado por más de 150 países y genera un marco de mayor previsibilidad para investigadores, universidades y empresas vinculadas a la innovación”.
Además, aseguró que “no está pensado solo para grandes compañías”, que reduce los costos para los inventores argentinos y que “cada país conserva la decisión final; el PCT no obliga a aprobar patentes”. Lejos de una “disputa sectorial”, indicaron que se trata de una “discusión sobre innovación”.
“Incorporamos la reserva sobre el Capítulo II porque había una resistencia de la industria farmacéutica local”, reconoció Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, en diálogo con . Sostuvo que “no cambia mucho adherir sin ese capítulo” y que aceptaron el reclamo de Cilfa con el objetivo de conseguir la aprobación del PCT.
El Gobierno sostiene que el tratado simplifica el sistema de patentes, reduce costos y agiliza trámites para investigadores, pymes y empresas argentinas, sin limitar la soberanía de los Estados dado que cada país conserva la potestad de decidir qué innovaciones aprueba.
Entonces, ¿por qué la adhesión al PCT perjudicaría a los laboratorios locales? Cacace señaló que “el temor” de los nacionales es que el INPI “otorgue de forma casi automática las patentes a los laboratorios internacionales por el examen preliminar”, dada la cantidad de solicitudes que están pendientes, cuya cifra supera las 4000. “Los locales no podrían fabricar medicamentos no patentados de laboratorios internacionales que han demorado en patentar en la Argentina. Los laboratorios extranjeros son los más innovadores. Los nacionales son más de reproducir drogas ya creadas”, agregó.
Jorge Otamendi, socio de G-Breuer y abogado especialista en propiedad intelectual, coincidió con la explicación del funcionario. En diálogo con , argumentó que los laboratorios nacionales “copian” lo que no se patenta en la Argentina, especialmente los medicamentos con éxito comercial. Muchos laboratorios extranjeros no patentan sus productos en el país dada su exclusión del PCT y el plazo de 12 meses para solicitar la patente en el país. La adhesión al tratado “aumentaría el interés extranjero en solicitar patentes en la Argentina”, lo que, a su vez, perjudicaría a los nacionales si se tratase de “productos exitosos que no puedan copiar por estar patentados”.
Para el socio de G-Breuer, el eje del PCT es la extensión del plazo para solicitar patentes de 12 a 30 meses, en tanto permite a los laboratorios continuar investigando en ese lapso y luego tomar la decisión de dónde solicitar las patentes, en caso de que el producto prospere.
En cambio, consideró que el examen preliminar internacional no tendría un gran impacto en la industria –solo implica tener en cuenta lo ya examinado– y que Cilfa pidió la reserva para retrasar la adhesión al PCT.
En la misma línea, Cacace aseguró que el INPI seguiría haciendo su evaluación, que el examen internacional es no vinculante y que la oficina de patentes nacional ya utiliza informes de oficinas extranjeras.
Franciosi, de Cilfa, sostuvo que las acusaciones sobre las copias de medicamentos no patentados “son absolutamente falsas”. “Cilfa se opone a regulaciones que afecten el acceso a la salud y la competencia”, resumió, en diálogo con .
“Lobby de la industria”
En el plenario de comisiones en el que se obtuvo el despacho, Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, presentó un dictamen de minoría en el que propuso la adhesión al PCT sin reservas. Según el legislador, el Gobierno aceptó la reserva porque “obedeció al lobby de la industria farmacéutica”. Sostuvo que “la reserva podría implicar una pérdida de información, eficiencia y capacidad de planificación para los solicitantes argentinos”.
Agregó que el examen no deteriora la soberanía regulatoria de la Argentina, no obliga a las oficinas nacionales a otorgar patentes ni modifica los criterios para inscribirlas. En este último punto coincide con el Gobierno y con Caeme.
El peronismo, en cambio, rechazó el acuerdo en su totalidad. A lo largo de los años, respaldó la postura de los laboratorios nacionales, que sostienen que el tratado reduciría la competitividad local y terminaría encareciendo los medicamentos.
Si Diputados aprueba en el recinto el texto modificado, deberá volver al Senado para su sanción definitiva.
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El Gobierno reúne a la mesa política para ordenar las reformas que quiere Milei y confía en suspender las PASO
El Gobierno reunirá este martes en Casa Rosada a la mesa política, la instancia deliberativa y de organización política que tiene el Poder Ejecutivo y que busca ordenar la agenda legislativa de cara a los próximos meses. El encuentro tiene como objetivo repasar los proyectos que el presidente Javier Milei busca implementar después del receso de invierno que habrá en el Congreso.
El encuentro se dará en el despacho de la Jefatura de Gabinete una vez que finalice la conferencia de prensa que viene realizando todos los martes a las 11 de la mañana el vocero presidencial Adrián Ravier. Quien lo acompaña en esos eventos es el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, que es uno de los nueve integrantes de la mesa política.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue quien pasó a tomar liderazgo de la mesa política luego del desplazamiento del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Es quien convoca los encuentros y lidera la reunión, que es más distendida y menos protocolar de lo que se especula puertas afuera.
En el encuentro, que será en horas del mediodía, estarán también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; y la jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich.
“Será bien operativa para hablar sobre las reformas del Congreso y, probablemente, de las reuniones del Colo (Santilli) con los gobernadores”, afirmó uno de los convocados al mitin de este martes.
La prioridad política que se proponen en el oficialismo hasta lo que resta del año es eliminar o suspender las PASO. En la Casa Rosada son optimistas al respecto, pero creen que lograrán suspenderlas más que cancelarlas de manera definitiva del cronograma electoral.
Santilli viene logrando adhesiones de varios mandatarios provinciales sobre la suspensión de las Primarias. En los últimos días lo hicieron el catamarqueño Raúl Jalil y el puntano Claudio Poggi, ambos muy cercanos al oficialismo en términos de colaboración política. El jefe de Gabinete se reunió con este último ayer por la mañana en Casa Rosada y logró que hubiera dos fotos significativas con 13 gobernadores en el último tiempo: cuando fueron a verlo a su asunción como ministro coordinador y el miércoles pasado en Tucumán en el marco de la vigilia por el 9 de julio.
Aun así, hay apoyos que todavía no se trasladan del todo y tienen que realizarse con mecanismos más complejos. En el oficialismo sugieren que cada provincia es particular y que requiere su propia lógica para poder destrabar apoyos. Ayer se oficializó el apoyo del Gobierno a Córdoba a través de un anticipo financiero de hasta $400 mil millones para afrontar compromisos urgentes.
Con un clima de trabajo que describen como renovado tras el cambio en la Jefatura de Gabinete, en el Gobierno consideran que existe margen para retomar proyectos frenados y para impulsar otros nuevos.
En la reunión de mesa política se hablará también del proyecto al que más empeño le puso el Presidente en los últimos meses y que cree indispensable sacar en el segundo semestre del año para generar previsibilidad económica: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El proyecto busca prohibir de forma total el financiamiento directo o indirecto del BCRA al Tesoro, eliminando la posibilidad de emitir moneda para cubrir el déficit fiscal. Esta medida incluye la eliminación de los adelantos transitorios y la transferencia de utilidades del Banco Central hacia el Estado, así como penas de prisión para los funcionarios que avalen la emisión sin respaldo. El objetivo es restringir el uso político de la emisión monetaria y limitarla solo para casos de deflación, estableciendo reservas técnicas que impidan la distribución de ganancias contables.
El proyecto también redefine el mandato del Banco Central, fijándolo únicamente en la preservación del valor de la moneda para combatir la inflación, descartando otros objetivos como el fomento del empleo o el desarrollo económico con equidad social. Además, propone suprimir las Letras Intransferibles, instrumentos sin valor de mercado que el Tesoro entregaba al BCRA a cambio de reservas, y modificar los mecanismos de remoción de autoridades del Banco Central para reforzar su independencia frente al Poder Ejecutivo.
Todavía no hay una fecha de presentación formal de la iniciativa, pero fuentes de la Presidencia afirman que sería después de julio, una vez retomada la agenda por parte de todo el arco parlamentario.
“A priori seguimos con la agenda de proyectos ya ingresados en ambas Cámaras. Por ahí se le suma el proyecto de desregulación. Y este jueves que se trata en recinto Propiedad Privada”, comentó a Infobae otra de las figuras que integra la mesa política.
La mesa sigue de cerca el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previsto para el 16 de julio en el Senado, mientras revisa cambios al proyecto de Inocencia Fiscal para enviarlo a Diputados a partir del 20 de julio.
El Gobierno también trabaja en ajustar la hoja de ruta de las prioridades que contempla la reforma electoral, las modificaciones del régimen de zonas frías, que se postergará para agosto, y los cambios en el articulado de Inocencia Fiscal. Lo hacen en pleno Mundial y en la antesala del receso invernal del Congreso. Otro de los temas que formó parte del intercambio fue el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, postergado en dos oportunidades, y con fecha tentativa para el próximo 16 de julio en la Cámara Alta.
La reunión también funcionará como una instancia de seguimiento político semanal. La intención oficial es establecer un método permanente para monitorear proyectos y ordenar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso con encuentros cada siete días.
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