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Cuenta regresiva para el año electoral: el Gobierno tropezó en el final del Mundial

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Un trapo cambió el contexto. El Gobierno terminó esta semana enredado en un conflicto autogenerado, fue protagonista de una profunda desconexión popular y obvió reparar en la dimensión histórica de lo que estaba ocurriendo. Una ministra quedó en la mira, Javier Milei tuvo que emprender una campaña en soledad para intentar reconducir su no lugar y quedaron expuestas las debilidades de las alianzas que sostienen al gobierno libertario en el Congreso.

El Presidente habló con Gianni Infantino después de que Inglaterra presentara una queja formal ante la FIFA por la bandera improvisada en una sábana de hotel con el reclamo en alto de la soberanía sobre las islas Malvinas. El Gobierno perdió el diálogo con Claudio “Chiqui” Tapia. “Me estoy encargando yo con el plantel”, le dijo Milei a un colaborador para describir que tiene relación más allá de lo institucional. El vínculo formal con la AFA se rompió con la decisión del Gobierno de actuar contra el presidente de la entidad del fútbol argentino hasta buscar la intervención del organismo. Quienes conocen de cerca a Tapia reconocen que sólo una llamada de Karina Milei podría reconducir la relación. Esperan un gesto. Karina es hoy quien define absolutamente todo lo que no sea materia económica. Todas las áreas están sujetas a lo que defina la Secretaria General. Y ella había sido el nexo antes de la pelea.

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Tapia junto a Messi y De Paul

En el Gobierno reconocen que Victoria Villarruel les terminó corriendo el arco con su pronunciamiento. Eso valió otra queja británica, en ese caso, a la Casa Rosada. Más allá del conflicto diplomático, aquel mensaje malvinero dejó expuesta la incomodidad con la que se movió Milei desde que se confirmó la semifinal, de la que nunca pudo ni quiso salir.

Llegó a decir que era simplemente “válido” que los jugadores levantaran la bandera de Malvinas y a admitir que se deberá pagar una multa de 30.000 dólares, sin chistar. Ni Infantino cree eso. Un día después, el gobierno de Donald Trump terminó reconociendo el gesto de la Selección. Lo hizo a través de Andrew Giuliani, el funcionario que lideró la organización del Mundial, que amparado en la libre expresión, le quitó dramatismo al caso. A esa hora, Trump saludaba efusivamente a Tapia en uno de los eventos finales de la copa del mundo. La foto circuló rápido para marcarle la cancha a Milei.

El saludo entre Donald Trump y Claudio

En la mira quedó Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad. Levantó el tema hasta convertirlo en bandera nacional. “No se entiende por qué se metió si no maneja la seguridad en los estadios de Estados Unidos”, planteó la duda una fuente libertaria que la conoce de cerca. La funcionaria tuvo una conversación con otro integrante del Gabinete que terminó en un abrupto corte de teléfono. Tenía agendadas varias entrevistas, que le cancelaron. De la expresión “mapita” a sugerir “taparle la boca” a los hinchas, lo que hizo Monteoliva fue exponer la línea oficial. Pero en la Casa Rosada salieron a desprenderse de esas declaraciones. Dicen que “se fue de boca” y le ordenaron que no hablara más, por su bien. Lo hizo. Sólo se limitó a promocionar el operativo de seguridad para el regreso de la Selección, que coordina con Ciudad, sin la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Axel Kicillof tiene llegada directa a Tapia y esperan que pase la final para empezar a hablar de la logística.

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El contexto mundialista, con la llegada de la Argentina a la final, dejó fortalecido al presidente de la AFA, hoy, el enemigo más visible que eligió Milei. “Demostró liderazgo y conducción”, refuerzan en la entidad y creen que los libertarios se dejaron llevar por el PRO de Mauricio Macri en su embestida hacia el organismo. “Ese acuerdo político les distorsionó la relación”, explica un dirigente cercano a la Selección. La pregunta ahora es si a partir del resultado el Gobierno cambia la relación o no.

Viaje a Londres y quejas

El trasfondo de la reacción errática del Gobierno por la malvinización del partido se explica en parte por el viaje a Londres que tiene en carpeta Milei para octubre próximo. Se había anunciado para el primer cuatrimestre del año pero se postergó. Gran Bretaña ya se había quejado del incumplimiento por parte de la Argentina del acuerdo firmado por la entonces canciller Diana Mondino con su par David Lammy. Londres viene marcando que el Gobierno no facilitó la información en materia pesquera a la que se había comprometido en aquella firma del año 2024. La última queja fue en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). Allí Estados Unidos viene votando a favor del diálogo, algo que había comenzado en la gestión argentina anterior y que se mantuvo en las presidencias de Trump y Milei sin cambios.

Donald Trump y Javier Milei

El Presidente resaltó que su Gobierno está avanzando en la vía diplomática pero hasta ahora no se produjeron hechos concretos. Quienes siguen de cerca el tema destacan como un logro que Milei haya podido mantener el apoyo a la Argentina en el comité de descolonización de las Naciones Unidas a pesar de sus críticas al organismos y a los países promotores del reclamo. Sucede que el procedimiento para el tratamiento y aprobación requiere de la presentación de varios países. Como todos los años, el proyecto lo presenta el representante de Chile en nombre de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, la mayoría de ellos, fuertemente criticados por la gestión libertaria.

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En este contexto, la Cancillería recién hizo pública una hora después del triunfo de la Selección, y cuando todos los jugadores se habían expresado sobre la cuestión Malvinas, una queja que había presentado ante Gran Bretaña por la violación del espacio martítimo argentino por parte del buque británico HMS Medway. Otro dato inquietante es que el Gobierno no informó queja alguna ante Chile después de que se conociera, el 10 de julio, que miembros de la armada del país vecino habían celebrado la recalada del patrullero en el muelle Arturo Prat de Punta Arenas, hecho que fue destacado como la primera visita a un puerto chileno de un buque británico.

Sin votos y con amenaza de veto

La mala praxis del Gobierno tuvo su consecuencia más significativa con la caída de la sesión en el Senado para tratar el proyecto llamado de inviolabilidad de la propiedad privada, en el que el capítulo 3 busca derogar la actual ley de tierras que limita la venta a extranjeros en un 15% del territorio nacional. Los votos estaban muy ajustados incluso antes del partido contra Inglaterra, pero la actuación de la Selección de Lionel Messi pesó a la hora de las definiciones finales.

La primera en jugar para que cayera la sesión fue Villarruel. La filtración del chat con Patricia Bullrich pidiéndole darla de baja generó el clima propicio para el desenlace que ya se precipitaba desde la noche anterior. Ningún espacio político se mostraba más agradecido con la Scaloneta que el bloque peronista en la Cámara alta. El tema ya venía complicado para el oficialismo. Esta es la tercera postergación del tratamiento, que sufrió los primeros traspiés en medio del estallido de la crisis de Manuel Adorni. La traba con la que se encuentran varios proyectos en el Congreso dan cuenta de las débiles alianzas oficiales. La primera vez que se cayó el tratamiento, el proyecto volvió a comisión. Los libertarios llegaron a la sesión del jueves con la versión número 15 del borrador. Más allá de los cambios, el Gobierno no alcanzaba a conseguir los votos, aunque estaba cerca. Esta vez, el partido fue clave.

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La sesión pasó al cuarto intermpedio hasta el 6 de agosto

Bullrich estaba obligada a hacer sesión porque debía aprobar este mes el pliego del juez Víctor Pesino, el camarista laboral que el 27 de julio cumple 75 años. Por haber fallado a favor de la reforma laboral se ganó su continuidad por parte de Milei. La senadora consiguió con los justo los 37 legisladores para abrir sesión, con quienes ya había acordado que sólo trataría los pliegos. No se podía permitir una derrota en el contexto interno en el que está, por lo que decidió no arriesgar.

El oficialismo consiguió el quórum con los diez integrantes de la UCR, dos del PRO, los dos senadores de Misiones, una por Neuquén, y otra por Salta. No se sumaron, además del peronismo, el bloque Convicción Federal, que son tres con Carolina Moisés a la cabeza; Carlos Camau Espínola se ausentó y tampoco dio quórum Alejandra Vigo; a ellos se sumaron los dos santacruceños y una senadora por Chubut.

El otro que jugó un rol clave fue Federico Sturzenegger. El ministro y autor de la ley, que estaba de viaje, presionó por teléfono para dar marcha atrás con las modificaciones y amenazó con la posibilidad de vetar, por parte del Presidente, algunos de los cambios que se habían acordado con la oposición. Si lo hacían, Bullrich perdería toda capacidad de diálogo a futuro.

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El anticipo de la pelea por Whatsapp de Villarruel y Bullrich se había vivido la semana pasada en la reunión de labor parlamentaria, en la que la senadora le advirtió que ella no votaba, tal como contó Infobae. ¿Podría tocarle desempatar en una futura sesión? Los radicales llegan a ese capítulo divididos. Los 37 que dieron el quórum no estaban para votar a favor. El peronismo estuvo de acuerdo con el cuarto intermedio pedido por Bullrich porque tenía algunas bajas imprevistas, por cuestiones de salud. El poroteo estaba ajustado. Y el contexto sembró la duda necesaria para que Bullrich no se permitiera una derrota.

Victoria Villarruel

El factor Villarruel y la PAS peronista

Villarruel aceleró su plan de candidata a algo estas últimas dos semanas. Puso primera el 9 de Julio, con su incursión en Tucumán y su claro diferenciamiento del Gobierno al advertir por la situación de la industria. Promovió el debate por la ley de tierras para abrir espacios críticos al proyecto y emprendió la cruzada malvinera del partido del Mundial que descolocó a la Casa Rosada. Aunque se le noten las jugadas, pretende ocupar el lugar que quedó vacante tras la salida de Adorni, que terminó desactivando a Bullrich, la dirigente con mejor imagen del oficialismo y que era vista por el establishment como una alternativa a Milei. En ese camino intenta meterse Villarruel.

El problema con el que se encuentra la Vicepresidenta es que su imagen positiva alcanza sólo al 18,1% según el último sondeo de Management & Fit, con una negativa del 42,2%. Llegó a tener en febrero del año pasado 34%. Para esta misma consultora, Bullrich alcanza el 32,9% de imagen positiva, con una baja a prestarle atención de mayo a junio de 3,4%.

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El peronismo mira con simpatía los números de Villarruel, que alcanzan para hacer daño a los libertarios. Pero el foco está puesto en una posible candidatura en la provincia de Buenos Aires. Sucede que a nivel nacional, con escenario de segunda vuelta, el efecto de una postulación de diseño se diluye. En territorio bonaerense, sin balotaje, podría ser un experimento más acertado, como el de Carolina Píparo, que en 2023 sacó 13% de votos y ayudó a la reelección de Kicillof.

A pesar de que el Gobierno no pudo hasta ahora presentar una proyecto de reforma electoral para eliminar las PASO, el peronismo diseña una interna que le permita llegar ordenado y competitivo a la elección. En el PJ proyectan la idea de una interna abierta, con padrones nacionales, no obligatoria, con uso de la boleta única papel (BUP) en la que sólo se elija el candidato a presidente. El vice quedará para una negociación posterior de alianzas electorales. Se imaginan como fecha de realización entre abril y mayo, que deje el escenario acomodado para la presentación de listas, en agosto.

Axel Kicillof en Trenque Lauquen

Diego Santilli tiene como prioridad la eliminación o suspensión de las internas. El peronismo trabaja por evitarlo, pero arma un plan B ante la posibilidad de que el Gobierno termine consiguiendo los votos.

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Marcos Juárez, ensayo para los gobernadores

Los gobernadores miran lo que sucedió esta semana en Marcos Juárez, ciudad que va a elecciones en septiembre. En 2014 fue el “kilómetro 0” de Juntos por el Cambio. La novedad es que a último momento, La Libertad Avanza decidió no presentarse como marca. Es lo que pretenden los mandatarios provinciales para garantizar sus respectivas reelecciones: que el Gobierno no les plante candidatos propios ante el solapamiento de los electorados. Aunque tiene una lectura vecinal, el caso de la ciudad cordobesa podría ser un ensayo para Karina Milei y Lule Menem, a cargo del armado nacional.

Tampoco medía quien se presentaba como el candidato violeta, Gerardo Pasquali, que terminó en alianza con la UCR y el partido demócrata. Y el favorito a volver a la intendencia, Pedro Dellarossa, rechazó el sello libertario. Sabe que comparte electorado con Milei, pero mantiene aún su cercanía con el gobernador Martín Llaryora, de quien fue ministro. Irá con sello propio. La novedad es que Karina no se arriesgó a perder en la única elección que podría haber sido “nacionalizable” este año. Y los gobernadores leen el gesto para provincializarlo.

Reorganización interna

Santilli ganó peso esta semana con el rediseño institucional de la jefatura de Gabinete, en fusión con Interior. Se quedó con ENACOM, bajo control de Juan Martín Ozores, cercano a Santiago Caputo y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Arsat y el Correo Argentino quedaron a su cargo en la estructura que maneja su mano derecha, Gustavo Coria. Por ahora no hizo movimientos de funcionarios, pero a su lado anticipan que son áreas que controlará y que es probable que haya cambios de nombres.

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Esta última semana se empezó a hablar con más fuerza de la posibilidad de que Santilli juegue en territorio porteño en un hipotético acuerdo entre Karina y Mauricio Macri. Es el funcionario que salió mejor posicionado de la interna. Supo leer a tiempo que el poder estaba en la hermana presidencial, y se acomodó con facilidad al discurso libertario sin titubeos ni diferenciaciones.

Diego Santilli

El otro cambio es la unificación comunicacional en manos de Fabián Fernández, el nuevo secretario de Medios, que coordinará la pauta publicitaria de los organismos descentralizados como Banco Nación, ARCA y Correo Argentino, y mantendrá influencia en YPF, de donde viene. Incluso fue incorporado por Karina Milei a las reuniones de la mesa política para darle forma en los medios a las decisiones que se tomen. Una suerte de profesionalización de un área en la que pesaba la espontaneidad de Milei, atributo que fue perdiendo.

Cuenta regresiva, telefóno para Caputo

El año electoral comienza mañana. Para la Casa Rosada arranca la cuenta regresiva para la reelección y el gran eje será el económico. La baja de la inflación, que marcó 1,9% en su última medición, no resuelve el problema de los ingresos y el empleo formal. Este último cumplió en abril doce meses de caída ininterrumpida. Desde noviembre de 2023 perdieron su trabajo 329.667 asalariados registrados, según datos del SIPA. Se explica básicamente por el sector privado, que eliminó en abril casi 12.000 puestos de trabajo formal, sobre todo en la industria manufacturera (-4,4%) y el comercio (-2,6%). Pero la situación se agravó ante la perspectiva de que no hay sectores que compensen esas caídas. El agro (-0,3%), la minería (-5,1%) y la intermediación financiera (-4,6%) también destruyeron empleo. Ni siquiera estos últimos rubros muestran números positivos en la comparación abril 2026 y abril 2025.

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La consultora 1816 destacó la baja de la inflación pero puso una luz amarilla por el reinicio de la guerra en medio oriente que podría romper la inercia a la desaceleración vía suba del costo del petróleo.

Junio cerró con déficit primario. Según Luis Caputo, fue porque el Gobierno corrió el vencimiento de Ganancias de personas humanas de junio a julio, pero incluso así le podría haber dado un resultado deficitario. Hay otro tema preocupante, que son los gastos devengados pero no pagados, dato que se conocerá esta semana.

“Dado el vínculo del Gobierno con el organismo, los logros en materia fiscal y el monto (pequeño) del incumplimiento, no esperamos castigo alguno por parte del Fondo Monetario Internacional, pero el dato obliga a mirar de cerca recaudación y gasto en el segundo semestre”, advierte 1816. Otro segundo semestre complicado. Para entonces, ya será en la incipiente campaña electoral.

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Allanamiento a la casa de Cristina Kirchner: por qué la puerta blindada del placard sería una prueba clave en la causa Cuadernos

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La declaración del policía que encabezó el allanamiento al departamento de Cristina Kirchner en 2018 puso el foco sobre un detalle que puede resultar relevante para la causa Cuadernos: dentro de la propiedad había más de una puerta blindada y una de ellas protegía el acceso a un vestidor ubicado detrás de la cama del dormitorio.

El dato surgió durante el testimonio de Juan Carlos Barrales, por entonces jefe de la División Operaciones Federales de la Policía Federal, mientras se exhibían por primera vez los videos del procedimiento realizado el 23 de agosto de 2018 por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio.

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“Entramos por una puerta blindada. Había otra puerta blindada de lo que supusimos era la habitación matrimonial, de la ex Presidenta. Había almohadones con las iniciales de la expresidenta y de Néstor Kirchner”, contó Barrales durante su declaración.

La fiscal Fabiana León le preguntó entonces si había más de una puerta blindada en el departamento. El testigo respondió: “Sí, detrás de la cama había un vestidor, un placard con una puerta que era blindada. El señor Cabral, secretario de la ex Presidenta la volvió abrir para realizar el registro. Él estaba en el edificio, no en la unidad, nos ayudó”.

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Los artículos del proyecto de ley por Malvinas que chocan con la Constitución

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El proyecto de ley que promueve el Gobierno para sancionar a las empresas que explotan ilegalmente el petróleo de Malvinas esconde iniciativas que chocan con la Constitución Nacional, que restringen la libertad de expresión y derechos civiles con la declamada intención de actuar en defensa de la seguridad nacional.

Así crea el delito de desinformación, una figura difusa que permite encarcelar a quienes publiquen informaciones críticas, considera terroristas a ciudadanos ante la simple sospecha, prevé la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad y dota de superpoderes al Poder Ejecutivo para decomisar bienes.

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Al amparo del loable objetivo de defender la soberanía nacional, el proyecto de ley choca con la Constitución Nacional.

El mensaje que acompaña al proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” habla del “objetivo permanente e irrenunciable” de la recuperación de las Malvinas. Pero de los ocho títulos que componen la iniciativa, solo el primero se refiere a la explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina.

Los siete restantes crean un Sistema de Seguridad Nacional, modifican el Código Penal, la Ley de Defensa Nacional, la de Inteligencia y la de Financiamiento de los Partidos Políticos, con un alcance que excede a las Malvinas.

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Amenaza a la libertad de prensa

El artículo 111 del proyecto incorpora el artículo 225 bis al Código Penal. Castiga con prisión 5 a 12 años (de 8 a 15 si hay coerción) a quien, financiado u ordenado por un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

Una descripción difusa y amplia que hace que un periodista pueda ser detenido ante una información que el Gobierno considere falsa, cuando su programa o medio sea auspiciado, por ejemplo, por un ente de promoción turística de un país vecino.

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Ya la Corte Interamericana condenó en el pasado a la Argentina porque los tipos penales de calumnias e injurias, tal como estaban redactados, eran imprecisos para aplicarse a un periodista sin afectar su libertad de expresión, y ordenó reformar la legislación.

Javier Milei, durante el último homenaje a los caídos en MalvinasLUIS ROBAYO – AFP

Ahora las figuras de “manipular la opinión pública” y “desinformación masiva” son igual de vagas y ambiguas, agravadas porque ahora la pena es mayor y no exige probar que el autor supiera que la información era falsa.

Además, la Constitución Nacional prevé en el artículo 32 que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal” y el artículo 14 incluye el derecho de los ciudadanos de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”.

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El artículo 88 del título IV del proyecto sanciona administrativamente “interferir mediante medios engañosos” en el “proceso decisorio de las autoridades constituidas” cuando hay financiamiento extranjero.

Así redactados, plantean una figura amplia que puede abarcar la manera en que determinados medios cubren un asunto. Por ejemplo, periodistas de un consorcio internacional dedicado a la investigación, con financiamiento externo, que publiquen una información que el Gobierno considere falsa, pueden ser acusados de incurrir en este delito y terminar presos con penas graves.

Cuando castiga a quien “procure” alterar procesos electorales, pareciera que castiga la tentativa; no exige que el proceso electoral se haya alterado ni que la opinión pública se haya “manipulado” efectivamente.

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La idea de “manipular” o “desinformación” no está definida ni en el proyecto ni en la legislación argentina. Es un juicio sobre la capacidad de persuadir de un mensaje, no sobre su veracidad. Una nota de investigación, un editorial, columnas de opinión sobre el mismo tema o una ONG que se dedique al fact-checking o a la verificación del discurso público, financiada por una fundación extranjera, pueden considerarse así como parte de una campaña de “manipulación”.

Cualquier cobertura periodística coordinada entre varias redacciones, como ocurrió con los Panama Papers, cumple ese requisito y los periodistas podrían ser encarcelados.

El título IV crea el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente e integrado solo por miembros del Poder Ejecutivo, que abre el sumario, congela fondos, restringe operaciones y decide la sanción.

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La justicia no interviene sino de manera posterior, pero ese recurso de apelación no suspende las sanciones y las medidas urgentes pueden renovarse indefinidamente. La afectación patrimonial ocurre y se sostiene en el tiempo antes de que un juez la revise.

Javier Milei utilizó la cadena nacional para anuncia el proyecto por Malvinas Presidencia

El secretario de Inteligencia de Estado es miembro permanente del Consejo y sus integrantes quedan sujetos al régimen de confidencialidad. El organismo que sanciona puede operar bajo secreto de inteligencia. Así, este organismo a cargo del Presidente puede investigar, sancionar y actuar sin dar cuentas, ni informar.

Lo componen el Presidente, el jefe de Gabinete, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. No hay integrantes del Poder Judicial, ni del Legislativo, ni del Ministerio Público Fiscal, ni de la oposición.

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El mismo órgano legisla, ejecuta, investiga y sanciona, pues en la práctica es juez y parte y actúa en secreto. Antes incluso de abrir el sumario, el Consejo puede congelar fondos, restringir operaciones de cambio, bloquear permisos y habilitaciones.

La ley, además, incorpora el juicio en ausencia a delitos de recursos naturales cuando hasta ahora está reservado para los supuestos excepcionales de delitos de lesa humanidad o terrorismo, como en la causa AMIA. El uso de esta figura busca alcanzar a las empresas petroleras radicadas en el extranjero, inalcanzables para la justicia local.

El rol de las FFAA y la delegación de superpoderes

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La ley hace desaparecer la división entre asuntos de defensa nacional y seguridad interior; los primeros, referidos a las amenazas de agresores extranjeros, y los otros, a las situaciones domésticas. Esa división se realizó luego de la dictadura militar con la llegada de la democracia y colocó a las Fuerzas Armadas lejos de intervenir en problemas de seguridad interna.

Ahora el título V reforma la Ley de Defensa Nacional (23.554) para habilitar el empleo de las Fuerzas Armadas frente a amenazas “de carácter estatal o no estatal, cinéticos o no cinéticos”.

Establece la norma que basta para incluir en un registro de actividades terroristas a un ciudadano ante la “sospecha razonable” de estar incurso en esas actividades, y aplicar una inmovilización patrimonial, su exclusión del sistema económico y financiero, la exposición pública como “vinculado al terrorismo”.

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El canciller Pablo Quirno y el ministro de defensa, Carlos Presti, en el predio donde se construirá la Base Naval en Tierra del Fuego

No es necesaria una sospecha judicial ni una causa penal. Así se avanza sobre la presunción de inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución, donde dice que “nadie puede ser penado sin juicio previo”.

Es decir que bastan “motivos razonables para sospechar”; no es necesaria una imputación formal, no un procesamiento, ni una condena, y la norma aclara que la inscripción en el registro “no estará condicionada a la existencia de una acción penal”.

El artículo 76 de la Constitución prohíbe delegar en el Poder Ejecutivo materias ajenas a la administración o a la emergencia pública, y exige que el Congreso fije las bases de cualquier delegación. Así redactada, la norma prevé la delegación de superpoderes al Poder Ejecutivo, al contrario de lo que dice la Constitución Nacional.

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Un exsecretario de Energía instó a YPF a explorar en la zona aledaña a las Malvinas: “Si dejás el mar vacío, lo ocupa otro”

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“Si dejás el mar vacío, lo ocupa otro”, afirmó Jorge Lapeña, exsecretario de Energía de la presidencia de Raúl Alfonsín. El actual presidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi instó a la petrolera de bandera YPF a que retome la exploración offshore y ejerza la soberanía sobre la plataforma continental argentina y el Atlántico Sur, incluida la zona aledaña a las Islas Malvinas donde se explota el yacimiento Sea Lion.

El exfuncionario disertó sobre producción, empleo, matriz energética e industria en el Comité Capital de la Unión Cívica Radical (UCR), durante un encuentro del Foro Encuentro Reformista.

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En materia energética, el especialista recordó el Plan Houston −impulsado durante la presidencia de Alfonsín− y la construcción de la red de gasoductos que permitió alcanzar el autoabastecimiento por tres décadas. Contrapuso ese modelo con las privatizaciones de los años noventa (como la venta de YPF y Gas del Estado) y reclamó que la petrolera de bandera retome la exploración offshore, en consonancia con el legado de Enrique Mosconi.

Lapeña cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sugirió evaluar la rentabilidad real de las empresas beneficiadas de manera previa al otorgamiento de beneficios fiscales extraordinarios.

Jorge LapeñaHernán Zenteno

La apertura de la jornada estuvo a cargo del presidente de la UCR Capital, Hernán Rossi, quien remarcó que las dificultades del presente exigen fortalecer la militancia, la planificación y la organización partidaria para construir una alternativa nacional competitiva. Del encuentro también participó la vicepresidenta la UCR, Inés Parry.

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Durante su exposición, Lapeña partió de un diagnóstico institucional: citó el artículo 38 de la Constitución Nacional −que define a los partidos políticos como “instituciones fundamentales del sistema democrático”− y advirtió sobre el debilitamiento de estas estructuras frente al auge de liderazgos personalistas. Cuestionó el riesgo de que la UCR se reduzca a “una federación de partidos provinciales” sin un proyecto común, y criticó la ausencia de políticas de Estado en un escenario signado por un Poder Ejecutivo que se autodefine anarcocapitalista y delega la regulación económica.

Asimismo, Lapeña señaló la falta de políticas públicas en otros sectores estratégicos. Mencionó la crisis de la industria láctea −graficada en el declive de SanCor− a pesar del potencial productivo nacional, y la pérdida de competitividad de cuencas tradicionales como Comodoro Rivadavia, desde donde se registró la emigración de decenas de miles de trabajadores hacia yacimientos como Vaca Muerta ante lo que señaló como la falta de una política hidrocarburífera integral.

Frente a este escenario, Lapeña remarcó que el primer paso requiere de la voluntad política para redactar un programa de desarrollo nacional sujeto a continuas correcciones. Propuso relanzar la exploración en el Atlántico Sur con YPF como eje articulador, fomentar la industrialización de los hidrocarburos (combustibles, fertilizantes y petroquímica con valor agregado) en lugar de reprimarizar las exportaciones y consolidar acuerdos políticos duraderos entre fuerzas afines, en línea con la tradición institucional del alfonsinismo, para dar continuidad a las políticas de Estado.

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Al referirse al contexto internacional, citó el crecimiento económico de China para destacar la efectividad de la planificación estatal a largo plazo y la integración entre educación e industria. Aclaró que la enseñanza no radica en replicar un modelo político no democrático, sino en comprender que el desarrollo sostenible exige planificación, programas claros y dirigencia comprometida a sostenerlos en el tiempo.




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