El oficialismo no logró construir las mayorías necesarias para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Senado resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto. La propuesta fue impulsada por la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, y recibió 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención. Logró ganar tiempo hasta después del receso invernal en el Congreso para continuar negociando.

Las principales diferencias surgieron este jueves en torno al futuro régimen de tierras rurales, uno de los capítulos centrales de la iniciativa. Las provincias reclaman preservar su autonomía en el control de las operaciones sobre esos inmuebles y el tema se metió en la negociación entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.

Por el momento, quedó descartada la posibilidad de reabrir el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. La intención oficialista es acercar posiciones para volver a insistir con la ley en una nueva sesión el 6 de agosto. En caso de aprobarse, la iniciativa tiene que ser girada a Diputados para su sanción definitiva.

Negociaciones sin consenso

El proyecto, que incorpora desalojos exprés, modifica el régimen de tierras rurales y deroga una restricción de la Ley de Manejo del Fuego, obtuvo dictamen en el Senado el pasado 20 de mayo aunque desde entonces sufrió numerosas modificaciones.

En las horas previas a la sesión se sucedieron reuniones entre la senadora Patricia Bullrich y el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, con el objetivo de acercar posiciones. Bullrich también mantuvo encuentros con referentes de la oposición dialoguista en las oficinas radicales del segundo piso del Palacio Legislativo, pero las conversaciones no alcanzaron para cerrar un acuerdo.

El oficialismo consiguió iniciar la sesión con el respaldo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, alcanzando el quórum de 37 senadores para que la vicepresidenta Victoria Villarruel abriera el debate. No acompañó la bancada Convicción Federal, encabezada por la jujeña Carolina Moisés.

Mientras el recinto reconocía a la selección argentina de Lionel Messi y varios legisladores exhibían camisetas nacionales, el oficialismo continuaba negociando un texto definitivo con sus aliados, aunque finalmente no logró unificar una propuesta.

La disputa por las tierras rurales

La UCR, conducida en el Senado por Eduardo Vischi, encabezó los cuestionamientos al capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros. El bloque insistió en que los registros de esas operaciones queden bajo la órbita de las provincias, una facultad que la Casa Rosada no está dispuesta a ceder.

Ante la falta de coincidencias, la decisión fue postergar el tratamiento hasta la próxima sesión prevista para el 6 de agosto, luego del receso invernal.

En paralelo, la UCR nacional, liderada por Leonel Chiarella, difundió un documento titulado La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra, en el que reivindicó la Ley de Tierras y recordó que establece un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y un máximo del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad.

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A esa postura se sumó la senadora salteña Flavia Royón, mientras otros bloques también impulsaron modificaciones. De las reuniones con La Libertad Avanza participaron —además de los radicales Vischi y Mariana Juri, y de Royón (Primero los Salteños)— Martín Goerling Lara (PRO), Beatriz Ávila (Independencia) y Julieta Corroza (Neuquinidad).

“Es una ley que modifica muchas leyes y hay que seguir dialogando”, afirmó la senadora Ávila.

Las objeciones de Convicción Federal

La bancada integrada por Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada defendió su dictamen de minoría, especialmente en lo referido a la situación de los inquilinos.

Los senadores sostuvieron que “es inaceptable que la ley coloque en el mismo plano a quien alquila de buena fe y atraviesa una situación económica crítica con quien ocupa ilegalmente una propiedad”.

La propuesta distingue jurídicamente los casos de usurpación de los conflictos derivados de contratos de alquiler, preserva el debido proceso y garantiza que ningún desalojo habitacional pueda ejecutarse sin brindar una instancia efectiva de defensa al inquilino.

El bloque también manifestó su rechazo a flexibilizar la venta de tierras rurales a extranjeros y planteó la necesidad de mantener los límites a la extranjerización, fortalecer los mecanismos de transparencia y proteger los recursos naturales estratégicos.

También hubo críticas desde el peronismo de Unión por la Patria, incluso de la bancada de Diputados. “Por redes hablan de patria, de soberanía, muestran mucho la bandera argentina… pero cuando llega el momento de sentarse y votar, con carita de piedra hacen entrega de nuestras tierras a extranjeros, habilitan la quema de los bosques nativos y le quitan herramientas al Estado para proteger a los argentinos. Esto son”, expresó la diputada Cecilia Moreau.

Qué establece el proyecto

El dictamen incorpora modificaciones respecto de la versión original impulsada por el Gobierno, que proponía eliminar todas las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros.

La nueva redacción establece que, cuando los inmuebles se encuentren en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, el proyecto modifica la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.

Entre los principales cambios figura la incorporación de los denominados desalojos exprés para inmuebles usurpados o con tenedores precarios. La iniciativa habilita al juez a ordenar la restitución inmediata de la propiedad cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y este presente caución juratoria.

La reforma también incorpora ese procedimiento al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y establece que el magistrado podrá intimar, en un plazo de 72 horas, la devolución del inmueble cuando el propietario acredite mediante documentación la titularidad del terreno, la vivienda o el campo en disputa.

En materia ambiental, el proyecto deroga un artículo de la Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2020, que impide durante 30 años modificar el uso de las superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Desde el oficialismo sostienen que esa restricción “atentó directamente contra la producción”.

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