El proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas, ingresado esta mañana a la Cámara de Diputados, quedó en la mira de varios bloques de la oposición. Es que la iniciativa del Poder Ejecutivo incluye un artículo que, con el argumento de endurecer las reglas frente a la influencia extranjera en el país, establece penas de hasta 12 años de prisión para quienes realicen “campañas de desinformación masiva”.

En concreto, el proyecto propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal, a fines de sancionar con entre cinco y 12 años de prisión a quien, “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

La iniciativa también apunta contra aquellos que “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes”. En ese caso, el texto oficial establece penas mayores que van de 8 a 15 años, “si la conducta se cometiere mediante amenazas, sobornos, coerción o uso de estructuras criminales”.

El articulado no pasó inadvertido entre los bloques críticos que reparan en su ambigüedad y advierten que puede ser utilizado como una herramienta de “persecución política” contra la prensa y la sociedad civil bajo la excusa de “agentes extranjeros”, como deslizan algunos legisladores de Provincias Unidas.

“Cuando (Fernando) Cerimedo hacía campañas de desinformación a favor del Presidente, financiadas por la derecha global, no se los vio tan preocupados. Si fuese ley, el exasesor estaría preso. No es que se arrepientan, esto es parte de la tentación autocrática de Milei”, apuntó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

“Lo que quiere es concentrar más poder y tener una herramienta penal de persecución política. Es un nuevo tipo de delito lleno de ambigüedades, grave considerando que el Presidente cree que el 95 % de los periodistas y políticos mienten”, alertó Ferraro, al tiempo que cuestionó su vinculación con la cuestión de Malvinas.

“No se puede utilizar una causa nacional y política de Estado, que nos pertenece a todos los argentinos, para colar de la nada una herramienta de control político interno, como lo intentaron con el proyecto de lobby y algunas otras iniciativas”, sentenció Ferraro.

Constitucionalistas

Algunos constitucionalistas consultados por también coincidieron con los legisladores en que el primer punto del artículo es complejo “porque el tipo penal es muy abierto”, y podría llegar a ser utilizado para “perseguir a opositores”.

“El Presidente que se inventó que durante 2025 sufrió un intento de golpe de Estado con siete intentos de juicio político incluidos y que este año acusó a buena parte de la prensa argentina de recibir dinero de Rusia para montar campañas de desprestigio contra el Gobierno quiere una herramienta para poder acusar penalmente a cualquiera de querer desestabilizarlo. Esto es muy peligroso”, alertó en redes sociales el diputado Pablo Juliano.

Desde la bancada de Unión por la Patria (UP), que conduce Germán Martínez, también ironizaron sobre la situación del exasesor de Milei, Fernando Cerimedo, hasta hace menos de un mes titular del 50% de las acciones del portal La Derecha Diario. Señalaron que, si la ley estuviera vigente, el consultor político debería haber ido preso.

La referencia apunta al medio libertario del que Cerimedo fue uno de los principales accionistas, cuestionado en varias oportunidades por la difusión de fake news. Asimismo, el consultor político admitió haber llevado adelante “campañas negativas” durante procesos electorales en distintos países, además de reconocer el uso de bots y trolls.

Más allá de las críticas dentro del Congreso, que se prevé se repliquen en los debates de comisiones donde se tratará el proyecto la semana del 7 de octubre, algunas organizaciones civiles también pusieron el foco sobre esta cuestión.

“Vemos que están introduciendo en esta normativa cosas que no salieron en otros proyectos enviados, como la Ley de Lobby, donde se incluía algo de esto”, señalaron desde Poder Ciudadano. “Nos preocupa que bajo la excusa de luchar contra la desinformación termine siendo una herramienta de censura y preocupacón para periodistas y organizaciones de sociedad civil”, agregaron.

Noticia en desarrollo

El fiscal de Cámara José Agüero Iturbe pidió revisar el cierre de la causa por el préstamo de US$57.100 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018.

La investigación alcanzó al expresidente Macri y a exfuncionarios de Cambiemos como Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. La causa fue archivada por la jueza María Eugenia Capuchetti y esa decisión fue luego confirmada por la Sala I de la Cámara Federal, reconfigurada recientemente por el Gobierno de Javier Milei, donde Caputo y Sturzenegger son ministros.

En el escrito que hoy presentó ante la Casación, el fiscal Agüero Iturbe sostuvo que el cierre fue “prematuro” y “arbitrario”. En línea con el fiscal Franco Picardi, consideró que aún restaban poner en marcha medidas.

“Existiendo impulso fiscal y medidas de instrucción por ejecutar, el juez no puede arbitrariamente archivar por inexistencia de delito sin efectuar cuanto menos las diligencias que permitan circunscribir el objeto procesal”, marcó el fiscal.

Quienes ratificaron la decisión de archivar el caso fueron los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi −poco antes revalidado como camarista− luego de que se hiciera efectivo el nombramiento de su nuevo colega Pablo Yadarola.

Los jueces entendieron que se trató de una decisión política y que la fiscalía a cargo de Franco Picardi no logró probar la existencia de delitos. “Existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”, argumentaron.

El fiscal Picardi había criticado la decisión de la jueza. Con respaldo en un informe de 2020 de la Auditoría General de la Nación (AGN), enumeró incumplimientos en el trámite, objeciones sobre la sustentabilidad de la deuda y supuestas irregularidades administrativas, entre ellas la falta de un decreto presidencial que formalizara el acuerdo.

La decisión, ahora, será de la Casación. En la causa ya había intervenido la Sala IV.

El préstamo

En junio de 2018, la gestión de Cambiemos firmó con el FMI el mayor acuerdo en la historia del organismo financiero: en un principio fue por casi US$43.000 millones, pero en septiembre de 2018 se renegoció y el monto se amplió a 57.100 millones de dólares.

El Frente de Todos se terminó imponiendo en las elecciones de 2019 y el FMI suspendió los últimos desembolsos, por lo que el préstamo no se cumplió en su totalidad.

El repago de la deuda contemplaba un esquema de vencimientos que rige hasta al día de hoy.