Javier Milei presentaría la próxima semana, mediante una cadena nacional, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La movida buscaría darle volumen político a una de las iniciativas económicas más importantes del segundo semestre.

El Presidente expondría los principales lineamientos de la propuesta antes de remitir el texto al Congreso. La estrategia apunta a instalar el debate público sobre una reforma que redefine el rol de la autoridad monetaria.

La posibilidad se analizó esta tarde en un nuevo encuentro de la mesa política. Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros funcionarios clave.

En la Casa Rosada sostienen que la reforma constituye uno de los pilares del programa económico oficial. Además, forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

El objetivo central es dejar establecido por ley un esquema que impida el financiamiento monetario del déficit fiscal y fortalezca la estabilidad de precios como prioridad excluyente de la autoridad monetaria.

Las claves de la reforma al Banco Central

El proyecto busca modificar el artículo que define los objetivos del BCRA. La intención del oficialismo es reemplazar el esquema vigente desde 2012 por un mandato más acotado y preciso.

El marco actual establece como funciones la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Un esquema múltiple que, según el diagnóstico oficial, diluyó la responsabilidad principal de la entidad.

La nueva redacción apuntaría a que la preservación del valor de la moneda pase a ser la misión principal. Un cambio de paradigma que concentra esfuerzos en un solo objetivo: controlar la inflación.

Para ello, el Gobierno tomó como referencia la legislación peruana. Ese modelo es considerado dentro del oficialismo como un caso de éxito por haber mantenido durante décadas niveles de inflación considerablemente más bajos que el promedio regional.

La experiencia peruana se convirtió en el espejo donde el equipo económico busca reflejarse. Ese país logró estabilizar su moneda tras un período de hiperinflación en los años 90.

El Banco Central de Reserva del Perú tiene como único mandato constitucional preservar la estabilidad monetaria. Esa claridad de objetivos habría permitido, según el análisis oficial, blindar la política monetaria de presiones fiscales.

La legislación peruana establece que el banco central no puede financiar al gobierno bajo ninguna circunstancia, y esa rigidez institucional habría sido clave para consolidar la confianza en la moneda local y mantener la inflación controlada.

El Gobierno considera que replicar ese esquema en Argentina permitiría romper con décadas de emisión monetaria para cubrir desequilibrios fiscales. Un círculo vicioso que, desde la visión libertaria, alimentó la espiral inflacionaria histórica del país.

Cortar el financiamiento al Tesoro, otro de los objetivos

Otro de los ejes centrales de la reforma es restringir al máximo la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional. El proyecto eliminaría los adelantos transitorios, una herramienta históricamente utilizada para cubrir necesidades fiscales de corto plazo.

También limitaría el uso de letras intransferibles y establecería mayores restricciones para la distribución de utilidades de la entidad. Solo en circunstancias excepcionales previstas por la ley podría flexibilizarse ese esquema.

El oficialismo argumenta que esos mecanismos fueron la puerta de entrada para que distintos gobiernos recurrieran a la emisión monetaria como parche fiscal. La reforma buscaría cerrar esa puerta de manera definitiva.

La propuesta también incorpora candados legales para evitar que futuros gobiernos encuentren atajos normativos. El objetivo es blindar el esquema más allá de la gestión actual.

Más independencia y autoridades con mayor estabilidad

La iniciativa fortalece la independencia institucional del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo. Para ello incorpora mecanismos destinados a otorgar mayor estabilidad a las autoridades de la entidad.

El proyecto endurece las condiciones para la remoción de directivos del BCRA. La intención es evitar que la política monetaria quede condicionada por las necesidades fiscales del gobierno de turno.

Actualmente, las autoridades monetarias pueden ser removidas con relativa facilidad. El nuevo marco legal buscaría garantizar mandatos más firmes y menos vulnerables a presiones políticas de corto plazo.

Asimismo, se establece un régimen más estricto de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.

Las penalidades incluirían desde multas económicas hasta inhabilitaciones para ejercer funciones públicas. Un esquema punitivo que apunta a desalentar cualquier tentación de volver a las prácticas del pasado.

La defensa de Javier Milei a la reforma del BCRA

En el oficialismo consideran que el nuevo marco legal permitirá consolidar el proceso de desinflación. También apuestan a que dote de mayor previsibilidad al esquema macroeconómico de mediano plazo.

No obstante, la discusión tendrá un fuerte componente político. El Gobierno deberá reunir mayorías parlamentarias para aprobar una modificación que redefine el rol de la autoridad monetaria y limita herramientas fiscales tradicionales.

Por estas horas, en Balcarce 50 analizan que la eventual presentación por cadena nacional sirva para darle volumen político a una de las reformas económicas más relevantes que impulsará el Ejecutivo este año, antes de que comience el debate legislativo formal.

La estrategia comunicacional buscaría instalar el tema en la agenda pública y generar respaldo ciudadano antes de enfrentar la batalla parlamentaria. Un recurso que el oficialismo considera clave para una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que marca un cambio de época en la política monetaria argentina.

Tanto es así que durante una entrevista con Radio NOW días atrás, Milei ni siquiera mencionó la reforma electoral, que es el tema que desvela a la mesa política que encabeza la secretaria General, Karina Milei, con la mira en conseguir la reelección del Presidente el año próximo.

En cambio, defendió enfáticamente el proyecto para modificar la Carta Orgánica, cuyos puntos más importantes serán fijar como única función del BCRA «preservar el valor de la moneda» y «prohibir explícitamente financiar al Tesoro», según remarcó. Pero su exposición fue con un tono desafiante para el Congreso, al que volvió a acusar de haber intentado un «golpe de Estado» el año pasado.

Tras mencionar que puede haber «ruido en el Congreso» por este debate, el mandatario desafió a que los diputados y senadores que estén en contra «le expliquen a los argentinos que los quieren seguir estafando». Y es que según dijo la nueva Carta Orgánica «termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación».

De la misma forma respondió a las críticas que ya recibió la idea de implementar el «shutdown» al estilo de Estados Unidos por parte de algunos gobernadores y de la vicepresidenta Victoria Villarruel. «El que esté en contra del shutdown está a favor de presupuestos desequilibrados, está a favor de la irresponsabilidad fiscal que ha derivado en que Argentina sea de los países más decadentes».

«Ponerse del lado de los ladrones es una decisión. Nosotros como Gobierno hemos decidido ponerse del lado de los honestos», disparó el Presidente y, sobre la discusión parlamentaria que viene, agregó: «Me encanta que aparezca este debate porque va a demostrar quiénes son los degenerados fiscales, los que han vivido a costa de estropear a los argentinos».

La expectativa en Diputados y la idea que circula en LLA para avanzar con el proyecto

Esta línea discursiva de choque baja inevitablemente a la tropa parlamentaria de LLA, no solo porque muchos la repetirán en el recinto sino también porque le da centralidad en la agenda y los obliga a estar con la guardia en alto y hacer todo lo posible porque el proyecto no se estanque, entre la pulseada numérica con la oposición y las primeras tensiones por los armados electorales.

Por estas horas, en el oficialismo intuyen que la iniciativa ingresará por la Cámara de Diputados porque «el Senado está saturado de temas», comentan en referencia a la reforma electoral, los cambios en el régimen de Zonas Frías, la Ley Hojarasca y el proyecto de «inviolabilidad de la propiedad privada».

En ese contexto, si el proyecto ingresa antes de fin de mes como aseguran en el Ejecutivo los diputados no descartan la posibilidad de reunir a las comisiones durante el receso de invierno que va del 20 al 31 de julio, según supo iProfesional. Esto se debe a que entienden que temas como la reforma del BCRA y el «shutdown» requieren varias reuniones para encontrar acuerdo.

Una de las fuentes consultadas deslizó que el receso no tiene por qué paralizar toda la actividad y que podría haber reuniones informativas que no requieran quórum en la comisión. Aclaran que esto «todavía no está definido» porque aún no tienen el texto que mandará el Gobierno, pero es una posibilidad.

La idea no agrada demasiado al resto de los bloques, incluidos los aliados. El receso no es tanto por los legisladores sino por los trabajadores del Congreso, a quienes no pueden negarles que se tomen vacaciones, según suelen explicar. Al haber menos personal, el funcionamiento de las comisiones y de la Cámara en general se dificulta.

Moody’s fue la tercera calificadora que se sumó a la mejora de la nota de la deuda argentina. Pero la espera vino con un condimento inesperado y favorable al Gobierno: dejó la perspectiva como positiva, dejando abierta así la posibilidad de una suba adicional entre los próximos 6 a 24 meses. En cambio, Standard and Poor’s y Fitch la habían mantenido “estable”.

En las consideraciones de la mejora de la nota, Moody’s hizo referencia a las reformas estructurales encaradas por el gobierno de Javier Milei, el aumento de las exportaciones y el fortalecimiento de las reservas.

En ese sentido, se muestra muy optimista respecto a la evolución de la economía para este año, por encima del consenso de mercado. Pronostica un crecimiento de 3,4% en 2026 y de 3,5% para el año próximo.

Bajo esa perspectiva, las políticas implementadas por el Gobierno “están mejorando el entorno empresarial y promoviendo un reequilibrio gradual en la composición de la inversión y la actividad económica hacia un modelo de crecimiento económico impulsado en mayor medida por el sector privado”.

Con esta mejora de la nota, desde Caa1 a B3, la Argentina se aleja de la posibilidad de un default, al menos en la visión de la calificadora. La agencia consideró que las chances de que el Gobierno incumpla con el pago de la deuda al menos hasta fines del año que viene se redujeron significativamente. La persistencia del superávit fiscal es vista como uno de los principales logros.

Pero Moody’s también reconoce que el ciclo político, y más precisamente las elecciones presidenciales del año próximo, limitan mejoras adicionales de la calificación. De esta manera, la misma agencia pone en duda que se vaya a mejorar la nota en los próximos meses por la cercanía del proceso electoral.

“El riesgo político sigue siendo una limitación clave para la calificación”, aseguró el comunicado de Moody’s. La elección de “un gobierno más intervencionista” que revierta parcialmente las reformas recientes supondría el riesgo de que se reintrodujeran distorsiones en la inversión, el comercio, el mercado cambiario y la gestión fiscal.

Es probable -consideraron- que “un cambio de este tipo debilite la confianza de los inversores”. En ese caso, se frenaría los flujos procedentes de inversiones y se afectaría la acumulación de colchones externos: “Esto erosionaría gradualmente las mejoras crediticias alcanzadas durante el actual proceso de ajuste”.

A pesar de esta fuerte advertencia, también buscó ciertos matices. Si bien persiste la incertidumbre respecto de la orientación de las políticas tras las elecciones generales de 2027, “el rango de posibles resultados en materia de políticas se ha reducido en comparación con ciclos electorales anteriores”.

Según la agencia, hay una “creciente aceptación social de la disciplina fiscal” y hay “mayor apoyo político” a la estabilidad macroeconómica. Las recientes mejoras de la calificación de la deuda argentina gatillaron una significativa mejora del riesgo país, que estuvo a punto de perforar los 400 puntos básicos en las últimas semanas.

Sin embargo, ayer cerró levemente por debajo de los 420 puntos en una jornada de toma de ganancias sobre todo para los bonos largos en dólares. Los analistas indican que las cotizaciones ahora están “lateralizando”, sin variaciones significativas.

Los inversores y Moody’s parecen coincidir en la advertencia respecto a lo que podría suceder en las próximas elecciones presidenciales. Y esto es lo que parece trabar una mejora adicional en la cotización de los bonos y una consiguiente reducción adicional del riesgo país.

El comentario de la calificadora resume bien los temores del mercado. Por un lado, indica que el espacio para probar con políticas alternativas a las actuales es más bien acotado si se busca cuidar el ingreso de dólares y los compromisos de inversión. Pero al mismo tiempo advierte que un gobierno más intervencionista que asuma en 2027 pondría en riesgo los avances logrados.

Un tribunal de Washington le dio la razón a un fondo de inversión extranjero y confirmó que la Argentina deberá pagar más de USD 390,9 millones por haber estatizado Aerolíneas Argentinas hace casi dos décadas. La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el recurso con el que el Estado argentino intentaba anular el fallo de primera instancia, y dejó firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que hoy reclama ese dinero.

La condena se ubica entre las más costosas que enfrenta la Argentina fuera de sus fronteras. En los últimos 16 meses el país no pagó ninguna suma de este laudo, una situación que llevó a Titan a acelerar su ofensiva judicial. Fuentes de la empresa señalaron a Infobae que el fallo no es una acción contra la compañía sino contra el Estado argentino.

Según reveló el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, el tribunal del Distrito de Columbia rechazó la apelación con la que el Estado argentino buscaba revertir la sentencia de primera instancia. Con ese fallo, quedó ratificado que el fondo puede seguir adelante en la justicia estadounidense para intentar cobrar la indemnización.

La disputa comenzó en 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner nacionalizó Aerolíneas Argentinas y Austral, que entonces estaban controladas por el grupo español Marsans. La empresa sostuvo que la expropiación había sido injusta y llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el tribunal arbitral del Banco Mundial para controversias entre Estados e inversores.

En 2017, el Ciadi resolvió a favor de Marsans y fijó una compensación de USD 320 millones más intereses. La empresa española no llegó a cobrar esa suma y más tarde transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, un fondo británico que también litigó contra Argentina por la expropiación de YPF.

Después, Burford vendió esos derechos a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa en Washington el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral. El punto central del caso es que las decisiones del Ciadi no se ejecutan de manera directa sobre bienes de un Estado, sino que deben ser reconocidas por tribunales locales para intentar su cumplimiento.

Maril explicó esa mecánica: los laudos sirven como base para acudir a la justicia ordinaria y pedir que se haga efectiva la condena. Eso es lo que Titan hizo en Estados Unidos y lo que ahora recibió un nuevo respaldo judicial.

La confirmación de la condena deja a la Argentina en una posición más vulnerable frente a intentos de embargo. En mayo, Titan ya había buscado avanzar sobre los colaterales de los Bonos Brady depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en una maniobra que también procuraba adelantarse al acuerdo alcanzado por el país con los fondos Attestor y Bainbridge.

El origen económico del conflicto remite al estado en que quedaron Aerolíneas y Austral antes de la estatización. Durante la gestión de Marsans, se vendieron activos de valor, entre ellos oficinas en Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas, además de simuladores de vuelo y se cancelaron rutas internacionales hacia Europa.

Al momento de la expropiación, ambas compañías acumulaban pasivos cercanos a USD 890 millones. Marsans las había adquirido en 2001 por un dólar simbólico, mientras que el tesoro de España debió aportar alrededor de USD 750 millones para sostener su funcionamiento.

Dos valuaciones realizadas entonces mostraron resultados opuestos. Crédit Suisse estimó que el valor de las aerolíneas se ubicaba entre USD 250 y USD 450 millones, pero el Tribunal de Tasación de la Nación calculó un valor negativo superior a los USD 760 millones, cifra que el Congreso argentino tomó como referencia para justificar la estatización.

La resolución llega en un momento de mejora financiera para Aerolíneas Argentinas. El nuevo gobierno había asegurado desde el inicio que su intención era sanearla para privatizarla, y la compañía cerró 2025 con una ganancia operativa de USD 112,7 millones, casi el doble de los USD 56,6 millones registrados el periodo anterior.

Ya en 2024 había logrado el primer superávit operativo desde la reestatización, la primera vez que la empresa operó sin aportes del Tesoro, algo que se repitió el año pasado. El directorio ya informó al Ministerio de Economía que tampoco solicitará fondos en 2026.

La mejora en los resultados provino, principalmente, de la reducción de personal —llegó a su dotación más baja en 14 años—, la eliminación de rutas deficitarias, el cierre de oficinas y mejoras operativas que permitieron rentabilizar su operación. Sin embargo, para privatizarla, la medida debe contar con el visto bueno del Congreso, algo que ya no fluyó cuando el Gobierno avanzó con la primera lista de empresas privatizables dentro de la Ley Bases al inicio del mandato.