Fiel a su estilo directo y sin eufemismos, la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich volvió a protagonizar la semana pasada un enfrentamiento con algunos miembros del Gobierno tras dejar al descubierto otra falta de coordinación interna, esta vez por la presentación del Presupuesto 2027, que generó una polémica que podría continuar en los próximos días, con el presidente Javier Milei de viaje en los Estados Unidos.

El mandatario nacional partirá a las 23:00 de este lunes hacia Nueva York para asistir a la asamblea general de las Naciones Unidas y es probable que, a diferencia de casi todas las anteriores oportunidades, en la comitiva oficial no esté su hermana, la secretaria general, Karina Milei.

Hasta último momento, se estaba debatiendo si la funcionaria finalmente se subía al avión o se quedaba en Buenos Aires para seguir de cerca la gestión y poder participar, por ejemplo, del encuentro de la mesa política previsto para el martes, en este contexto de tensión creciente entre los referentes del oficialismo.

Por el contrario, ya se decidió que no se hará la reunión de Gabinete que se venía llevando adelante todos los lunes en la Casa Rosada, porque el jefe de Estado prefirió concentrarse en terminar el discurso que va a pronunciar ante las Naciones Unida, según aseguraron oficialmente.

“La idea de Patricia de hacer públicas sus críticas es para ver si cambia algo de una vez, al menos por ahora es solamente eso”, explicaron a Infobae fuentes cercanas a la ex ministra de Seguridad, que recientemente acaparó la agenda con un video.

En un gesto provocativo, Bullrich se grabó trabajando mientras escuchaba “No me importa”, uno de los temas más conocidos de Lali Espósito, que tiempo atrás fue el centro de las críticas de Milei.

Todo comenzó cuando la senadora protestó por haberse enterado por los medios que en el proyecto de Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso incluía recortes en discapacidad, un tema que ella estaba negociando con la oposición.

El texto se presentó pasadas las 23:00, sobre el final de la fecha límite para hacerlo, y la decisión también sorprendió a otros legisladores libertarios, incluido el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que será el primero en impulsarlo, ya que ingresó por ese recinto.

Aunque nunca se aclaró qué fue lo que sucedió, varios responsabilizaron por lo sucedido al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que fue quien trabajó en la norma, y a la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzábal, por ser el área revisora.

Puntualmente, el capítulo VI del proyecto, conformado por los artículos 36 a 41, introduce modificaciones permanentes al sistema de atención a personas con discapacidad, como la derogación parcial de la Ley de Emergencia en este sector y la eliminación de los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que en la práctica obliga a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de terapias y tratamientos.

Rápidamente, en la cúpula del oficialismo salieron a minimizar la interna y trascendió un mensaje escrito supuestamente por el propio Presidente, en el que asegura que “es una tontería mayúscula politizar el arte” y afirmó que, después de la controversia con la cantante, a principios del 2025, escuchó temas de la artista que le gustaron.

“Sabemos que Patricia tiene una personalidad muy fuerte, ¿qué podemos hacer al respecto? Ahora, de ahí a que haga la gran Victoria Villarruel y traicione de esa manera, me parece que hay una distancia muy grande», sostuvo una persona muy cercana al mandatario.

En este sentido, en el entorno del jefe de Estado descreen que la senadora vaya a renunciar al partido para competir por su propia cuenta en el 2027. “¿Y dividir el voto restándole a Milei para que terminen ganando los kirchneristas? No veo que vaya a prestarse a eso«, opinaron.

Sin embargo, quienes conocen a Bullrich reconocen que hay un hartazgo en ella por diferentes situaciones que vienen pasando, como la falta de diálogo en el Gobierno y algunos modos del Presidente para solucionar los conflictos, con los que no está de acuerdo.

Ponen como ejemplo aquella reunión de Gabinete en la que el mandatario nacional la habría frenado en seco cuando cuestionó la reacción del Ejecutivo durante el caso Adorni o, más recientemente, cuando se molesta ante el pedido de alguna medida económica.

“Es simple, Patricia lo dijo de esa manera porque ya está hinchada las pelotas. Somos varios los que estamos igual que ella”, remarcó una figura de confianza de la senadora en el Congreso.

En este marco de tensión, la cúpula libertaria decidió cancelar algunas de las actividades que estaban previstas para antes del viaje de Milei a los Estados Unidos, como la reunión de Gabinete de esta semana.

Lo que sí está confirmado es el encuentro de la mesa política, a la que Bullrich hasta último momento estuvo analizando si asistir. Finalmente, decidió que participará.

“Es que si no se van a hablar de los temas importantes, ¿a qué va a ir? ¿A que Karina te diga cómo tenés que ir vestido a ver al Papa?“, protestó el dirigente bullrichista cuando aún la ex ministra pensaba en si asistiría o no, haciendo referencia a una de las órdenes que dio la secretaria general cuando juntó a los legisladores en la Casa Rosada. Uno de los mensajes fue que tenían que usar ropa sin color, preferentemente negras, si van a los actos del Sumo Pontífice en la Argentina.

En la mesa política del martes, a partir de las 13:00, la senadora podría volver a conversar en persona con la hermana del mandatario nacional, pero no verá a quien fue su principal apuntado por lo que pasó con el Presupuesto, “Toto” Caputo, que sí forma parte de la comitiva que acompañará a Milei.

Este jueves, el oficialismo buscará llevar al Senado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuya aprobación definitiva quedó pendiente en la última sesión por diferencias sobre el mecanismo de designación y remoción de las autoridades de la entidad.

El temario de la sesión también podría incluir la modificación del régimen de Zona Fría, que restringe los subsidios al gas en áreas incorporadas al beneficio en 2021, aunque la iniciativa enfrenta resistencias entre senadores de provincias patagónicas y de Mendoza.

La última ley que Bullrich consiguió aprobar en el recinto fue la de Inocencia Fiscal II, sancionada con 44 votos a favor y 23 en contra, lo que fue celebrado por Milei en las redes sociales, pero no tuvo ninguna mención por parte del ministro de Economía.

Patricia Bullrich,Lali Espósito,Javier Milei,Karina Milei

El Gobierno incorporó un nuevo funcionario a la estructura del Ministerio de Seguridad Nacional, que ocupará un lugar clave en la lucha contra la criminalidad en todo el país.

Mediante el decreto 1044/2026, se oficializó el nombramiento del abogado Pablo Francisco Argibay Molina como subsecretario de Investigación Criminal, dentro de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.

Anteriormente, el cargo era ocupado por Marcelo Carlos Romero, quien fue designado en 2025 en el cargo. Mientras tanto, Argibay Molina se desempeñó como director nacional de Investigaciones de Delitos Federales y ocupó luego de manera transitoria la conducción de la dirección de Investigación Criminal.

En su nuevo rol, el funcionario deberá hacerse cargo de varios proyectos que impulsó el Ministerio de Seguridad, como el Consejo Federal de Delitos Económicos, mediante la publicación de la resolución 230/2026 de Boletín Oficial.

Este organismo funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal, respondiendo a la necesidad de fortalecer el abordaje integral y federal de la criminalidad económica, con participación de representantes de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas federales.

Para tal fin, el consejo cuenta con “un representante titular y un suplente del área con competencia en materia de Delitos Económicos de cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que adhieran a la presente, y por un representante de la Dirección de Investigación de los Delitos Económicos y un representante de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales” que dependan del Ministerio de Seguridad.

La recolección y sistematización de la información proveniente de distintas fuentes, hasta el desarrollo de indicadores y elaboración de informes periódicos.

El artículo 2 de la normativa también subraya la confección de un mapa situacional a nivel nacional, regional y provincial para proponer medidas preventivas. También el intercambio de información para generar alertas tempranas y la formación de grupos de trabajo para analizar coyunturas y situaciones específicas.

No obstante, los integrantes buscan optimizar las acciones mediante la identificación de oportunidades de mejora en los procedimientos de las fuerzas policiales y de seguridad. La coordinación funcional estará a cargo de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, que también suministrará el apoyo técnico-administrativo necesario. En cuanto a las tareas conjuntas, se espera que el Consejo convoque a especialistas en distintas temáticas para ser abordadas durante los encuentros.

Pueden ser representantes de organismos gubernamentales, nacionales o internacionales, o de entidades privadas o de la sociedad civil, así como cualquier otra persona, organismo o institución, con una participación justificada. Asimismo, deberán reunirse al menos una vez por año, manteniendo comunicación permanente con las jurisdicciones adherentes “en pos de generar y mantener actualizado el estado de situación de la criminalidad económica en el territorio nacional y medidas para su afección”.

Este hecho se da en medio de compromisos internacionales que el Gobierno asumió para identificar bienes y recuperar activos de origen ilícito, en cumplimiento de tratados como la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción.

Entre los argumentos esgrimidos por la cartera de seguridad, menciona a la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, cuya responsabilidad es “articular acciones con los organismos gubernamentales locales, provinciales y nacionales e internacionales que tengan vinculación con los delitos económicos investigados, en el marco de sus competencias”, entre otras.

En este sentido, subraya que este tipo de acciones “se ha convertido en una parte fundamental de toda investigación de casos de criminalidad compleja”, señalando que “la delincuencia económica es aquella dedicada a negocios legales-ilegales de significativa complejidad que puede implicar la participación de instituciones y/o funcionarios estatales, que generan beneficios económicos importantes”.

Entre los ejemplos más claros mencionados, figura el lavado de activos, como uno de los principales pilares; y de otros delitos económicos (tales como el enriquecimiento de funcionarios públicos, el soborno transnacional, la evasión fiscal, etc.). Es por eso que resaltan la bimperiosidad de un “espacio común de abordaje a la problemática delictiva con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos económicos”.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) contrató a la empresa USEM para administrar cuentas y ejecutar pagos apenas 82 días después de la creación de la firma, una microempresa de 5 empleados que percibió $2.466.334.995 en honorarios durante 31 meses. Así lo revela una auditoría preliminar encargada por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, y cuyo contenido sobre el convenio firmado durante la gestión de Abel Furlán en el gremio fue trasladado al fuero penal.

Es que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, lleva delante la causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita, vinculados con la administración de fondos provenientes de los aportes de afiliados de la UOM. Allí están involucrados Furlán y María Soledad Calle, la militante kirchnerista que compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner y que fue, en forma simultánea, empleada de la UOM y una de las dueñas de la empresa USEM.

La auditoría, realizada por BDO Argentina y encargada por la intervención judicial del sindicato, identificó conflictos de intereses, debilidades en los controles internos y una estructura contractual que habría dejado a la UOM y a su obra social en una posición de desventaja.

Uno de sus principales capítulos, que figura en el primer informe de gestión de Biglieri, es el referido al polémico acuerdo firmado con USEM el 27 de febrero de 2023, con una vigencia de 10 años, y que entregó a la empresa vinculada con La Cámpora funciones sobre cuentas, obligaciones y desembolsos de la UOM y de la obra social, e incluso preveía que la firma podía rescindir unilateralmente el contrato con un preaviso de 30 días, mientras que el sindicato metalúrgico no contaba con una facultad equivalente, excepto ante concurso o quiebra del proveedor.

La consultora BDO emitió el 28 de agosto de 2026 un informe de investigación especial de carácter preliminar, que, se aclara, no constituye una auditoría integral ni determina responsabilidades civiles, penales, administrativas o laborales, pero relevó contratos, movimientos financieros, rendiciones, comunicaciones y antecedentes de las personas involucradas.

En el informe figura que USEM S.A. fue constituida el 7 de diciembre de 2022 por Adalberto Raúl Braconi, presidente de la sociedad, y María Soledad Calle, directora suplente. Cada uno suscribió el 50% del capital social, sin cambios posteriores identificados.

La compañía no registraba actividad comercial relevante fuera de los contratos con la UOM y su obra social, asegura el informe, y aun así se le asignaron tareas como analizar, auditar y validar obligaciones de pago, administrar cuentas, efectuar desembolsos, rendir cuentas y destinar personal con exclusividad.

La revisión halló que la intervención concreta de USEM habría sido principalmente operativa: recibía instrucciones previamente autorizadas, precargaba archivos, gestionaba pagos bancarios y remitía comprobantes. No se encontró prueba suficiente de que hubiera realizado las funciones de análisis, auditoría y validación previstas en el contrato.

La auditoría realizada sobre el contrato con USEM también advirtió inconsistencias sobre la dotación comprometida. Braconi habría mantenido en períodos coincidentes una relación laboral con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, mientras que 7 integrantes de áreas vinculadas a la operatoria de pagos dijeron no conocer ni haber trabajado con Rodrigo Braconi, identificado por USEM como responsable de pagos extraordinarios desde comienzos de 2026.

El principal conflicto de intereses documentado en la auditoría involucra a Calle, empleada de la UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, al mismo tiempo, dueña del 50% de USEM. La contratación efectuada por el gremio no contó, según el relevamiento, con una compulsa competitiva de empresas, comparación de precios, evaluación formal de antecedentes, declaración de conflicto de intereses ni mecanismos suficientes de independencia entre las partes.

La remuneración de USEM, de acuerdo con el informe, equivalía al 0,50% de los fondos ingresados a los fideicomisos, sin una relación establecida con la cantidad de operaciones, la complejidad de las tareas, el personal involucrado ni resultados verificables. El mecanismo permitía que el cobro creciera junto con la recaudación de la UOM y de la obra social, aunque la prestación no aumentara en la misma proporción.

Las cotizaciones de mercado consultadas por los responsables de la auditoría llegaban hasta $40 millones mensuales para una estructura comparable. El costo de un proveedor idóneo, aseguran, podría haber representado el 50% o menos de lo abonado a USEM.

Los balances de la empresa mostraron márgenes de rentabilidad antes de impuestos de entre 52% y 63%, dividendos en efectivo por unos $223,48 millones a valores de diciembre de 2025 y la compra de un inmueble por aproximadamente $150 millones. La documentación de esa adquisición no fue entregada a la intervención.

El análisis también estimó un impacto potencial de $901.501.216 para la UOM y de $ 2.011.316.033 para la obra social por el impuesto sobre débitos y créditos bancarios, entre enero de 2024 y mayo de 2026. La cifra deberá validarse desde el punto de vista fiscal y operativo, pero el informe considera que la carga podría haberse evitado sin la estructura de USEM.

En el informe figura, además, que los estados contables al 31 de diciembre de 2025 registraron saldos a favor de Ingresos Brutos por $196.927.433,36 cuya composición, origen, recuperabilidad y titularidad económica no pudieron establecerse. También se detectó un monto aproximado de $389 millones expuesto simultáneamente como activo y pasivo por créditos vinculados al impuesto bancario de terceros.

Parte de esos fondos, señala la auditoría, habría sido utilizada para cancelar obligaciones propias de USEM en el impuesto a las ganancias y luego devuelta. Una rendición de mayo de 2026 identificó un reintegro cercano a $34 millones, una operatoria que el personal administrativo y contable de la UOM dijo desconocer.

Las rendiciones y registraciones revisadas mostraron deficiencias en las autorizaciones previas, los comprobantes de respaldo, la identificación de beneficiarios y la separación de funciones entre quienes preparaban, aprobaban y ejecutaban los pagos.

La auditoría realizada por BDO detectó asientos manuales por pagos a proveedores sin documentación suficiente por unos $149.003.348 en la UOM y $40.041.398 en la obra social. También identificó transferencias a cuentas de personal de USEM por $3.760.919 para gastos operativos y peajes sin comprobantes o solicitudes institucionales que las justificaran.

Entre las operaciones bajo revisión figuran pagos por $98 millones registrados en mayo de 2026 con el concepto “Aires del Sur”. El dinero fue distribuido mediante múltiples transferencias de $1 millón a distintas cuentas, sin respaldo que permitiera determinar el objeto de los desembolsos, las autorizaciones otorgadas o los beneficiarios finales.

La revisión encontró, además, que una misma persona de USEM preparaba y autorizaba transacciones bancarias. Esa concentración de tareas, junto con conceptos genéricos en las rendiciones y reposiciones de caja chica sin criterios uniformes, impidió reconstruir una trazabilidad transparente de los fondos.

La intervención judicial suspendió preventivamente la operatoria de USEM y recuperó la administración directa de los fondos. En la próxima etapa, como explica en el informe de gestión de Biglieri, deberá preservar pruebas, reconstruir circuitos de autorización, conciliar fondos y rendiciones, validar el tratamiento tributario y requerir explicaciones a los involucrados antes de evaluar la resolución de los contratos, el recupero de sumas y eventuales acciones administrativas, civiles o penales.

Contraofensiva de Furlán

Hace 24 horas, como anticipó Infobae, el abogado de Furlán, Alejandro Rúa, reclamó al juzgado de Ercolini el cierre definitivo de la causa por supuesta administración fraudulenta al afirmar que las acusaciones de la intervención judicial carecen totalmente de sustento de hecho y de derecho.

El escrito sostiene que la intervención de Biglieri no sólo incumplió su única misión —convocar a nuevas elecciones—, sino que además aplicó cuestionamientos infundados sobre la gestión financiera de la UOM aunque los propios balances y auditorías internas, según se afirma, desmienten todas las sospechas.

La defensa de Furlán señaló que la contratación de USEM respondió a la exigencia contractual del nuevo convenio de fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina, y la constitución de la empresa 82 días antes de iniciada la relación comercial obedeció a “la necesidad de contar con un intermediario para la gestión bancaria en beneficio de las seccionales de todo el país”.

El escrito enfatiza que la contratación cumplió con todos los procedimientos internos requeridos: por “unanimidad del Secretariado Nacional” de la UOM, con derivación directa del Consejo Directivo en julio de 2022 y tras debates y asesoramiento técnico previos a resoluciones formales. La comparación con la contratación pública —pilar de la denuncia mediática y la intervención judicial—, según el escrito, es “sin sustento jurídico ni normativo”: ni la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, ni el estatuto de la organización, ni las normas para entidades sindicales imponen prohibiciones automáticas para contratar con sociedades en las que participen empleados o ex empleados, ni exigen licitaciones competitivas obligatorias como en el Estado.

Para la defensa, la supuesta “incompatibilidad” es un error conceptual: “No existió, en definitiva, autocontratación, decisión sobre intereses contrapuestos ni intervención de Calle desde ambos lados de la relación jurídica”, reza el texto.

Añade que no hay indicio alguno de perjuicio patrimonial para el gremio metalúrgico: la remuneración de USEM era variable según la recaudación, los servicios efectivamente prestados están documentados en contratos, facturas, registros y la operatoria con las 53 seccionales del país, y todos los circuitos quedaron auditados bajo norma ISO 9001:2015.

La presentación argumenta incluso que el reemplazo del sistema anterior por el administrado junto a USEM posibilitó una reducción de comisiones, impuestos e intereses, además de ampliar las posibilidades de inversión sindical —punto del que deriva la cifra de ahorro millonario y el refuerzo patrimonial—, dejando sin sustento la hipótesis de daño económico.

Abel Furlán,Unión Obrera Metalúrgica,sindicalismo