POLITICA
La paradoja del resurgimiento de la UCR: recupera terreno tras la crisis de identidad, pero enfrenta dilemas cruciales
El partido se fortalece en el mapa de poder, sin embargo, no tiene un conductor indiscutido ni un dirigente con potencial electoral nacional; buscan cohesión interna para incidir en el próximo gobierno
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El resurgimiento radical encierra una paradoja. Si bien se fortalece como nunca desde el estallido económico y social de 2001, que marcó el final del gobierno de Fernando de la Rúa, y gana influencia en la discusión sobre el futuro del conglomerado opositor, no tiene un conductor indiscutido ni un dirigente con capacidad electoral a nivel nacional. Esa falencia medular en su reconstrucción política les impide hasta ahora a los radicales conseguir una mayor cohesión interna y capitalizar su poder de fuego en jurisdicciones estratégicas o en el Congreso, sobre todo en el Senado, donde seguirá teniendo el bloque mayoritario, pese a que podría perder escaños, e incidir en el rumbo del nuevo gobierno. De hecho, debido a sus divisiones internas, la UCR no logró consensuar una estrategia para consagrar a un candidato a presidente y terminó diluida en la disputa entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.
El radicalismo vuelve a emerger como una fuerza gravitante en el polo no peronista en medio de un proceso de reconfiguración política en el país. Mientras Milei, apuntalado en su proclama “anticasta”, cosecha adhesión popular y el peronismo sufre una deserción inédita de votantes y pierde el control de bastiones clave, como Santa Fe, San Luis, San Juan, Santa Cruz o Chaco, la maquinaria electoral del partido centenario resurge de la mano de nuevas figuras o cuadros partidarios que consolidan sus liderazgos en distritos estratégicos del interior del país. La UCR recupera mística e identidad y vuelve a ser un actor principal después de dos décadas de duelo por la caída de De la Rúa.
Los recientes triunfos de Leandro Zdero (Chaco), que le arrebató la provincia a Jorge Capitanich, un cacique peronista y alfil de Cristina Kirchner, y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), protagonista de una arrasadora victoria que redujo al peronismo a un papel testimonial, proyectan un panorama alentador para los jerarcas radicales. Es que, en caso de que Alfredo Cornejo logre extender su hegemonía en Mendoza en los comicios generales del próximo domingo, la UCR se habrá garantizado cinco gobernadores propios. A primera vista, será la fuerza de JxC con más mandatarios provinciales: Pullaro, Gustavo Valdés (Corrientes), Zdero, Carlos Sadir (Jujuy) y Cornejo -si gana en Mendoza-.
Resta saber si Jorge Macri podrá consagrarse como sucesor de Horacio Rodríguez Larreta en la Capital -el primo del expresidente parte como favorito-, y si Néstor Grindetti conseguirá desbancar a Axel Kicillof en Buenos Aires para sumarse a Ignacio Torres (Chubut) en el grupo de mandatarios provinciales de Pro. Rogelio Frigerio también podría integrar ese lote: tras superar al radical Pedro Galimberti en las PASO, parte con ventaja en la disputa con el PJ de Entre Ríos, pero es una incógnita si podrá sortear con éxito el escollo de Milei en las elecciones unificadas del 22 de octubre. Ese póker de Pro podría alterar el equilibrio de fuerzas por la incidencia de Buenos Aires en el tablero nacional.
Si bien los apalancó Larreta, Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz) son aliados de Pro dentro del universo de JxC. Por lo tanto, la UCR ocuparía la mayoría de las sillas en la mesa de gobernadores de JxC gane quien gane la pulseada por el premio mayor en las presidenciales.
Desde que Ernesto Sanz promovió la alianza con Pro para conformar Cambiemos en 2015, la UCR nunca había tenido tantos gobernadores. De hecho, Macri gobernó con tres aliados radicales en las provincias: Gerardo Morales (Jujuy), Cornejo (Mendoza) y Ricardo Colombi (Corrientes). Morales y Cornejo habían sido proclamados ese año en medio de una incipiente merma electoral del kirchnerismo. Colombi, un dirigente con extensa trayectoria partidaria, atravesaba su segundo mandato.
Resurgimiento
En la cúpula de la UCR celebran el resurgimiento del partido en el interior del país mientras el sello de JxC sufre una pérdida progresiva de votos a nivel nacional. Si bien será un premio consuelo en caso de que Bullrich no logre llegar a la Casa Rosada, los radicales se jactan de haber recobrado la actitud competitiva y exhibir vitalidad política. A su vez, se precian de haber atravesado un proceso virtuoso de renovación dirigencial, que tiene mayor visibilidad con los batacazos electorales de Pullaro y Zdero. Está claro que ambos triunfos se dieron en el marco de alianzas locales amplias y potentes, pero los radicales lideran esos procesos con recetas tradicionales -cercanía y despliegue territorial- y comienzan a plantarse en la escena política con mayor aplomo.
“Esto está asociado a la estrategia política y electoral diseñada en 2015 con la conformación de Cambiemos. La noche previa a la asunción de [Mauricio] Macri, la UCR tenía solo a Colombi en Corrientes y el día que se vaya Alberto Fernández probablemente tengamos cinco gobernadores. Eso no es casualidad”, señala Jesús Rodríguez, titular de la Auditoría General de la Nación y exministro de Economía de Raúl Alfonsín.
“Estamos viviendo una era de coaliciones, que son el resultado de acuerdos programáticos y reglas. Hay que mirar los procesos y la dinámica. El radicalismo va a tener actitud competitiva en todas las categorías y jurisdicciones”, completa Rodríguez.
Por primera vez desde 1999, cuando Fernando de la Rúa llegó al poder gracias al pacto electoral con Carlos “Chacho” Álvarez (Frepaso), la UCR tendrá más de tres gobernadores. Cuando gobernaba La Alianza, controlaba Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Río Negro y Mendoza. Enrique Olivera sucedió a De la Rúa en la Capital hasta el triunfo de Aníbal Ibarra, que fue electo en el frente de La Alianza y fue acompañado por una vice radical: Cecilia Felgueras.
En 1983, con la llegada de Alfonsín al poder, la UCR tenía una amplia red de gobernadores. Dominaba Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Misiones y Río Negro. La Capital y Tierra del Fuego, que aún eran territorios nacionales sin autonomía, tenían autoridades de extracción radical que habían sido designadas por el presidente.
En 2024, la UCR volverá a tener un importante caudal de poder en el interior del país y mantendrá gran parte de la tropa propia en el Congreso, aunque podría perder bancas en el Senado en caso de que se repitan los resultados de las PASO. A pesar de esa posible merma, seguirá siendo el bloque mayoritario de JxC. Hoy tiene 18 senadores. “Los radicales nos dimos cuenta de que la unidad nos fortalece frente al Pro”, aseguran en Evolución Radical, la corriente interna de Martín Lousteau.
Sin duda, Pullaro es una de las figuras emergentes del radicalismo. Con su histórico triunfo en Santa Fe, el tercer distrito más poblado del país, el referente de Evolución Radical no solo le dio impulso a Bullrich, que encontró alivio tras el golpe de las PASO, sino que fortificó las acciones de Lousteau, su gran promotor, quien venía de sufrir un revés en la Capital frente a Jorge Macri.
Pullaro, quien al igual que Zdero tuvo que superar una interna para liderar un amplio frente opositor para enfrentar al PJ, considera que la UCR recuperó la ambición de poder. “Espero aportar al fortalecimiento de Evolución en el orden nacional. Pretendemos renovar nuestro partido, pero fundamentalmente tenemos el desafío de gestionar. En nuestra generación, que lidera Lousteau, hay un cambio de paradigma. Desde el gobierno de Alfonsín, la UCR siempre fue un partido más parlamentario que ejecutivo. Y tenía buenos legisladores, pero no tenía el hambre de la disputa de poder”, apunta el gobernador electo de Santa Fe, quien venció sin contratiempos a Carolina Losada, otra de las nuevas figuras de la UCR, en las primarias locales.
Mientras digiere el triunfo por estrecho margen de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires -el vínculo quedó dañado tras una interna feroz-, Lousteau saca pecho con el crecimiento del volumen político de su fuerza a nivel nacional desde la arrolladora victoria de Pullaro. El senador también había apostado un pleno a Rodrigo de Loredo en la puja con el PJ por la intendencia de Córdoba, un distrito crucial, pero el extitular de Arsat no pudo doblegar a Daniel Passerini. Lo mismo pasó con Martín Berhongaray en La Pampa, quien cayó frente a Sergio Ziliotto. El domingo pasado Lousteau, se reencontró con el sabor del triunfo: Gonzalo Parodi se impuso en la interna radical de Río Cuarto y será candidato a intendente.
A su vez, Lousteau, quien superó a Jorge Macri en diez de las quince comunas y controlará entre ocho y nueve legisladores porteños -una cifra que podría condicionar al primo del expresidente-, se jacta de extender los brazos de su espacio en Buenos Aires. Cinco candidatos de Evolución superaron el filtro de las PASO y tienen chances de llegar a una intendencia: Pablo Domenichini (Esteban Echeverría), Carlos Avila (Tres Arroyos), Santiago Dos Santos (Chascomús), Ramiro Eguen (25 de Mayo) y Lucía Gómez (Chaves). Son incentivos para que Lousteau reaparezca en la campaña. Es más: este miércoles irá a Tandil para apoyar a Miguel Lunghi, quien busca su sexto mandato. Si lo logra, Lunghi, aliado de Larreta y Diego Santilli en las PASO, será una pieza clave para la UCR en Buenos Aires. Es que, con la caída del espacio de Gustavo Posse en San Isidro frente a Ramón Lanús, el radicalismo perderá el control de uno de los distritos clave del conurbano. Por su peso en el padrón, Tandil será un bastión fundamental.
Maximiliano Abad, candidato a senador nacional y titular de la UCR bonaerense, quien optó por aliarse con Bullrich, confía en ampliar el caudal político de los radicales en varias categorías en disputa. Promovido por Sanz, es uno de los rostros de la renovación radical. Supo escoltar a Facundo Manes, el último outsider con peso electoral que impulsaron los radicales, hasta que se distanciaron por diferencias en torno a la estrategia para competir en las presidenciales.
El radicalismo tiene 32 municipios en Buenos Aires. Abad lidera la mitad de esos intendentes, pero aspira a sumar unas quince comunas y ampliar su volumen legislativo. En caso de que Grindetti consiga la hazaña de vencer a Kicillof, Miguel Fernández, apalancado por Abad, será vicegobernador y controlará el senado provincial.
La UCR de Córdoba, donde inciden desde De Loredo hasta Mario Negri, pero sin un liderazgo claro, maneja unos 170 municipios, a pesar de que no logró quitarle el poder al gobernador peronista Juan Schiaretti y su sucesor, Martín Llaryora, quien eligió de vice a la intendenta radical de Juárez Celman, Myrian Prunotto. Con el arrastre de Pullaro y el frente de frentes opositor -que integran el Pro, el socialismo y otras quince fuerzas-, el radicalismo también incrementó su despliegue territorial en Santa Fe. A partir de diciembre, el mandatario electo no solo tendrá mayoría en ambas cámaras del parlamento, sino que sus correligionarios manejarán 39 de 50 municipios. En las elecciones del 10 de septiembre, la UCR ganó en 29 de las 46 comunas que se pusieron en juego.
Valdés, reelecto en Corrientes en 2021 y uno de los principales impulsores de Zdero en Chaco, también salvó la ropa pese al terremoto que provocó Milei en las PASO. De hecho, Corrientes fue una de las tres provincia donde ganó JxC -las otras fueron la Capital y Entre Ríos-. Valdés, un equilibrista en el ecosistema radical, había cerrado una lista de unidad gracias a que no se inclinó ni por Bullrich ni por Larreta. En la UCR dan por descontado que incidirá en el debate por la sucesión de Morales.
Incógnitas a futuro
El esquema de poder de la UCR representará un desafío mayúsculo para una posible administración de Milei, ya que el líder de La Libertad Avanza aborrece a los radicales, pero necesitará negociar con ellos si quiere que ayuden a ser garantes de la gobernabilidad. El economista considera que “arruinaron” el gobierno de Macri y los engloba dentro de “la internacional socialista”. Con ese trasfondo, es difícil imaginar que el radicalismo pueda colaborar en el Congreso con un eventual gobierno de Milei. Sin embargo, los radicales que asuman a partir de diciembre en puestos de gestión, como Pullaro, se mueven con cautela y evitan romper puentes con el libertario.
Más allá de la fragmentación interna, los radicales intentarán hacer valer ese capital político si Bullrich logra alcanzar el ballottage y vencer en los comicios presidenciales. Tanto los emergentes que responden a Morales y Lousteau como el sector que integran Valdés, Cornejo y Abad, entre otros, pretenden que la UCR ocupe puestos codiciados en un eventual gobierno de Bullrich. Consciente del peso de la estructura radical y, sobre todo, el empujón que le dieron a su proyecto nacional la seguidilla de triunfos en Santa Fe y Chaco, la exministra de Seguridad y candidata a presidente de JxC les hizo saber a los popes radicales que planea preservar la alianza y conformar un gobierno de coalición en caso de llegar a la Casa Rosada. Su compañero de fórmula es el mendocino Luis Petri, un exponente de la UCR que no responde a ninguna terminal del radicalismo.
En las distintas ramas internas de la UCR -desde Morales y Lousteau hasta Abad- valoran esos gestos de apertura. Es que, frente un escenario político inestable e incierto, la mayoría de los radicales lucen incómodos y molestos con la actitud que adoptó Mauricio Macri, sobre todo, en la Capital, la casa matriz de Pro, y su discurso ambiguo respecto de Milei.
“Macri no nos quiere”, repiten en el campamento de Morales. Los mismos resquemores sobrevuelan en Evolución Radical, que casi dan por hecho que perderán las sillas en ministerios o el Banco Ciudad que les dio Larreta en un eventual gobierno de Jorge Macri.
Morales, que apostó todas sus fichas al acuerdo con Larreta y un triunfo en la ciudad de Lousteau, su aliado táctico en la UCR, luce ausente en la nueva etapa de la campaña. Quienes lo frecuentan aseguran que tiene un rol activo en el armado del norte del país junto con Valdés y que está a disposición de Bullrich. Pero, ante la intención de la exministra de exhibir caras nuevas, optó por correrse para no estorbar. Eso sí: coordinó actividades con Petri para fortificar la presencia de JxC en las regiones del NOA y NEA. Días atrás, viajó a Bruselas, en Bélgica, para reunirse con representantes argentinos ante la Unión Europea. Por esa razón, no participó ni de los festejos de Zdero en Chaco. Tampoco había estado en Rosario para celebrar junto a Pullaro. En esa ocasión, tuvo un problema con el avión que le impidió llegar a Santa Fe después de los actos en Jujuy, pero se comunicó con Pullaro para felicitarlo.
Morales salió golpeado de las PASO no solo porque el experimento de Larreta y su apuesta antigrieta cosechó apenas el 11% de los votos, sino porque Milei se impuso en Jujuy, su terruño. En mayo, Morales había logrado ratificar su hegemonía al imponer a su delfín, Carlos Sadir. Sin embargo, no pudo detener la ola violeta y ahora deberá redoblar esfuerzos para que Mario Fiad (UCR) renueve su banca en el Senado.
El radicalismo también deberá movilizar a la tropa propia en La Rioja, Santa Cruz y Formosa para que Julio Martínez, Belén Tapia y Luis Naidenoff dejen el tercer lugar de las PASO y logren acceder en octubre a un nuevo mandato en la Cámara alta.
El bloque radical sigue dividido en Diputados. Ese fue el detonante de la última batalla entre Morales y Lousteau antes de que sellaran un pacto que derivó en el apoyo nacional a Larreta. De hecho, Emiliano Yacobitti, mano derecha de Lousteau, provocó un fuerte cortocircuito ayer en el seno de JxC al habilitar el quórum junto con otros legisladores de su bancada para debatir la reforma de ganancias impulsada por Massa, pese a que luego votó en contra.
En la actualidad, entre la UCR y Evolución tienen 38 escaños, doce menos que Pro. Según el resultado de las PASO, varios radicales quedaron a las puertas de renovar o ingresar al Congreso. Por ejemplo, según estimaciones de la bancada de Negri, Sebastián Salvador quedó a 700 votos de lograr la diputación en Buenos Aires. Luis Vergara (Catamarca) necesita unas 2000 adhesiones nuevas; Ricardo Buryaile (Formosa), unas 3000, y Gracia Jaroslavsky (Entre Ríos), alrededor de 10.000. Es un estímulo para empujar la boleta de Bullrich en octubre. “Estamos trabajando a full para Patricia. Lo que más nos conviene es que sea ella”, comentan cerca de Morales. En el entorno de la postulante presidencial destacan la predisposición del jefe de la UCR para apuntalar a Bullrich. Es probable que la semana próxima compartan una actividad, según fuentes de Pro. “Está metido un 100%”, afirman allegados a la exministra.
Si bien sienten que demostraron a sus socios de JxC, sobre todo a Macri, que el radicalismo está vivo y tiene musculatura para disputarle el liderazgo del espacio a Pro, los jefes de la UCR coinciden en un punto: nadie se atreve a mirar más allá del umbral del 22 de octubre. Desde los más optimistas, que sueñan con un triunfo de Bullrich para frenar a Milei, hasta los más precavidos, visualizan que el resultado de los comicios generales marcará un punto de inflexión para JxC. Nadie descarta una reconfiguración del partido o, incluso, un quiebre de la alianza con Pro si Bullrich queda afuera de la segunda vuelta. El radicalismo recuperó la voluntad de poder, pero el contexto abre más interrogantes que certezas hacia el futuro. “No sabemos cómo va a terminar este proceso. ¿Qué vamos a hacer si Milei y Massa llegan al ballottage? Todo es una incógnita”, confiesa uno de los popes de la UCR.
Matías Moreno,LA NACION,Política
El Gobierno incorporó un nuevo funcionario a la estructura del Ministerio de Seguridad Nacional, que ocupará un lugar clave en la lucha contra la criminalidad en todo el país.
Mediante el decreto 1044/2026, se oficializó el nombramiento del abogado Pablo Francisco Argibay Molina como subsecretario de Investigación Criminal, dentro de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.
Anteriormente, el cargo era ocupado por Marcelo Carlos Romero, quien fue designado en 2025 en el cargo. Mientras tanto, Argibay Molina se desempeñó como director nacional de Investigaciones de Delitos Federales y ocupó luego de manera transitoria la conducción de la dirección de Investigación Criminal.
En su nuevo rol, el funcionario deberá hacerse cargo de varios proyectos que impulsó el Ministerio de Seguridad, como el Consejo Federal de Delitos Económicos, mediante la publicación de la resolución 230/2026 de Boletín Oficial.
Este organismo funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal, respondiendo a la necesidad de fortalecer el abordaje integral y federal de la criminalidad económica, con participación de representantes de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas federales.
Para tal fin, el consejo cuenta con “un representante titular y un suplente del área con competencia en materia de Delitos Económicos de cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que adhieran a la presente, y por un representante de la Dirección de Investigación de los Delitos Económicos y un representante de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales” que dependan del Ministerio de Seguridad.
La recolección y sistematización de la información proveniente de distintas fuentes, hasta el desarrollo de indicadores y elaboración de informes periódicos.
El artículo 2 de la normativa también subraya la confección de un mapa situacional a nivel nacional, regional y provincial para proponer medidas preventivas. También el intercambio de información para generar alertas tempranas y la formación de grupos de trabajo para analizar coyunturas y situaciones específicas.
No obstante, los integrantes buscan optimizar las acciones mediante la identificación de oportunidades de mejora en los procedimientos de las fuerzas policiales y de seguridad. La coordinación funcional estará a cargo de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, que también suministrará el apoyo técnico-administrativo necesario. En cuanto a las tareas conjuntas, se espera que el Consejo convoque a especialistas en distintas temáticas para ser abordadas durante los encuentros.
Pueden ser representantes de organismos gubernamentales, nacionales o internacionales, o de entidades privadas o de la sociedad civil, así como cualquier otra persona, organismo o institución, con una participación justificada. Asimismo, deberán reunirse al menos una vez por año, manteniendo comunicación permanente con las jurisdicciones adherentes “en pos de generar y mantener actualizado el estado de situación de la criminalidad económica en el territorio nacional y medidas para su afección”.
Este hecho se da en medio de compromisos internacionales que el Gobierno asumió para identificar bienes y recuperar activos de origen ilícito, en cumplimiento de tratados como la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción.
Entre los argumentos esgrimidos por la cartera de seguridad, menciona a la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, cuya responsabilidad es “articular acciones con los organismos gubernamentales locales, provinciales y nacionales e internacionales que tengan vinculación con los delitos económicos investigados, en el marco de sus competencias”, entre otras.
En este sentido, subraya que este tipo de acciones “se ha convertido en una parte fundamental de toda investigación de casos de criminalidad compleja”, señalando que “la delincuencia económica es aquella dedicada a negocios legales-ilegales de significativa complejidad que puede implicar la participación de instituciones y/o funcionarios estatales, que generan beneficios económicos importantes”.
Entre los ejemplos más claros mencionados, figura el lavado de activos, como uno de los principales pilares; y de otros delitos económicos (tales como el enriquecimiento de funcionarios públicos, el soborno transnacional, la evasión fiscal, etc.). Es por eso que resaltan la bimperiosidad de un “espacio común de abordaje a la problemática delictiva con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos económicos”.
POLITICA
Revelaciones de una auditoría en la UOM: el gremio pagó $2400 millones a una microempresa de 5 empleados
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) contrató a la empresa USEM para administrar cuentas y ejecutar pagos apenas 82 días después de la creación de la firma, una microempresa de 5 empleados que percibió $2.466.334.995 en honorarios durante 31 meses. Así lo revela una auditoría preliminar encargada por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, y cuyo contenido sobre el convenio firmado durante la gestión de Abel Furlán en el gremio fue trasladado al fuero penal.
Es que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, lleva delante la causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita, vinculados con la administración de fondos provenientes de los aportes de afiliados de la UOM. Allí están involucrados Furlán y María Soledad Calle, la militante kirchnerista que compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner y que fue, en forma simultánea, empleada de la UOM y una de las dueñas de la empresa USEM.
La auditoría, realizada por BDO Argentina y encargada por la intervención judicial del sindicato, identificó conflictos de intereses, debilidades en los controles internos y una estructura contractual que habría dejado a la UOM y a su obra social en una posición de desventaja.
Uno de sus principales capítulos, que figura en el primer informe de gestión de Biglieri, es el referido al polémico acuerdo firmado con USEM el 27 de febrero de 2023, con una vigencia de 10 años, y que entregó a la empresa vinculada con La Cámpora funciones sobre cuentas, obligaciones y desembolsos de la UOM y de la obra social, e incluso preveía que la firma podía rescindir unilateralmente el contrato con un preaviso de 30 días, mientras que el sindicato metalúrgico no contaba con una facultad equivalente, excepto ante concurso o quiebra del proveedor.
La consultora BDO emitió el 28 de agosto de 2026 un informe de investigación especial de carácter preliminar, que, se aclara, no constituye una auditoría integral ni determina responsabilidades civiles, penales, administrativas o laborales, pero relevó contratos, movimientos financieros, rendiciones, comunicaciones y antecedentes de las personas involucradas.
En el informe figura que USEM S.A. fue constituida el 7 de diciembre de 2022 por Adalberto Raúl Braconi, presidente de la sociedad, y María Soledad Calle, directora suplente. Cada uno suscribió el 50% del capital social, sin cambios posteriores identificados.
La compañía no registraba actividad comercial relevante fuera de los contratos con la UOM y su obra social, asegura el informe, y aun así se le asignaron tareas como analizar, auditar y validar obligaciones de pago, administrar cuentas, efectuar desembolsos, rendir cuentas y destinar personal con exclusividad.
La revisión halló que la intervención concreta de USEM habría sido principalmente operativa: recibía instrucciones previamente autorizadas, precargaba archivos, gestionaba pagos bancarios y remitía comprobantes. No se encontró prueba suficiente de que hubiera realizado las funciones de análisis, auditoría y validación previstas en el contrato.
La auditoría realizada sobre el contrato con USEM también advirtió inconsistencias sobre la dotación comprometida. Braconi habría mantenido en períodos coincidentes una relación laboral con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, mientras que 7 integrantes de áreas vinculadas a la operatoria de pagos dijeron no conocer ni haber trabajado con Rodrigo Braconi, identificado por USEM como responsable de pagos extraordinarios desde comienzos de 2026.
El principal conflicto de intereses documentado en la auditoría involucra a Calle, empleada de la UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, al mismo tiempo, dueña del 50% de USEM. La contratación efectuada por el gremio no contó, según el relevamiento, con una compulsa competitiva de empresas, comparación de precios, evaluación formal de antecedentes, declaración de conflicto de intereses ni mecanismos suficientes de independencia entre las partes.
La remuneración de USEM, de acuerdo con el informe, equivalía al 0,50% de los fondos ingresados a los fideicomisos, sin una relación establecida con la cantidad de operaciones, la complejidad de las tareas, el personal involucrado ni resultados verificables. El mecanismo permitía que el cobro creciera junto con la recaudación de la UOM y de la obra social, aunque la prestación no aumentara en la misma proporción.
Las cotizaciones de mercado consultadas por los responsables de la auditoría llegaban hasta $40 millones mensuales para una estructura comparable. El costo de un proveedor idóneo, aseguran, podría haber representado el 50% o menos de lo abonado a USEM.
Los balances de la empresa mostraron márgenes de rentabilidad antes de impuestos de entre 52% y 63%, dividendos en efectivo por unos $223,48 millones a valores de diciembre de 2025 y la compra de un inmueble por aproximadamente $150 millones. La documentación de esa adquisición no fue entregada a la intervención.
El análisis también estimó un impacto potencial de $901.501.216 para la UOM y de $ 2.011.316.033 para la obra social por el impuesto sobre débitos y créditos bancarios, entre enero de 2024 y mayo de 2026. La cifra deberá validarse desde el punto de vista fiscal y operativo, pero el informe considera que la carga podría haberse evitado sin la estructura de USEM.
En el informe figura, además, que los estados contables al 31 de diciembre de 2025 registraron saldos a favor de Ingresos Brutos por $196.927.433,36 cuya composición, origen, recuperabilidad y titularidad económica no pudieron establecerse. También se detectó un monto aproximado de $389 millones expuesto simultáneamente como activo y pasivo por créditos vinculados al impuesto bancario de terceros.
Parte de esos fondos, señala la auditoría, habría sido utilizada para cancelar obligaciones propias de USEM en el impuesto a las ganancias y luego devuelta. Una rendición de mayo de 2026 identificó un reintegro cercano a $34 millones, una operatoria que el personal administrativo y contable de la UOM dijo desconocer.
Las rendiciones y registraciones revisadas mostraron deficiencias en las autorizaciones previas, los comprobantes de respaldo, la identificación de beneficiarios y la separación de funciones entre quienes preparaban, aprobaban y ejecutaban los pagos.
La auditoría realizada por BDO detectó asientos manuales por pagos a proveedores sin documentación suficiente por unos $149.003.348 en la UOM y $40.041.398 en la obra social. También identificó transferencias a cuentas de personal de USEM por $3.760.919 para gastos operativos y peajes sin comprobantes o solicitudes institucionales que las justificaran.
Entre las operaciones bajo revisión figuran pagos por $98 millones registrados en mayo de 2026 con el concepto “Aires del Sur”. El dinero fue distribuido mediante múltiples transferencias de $1 millón a distintas cuentas, sin respaldo que permitiera determinar el objeto de los desembolsos, las autorizaciones otorgadas o los beneficiarios finales.
La revisión encontró, además, que una misma persona de USEM preparaba y autorizaba transacciones bancarias. Esa concentración de tareas, junto con conceptos genéricos en las rendiciones y reposiciones de caja chica sin criterios uniformes, impidió reconstruir una trazabilidad transparente de los fondos.
La intervención judicial suspendió preventivamente la operatoria de USEM y recuperó la administración directa de los fondos. En la próxima etapa, como explica en el informe de gestión de Biglieri, deberá preservar pruebas, reconstruir circuitos de autorización, conciliar fondos y rendiciones, validar el tratamiento tributario y requerir explicaciones a los involucrados antes de evaluar la resolución de los contratos, el recupero de sumas y eventuales acciones administrativas, civiles o penales.
Contraofensiva de Furlán
Hace 24 horas, como anticipó Infobae, el abogado de Furlán, Alejandro Rúa, reclamó al juzgado de Ercolini el cierre definitivo de la causa por supuesta administración fraudulenta al afirmar que las acusaciones de la intervención judicial carecen totalmente de sustento de hecho y de derecho.
El escrito sostiene que la intervención de Biglieri no sólo incumplió su única misión —convocar a nuevas elecciones—, sino que además aplicó cuestionamientos infundados sobre la gestión financiera de la UOM aunque los propios balances y auditorías internas, según se afirma, desmienten todas las sospechas.
La defensa de Furlán señaló que la contratación de USEM respondió a la exigencia contractual del nuevo convenio de fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina, y la constitución de la empresa 82 días antes de iniciada la relación comercial obedeció a “la necesidad de contar con un intermediario para la gestión bancaria en beneficio de las seccionales de todo el país”.
El escrito enfatiza que la contratación cumplió con todos los procedimientos internos requeridos: por “unanimidad del Secretariado Nacional” de la UOM, con derivación directa del Consejo Directivo en julio de 2022 y tras debates y asesoramiento técnico previos a resoluciones formales. La comparación con la contratación pública —pilar de la denuncia mediática y la intervención judicial—, según el escrito, es “sin sustento jurídico ni normativo”: ni la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, ni el estatuto de la organización, ni las normas para entidades sindicales imponen prohibiciones automáticas para contratar con sociedades en las que participen empleados o ex empleados, ni exigen licitaciones competitivas obligatorias como en el Estado.
Para la defensa, la supuesta “incompatibilidad” es un error conceptual: “No existió, en definitiva, autocontratación, decisión sobre intereses contrapuestos ni intervención de Calle desde ambos lados de la relación jurídica”, reza el texto.
Añade que no hay indicio alguno de perjuicio patrimonial para el gremio metalúrgico: la remuneración de USEM era variable según la recaudación, los servicios efectivamente prestados están documentados en contratos, facturas, registros y la operatoria con las 53 seccionales del país, y todos los circuitos quedaron auditados bajo norma ISO 9001:2015.
La presentación argumenta incluso que el reemplazo del sistema anterior por el administrado junto a USEM posibilitó una reducción de comisiones, impuestos e intereses, además de ampliar las posibilidades de inversión sindical —punto del que deriva la cifra de ahorro millonario y el refuerzo patrimonial—, dejando sin sustento la hipótesis de daño económico.
Abel Furlán,Unión Obrera Metalúrgica,sindicalismo
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente consideró como “matices de opinión” las internas en el Ejecutivo
Dos diputadas radicales denunciaron un presunto caso de adoctrinamiento en una escuela primaria de Formosa. Agostina Villagi y Carla Zaiser difundieron imágenes tomadas el viernes durante un acto en un establecimiento educativo de la pequeña localidad de Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital formoseña.
En el clip se puede ver a una delegada zonal que les recuerda a los alumnos que los guardapolvos, útiles escolares, zapatillas y el servicio de comedor que reciben son entregados por el gobernador Gildo Insfrán.
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Una semana después de haber enviado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto que avanzaba sobre el corazón de la ley de discapacidad, el Gobierno empezó a desandar parte de ese camino. Los libertarios negocian con sus principales aliados un nuevo proyecto que mantendría el nomenclador y la actualización automática de las prestaciones, dos puntos que el texto del Poder Ejecutivo proponía eliminar. A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones.
Es la salida intermedia con la que el oficialismo intenta cerrar una crisis que volvió a abrir roces hacia adentro del gabinete y a enfrentar al Gobierno con sus socios parlamentarios.
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La carrera electoral para renovar el Consejo de la Magistratura a fin de año ya comenzó. Los cambios en el organismo que designa y remueve a los jueces federales y nacionales de todo el país anticipan alteraciones en la actual distribución de poder, donde los jueces son los que mantienen su hegemonía.
Las elecciones de jueces y de abogados para el Consejo de la Magistratura abren un nuevo escenario, pues habrá cambios en los nombres de los consejeros pero puede haber también modificaciones en la distribución de fuerzas.
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El objetivo político de intendentes bonaerenses y del gobierno provincial de Axel Kicillof de restablecer la posibilidad de la reelección indefinida para jefes comunales y legisladores provinciales y municipales, está paralizado en una comisión del Senado de Buenos Aires.
La iniciativa lleva más de un año de presentada, pero nunca logró avanzar, afectada por la interna peronista y, ahora, por una inmovilidad que impide su paso desde una comisión (la de Legislación General), controlada por el kicillofismo, a otra (Reforma Política y Régimen Electoral), que maneja el massismo.
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Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.
La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
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Los últimos cortocircuitos entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados abrieron un frente colateral: un nuevo desmarque de Patricia Bullrich. Por lo menos, el tercero de peso desde que asumió como jefa del bloque de LLA en el Senado. Pero ¿qué hay detrás de sus movimientos? ¿Una estrategia con miras a 2027, genuino desgaste parlamentario o un intento de marcarle la cancha a Javier Milei y, de paso, hacer valer su poder de fuego frente a Karina? “Ella juega su juego”, repiten los suyos.
“Todos los peros tienen un porqué”, refuerza la propia Bullrich en el posteo que subió tarareando la canción “No me importa”, de Lali Espósito —blanco de críticas del Presidente—, un día después de pedirle al Ejecutivo que no la tome por tonta. Toda una declaración de guerra que la Casa Rosada intentó moderar.
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El presidente Javier Milei definió este domingo como “matices de opinión” a las diferencias dentro del Gobierno, en medio de la creciente tensión entre Patricia Bullrich y los hermanos Milei. Lo hizo al responder a una publicación en X que planteaba que el oficialismo debía resolver sus internas para que la gente se sintiera segura de votarlo.
“Ayudaría mucho si esas MIERDAS HUMANAS MAL CAGADAS que se hacen llamar periodistas (95%) no mintieran tanto ni llamen internas a matices de opinión… pero eso les reduce el tamaño del sobre…”, escribió el mandatario.
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